Protección contra Ilustre Municipalidad de Futrono

C.A. de Valdivia Valdivia, dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

La acción de protección.

Que el señor Jaime Benito Gallardo Casanova, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación convencional de la señora nombre reservado, profesora, deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Futrono, representada por su alcalde don Fernando Javier Flández Montecinos, por haber incurrido en actos arbitrarios e ilegales que vulneran las garantías fundamentales de los numerales 1°, 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política y solicita acogerlo, ordenando dejar sin efecto la medida disciplinaria de destitución que se impuso a su representada, disponiendo su reincorporación al cargo, con costas.

Expone que 29 de mayo de 2025 se instruyó sumario administrativo en contra de su representada doña nombre reservado, docente del Instituto Técnico Profesional de Llifén, comuna de Futrono, con el objeto de determinar su eventual responsabilidad administrativa derivada de su salida del país durante la vigencia de licencia médica, investigación tuvo origen en un oficio emitido por la Contraloría General de la República, el cual acompañó nóminas de funcionarios que habrían salido del país mientras se encontraban con licencia médica, según Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9 de 2025.

Durante la instrucción del procedimiento, se estableció que la funcionaria presentó una licencia médica de tipo mixta, identificada con folio N°4-13882883, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 15 de marzo de 2023, licencia que fue extendida por el médico nombre reservado, psiquiatra tratante de la funcionaria, el día 27 de febrero de 2023, en el marco de un tratamiento de salud mental que se mantiene vigente desde el año 2011.

La licencia fue tramitada y autorizada por la COMPIN, cumpliendo con todos los requisitos formales y legales previstos por la normativa vigente. De acuerdo con certificado emitido por la Policía de Investigaciones de Chile, la docente salió del país el 4 de marzo de 2023 con destino a Argentina, retornando el día 8 de marzo del mismo año, hecho que fue reconocido por la propia funcionaria al momento de declarar, dando cuenta razonada que el viaje fue motivado por razones estrictamente personales, relacionadas con su salud mental, en un contexto de agotamiento emocional y sintomatología asociada a un trastorno adaptativo diagnosticado años antes, y que ha requerido acompañamiento psiquiátrico.

Añade que su representada, lejos de negar el hecho, ha dado cuenta que el breve viaje realizado durante días no hábiles laborales (sábado, domingo y lunes) fue recomendado dentro de un marco terapéutico para favorecer su bienestar emocional, sin intención de defraudar ni evadir responsabilidades, quedando asentado en el procedimiento disciplinario que su tratamiento ha sido permanente, sistemático, y con respaldo médico, destacando que la indicación de reposo no fue incompatible con actividades de carácter recreativo moderado, según las indicaciones profesionales otorgadas.

Sostiene que no existía ninguna instrucción expresa o limitación normativa específica que prohibiera expresamente su desplazamiento, lo que se condice con la falta de precisión del cargo formulado, el cual se limita a señalar de manera vaga e imprecisa la infracción de "normativas que regulan el uso de licencias médicas", sin identificar concretamente el precepto supuestamente infringido. Agrega que durante el procedimiento no se acreditó dolo ni intención fraudulenta, existiendo antecedentes médicos que dan cuenta de la real necesidad del uso de licencia, su correcto otorgamiento y la buena fe de la funcionaria.

Afirma que señor fiscal instructor propuso calificar la conducta como una infracción grave al principio de probidad administrativa y al deber de cumplimiento de obligaciones funcionarias, recomendando el término de la relación laboral, medida que fue acogida mediante decreto alcaldicio, sin valorar adecuadamente las circunstancias atenuantes, personales, clínicas y laborales que rodearon el caso.

La resolución sancionatoria se funda principalmente en dictámenes administrativos emitidos por organismos externos, como la Suceso y el Ministerio de Hacienda, los cuales se citan como criterios interpretativos, pero no constituyen normas legales directamente aplicables ni tienen carácter obligatorio respecto del contenido y alcance de la conducta tipificada.

