Protección contra Concejal de Paillaco

Valdivia, veintiuno de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1) Comparece nombre reservado, empresario, en representación de QUARTO CONSULTORES & SERVICIOS LTDA, quien deduce recurso de protección en contra del Concejal de Paillaco, don FERNANDO JAVIER ALVAREZ MILLACHINE, y el medio de difusión digital SOCIEDAD DE MEDIOS Y RECURSOS COMUNICACIONALES LA VOZ LTDA, más conocido como “La Voz de Paillaco”, por el actuar ilegal y arbitrario en que incurrieron al emitir declaraciones y realizar acusaciones infundadas el 9 de octubre de 2025; y, por reproducir y difundir dichas acusaciones sin contrastar los antecedentes ni verificar las denuncias efectuadas.

Indica que la empresa recurrente se encuentra desarrollando los “Servicios de Apoyo a la Gestión Municipal, comuna de Paillaco” según licitación pública que indica aprobada y adjudicada mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 1.238 de fecha 11 de septiembre de 2025, cuyo proceso de licitación estaba en pleno conocimiento del concejal recurrido.

Señala que por un error administrativo se consignó una remuneración para una trabajadora que no era el correcto según la oferta de licitación, la que reclamo ante el concejal recurrido, quien decidió realizar una serie de acusaciones falsas e infundadas, y denostar públicamente la imagen de la empresa, por medio de sus redes sociales y un medio de comunicación local.

El 9 de octubre de 2025, el Concejal Fernando Álvarez realiza una denuncia a través de sus redes sociales, manifestando que la empresa habría engañado a los trabajadores al realizar una alteración deliberada de los contratos. Agrega que esto podría constituir un delito, que existirían vulneraciones a los derechos de los trabajadores y que el actuar de la empresa destruye la confianza y hiere la justicia.

Además, indica que su empresa habría intentado cambiar los contratos de manera maliciosa, sembrando dudas en la opinión pública, dañando la intachable reputación de la empresa, de esa forma efectuó un juicio público, sin evidencias y sin un proceso judicial o administrativo, realizando una suerte de “funa”, en contra de la empresa, lo que en definitiva constituye un acto de auto tutela.

Agrega a lo anterior, el concejal realizó declaraciones en medios de comunicación local o simplemente sus dichos replicados por portales y páginas de noticias, con titulares alarmantes ya que creyeron en la palabra del nombre reservado. De esta manera, medios como “La voz de Paillaco”, replicaron los dichos del concejal, publicando titulares como el siguiente: “Abuso en Paillaco. nombre reservado acusa presunta falsificación de contratos laborales a trabajadores de aseo y ornato”, comentarios que se replicaron en su red social de Facebook.

Sostiene que se vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el derecho a la honra y reputación, y, consecuencialmente, el derecho de propiedad, afectando también el derecho a un debido proceso en el sentido de no ser juzgado por comisiones especiales.

Solicita se ordene a las recurridas eliminen todas las publicaciones difamatorias efectuadas en sus redes sociales, medios de comunicación, páginas web o cualquier otro medio, que además se les ordene aclarar sus dichos y emitir disculpas públicas en favor de la empresa Quarto Consultores por haber emitido juicios de valor y realizar acusaciones falsas e infundadas.

2) A folio 6 informa el recurrido FERNANDO JAVIER ALVAREZ MILLACHINE, Concejal de Paillaco, quien niega haber incurrido en acto ilegal o arbitrario, ya que su accionar se enmarcó dentro de sus facultades fiscalizadoras establecidas en la Ley N° 18.695, (Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades); dentro del ejercicio de la libertad de expresión, corroborándose la efectividad de los hechos por la Dirección del Trabajo.

Sostiene que jamás realizó una “funa”, injurias o campañas de desprestigio, se limitó a informar una denuncia seria recibida de trabajadores vulnerables, quienes afirmaron haber firmado contratos por una remuneración que posteriormente fue modificada unilateralmente. A la fecha, los hechos denunciados fueron corroborados por la Dirección del Trabajo, lo que confirma que su actuación fue legítima, fundada y conforme a derecho.

Agrega que a inicios de octubre de 2025 recibió el reclamo de una trabajadora referida a los contratos inicialmente celebrados con un sueldo base superior, lo que fue posteriormente modificado, solicitando orientación sobre dicho asunto, por su parte la empresa reconoce la existencia de irregularidades en el mismo recurso de protección, lo que atribuye a un supuesto “error administrativo”, que fue de tal entidad que requirió la intervención de la Inspección del Trabajo, la que debió mediar y revisar los antecedentes ante la inconformidad y denuncia de trabajadores afectados.

Existiendo un reconocimiento explícito a estas irregularidades y viéndose la Inspección del Trabajo obligada a intervenir demuestran que la denuncia difundida por el recurrido no fue producto de conjeturas, suposiciones o afirmaciones infundadas, sino que se basó en antecedentes ciertos y denuncias de lo trabajadores afectados.

Añade que la Dirección del Trabajo corroboró la veracidad de los hechos denunciados, estableciendo que efectivamente existieron contratos laborales debidamente firmados por los trabajadores, en los cuales se consignaba una remuneración pactada de $600.000 pesos y que fueron posteriormente retirados y reemplazados por otros instrumentos en los que la remuneración fue disminuida a $529.000 pesos, sin contar con el consentimiento de los trabajadores, de esa forma la autoridad administrativa instruyó a la empresa a respetar los contratos originales, ordenando mantener la remuneración de $600.000 pactada en el instrumento primitivo.

Lo anterior confirma la existencia de las irregularidades denunciadas, y también que su publicación no constituyó una imputación maliciosa ni un acto de desprestigio, sino la comunicación responsable de hechos reales, graves y de evidente interés público, especialmente considerando que los trabajadores afectados prestan servicios en el marco de una licitación municipal.

