nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO

C.A. de Valdivia Valdivia, dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el señor nombre reservado, quien se identifica como funcionario público, con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de Municipalidad de Paillaco, por la omisión arbitraria e ilegal consistente en no resolver su denuncia N°AT345678, de 14 de enero de 2025, sobre violencia laboral ejercida en su contra por una funcionaria en particular y la Municipalidad en su Institucionalidad, hechos que en un contexto amplio configuran violencia institucional. Afirma que, tanto la omisión prolongada de la autoridad administrativa -al no resolver el procedimiento iniciado al amparo de la Ley N°21.643, Ley Karin- como la ratificación arbitraria de la SUSESO y la ausencia de cobertura médica efectiva, es una situación permanente de indefensión que continúa produciendo efectos lesivos día a día.

Afirma lo siguiente:

1. Que el 14 de enero de 2025 inició una denuncia por violencia laboral su contra, registrada bajo el LK21543-22, de 4 de febrero de 2025.

2. Han transcurrido más de ocho meses sin pronunciamiento, a pesar de que la Ley N°21.643 fija un plazo máximo de 30 días para concluir este tipo de investigaciones.

3. Fue desvinculado el 28 de febrero, en lo que, a su juicio, es parte de la misma violencia institucional que denuncié.

4. La inacción e incertidumbre prolongada le ha generado un grave daño emocional y psicológico, manteniéndome en incertidumbre y en una situación de vulnerabilidad.

5. Los hechos investigados comprometen jerarquías institucionales de mayor nivel, por lo que la mera tramitación interna resulta insuficiente y corresponde la remisión a la Contraloría General de la República, lo que entiendo no se ha hecho a la fecha.

6. La omisión configura una forma de violencia institucional, al provenir del incumplimiento del deber institucional de protección hacia sus trabajadores.

7. Señala que los hechos de hostigamiento y acoso laboral que denunció y denuncia se encuentran vinculados a denuncias de irregularidades que vulneran las leyes base del medio ambiente y el Código Penal, constituyendo delitos contra el medio ambiente y los derechos humanos. Precisamente por ello, el 11 de septiembre de 2025, la fiscalía regional de Los Ríos activó el Protocolo de Escazú, certificando su condición de defensor de derechos humanos y otorgándome protección a través de la URAVIT.

8. En el mismo tenor y a su juicio, como otros actos de hostigamiento, se mantienen inconclusas e inactivas, otras 3 o 4 investigaciones sumarias en su contra, sin otro fundamento que el hostigamiento y la animadversión discriminatoria hacia su persona de parte de la denunciada, así como la institución. Una de ellas es la acusación por Ley Karin en su contra, porque se conoció el texto de su denuncia, y quiso anticiparse constituyendo Victim Blamming Inverso, por parte de quien tiene intereses económicos sobrepuestos con uno de los predios denunciados por delitos medio ambientales.

9. A consecuencia directa de la omisión prolongada en resolver la investigación y mantenerla formalmente “pendiente”, se le impede postular en igualdad de condiciones a cargos en el sistema de Alta Dirección Pública, conforme a lo establecido en la Ley N°19.882, artículo 2 letra w), que exige declarar toda causa administrativa o sumario en tramitación, situación le generado un daño real a su trayectoria profesional y reputación funcionaria, al impedirle avanzar en procesos concursales, que constituyen el mecanismo principal de desarrollo su carrera en el servicio público, profundizando así la afectación de sus derechos laborales y de igualdad ante la ley.

10. En este mismo tenor y de manera accesoria operó la Ley Karin en resguardo de su salud mental; sin embargo, dicho proceso culminó, a su juicio, de forma deficiente e impropia de los estándares legales, resolviendo que no existía enfermedad profesional. Tal decisión fue apelada a la SUSESO, quien resolvió en favor de la Mutualidad ratificando dicho diagnóstico, luego de más de tres meses de dilación, demora que agrava la vulneración y constituye una nueva perturbación a su salud psíquica. Durante todo este tiempo estuvo en un estado de indefensión sanitaria y económica, pues no tuvo apoyo médico de la Mutual, sin recursos para acceder a atención privada debido a su condición de desempleado y, además, perdió la cobertura de salud vinculada a su contrato de trabajo. En la práctica, se le impuso un “alta administrativa” sin correspondencia con su situación clínica real, desconociéndose incluso certificados de la propia Mutual que ordenaban la continuidad de la atención psicológica.

Menciona cada uno de sus derechos, que estima vulnerados.