Sostiene que dicha decisión vulnera principios esenciales del procedimiento disciplinario, tales como el principio de tipicidad, proporcionalidad, y el debido proceso, se sanciona a la docente por una conducta no prevista de manera clara y expresa en el ordenamiento jurídico, y lo hace con una sanción de la máxima gravedad, sin ponderar adecuadamente el contexto clínico, los antecedentes laborales intachables y la colaboración.

Agrega que el 3 de octubre de 2025, a propósito del recurso de reposición administrativa deducido el 1 de octubre de 2025, el Municipio de Futrono dictó el Decreto Alcaldicio N°03728/2025, mediante el cual rechazó el recurso, manteniendo la medida de destitución aplicada a mi representada.

Dicha resolución se fundó en que, a juicio de la autoridad, los hechos acreditados en el sumario administrativo configurarían una infracción grave al principio de probidad administrativa, y que, conforme a los artículos 125 de la Ley N°18.883 y 72 letra c) del DFL N°1 de 1996 del Ministerio de Educación, la sanción de destitución tendría carácter imperativo, careciendo la autoridad de facultades discrecionales para aplicar una medida diversa.

La autoridad municipal sostuvo, en síntesis, que la sanción de destitución era la única procedente en derecho, afirmando carecer de facultad discrecional para aplicar una medida distinta. Argumentó que la infracción configuraba una falta grave a la probidad administrativa y que el artículo 125 de la Ley N°18.883 imponía imperativamente la destitución. Incluso advirtió que una decisión distinta podría constituir ilegalidad y comprometer responsabilidad administrativa del propio alcalde.

Entiende que el órgano recurrido desnaturalizó los principios de razonabilidad y proporcionalidad, transformando un juicio valorativo en un automatismo sancionatorio que desconoce las circunstancias personales y médicas.

Sostiene que el acto impugnado incurre en un doble vicio de ilegalidad y arbitrariedad: primero, porque asimila un hecho aislado y justificado a una conducta dolosa de corrupción o fraude, sin sustento fáctico ni jurídico; y segundo, porque aplica la sanción más gravosa sin ponderar la finalidad terapéutica del viaje, el historial médico ni la buena fe demostrada por la funcionaria, por lo que se configura una vulneración directa de los derechos fundamentales de mi representada, en especial de su integridad psíquica, igualdad ante la ley, honra y derecho de propiedad sobre el cargo público.

En esta última dirección, la resolución impugnada desconoce el deber de la Administración de obrar conforme a la legalidad y a los principios de justicia material, y contraviene lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°19.880, que impone el principio de proporcionalidad y razonabilidad en la aplicación de sanciones. Además, vulnera el deber estatal de protección de la salud de los trabajadores, del artículo 184 del Código del Trabajo y en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que evidencia una conducta arbitraria que ha producido en la recurrente un grave daño moral y psicológico, al ver interrumpida abruptamente una carrera docente intachable de más de veinte años.

Señala que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece la acción de protección como un mecanismo jurisdiccional expedito destinado a amparar a toda persona que, por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales. En el caso sub-lite, la resolución municipal que dispuso la destitución de su representada, señora nombre reservado, constituye un acto administrativo contrario a derecho, en tanto vulnera garantías constitucionales esenciales y desconoce los principios y requisitos legales que condicionan la potestad disciplinaria de la Administración.

En lo que respecta a los derechos fundamentales afectados, se advierte la vulneración al derecho a la integridad física y psíquica del artículo 19 N°1 de la Constitución, toda vez que la autoridad impuso la sanción más gravosa sin valorar adecuadamente el contexto clínico, terapéutico y psicológico de la funcionaria, quien mantiene un tratamiento psiquiátrico continuo desde hace más de una década. Tal proceder desprotege a la recurrente frente a un cuadro de salud mental acreditado y la expone a un deterioro mayor de su bienestar emocional, contrariando el deber estatal de resguardar la salud y dignidad de los trabajadores del sector público.

