nombre reservado con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE REGIÓN DE LOS RIOS

Valdivia, nueve de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, don nombre reservado, empleado público, domiciliado en domicilio reservado, recurre de protección en contra de doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud de Los Ríos, con domicilio en domicilio reservado, atribuyéndole la comisión de actos arbitrarios e ilegales que vulnerarían sus garantías constitucionales.

Dice que el 28 de mayo de 2018, se le entregó copia de la “Providencia Nº53”, por la que la recurrida le ordenaba al Jefe del Departamento de Acción Sanitaria, don nombre reservado, excluirle de la fiscalización en terreno por seguridad, salud y buenas prácticas laborales. Estima que esas razones son genéricas e infundadas, pues desde 1991 ha desarrollado funciones en prevenir, promocionar y fiscalizar aspectos asociados a la competencia de la SEREMI de Salud. Refiere que ha sido evaluado en forma óptima y destacado en sus labores, sin presentar dificultades médicas que le impidan continuar con sus funciones, ni procedimiento administrativo que lo excluya de las mismas, así como de los viáticos que se deben pagar por el desempeño de tales actividades.

Reitera que el acto administrativo denominado “providencia N° 53” es infundado y por ello, contravendría lo dispuesto en los artículos 2 y 3 Ley N°18.575 y 11 de la Ley N°19.880, configurando eventualmente un acoso laboral, prohibido por la letra M del artículo 84 de la Ley N°18.834. Sostiene que los actos de la recurrida vulneran sus garantías constitucionales a la igualdad ante la ley, de propiedad y honra, previstos en el artículo 19 N° 2, 24 y 4 de la Constitución Política de la República.

Reitera que la exclusión de las fiscalizaciones en terreno, debería ser motivada y fundada en circunstancias demostradas que justifiquen un cambio de funciones y no por mero arbitrio de la recurrida, toda vez que los motivos de seguridad, salud y buenas prácticas invocados por ésta no han sido comprobados.

Finaliza solicitando se acoja la acción de protección y dejar sin efecto la resolución denominada Providencia N°53, con costas.

El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud de Los Ríos, informa el recurso. Asegura que la decisión comunicada en la Providencia N° 53 obedece a que dada la edad del funcionario (82 años) consideró riesgosa la realización de actividades de fiscalización en el exterior por parte del recurrente, dado su deber de proteger la integridad física y psicológica del mismo, cuestión que le hizo saber al señor nombre reservado, en una reunión el 2 de abril de 2018, a la cual él expresó su desacuerdo.

Posteriormente el 10 de mayo pasado, a través de mensajes, el jefe del Departamento de Acción Sanitaria le informó alrededor de las 23:00 horas que el recurrente había salido a fiscalizar en terreno hacia la comuna de Los Lagos, no regresando. Manifiesta que una de sus hijas se habría comunicado a la SEREMI preocupada por la tardanza del padre, cuya ubicación fue desconocida hasta las 00:30 horas, oportunidad en que se encontraba en su casa y no contestó el teléfono. Al día siguiente, el señor nombre reservado informa al Jefe de Departamento que el recurrente no había contestado el teléfono por encontrarse bajo los efectos del alcohol. El Jefe de Departamento se entrevistó con el recurrente el 11 de mayo a las 9:15 horas, quien refirió que dicho día 10 de mayo, salió a fiscalizar a un sector sin cobertura de telefonía celular, regresando alrededor de las 23:00 horas. El Jefe de departamento, Sr. nombre reservado, percibió aliento etílico en el funcionario y le informó la situación a la recurrida por correo electrónico de 30 de abril de 2018.

Lo anterior, motivó a la recurrida a dictar la Providencia N° 53, el 23 de mayo de 2018, optando por excluir al funcionario de las labores de fiscalización en pro de su salud, las buenas prácticas laborales y seguridad, en vez de iniciar un procedimiento administrativo en su contra, que afectaría su honra y dignidad por la exposición que el proceso implicaría.

Al serle comunicada la decisión al recurrente, éste solicitó audiencia con la recurrida, la cual se concretó el 7 de junio de 2018, acompañándolo una dirigente gremial, oportunidad en la cual se precisó que la exclusión era solo para comunas distintas a Valdivia, y en actividades con mayor riesgo. El señor nombre reservado se opuso, aduciendo que padecía claustrofobia por lo que no podía permanecer solo en la oficina durante una jornada completa. Aclara que el Sr. nombre reservado aceptó que había bebido alcohol con la misma persona que había fiscalizado.

Plantea que no hay fundamentos para la adopción de su decisión, la cual si implicara una distinción, sería en beneficio del recurrente, al evitar aplicarle otra medida administrativa gravosa al existir circunstancias precisas y concretas para la decisión, reconocidas por el recurrente, cumpliéndose por lo tanto con el estándar legal.

No advierte la afectación de las garantías aducidas el recurrente. Asevera que la percepción de viáticos es una mera expectativa que no gravita en el derecho de dominio del recurrente y que no pertenece a su remuneración. Al adoptarse la decisión objetada, se ha intentado proteger la honra del funcionario, evitando exponerlo a un procedimiento administrativo. Asimismo, excluye la configuración de un acoso laboral, al no existir conductas reiteradas de agresión u hostigamiento, que igualmente ameritan su conocimiento en una vía judicial distinta.

