Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior

C.A. de Valdivia.

Valdivia, dieciséis de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente. 1°) Comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en no haber dictado la resolución exenta que ponga término al procedimiento iniciado por su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, que, a su juicio vulnera la garantía de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Funda su acción en que solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado en el año 2021, pero que a la fecha han transcurridos más de cinco años sin que haya recibido respuesta, lo que contraviene el plazo de seis meses del artículo 27 de la ley 19.880 y los principios de celeridad y de economía procedimental de los artículos 7° y 9° de la misma ley, sin que concurra caso fortuito o fuerza mayor.

Sostiene que la omisión es de carácter permanente, por lo que la acción se encuentra deducida dentro de plazo, y que no está obligado a agotar la vía administrativa.

Pide en definitiva que se ordene a los recurridos pronunciarse sobre su solicitud dentro del plazo de 60 días, con expresa condena en costas. 2°) Que, por la Subsecretaría del Interior, se evacua informe solicitando el rechazo de la acción, con costas, señalando que la normativa aplicable corresponde a la ley 20.430 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°837 de 2010, conforme a la cual la solicitud se resuelve por el Subsecretario del Interior, previa recomendación de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, y que ante dicha ley no establece plazos de tramitación, por lo que el plazo de seis meses del artículo 27 de la ley 19.880 no es fatal, por lo que el análisis de estas solicitudes es particularmente exhaustivo y su número ha aumentado considerablemente, cuestión que en la especie el recurrente mantiene residencia temporal regular y se encuentra amparado por el principio de no devolución y que de acoger la acción afectaría la igualdad de los demás solicitantes que no han recurrido a la vía judicial. 3°) Que, comparece el Servicio Nacional de Migraciones quien evacua informe solicitando el rechazo de la acción, exponiendo que el día 20 de diciembre de 2021 se formalizó la solicitud y se otorgó visa de residencia temporal como solicitante de refugio, y que el 2 de mayo de 2023 el recurrente asistió a la entrevista de elegibilidad a la que fue citado por Oficio Ordinario N°NUM000, de 9 de marzo de 2023, así mismo por Resolución Exenta N°NUM001 de 29 de julio de 2026, se prorrogó su residencia temporal hasta el 29 de marzo de 2027, por lo que se encuentra en situación migratoria regular, por lo que la solicitud se encuentra en etapa de análisis, sin que exista acto u omisión ilegal o arbitraria. 4°) Que, de los antecedentes antes expuesto, cabe asentar que la controversia sometida a esta Corte consiste en determinar si la falta de resolución de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente supera el plazo previsto en el artículo 27 de la ley 19.880, constituye una omisión ilegal o arbitraria que perturbe el legítimo ejercicio de la garantía constitucional invocada y si aquel estatuto es el aplicable.