Asimismo, se configura la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, por cuanto se ha otorgado a la recurrente un trato desigual e injustificado, al sancionarla con la medida de destitución sin considerar antecedentes atenuantes ni aplicar criterios de proporcionalidad observados en otros casos análogos, apartándose del principio de igualdad en la aplicación de la ley y del debido proceso disciplinario.

De igual modo, se ve afectado el derecho a la vida privada y a la honra del artículo 19 N°4, toda vez que la decisión recurrida ha implicado la exposición y valoración pública de antecedentes médicos sensibles vinculados a su salud mental, menoscabando su honra personal y profesional y atentando contra el respeto y consideración debidos a toda persona en el ejercicio de la función pública.

Finalmente, se constata la vulneración del derecho de propiedad del artículo 19 N°24, en cuanto la destitución decretada priva a la recurrente del legítimo derecho a su cargo y de las remuneraciones y beneficios previsionales que de él derivan, sin que medie una fundamentación jurídica suficiente ni un procedimiento ajustado a la legalidad.

Desde la perspectiva de la normativa aplicable, el artículo 125 de la Ley N°18.883, en relación con el artículo 72 letra c) del DFL N°1 de 1996 del Ministerio de Educación, no faculta a la autoridad para imponer arbitrariamente la sanción de destitución sin una debida valoración del contexto, pues dicha disposición exige la existencia de una infracción grave al principio de probidad administrativa, lo que debe ser acreditado con elementos objetivos y ponderado conforme al principio de proporcionalidad. En el caso de autos, la autoridad fundamentó la sanción en dictámenes administrativos -Suceso y Contraloría General de la República- de carácter meramente interpretativo y no vinculante, prescindiendo del análisis individual de las circunstancias atenuantes, médicas, psicológicas y laborales del caso concreto, lo que configura una aplicación mecánica e irreflexiva de la normativa disciplinaria.

Asimismo, se infringe el principio de legalidad del artículo 7° de la Constitución y en el artículo 2° de la Ley N°18.575, toda vez que la autoridad municipal actuó excediendo sus competencias legales, al convertir en imperativo lo que la ley establece como potestad condicionada, y al basar su decisión en dictámenes externos en lugar de normas legales obligatorias. Igualmente, se vulnera el principio de proporcionalidad, al haberse impuesto la sanción más gravosa sin ponderar alternativas menos lesivas, ni considerar la ausencia de dolo, la buena fe demostrada y la existencia de circunstancias atenuantes debidamente documentadas en el sumario administrativo.

De esta forma, la decisión plasmada en el Decreto Alcaldicio N°03728, de 3 de octubre de 2025, carece de fundamento legal suficiente, resulta arbitraria e irracional y produce una privación y perturbación actual en el ejercicio de los derechos fundamentales de la recurrente, lo que hace plenamente procedente la tutela constitucional que se solicita mediante el presente recurso.

Pide dejar sin efecto la sanción de destitución, ordenando la reincorporación inmediata, el pago de remuneración y demás derechos devengados, disponer medidas de resguardo de la integridad psíquica y laboral de la recurrente, con costas.

Y acompaña documentos: escritura pública donde consta mandato judicial; escrito de reposición deducido en contra de resolución que dispuso destitución de la recurrente; decreto N°03728/2025 de 3 de octubre de 2025 que rechaza recurso de reposición alcaldicio N°03619/2025; certificado de desempeño laboral emitido a la recurrente el 29 de septiembre de 2025; certificado de desempeño laboral emitido a la recurrente el 30 de septiembre de 2025; certificado médico emitido por nombre reservado de 25 de septiembre de 2025; certificado médico emitido Dr. nombre reservado, de abril de 2025; certificado médico emitido a la recurrente por Dr. nombre reservado de 19 de octubre de 2025; certificado médico emitido por Dr. nombre reservado, de 10 de octubre de 2025; decreto N°01570/2023, MAT: aprueba reducción de carga horaria de nombre reservado, de 28 de abril de 2023; y expediente sumario administrativo.

