nombre reservado con BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

Valdivia, veintidós de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A fojas uno de la carpeta digital se presenta don nombre reservado, habilitado en derecho interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, y en contra de BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES S.A., habida consideración de que su representado ha sido por esta entidad bancaria perturbado en sus garantías constitucionales, de manera arbitraria e ilegal, en particular se ha vulnerado el derecho a su integridad psíquica, garantía prevista y establecida en el número 1 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, de la manera que a continuación expresa:

Don nombre reservado, al ir a solicitar el informe comercial, el 17 de abril del 2019, se enteró que el recurrido ya individualizado, tiene publicaciones de presuntas deudas suyas desde el año 2015.

Argumenta que se ha entendido que cualquier gestión judicial destinada a que el acreedor haga efectivos sus derechos para el caso de que el deudor incumpla es suficiente requerimiento judicial, por ejemplo, una demanda en que se pida el cumplimiento del contrato o su resolución, etc. Se entiende que el deudor es constituido en mora cuando se notifica legalmente la demanda hecha ante juez competente. Si esta situación no ocurre no existe la mora; cualquier otra postura irá en contra de este precepto fundamental de nuestro Código Civil, por lo tanto, no pueden ser publicadas como morosidad. El realizarlo de esta forma traspasa la atribución que sólo pertenece a los tribunales. Es tan cierto lo dicho que también lo ha entendido así la Normas de Banco y financieras, ya que señala sobre las obligaciones que jamás fueron notificados ejecutivamente de cobro alguno, en base a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en especial la recopilación de normas banco y financieras, en el capítulo 18-5 que establece entre sus principios, que se excluirán del listado de informaciones comerciales aquellas deudas que carezcan de títulos ejecutivos, por cuanto estos según nuestra legislación, son los únicos que dan cuenta de una obligación cuyo cumplimiento puede exigirse compulsivamente.

Agrega que en el numeral 6° “Manejo de la información por parte de las instituciones financieras” en el inciso 3° se consigna que la información es estrictamente confidencial y exclusiva, no debe circular en medios ajenos a la institución que la recibe. Esta Superintendencia recomienda, asimismo, destruir o archivar convenientemente la información que ya no se utilice, de manera de cautelar que no se haga mal uso de ella. Situación que es el caso de esta presunta deuda. En consecuencia, como se señala, no se informarán y/o excluirán aquellas personas contra quienes solo se tengan títulos ordinarios, puestos que estos requieren de una previa declaración de la autoridad para darle certeza y exigir su cumplimiento a través de ésta, o, en su caso en cuestión, cuando existiendo títulos ejecutivos éstos ya dejaron de tener tal calidad, por el transcurso de los plazos legales. Finalmente, y debido a lo expuesto anteriormente solicita su exclusión del Boletín de Informaciones Comerciales, en razón que los títulos en que consta su deuda actualmente carecen de fuerza ejecutiva y que no es el recurrido quien dictamina si existe o no morosidad si no las acciones establecidas por ley para ello, como es el requerimiento de pago de la acción ejecutiva.

Por otro lado, el único fin de mantener estas publicaciones, sin accionar, es poder ejercer presión sobre el presunto deudor, de tal manera de extra judicializar el pago, muchas veces con hostigamiento, repactaciones forzadas, aun teniendo presente que nuestra legislación, en el juicio ejecutivo da al acreedor múltiples formas de obtener el cumplimiento de la obligación.

En Cuanto al Derecho:

I.- Relata que el Código Civil en su artículo 2493, señala que el que quiere aprovecharse de la prescripción debe alegarla; y que el juez no puede declararla de oficio. En este caso no es la prescripción la que se pretende reclamar, sino la publicación de antecedentes de presuntas deudas que, como expuso, carecen de una sustento, puesto no existe declaración de autoridad que le dé certeza y cumplimiento a la obligación del recurrente o acción judicial que acredite la mora, sino que es el recurrido quien les da este carácter sin que participe una acción jurídica como la ley lo obliga para estos efectos.