Finaliza indicando que la comunicación y publicación impugnadas no constituyó un juicio sancionatorio fuera de los canales institucionales, sino una actuación preventiva, prudente y orientada a la protección de derechos laborales, en el marco de servicios externalizados de la Municipalidad. No contiene descalificaciones personales ni afirmaciones categóricas sobre responsabilidades penales, limitándome a informar hechos relatados por los trabajadores y a solicitar que fueran investigados mediante los canales formales correspondientes.

Señala que en ningún caso se verifica la afectación de las garantías constitucionales indicadas en el recurso y que la publicación difundida y sobre la cual recae la presente acción constitucional no injuria, no denigra, no atribuye delitos como hechos consumados y no contiene información falsa.

En base a lo expuesto solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

Acompañó a su informe diversa documentación de respaldo a sus afirmaciones.

3) A folio 15 y habiendo sido previamente apercibida la recurrente, se tuvo por no presentada la acción constitucional respecto de la recurrida SOCIEDAD DE MEDIOS Y RECURSOS COMUNICACIONALES LA VOZ LTDA, ordenándose la vista de la causa.

4) El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

5) Que para efectos de la resolución de la presente acción constitucional y existiendo concordancia en la realización de la publicación que motiva este arbitrio, realizada por el Concejal de Paillaco recurrido el 09 de octubre de 2025, resulta necesario transcribir su contenido:

“…Quiero públicamente hacer una denuncia de un hecho grave que afecta a un grupo de trabajadores de nuestra comuna. Personas humildes que firmaron un contrato laboral por un sueldo de 600 mil pesos mensuales, confiando en la palabra de su empleador.

Después de firmar este contrato, fueron llamados nuevamente y les pidieron que devolvieran sus contratos bajo distintos pretextos. Y cuando estos documentos les fueron entregados de vuelta, el monto ya no era el mismo. Donde decía 600 mil, ahora dice 529 mil pesos. Y esto no se trató de un error, es un engaño a nuestros trabajadores más vulnerables. Se trató de una alteración deliberada de un documento laboral firmado, un acto que podría constituir un delito de falsificación de instrumento privado, según el Código Penal chileno.

El Código del Trabajo, en su artículo 5, es súper claro. Ningún trabajador puede renunciar a sus derechos mientras la relación laboral esté vigente. Y el artículo 9 establece además que todo contrato debe ser firmado y respetado por ambas partes. Entonces, no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de dignidad, de personas que trabajan día a día, que confían y merecen respeto.

Este tipo de actos destruye la confianza, hiere la justicia y vulnera los derechos más básicos de los trabajadores. Si la empresa cometió un error, las cosas no se hacen así. Debían haber sido claros, haberle anunciado que había un error, pero no tratar de engañarlo deliberadamente y cambiar el contrato de manera maliciosa.

Por eso hago un llamado y oficiaré a la Dirección del Trabajo, a la Fiscalía Local y a todas las autoridades competentes que investiguen este hecho con celeridad y que se proteja hoy a quien menos tienen y que además tienen miedo a denunciar. Y yo no hablo aquí de un grupo anónimo, hablo por todos los que confiaron y que fueron engañados porque los derechos laborales se respetan y porque la justicia empieza cuando alguien se atreve a decir la verdad…”

6) Como primera cuestión cabe tener presente que la publicación a la que hace referencia la presente acción constitucional dice relación con un reclamo efectuado por trabajadores ante la autoridad municipal recurrida, y que éste expresa en términos de denuncia pública, dando cuenta de la versión que el concejal tiene respecto de los hechos formalmente denunciados, los efectos de esos hechos, y las medidas que adoptará para su debido abordaje legal, sin que sus pasajes puedan constituir una afectación ilegítima a la honra y prestigio de la empresa recurrente.

Por otro lado, algunas frases de esa publicación dicen relación con circunstancias que eventualmente pudieren constituir algún ilícito penal, sin que aparezca a quien o quienes se les imputan dichas conductas, existiendo además constancia que esos hechos fueron denunciados ante la Inspección del Trabajo de Valdivia, la cual efectuó fiscalización a la empresa aludida, - recurrente en este proceso - confirmando la efectividad de la infracción a la normativa laboral contenida en la publicación(Fiscalización Nro. 1404.49-2025 de 20 de octubre de 2025)

7) En cuanto a la publicación efectuada en el medio de difusión digital conocido como “La Voz de Paillaco”, al no haberse tenido por deducido el recurso en contra de dicha entidad y no siendo de autoría del recurrido Álvarez Millachine el contenido de aquella, no puede efectuarse una ponderación respecto de los dichos señalados en la página de Facebook de ese medio digital.

8) Debe considerarse que el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión tiene como límite aquellos que constituyen garantías de quien se siente afectado, en este caso, el derecho a la honra del recurrente, reconocido en el número 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de ello, como se indicó, no se verifica de los dichos contenidos en la publicación que sirve de fundamento para esta acción cautelar, la afectación de las garantías constitucionales que se indican en el recurso.

9) A mayor abundamiento cabe tener presente que dicha declaración, tal como lo indica en su contenido el recurrido la efectuó en su calidad de autoridad municipal, en su caso como Concejal de la Municipalidad de Paillaco, configurándose su accionar dentro del ámbito de sus facultades fiscalizadoras y reconocidas por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo que permite sustentar una libertad de expresión reforzada o fortalecida cuando aborda cuestión de interés público o se relacionan con situaciones de interés para el servicio o entidad pública en el que se desempeña la autoridad respectiva.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de QUARTO CONSULTORES & SERVICIOS LTDA, en contra del Concejal de Paillaco, don FERNANDO JAVIER ALVAREZ MILLACHINE.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

980-2025 Protección