Solicita, entre otras peticiones, se ordene resolver la denuncia N°LK21543-22, de 4 de febrero de 2025; ordenar que la autoridad concluya la investigación en el marco de la Ley N°21.543, dentro del plazo legal de 30 días; disponer las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y cesar el daño moral y emocional causado por la inacción, la cual constituye un incumplimiento grave de los principios que rigen al Estado; y declarar que cualquier medida de desvinculación durante la investigación constituye represalia prohibida por la Ley Karin y por el Estatuto Administrativo configurando daño moral y vulneración de derechos fundamentales.

Segundo: Que el señor Gabriel Catalán Navarro, abogado, en representación de la Municipalidad de Paillaco, informa al tenor del recurso y señala:

1. Que es efectivo, que el exfuncionario, don nombre reservado efectuó denuncia en el marco de procedimiento de Ley Karin, con fecha 31 de enero de 2025, con su correlativo N°22, el cual fue derivado al alcalde el 4 de febrero de 2025. En ella efectúa denuncia en contra de doña nombre reservado, Jefatura grado 9° EMR y doña nombre reservado, exadministradora Municipal Grado 7°, quien se desempeñó en el cargo hasta el 6 de diciembre de 2024.

2. Que don nombre reservado no es funcionario de la Municipalidad de Paillaco desde 28 de febrero de 2025, en virtud de Decreto Alcaldicio N°133, de 24 de enero de 2025, que dispuso la no renovación de su contrata, lo que le fue debidamente notificado el 28 de enero de 2025, días antes de la denuncia presentada.

3. Que en base a dicha denuncia se dictó el Decreto Alcaldicio N°282, de 6 de febrero de 2025, que instruye investigación sumaria, designando investigador a don nombre reservado, funcionario de planta escalafón directivos Grado 9° EMR, quien formula implicancia, en virtud de art 131 letra b de la Ley 18.883, amistad manifiesta.

4. Que, mediante Decreto Alcaldicio N°309, de 19 de febrero de 2025, se acoge implicancia se designa como nueva investigadora a doña nombre reservado, quien con posterioridad y por motivos de carga laboral mediante memorándum N°54, de 4 de marzo de 2025, solicita prórroga de plazo en investigación sumaria. La autoridad alcaldicia en virtud de artículo 133 de la ley 18.883 concede la prórroga solicitada otorgando el plazo de 10 días hábiles administrativos mediante Decreto Alcaldicio N°331 de 6 de marzo de 2025.

5. Con posterioridad, se deriva a alcaldía expediente de investigación sumaria y vista de investigadora para su debido estudio y análisis.

6. Finalmente, mediante Decreto Alcaldicio N°993, de 28 de octubre de 2025, se aprueba investigación sumaria, vista de investigadora y se declara sobreseimiento de investigación sumaria instruida mediante Decreto Alcaldicio N°282, de 6 de febrero de 2025, caso LK 21.643-22. Dicha resolución fue remitida vía carta certificada el 4 de noviembre de 2025, dado que don nombre reservado no es funcionario de la municipalidad de Paillaco, desde 28 de febrero de 2025.

Agrega que el recurso de protección es un remedio de carácter urgente, contemplado en nuestra Constitución Política de la República, cuyo objetivo es procurar que, en forma rápida y eficaz, cese alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, que prive, amenace o perturbe sus derechos o garantías constitucionales.

En el caso, al momento de conocer el presente recurso, ya se había dictado el Decreto N°993, de 28 de octubre de 2025, que resolvió definitivamente la investigación sumaria, subsanando cualquier pretendida perturbación de derechos fundamentales.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que, efectivamente, el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia o procedencia de un derecho, siendo esta una materia cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio declarativo de lato conocimiento, existiendo para ello instancias y procedimientos específicos e idóneos.

Cuarto: No se observa -en el caso- se requiera la intervención urgente de esta Corte, tampoco se encuentra acreditada la acción arbitraria y/o ilegal que se denuncia, y teniendo en consideración de quien se identifica como funcionario público y dejó de serlo varios meses antes de deducir esta acción cautelar y que al momento de conocer el presente recurso se había dictado el Decreto N°993, de 28 de octubre de 2025, que resolvió definitivamente la investigación sumaria, se desestimará esta acción, pues perdió oportunidad.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, Acta 95-2015, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por el señor nombre reservado, en contra de Municipalidad de Paillaco.

Sin costas.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo del ministro titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

N°Protección-969-2025.