Protección contra SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA RE

C.A. de Valdivia.

Valdivia, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS: 1) Comparece YANIRA NICOLETTE BOLDT HELLWIG, abogada del Programa “Mi Abogado”, Región de Los Lagos, en su calidad de curadora ad litem del adolescente nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, según consta en causa RIT X-221-2016 del Juzgado de Familia de Osorno, quien deduce acción constitucional de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS, fundado en la omisión ilegal y arbitraria que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio del derecho a la vida e integridad física y psíquica, la Igualdad ante la ley y el derecho a la protección de la salud, todos consagrados en la Constitución Política de la República, consistente en la negativa sistemática e injustificada de proveer de un tratamiento de rehabilitación especializado e idóneo al adolescente individualizado, contraviniendo los deberes imperativos que la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral, impone a la recurrida.

Explica que, nombre reservado presenta un historial de vulneraciones crónicas y de extrema gravedad, presenta policonsumo severo y crónico de sustancias, principalmente pasta base de cocaína, asociado a una patología de salud mental grave, con diagnósticos que incluyen trauma complejo, trastorno de personalidad limítrofe de conducta, deterioro cognitivo y sintomatología psicótica activa (delirios y alucinaciones), señala que se han agotado todas las intervenciones ambulatorias, procesos de desintoxicación en diversos hospitales, intervenciones residenciales en comunidades terapéuticas, resultando toda la red pública y colaboradora de SENDA inidónea e insuficiente para la complejidad de la patología de nombre reservado.

A pesar del agotamiento de la red pública y el riesgo vital inminente del adolescente, el Juzgado de Familia de Osorno, mediante resoluciones de 29 de septiembre y 15 de octubre de 2025, en causa proteccional ya indicada, ordenó expresamente al servicio recurrido, gestionar y financiar mediante un Proyecto de Emergencia en Salud (PES), el ingreso de nombre reservado a un centro de tratamiento residencial privado, cerrado y de alta especialización, capaz de abordar su patología dual y su alto riesgo, negándose el servicio a cumplirlo, desviando su responsabilidad a otras entidades, sin cumplir su deber de garante y ofreciendo soluciones inidóneas, lo que constituye un actuar ilegal y arbitrio.

Solicita, se ordene a la recurrida disponer de forma inmediata, dentro del plazo de 24 horas o el que el esta Corte estime perentorio, el financiamiento y gestión, sea vía Proyecto de Emergencia en Salud o contratación directa, del ingreso de nombre reservado a un centro de rehabilitación por consumo de drogas privado, cerrado y de alta especialización, que sea idóneo para su patología dual y riesgo vital, dando estricto y cabal cumplimiento a los resuelto por Juzgado de Familia de Osorno en causa RIT X-221-2026, debiendo adoptar todas las providencias necesarias para asegurar la continuidad del tratamiento del adolescente, con costas. 2) A folio 5 Informa la recurrida SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS, sostiene dicho organismo que, para disponer de recursos adicionales relativos a una contratación privada de una prestación que no está dentro de las líneas de acción del servicio, es necesario que se hayan despejado y agotado todas las instancias públicas destinadas para tal efecto.

Añade que, mediante oficio NUM000 de 14 de octubre de 2025, se informó en causa de protección al Juzgado de Familia de Osorno, los requisitos para solicitar un proyecto de emergencia de salud y se solicitó al Tribunal ordenar al colaborador acreditado Legado de Familia, proyecto Residencia Trekan, la presentación de Proyecto PES a contar del 16 de octubre de 2025, ya que dándose aquellos presupuestos, el servicio podía tramitar la autorización del proyecto y su financiamiento, lo que fue resuelto el 15 de octubre del presente, ordenando dar cumplimiento a lo requerido con fecha 29 de septiembre del presente, bajo apercibimiento legal.

Indica que, entre los días 20 y 28 de octubre del presente, se recibe proyecto PES por parte de Residencia, sin embargo, el monto excede las 1200 UF, siendo esta cantidad de dinero, el límite legal presupuestario, por lo que se rechaza el mismo día. Las correcciones se reciben el 30 de octubre con toda la información en orden, elaborándose el día 03 de noviembre informe de pertinencia técnica que aprueba el Proyecto de emergencia de salud (PES), por lo que, el 04 de noviembre de 2025, se solicitó el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, a la Dirección Nacional de este Servicio, aquel programa, corresponde a un tratamiento por consumo de drogas de 4 meses, a cargo de Fundación VER ubicado en la comuna de San Francisco de Mostazal.

Con lo anterior se evidencia el cumplimiento de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia de Los Lagos, a lo ordenado en causa del Juzgado de Familia de Osorno.

Finalmente indica que el servicio recurrido debe someter su accionar a normas de derecho público y al principio de legalidad, cumpliendo con dichos requisitos, corresponde a la Dirección Nacional del Servicio emitir Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, a fin de disponer de fondos estatales para redactar el convenio, resolución aprobatoria para tramitación y pago en favor del adolescente. 3) El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece. 4) Que, el presente recurso reprocha la omisión que se considera ilegal y arbitraria en que ha incurrido la recurrida el SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS, por no dar cumplimiento a diversas resoluciones judiciales dictadas en un procedimiento de familia, debidamente tramitado ante el Juzgado especializado de la comuna de Osorno, que incide en la protección y satisfacción de los derechos de un adolescente que actualmente se encuentra en una Residencia de la misma comuna. 5) Que, el artículo 1° de la Ley 21.302, que crea el servicio recurrido en estos autos, establece; “El Servicio tendrá por objeto garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones.