Art. 1551 Código Civil. “El deudor está en mora…3° En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor”. Si no está judicialmente reconvenido no es el acreedor quien por arbitrio propio puede declarar la mora y en ese sentido menos aun realizar públicamente como si fuera así. No es posible que el recurrido mantenga una presunta deuda sólo por el hecho que éste señale que esté en mora cuando esa es una atribución que sólo puede desarrollarse por medio de un proceso judicial, esta actitud es posicionarse como un tribunal de la República. Bajo esta premisa, cualquiera podría señalar que el obligado se encuentra en mora sin ni siquiera acreditarlo de una manera ajustada a derecho.

II.- No es, pues, el obligado -deudor- el que otorgue al acreedor alguna clase de privilegio especial en orden a perseguirlo cuando se le antoje.

Tampoco el acreedor el que sujete a su solo parecer la duración de la vigilia de aquél. El derecho a la acción conlleva la plena libertad de su ejercicio. La garantía que consagra el artículo 19 Nº 3º de la Constitución Política de la República está revestida de ese atributo soberano.

Tampoco sucede, entonces, que la iniciativa de requerir la intervención de los jueces establecidos por la ley se engendre en una convención en la que una de las partes faculta a la otra a demandarle el cumplimiento de sus deberes; mucho menos que ello se fragüe de determinada manera. Las únicas excepciones que el ordenamiento reconoce a la regla básica de la libertad del ejercicio de acción son la demanda de jactancia y la citación a que se refiere el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil. En todo lo demás, es decir, en el gran espectro de las prerrogativas jurisdiccionales, quienes se consideran titulares de derechos están en situación de requerirlos, pero únicamente mientras su acción se encuentre en vigor dentro del marco de las reglas generales, que gozan de la naturaleza de derecho público y no se encuentran a disposición de los contratantes.

III.- La relación entre tiempo y derecho es inherente a este último. En tanto cuanto ontológicamente toda regulación jurídica reconoce como causa final la contingencia humana, no puede prescindir de tiempo ni espacio. El estatuto del tiempo es de derecho público y escapa a la voluntad de las partes. Los efectos de la temporalidad son indisponibles. La merma que por sí mismo el transcurso del calendario va generando en la vivencia de los conflictos, ha llevado a los ordenamientos normativos a recoger tan innegable realidad. En materias sancionatorias, lo ha hecho fijando períodos dentro de los que haya de concretarse la persecución, so pena de una ficción de perdón social o, en su caso, persona En materias de derecho privado, ha sellado los desentendimientos, suponiendo que pierden vigencia, al menos virtualmente, después de plazos que determina. Alguna excepción a este verdadero topo del derecho no viene sino a confirmar la regla (delitos De lesa humanidad y sus consecuentes).

Termina solicitando que en mérito de lo expuesto, las disposiciones constitucionales y legales mencionadas y las demás pertinentes, se tenga por interpuesto recurso de protección en contra del recurrido individualizado pues los actos referidos, cometidos por él constituyen un acto ilegal y arbitrario que atenta contra las garantías constitucionales establecidas en los N° 4, 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile y, en consecuencia, sea acogido ordenando al recurrido eliminar absolutamente los antecedentes comerciales y la información de morosidad de su representado del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio u otras instituciones de los mismos fines, disponiéndose que el recurrido debe abstenerse de toda acción destinada a transmitir información comercial de la supuesta morosidad señalada sin tener al menos notificación ejecutivas dentro del plazo contemplado por la ley, con costas.

Don MARCELO EDUARDO ROJAS BARRERA, abogado, actuando en nombre y representación del BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES, evacúa el informe solicitado solicitando el rechazo del recurso por las siguientes razones:

El recurrente expresa que se habría enterado “…el 17 de abril de 2019” que tendría “….presuntas deudas desde el año 2015….” e invoca al efecto el Capítulo 18-5 de la Recopilación de Normas de la SBIF. No obstante, en el mismo libelo, señala que pide “….la exclusión del boletín de informaciones comerciales de la Cámara de Comercio…” solicitud que en la petitoria de su recurso reproduce nuevamente señalando que “….Termino solicitando se acoja el recurso…ordenando a las recurrido (sic) eliminar absolutamente los antecedentes comerciales y la información de morosidad de su representada en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio…”

1. LA ACCIÓN ES EXTEMPORÁNEA.

En primer lugar, señala que la acción es tardía, pues se ha deducido después del plazo legal previsto al efecto, ya que efectivamente consta en el Boletín de Informaciones Comerciales, preparado por la Cámara de Comercio de Santiago A.G., en cumplimiento al respectivo mandato legal, la difusión de una acreencia adeudada a este Banco.