En tal sentido, debe tener presente que el recurrente no solicita que esta Corte le reconozca la condición de refugiado ni declare que cumple los requisitos para obtenerla, sino que se ordene a la autoridad pronunciarse sobre su solicitud, y por lo que el examen se limita a verificar si el tiempo transcurrido sin resolver constituye una omisión recurrible por esta vía cautelar. 5°) Que, conforme a los antecedentes y a los informes de los recurridos, no se encuentra controvertido que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente fue formalizada ante el Servicio Nacional de Migraciones, que según éste ocurrió el 20 de diciembre de 2021, a lo que el 2 de mayo de 2023 se realizó la entrevista de elegibilidad y que, a la fecha de interposición del presente arbitrio el 4 de septiembre de 2026, el procedimiento no ha concluido con la resolución respectiva, encontrándose, según informa el propio Servicio, en etapa de análisis. A lo suyo, tampoco se controvierte que el recurrente actualmente mantiene residencia temporal como solicitante de refugio, la cual fue prorrogada hasta el 29 de marzo de 2027. 6°) Que, en primer término, cabe asentar que la condición de refugiado, la ley encomienda al Ministerio del Interior, a través de resolución del Subsecretario del Interior, previa recomendación de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, con la asistencia de la Secretaría Técnica a que se refieren los artículos 19, 20 y 24 de la ley 20.430 y el artículo 31 de su Reglamento, por lo que el ejercicio de esa potestad, como el de toda atribución de los órganos de la Administración del Estado, debe ajustarse a la Constitución y a la ley, incluidos los plazos que ésta establece, de modo que la oportunidad en que se resuelve puede ser examinada por esta vía cautelar , sin que ello implique sustituir a la autoridad en la decisión de fondo. 7°) Que, a lo suyo, si bien la ley 20.430 y su Reglamento no fijan un plazo para resolver estas solicitudes, es el artículo 1° inciso tercero de la ley 19.880 dispone que, tratándose de procedimientos administrativos especiales, dicha ley se aplica con carácter supletorio, por lo que en dicho marco el artículo 27 establece que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, y en consonancia con el artículo 23 señala que los plazos establecidos en la ley obligan a las autoridades y al personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos y el artículo 7° consagra el principio de celeridad, que impone a la autoridad actuar por propia iniciativa en la prosecución del procedimiento, removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. 8°) Que, en la especie, cabe afirmarse que desde la formalización de la solicitud han transcurrido más de cuatro años y nueve meses y desde la entrevista de elegibilidad más de tres años, esto es, un tiempo superior al plazo de seis meses que establece la ley supletoria, a lo que los recurridos no han indicado qué actuaciones concretas se han realizado en el procedimiento del recurrente con posterioridad a la entrevista, ni cuándo se prevé que será resuelto, limitándose a señalar que la solicitud se encuentra en etapa de análisis. 9°) Que, en dicho contexto, las explicaciones dados por los recurridos para justificar la demora, esto es, la complejidad del análisis de estas solicitudes y el aumento del número de ellas en los últimos años, son de carácter general y no se vinculan con circunstancias propias de este procedimiento, lo cual no revisten la entidad de un caso fortuito o fuerza mayor, que supone un hecho imprevisible e irresistible, pues se trata de una situación que se ha prolongado por varios años y que la Administración ha podido y debido prever, adecuando sus medios para dar cumplimiento a los plazos que la ley le impone. En consecuencia, la omisión de resolver la solicitud del recurrente en un tiempo tan extenso carece de justificación y es contraria a los artículos 7° y 27 de la ley 19.880, resultando ilegal, y por tanto al no existir una razón que explique el tiempo transcurrido, la torna en un actuar arbitrario. 10°) Que, en conclusión, dicha omisión perturba el legítimo ejercicio de la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución, que proscribe a la ley y a la autoridad establecer diferencias arbitrarias, en cuanto mantiene al recurrente, sin razón que lo justifique, en una situación de espera que excede el estándar de tramitación que la ley fija para todos los administrados.

Dicha conclusión no se altera por lo sostenido por la Subsecretaría en orden a que acoger la acción afectaría la igualdad de otros solicitantes, pues lo que se ordena no es otorgar un trato preferente en el fondo ni anticipar su resultado, sino que la autoridad cumpla con un deber legal respecto de quien ha esperado un tiempo que supera ampliamente el previsto por la ley, y la existencia de otras personas en igual situación no legitima la omisión, ya que la igualdad ante la ley no ampara el incumplimiento de ésta.

Por tanto, se acogerá la acción para que los recurridos, cada uno en el ámbito de sus competencias, esto es, el Servicio Nacional de Migraciones a través de su Secretaría Técnica y la Subsecretaría del Interior a través del Subsecretario, adopten las medidas necesarias para que el procedimiento concluya con una resolución fundada dentro del plazo que se explicitará en lo resolutivo de esta sentencia.

Y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida por don Pablo Daniel Peñaloza Parra a favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, sólo en cuanto se ordena a los recurridos que, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, adopten las medidas necesarias para que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente concluya mediante resolución fundada, dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde que esta sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-951-2026.