El informe de la Municipalidad de Futrono.

Que el señor nombre reservado, por la recurrida, informa al tenor del recurso.

Señala que el 29 de mayo de 2025, mediante Decreto Alcaldicio, se instruyó sumario administrativo en contra de doña nombre reservado, docente del Instituto Técnico Profesional de Llifén, comuna de Futrono, con el objeto de determinar su eventual responsabilidad administrativa derivada de su salida del país durante la vigencia de licencia médica.

La investigación tuvo origen en el Oficio N°E82804/2025 de la Contraloría General de la República, el cual acompañó nóminas de funcionarios que habrían salido del país mientras se encontraban con licencia médica, según información del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9 de 2025.

Durante la instrucción del procedimiento, se estableció que la funcionaria presentó una licencia médica de tipo mixta, identificada con folio N°4-13882883, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 15 de marzo de 2023, extendida por el médico nombre reservado.

De acuerdo con certificado emitido por la Policía de Investigaciones de Chile, la docente salió del país el día 4 de marzo de 2023 con destino a Argentina, retornando el día 8 de marzo del mismo año, es decir, durante la vigencia de la licencia médica antes indicada, hecho reconocido por la funcionaria en su declaración durante el sumario administrativo.

Concluido el sumario administrativo, el fiscal instructor propuso la medida disciplinaria de término de la relación laboral por infracción grave al principio de probidad administrativa, propuesta que fue acogida por esta autoridad; y el 3 de octubre de 2025, se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la recurrente mediante Decreto Alcaldicio N°03728/2025, agotándose la vía administrativa.

Contrariamente a lo sostenido por la recurrente, sostiene que la sanción de destitución no fue una decisión discrecional de la autoridad, sino el cumplimiento de un mandato legal imperativo:

El artículo 123 de la Ley N°18.883 utiliza la expresión 'procederá' y no 'podrá proceder', lo que denota un mandato imperativo y no facultativo. Como ha señalado el Ministerio de Hacienda en su oficio de 8 de agosto de 2025, 'si los hechos acreditados vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, la ley establece de manera imperativa que debe aplicarse la sanción de destitución'.

Concluye que aplicar una sanción menor cuando la ley ordena la destitución constituya una ilegalidad manifiesta, susceptible de representación por parte de la Contraloría General de la República en el trámite de toma de razón. Pide el rechazo del recurso, con costas.

Oídos y teniendo además presente:

Primero: Se recurre en contra de la resolución sancionatoria contenida en el Decreto Alcaldicio N°03619, de 23 de septiembre de 2025, que resolvió aplicar la medida disciplinaria de destitución de la recurrente.

Segundo: Que, de estos antecedentes, puede advertirse que el origen de la controversia se enmarca en el inicio de un sumario administrativo en contra de la recurrente por salir del territorio nacional encontrándose con reposo y licencia médica, hechos que se produjeron al inicio del mes de marzo de 2023.

Tercero: Que, del sumario administrativo acompañado, no consta ni ha sido debatido por los interesados la validez de la licencia médica extendida por el médico nombre reservado, psiquiatra tratante de la funcionaria señora nombre reservado, de 27 de febrero de 2023, en el marco de un tratamiento de salud mental, como tampoco se ha cuestionado la dolencia o patología que aquella presentaba, menos aún que dicha licencia médica adolezca de falsedad o haya sido obtenida en forma fraudulenta por la funcionaria destituida, lo que permite concluir que se trata de un documento legítimo que ha cumplido con los requisitos legales y clínicos para su otorgamiento, sin que se haya ventilado objeción alguna a la misma en sede judicial o administrativa.