Solicita en definitiva se rechace la acción, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de Justicia una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, implica que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado en la especie, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiera una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

Tercero: Que, de un análisis del recurso y el informe de la recurrida, es posible determinar, como objeto de la controversia, si la Resolución N° 53 dictada por la Secretaria Regional Ministerial de Salud el 23 de mayo de 2018, fue un acto administrativo debidamente fundado y, de ser ello efectivo, si tales motivaciones resultan discriminatorias en contra del recurrente, ya sea por su edad o estado de salud.

Cuarto: Que, la Resolución N° 53 de la Secretaria Regional Ministerial de Salud el 23 de mayo de 2018 que excluyó de fiscalizaciones en terreno al recurrente, es un acto administrativo que afecta derechos de particulares y como tal, debe cumplir las exigencias de fundamentación que dispone el artículo 11 inciso 2° de la Ley N° 19.880.

Al respecto, Accatino sostiene que “(…) con la afirmación de un fundamento públicamente controlable para la autoridad del juez, la motivación de las sentencias puede adquirir el sentido de un ejercicio de justificación a través del cual el juez busca ganar argumentativamente autoridad frente a las partes y al público (Accatino Scagliotti, Daniela, La Fundamentación de las sentencias: ¿un rasgo distintivo de las judicatura moderna? Revista de Derecho, Vol. XV, diciembre 2003, pág. 9-35)”. La legislación chilena, en tanto, contempla la fundamentación de los fallos como una exigencia de validez de la sentencia. Así ocurre, por ejemplo, en los artículos 160, 170 y 185 del Código de Procedimiento Civil; 342 c) y 343 del Código Procesal Penal; 66 N° 4) de la ley 19.968 y 459 N° 4) del Código del Trabajo). La doctrina en forma unánime reconoce en la fundamentación de las resoluciones una arista del debido proceso y la Excma. Corte Suprema, en esta materia, ha resuelto que “…la causa o motivación es un elemento del acto administrativo que puede ser entendido como la razón que justifica su dictación por la Administración del Estado, en la que se encuentran elementos fácticos y de derecho. La causa o motivo debe expresarse en el acto de la Administración y ello deriva precisamente de que el actuar de la misma debe ser razonable, proporcionado y legalmente habilitado, a fin de posibilitar su comprensión frente a los destinatarios y evitar ser tachada de arbitraria, puesto que la inexistencia o error en los motivos de hecho, determina la existencia de un vicio de abuso o exceso de poder”. (Rol 19.585-2016, 22 de junio de 2016).

Quinto: Que, las motivaciones invocadas en la Resolución N° 53 para disponer acerca del trabajo del actor son tres: a) tema de “5seguridad” (sic); b) salud del funcionario y c) buenas prácticas laborales.

Asumiendo esta Corte que la primera razón tiene que ver con la seguridad del funcionario en el ejercicio de sus funciones, es respecto a estas tres motivaciones que debe analizarse la actuación de la recurrida, siendo en consecuencia impertinentes las alegaciones de ésta referidas a un eventual halito alcohólico del recurrente o su comportamiento funcionario, toda vez que ello, si existiere, no fue invocado como fundante de la resolución y por ende resulta inadmisible como fundamento ex post de la misma.

Sexto: Que, en este orden de ideas, y teniendo presente la oposición del funcionario a la medida adoptada, la exigencia de fundamentar el acto administrativo no se satisface con la mera enunciación de intenciones, propósitos u objetivos de protección, sino que es necesario determinar, al menos, por qué la medida adoptada es necesaria para la consecución de tales fines y cuáles son los antecedentes de hecho que así lo aconsejarían.

Nada se dice al respecto en la resolución N° 53 de 23/05/2018. Consiguientemente, dicho acto administrativo adolece de falta de motivación y por ello deviene en ilegal, máxime si no fue adjuntado en la resolución en comento ningún antecedente fáctico que pudiere acreditar siquiera someramente un problema de salud o laboral que avalase la decisión tomada.

Antecedentes que, además, tampoco fueron acompañados en esta sede jurisdiccional, pues sólo constan dichos de otros funcionarios que no han sido contrastados con ningún otro tipo de prueba.

Séptimo: Que, así las cosas, la Resolución N° 53 de la Secretaria Regional Ministerial de Salud el 23 de mayo de 2018 es un acto administrativo ilegal por falta de fundamentación, que perjudica al recurrente atribuyéndole un mal estado de salud no comprobado, por lo que vulnera su derecho a la igualdad ante le ley, previsto en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto otros funcionarios en su misma situación no son afectados en sus fiscalizaciones a terreno por la decisión ilegal antes referida.

Séptimo: Que, de conformidad al N° 11 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se estima pertinente eximir a la recurrida del gravamen de las costas.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 N°2, 4, y 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, la acción de protección interpuesta el diecinueve de junio de dos mil dieciocho por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud de los Ríos y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución N° 53 de la Secretaria Regional Ministerial de Salud dictada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho..

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la Ministra Sra. Marcia Undurraga Jensen.

Rol 964 – 2018 PRO.

Se deja constancia que no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, no firma el Ministro Sr. Juan Ignacio Correa Rosado, por encontrarse en comisión de servicios.