nombre reservado con DIRECCION NACIONAL DE ORDEN Y SEGURIDAD CARABINEROS DE CHILE

C.A. de Valdivia Valdivia, doce de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, comparece Marcelo Nicolás Vélez Martínez, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, abogado, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, sargento segundo de la nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Dirección General de Carabineros.

Expone que su representada, con fecha 1 de septiembre de 2025, interpuso una denuncia con fundamento en la “Ley Karin”, ante Carabineros de Chile, la cual inicialmente no habría sido recibida. Enseguida, señala que con fecha 3 de septiembre fue trasladada del lugar en que ejercía sus funciones sin su consentimiento y, dos días después, se le solicitó que remitiera informe médico a la Comisión Médica Central de la institución, en virtud de una licencia médica de 5 días, además de requerirse un informe completo de desempeño laboral a su respecto. Refiere posteriormente haber sido citada a declarar ante el fiscal designado para la investigación. No obstante, indica la existencia de una serie de actos que reprocha en el curso del procedimiento administrativo, tales como la falta de inhabilitación de la cónyuge del denunciado, quien desempeña funciones en fiscalía, como también entorpecimientos en cuanto a la constitución de patrocinio y poder de su abogado. Agrega que el plazo de 30 días de investigación previstos en la ley y reglamento que regula el procedimiento se encuentra cumplido, existiendo como única medida a la fecha la separación de funciones de su representada.

Estima que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria por no haber concluido y no dar respuesta a la denuncia interpuesta, sin motivo plausible, afectándose los derechos constitucionales de su representada, previstos en el artículo 19 N°1 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja la acción constitucional de protección interpuesta y que en definitiva se ordene a la recurrida reintegrar a la funcionaria a su lugar de trabajo y funciones que desempeñaba con anterioridad a su traslado, teniendo por conferido el patrocinio y poder a su abogado, respecto de la denuncia e investigación derivada de ella, además de cerrar la investigación a su cargo, informando a la recurrente los resultados de esta, con costas en caso de oposición.

2°) Que, comparece Juan Pablo Frías Molina, abogado, quien informa en representación de la recurrida.

Primeramente, expone las circunstancias en virtud de los cuales la recurrente estimó la existencia de hechos constitutivos de acoso laboral, los que dicen relación fundamentalmente con malos tratos de carácter verbal, falta de consideración de sus circunstancias personales por parte de superiores jerárquicos e intromisiones en el ámbito de su vida privada.

Enseguida, alega la inexistencia de un derecho indubitado en autos, toda vez que los hechos que dieron origen a la acción constitucional de marras son actualmente conocidos en un procedimiento administrativo, no siendo la acción constitucional de protección una instancia declarativa de derechos.

Argumenta que en el procedimiento administrativo se han seguido las disposiciones que lo regulan, sin perjuicio de señalar que el incumplimiento del plazo de 30 días previsto en el reglamento de la Ley N°21.643 no tiene aparejada sanción alguna. Agrega que, respecto del traslado impugnado por esta vía, tal medida se adoptó como medida de resguardo de la presunta víctima, disponiendo su traslado a la Tenencia Los Jazmines, por su cercanía a su domicilio y por mantener una hija de cinco años.

Adicionalmente, en cuanto a aspectos procedimentales, refiere que los rechazos de las inhabilidades de personal de fiscalía promovidos por la recurrente se ajustaron a derecho, además de haberse tenido por constituido el patrocinio y poder del abogado de la funcionaria.

Alega la inexistencia de cualquier hecho que pueda importar una vulneración a algún derecho constitucional de la recurrente.

Solicita el rechazo de la acción constitucional interpuesta, con costas.

3°) Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, la acción de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías y derechos protegidos.

4°) Que, atendido el mérito de los antecedentes, consta en autos que, sin perjuicio de encontrarse pendiente un acto terminal en relación con los hechos de la denuncia, la acción constitucional de protección interpuesta dice relación con una cuestión diversa, de modo que no existe una incompatibilidad en el caso concreto entre la vía administrativa y judicial, toda vez que en un caso se persigue la investigación y sanción de una conducta presuntamente constitutiva de acoso laboral y, en el otro, se impugna la decisión de la autoridad en cuanto a las medidas que ha adoptado en resguardo de la denunciante y que ya han producido sus efectos, así como el retardo injustificado en poner fin al procedimiento.

5°) Que, del mérito de los antecedentes acompañados y del propio informe de la recurrida, se advierte que la investigación seguida conforme a la Ley N°21.643 ha excedido el lapso de 30 días previsto para su conclusión.

6°) Que, conviene tener presente lo resuelto recientemente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en causa Rol Protección N°2134-2025, al estimar que los artículos 211-B y 211-C del Código de Trabajo prevén como principio del procedimiento la celeridad, disponiéndose que la duración máxima del procedimiento es de 30 días, “lo que encuentra su fundamento en la gravedad de las conductas denunciadas por acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo”.

7°) Que, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la omisión recurrida viene en el caso de marras a constituir en una falta de actuación ilegal y arbitraria de Carabineros de Chile, afectando el derecho a un debido proceso de la recurrente, circunstancias que revisten especial gravedad si se tiene presente la calidad de mujer de la funcionaria y que los hechos denunciados comprenden presuntas conductas dirigidas a denostar a la denunciante en su calidad de madre.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se acoge, sin costas, la acción de protección deducida por nombre reservado en contra Carabineros de Chile, solo en cuanto se ordena a la recurrida cerrar la investigación en un lapso no mayor a diez días desde la ejecutoriedad del fallo, pronunciándose sobre la vigencia de las medidas cautelares que se adopten en favor de la afectada, notificando legalmente a la funcionaria respecto del resultado de la investigación.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-966-2025.