Cuarto: Que, el principio de probidad administrativa "consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular", lo anterior, según lo dispone el artículo 52 de la Ley Nro. 18.575, modificado por la Ley N°19.653.

El artículo 64 de la Ley 18.575, establece que, “contraviene especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas:

1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña;

2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero;

3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros;

4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;

5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.

6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta;

7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga; y 8.

Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración.”.

Finalmente, el artículo 125 del Estatuto administrativo, establece; “La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario.

La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos:

a)

Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada;

b)

Infringir las disposiciones de las letras i), j), k), l) y m) del artículo 84;

c)

Condena por crimen o simple delito, y d)

Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados.

e)

Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley, o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia.

f)

En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.”.

Quinto: Que el motivo de la destitución, en el caso, infracción grave al principio de probidad administrativa debe quedar establecido que aquella se configura por un uso malicioso de una licencia médica, es decir, cuando se demuestre mala fe en la obtención del reposo, ya sea para realizar actividades que la patología o el descanso prohíben o cuando se finge ante el médico una enfermedad para obtener un reposo médico.

Sexto: Que la situación particular en que se funda la imputación de falta de probidad administrativa formulada en contra de la recurrente dice relación con su salida del país mientras se encontraba con licencia médica de carácter psiquiátrico, al inicio del mes de marzo de 2023, época en que no existía claridad respecto de si el reposo ambulatorio otorgado bajo ese tipo de licencias permitía o no salir al extranjero, cuestión que fue posteriormente precisada mediante Resolución Exenta N° R-01-S-127271-2025, de 14 de septiembre de 2025, emitida por la Unidad Jurídica de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la cual aclaró que las personas con licencias médicas por patologías de salud mental pueden realizar actividades recreativas y viajar dentro del país, pero no fuera del territorio nacional, debiendo en esos casos rechazarse la licencia médica, es decir no se pagara el reposo medico de acuerdo al artículo 55 del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, si el viaje al extranjero no tiene fin terapéutico debidamente demostrado.

Séptimo: Que, de esto mismos antecedentes, no se advierte que la recurrente haya hecho un uso indebido de su licencia médica al momento de su otorgamiento, ni puede presumirse la existencia de mala fe en su obtención o utilización, máxime si se considera, como se dijo, que solo recientemente la autoridad competente ha precisado que el reposo de esta naturaleza debe cumplirse dentro del territorio nacional, a fin de permitir la adecuada fiscalización y control de los organismos competentes.

Octavo: Que, en concepto de esta Corte, aplicar una medida de destitución a una funcionaria municipal que se encontraba en reposo médico bajo una licencia médica psiquiátrica, no cuestionada en su forma ni en el fondo, menos aún, en su autenticidad, por hechos que ocurrieron al inicio de marzo de 2023, en un período de oscuridad de la norma que regulaba la conducta, la sanción se torna desproporcionada y desde ahí constituye un acto arbitrario desplegado por la autoridad recurrida, el que ha vulnerado los derechos constitucionales del artículo 19 Numerales 2 y 3 de la carta fundamental.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y del Auto Acordado que regula la materia, se acoge sin costas el recurso de protección deducido por el señor Jaime Benito Gallardo Casanova, abogado, en representación convencional de la señora nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Futrono, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución sancionatoria contenida en el Decreto Alcaldicio N°03619, de 23 de septiembre de 2025, que resolvió aplicar la medida disciplinaria de destitución de la recurrente, como el Decreto Alcaldicio N°03728/2025, de 3 de octubre de 2025, que rechaza la reposición y mantuvo la destitución.

Se ordena la reincorporación de la recurrente al cargo y labores que cumplía previo a la dictación del decreto de destitución impugnado, una vez que la presente sentencia se encuentre firme.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

N°Protección-983-2025.

No firma la Ministra señora Marcia Undurraga Jensen, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo por habérsele concedido permiso de acuerdo a lo establecido en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.