Dicha publicación consta en Boletín N° 4644, página 1385 de fecha 20 de febrero de 2018 por la suma de $ 798.065.- Esa misma publicación, respecto de la misma suma se repitió con fecha 20 de marzo de 2018 y 17 de abril de 2018, según Boletines N° 4648 pág. 1329 y N° 4652 pág. 4033, respectivamente.

Destaca que esas cantidades corresponden a diversas cuotas morosas provenientes del crédito por la suma de $ 39.604.522.- concedido al recurrente y que consta en pagaré de fecha 29.sep.2017 suscrito por el Sr. nombre reservado y pagadero en 80 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de $ 798.065.- ninguna de las que ha sido pagada.

En consecuencia, desde hace varios años que se mantiene vigente esa información comercial, siendo por ello ostensible que el presente libelo es tardío y extemporáneo.

2.- EXISTENCIA DE UN TITULO EJECUTIVO Y DE UN JUICIO EJECUTIVO.- Efectivamente la recurrente mantiene la calidad de deudor de este Banco, lo que consta en pagare suscrito por el recurrente que dio sustento a ejecución radicada ante el 4° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-8847-2018 caratulada “Banco de Crédito e Inversiones con nombre reservado” por el cobro de la suma de $ 39.604.522.- por concepto de capital adeudado, más intereses y costas.

Con fecha 04.abr.2018 se despachó mandamiento de ejecución y embargo por la misma suma, sin que hasta la fecha se haya notificado esa acción.

3.- SOLO LA NORMATIVA SBIF PERMITE LA EXCLUSION DE LA NOMINA DE DEUDORES BANCARIOS.

Conforme al Capítulo 18-5 de la Recopilación de Normas de la SBIF, efectivamente un deudor puede solicitar que sea excluido del listado de deudores que elabora esa entidad.

Dicha exclusión es admisible sólo cuando se cumplan los requisitos previstos en la misma normativa, pero en caso alguno afecta la plena subsistencia de la obligación.

4.- EL BOLETIN DE INFORMACIONES COMERCIALES, BIC, NO ESTA REGIDO POR EL CAPITULO 18.5 DE LA SBIF, SINO QUE POR EL D.S. N° 950 DE 1928. NO HAY DERECHO A EXCLUSION EN EL BIC.

Cabe señalar que el Capítulo 18-5 corresponde a una normativa dictada por la SBIF que rige exclusivamente a los Bancos.

El BIC, en cambio, se encuentra regido por las disposiciones del D.S. N° 950 de 28 de marzo de 1928, en cuyo texto no está establecido el derecho a exclusión previsto en la normativa bancaria.

5.- SE SOLICITO LA EXCLUSION DE LA OBLIGACIÓN DEL LISTADO DE DEUDORES QUE LLEVA LA SBIF.

Finalmente, informa que atendido que el deudor no ha sido emplazado en la referida ejecución, su representado solicitó a la SBIF que el recurrente sea excluido del respectivo listado, al tenor del Capítulo 18-5 ya referido. En consecuencia, el Banco no ha cometido ninguna acción u omisión ilegal ni arbitraria.

Pide finalmente tener por e emitido el informe y rechazar el recurso entablado en contra de su representado, con costas.

El día de la vista del recurso alegaron por el recurrente y recurrido sus respectivos apoderados manteniendo sus pretensiones alegaciones y defensas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que, entonces, para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución, por esta vía, y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La “arbitrariedad” indica carencia de razón en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamento (El Recurso de Protección, nombre reservado, página 189).

Lo “ilegal” se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posea o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte (op. cit. Pág. 239).

Tercero: Que, además, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto sometido al conocimiento y decisión de esta Corte, es menester dejar constancia que el recurso de protección al ser una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del recurrente y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015 y Rol N° 28.402-2016, de 07/09/2016). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

Cuarto: Que el recurrente sostiene que el hecho de haberlo el recurrido incluido como deudor moroso en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio desde el año 2015, se ha afectado su derecho a la honra, el derecho a realizar actos de comercios habituales y propios de su giro, a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad, referido a su imagen, garantías constitucionales consagradas en los N° 4, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, Quinto: Que el apoderado de la entidad bancaria recurrida alega en primer término la extemporaneidad del recurso por cuanto éste, conforme al Auto Acordado que regula esta acción constitucional, contempla un plazo de treinta días para interponerla contado desde la ocurrencia del supuesto acto que priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 números 1°, 2°, 3° inciso quinto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección y libre contratación, y lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24°, y 25°.