Lo anterior, se realizará asegurando la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad.

Asimismo, la norma, en cuanto al desarrollo de los objetivos del servicio señala; “El Servicio, en el desarrollo de su objeto, garantizará, dentro del ámbito de su competencia, y conforme a sus atribuciones y medios, el pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de derechos de especial protección, respetando y haciendo respetar sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y en la legislación nacional dictada conforme a tales normas…” 6) Por su parte, el artículo 2° de la Ley antes singularizada, establece lo siguiente; “Principales obligados por esta ley. Es deber de la familia, de los órganos del Estado y de la sociedad, respetar, promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, el cual en su letra g) en lo que interesa a este recurso, establece como deber el siguiente; “Dar prioridad a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, sin discriminación arbitraria alguna, en el acceso y uso a todo servicio, prestación y recursos de toda naturaleza, sean públicos o privados, necesarios para su completa protección, reparación y restitución, en las debidas condiciones de seguridad y dignidad. El Estado tomará las medidas pertinentes, en caso de ser necesario, para el acceso y uso de recursos particulares y comunitarios, nacionales o convenidos en el extranjero.”

Por su parte, existe además consagrado en la ley, el deber de inexcusabilidad, en los siguientes términos: “…Requerido un órgano de la Administración del Estado para que intervenga ante situaciones de riesgo, amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes, no podrá excusarse de conocer y pronunciarse sobre el requerimiento.” 7) Que, en ese orden de ideas, el artículo 2 bis de la Ley 21.302, ya referida, indica que; “Será responsabilidad del Servicio asegurar el desarrollo de las líneas de acción y la disponibilidad de los programas diversificados y de calidad que deberán satisfacer las diferentes necesidades de intervención de cada niño, niña y adolescente, tales como el diagnóstico clínico especializado y seguimiento de su situación vital y condiciones de su entorno, el fortalecimiento familiar, la restitución del ejercicio de los derechos vulnerados y la reparación de las consecuencias provocadas por dichas vulneraciones, junto con la preparación para la vida independiente, según corresponda.

Asimismo, consagra la ley que; “La oferta de programas deberá proveerse a requerimiento del órgano administrativo o judicial competente de manera oportuna y suficiente, resguardando la dignidad humana de todo niño, niña y adolescente, y se prestará de modo sistémico e integral, considerando el contexto de su entorno familiar y comunitario, cualquiera que sea el tipo de familia en que se desenvuelva.” 8) Que, conforme a lo antes descrito, el Servicio requerido ha indicado en su informe variadas circunstancias y justificaciones de tipo administrativas y procedimentales, las que se han extendido por un largo periodo de tiempo, sin que la recurrida haya demostrado que dio cumplimiento efectivo a lo ordenado por el Tribunal de Familia de Osorno, manteniéndose la situación del adolescente sin una solución adecuada y conforme a los principios y derechos, ya expuestos en este fallo, lo que por cierto, constituye una inactividad, cuyos efectos vulneran los derechos del adolescente nombre reservado. 9) Que, las circunstancias ventiladas en el recurso dan cuenta de una persistente desatención del servicio recurrido del deber de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes que le concierne. Sin embargo, ese amparo público se encuentra ya otorgado por la judicatura competente, la que está premunida de vigorosas competencias para hacer cumplir sus resoluciones, con el haz de medios propios del régimen jurídico de ejecución de los pronunciamientos jurisdiccionales. En este contexto, constando que la competencia de ejecución no se ha agotado, la acción de protección se ve mermada de cara al fin con el que se ha ejercido, esto es, obtener un amparo de derechos fundamentales, estando este ya otorgado por el tribunal competente, de manera que sólo falta la cabal ejecución de lo decidido.

Respecto de esta fase del proceso, los poderes de ejecución de la judicatura de familia son claramente más intensos que aquellos establecidos en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo de la presente acción, con lo que, además decae el propósito práctico de esta vía. Ahora, no puede soslayarse la imperiosa necesidad de que la reseñada competencia de ejecución se active al límite de sus posibilidades.

Por lo expuesto, la decisión que se adoptará tendrá por objeto que sea el tribunal especializado el que adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de las resoluciones que ese órgano jurisdiccional ha adoptado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por la abogada YANIRA NICOLETTE BOLDT HELLWIG, en favor del adolescente nombre reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS, ordenándose al Tribunal de Familia de Osorno adoptar todas las medidas legales para que la requerida cumpla con la resoluciones decretadas por dicho Juzgado, dentro de un plazo de 48 horas, debiendo informar dicho tribunal a esta Corte, en el mismo plazo indicado.

Asimismo, se ordena remitir copia de la presente sentencia a la Presidenta de esta Corte de Apelaciones de Valdivia, para los efectos de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de la niñez y adolescencia.

Lo anterior, con la prevención de la ministra María Soledad Piñeiro Fuenzalida, quien estuvo por ordenar derechamente a la recurrida, dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Familia de Osorno, en causa RIT X-221-2016, con fecha 29 de septiembre y 15 de octubre de 2025, dentro de un plazo perentorio de 48 horas, debiendo acreditar e informar su ejecución.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-982-2025.