El recurrente, en el escrito que contiene su recurso, expresa que se habría enterado el 17 de abril de 2019 que tendría “presuntas deudas desde el año 2015”.

Es, entonces, añade, extemporánea la acción, pues efectivamente consta en el Boletín de Informaciones Comerciales, preparado por la Cámara de Comercio de Santiago, en cumplimiento al respectivo mandato legal, la difusión de una acreencia adeudada a ese banco. Dicha publicación consta en Boletín número 4.644 página 1385, de fecha 20 de febrero de 2018, por la suma de $798.065.

Esa misma publicación, respecto de la misma suma, se repitió con fecha 20 de marzo de 2018 y 17 de abril de 2018, según Boletines números 4.648 página 1729, y número 4.652 página 4033, respectivamente.

En consecuencia, desde hace varios años que se mantiene vigente esa información comercial, siendo por ello ostensible que el presente libelo es tardío y extemporáneo.

Sexto: Que, efectivamente, como sostiene el apoderado de la entidad bancaria recurrida, en el N° 1 del auto acordado sobre tramitación de Recursos de Protección se señala: “1. El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

El apoderado del recurrente sostiene haber tomado conocimiento de su inclusión en el Boletín Comercial como deudor moroso de la entidad recurrida con fecha 17 de abril de 2019. El recurso fue ingresado a tramitación en esta Corte, con fecha según su constante la carpeta digital el 28 de abril de 2019.Ergo, en principio estaría deducido dentro de plazo Séptimo: Que, la alegación de extemporaneidad, efectuada por el apoderado del recurrido no será atendida por cuanto la publicación como deudor moroso en el Boletín Comercial, en el evento que fuera arbitraria o ilegal produce efectos permanentes dado que mientras se mantenga en esas condiciones está produciendo el efecto lesivo de la garantía constitucional, es decir continúa el agravio.

Octavo: Que despejado lo anterior corresponde dilucidar ahora si el recurrente tiene un derecho indubitado, protegido por nuestra Carta Magna, que este siendo amenazado por la conducta del recurrido.

Lo cierto es que, en opinión de esta Corte, aquello no ocurre, por cuanto efectivamente solicitó un crédito a la institución bancaria recurrida y mantiene la calidad de deudor, lo que constaría en pagaré suscrito por él, y que dio pie a que se entablara demanda ejecutiva ante el 4to Juzgado Civil de Santiago, originando la causa Rol C-8847-2018 caratulada “Banco de Crédito e Inversiones con Véliz, por el cobro de la suma de $39.604.522, por concepto de capital adeudado, intereses y costas, despachándose mandamiento de ejecución y embargo con fecha 4 de abril de 2018, según se observa en el sistema de tramitación digital del Poder Judicial.

Dicho lo anterior, su inclusión como deudor del Banco recurrido en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio, dista mucho de ser antojadiza o que obedezca a su mero capricho. Tampoco es ilegal, pues dicho Boletín obedece a la seguridad que el sistema financiero necesita para su normal funcionamiento conforme al modelo económico imperante que tiene en el crédito uno de sus pilares fundamentales.

Intactas tiene asimismo el recurrente todas las alegaciones, excepciones y defensas que puede hacer valer en la instancia y el procedimiento respectivo, para cuestionar la vigencia de su obligación, y dar así certeza a su derecho.

Noveno: Que, además, esta acción urgente de cautela constitucional ha perdido oportunidad, pues como informó la recurrida al emitir su informe y refrendó su abogado al alegar en estrados, teniendo presente que no se ha emplazado al recurrente de la acción ejecutiva entablada, se solicitó la exclusión de la lista de deudores morosos a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en los artículos 19 N° 4, 21 y 24 de la Constitución Política de la República; N°1 del Autoacordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, habilitado en derecho en representación de nombre reservado, en contra de BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por don nombre reservado, Ministro Titular.

N°Protección-977-2019.