nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

C.A. de Valdivia.

Valdivia, seis de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

1º) nombre reservado, asistente de la educación del Colegio de Cultura y nombre reservado, dependiente de la Ilustre Municipalidad de La Unión,, domiciliada en la comuna de Valdivia, deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de La Unión, representada por su alcalde Saturnino Quezada Solís, impugnando el Decreto Afecto N° 1724, de 27 de agosto de 2026, que rechazó su recurso de reposición interpuesto respecto del Decreto Afecto N° 1591, de 5 de agosto de 2026, puso término a su relación laboral, sin derecho a indemnización, por la causal de falta de probidad prevista en el artículo 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo, actos que califica de arbitrarios, ilegales y vulneratorios de sus garantías constitucionales contenidas en los números 2, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que fue sancionada en su calidad de funcionaria municipal debido a un viaje de paseo a Argentina efectuado entre los días 27 y 30 de octubre de 2023, imputándosele haber permanecido en ese país durante parte del lunes 30, día laboral, y haber utilizado indebidamente una licencia médica con reposo total domiciliario, vigente formalmente desde ese mismo día hasta el 3 de noviembre.

Señala que la licencia fue emitida electrónicamente a las 20:49 horas del 30 de octubre, cuando ya había reingresado a Chile, aproximadamente entre las 13:00 y 14:00 horas; que la fiscal instructora descartó el uso indebido y propuso su sobreseimiento; y, pese a ello, el alcalde dispuso directamente su desvinculación, sin formulación previa de cargos ni una fundamentación suficiente que explicara el apartamiento de aquella conclusión.

Sostiene que el acto que impugna es ilegal, por cuanto la Municipalidad de La Unión ha omitido ponderar en su resolución que, en términos reales, no utilizó su licencia para viajar ni extender su viaje y se omitió ponderar su calidad de beneficiaria del incentivo al retiro de la Ley N° 20.964.

Señala que las resoluciones impugnadas adolecen de falta de fundamentación, que se utilizó en su caso un régimen disciplinario indeterminado, la pena excede toda proporcionalidad y, además, se omitió el trámite de toma de razón en los actos impugnados Pide que se deje sin efecto el acto impugnado, ordenando el reintegro a sus labores, el pago íntegro de sus remuneraciones y mantener incólume su calidad de beneficiaria del referido incentivo 2º) Informando, la Ilustre Municipalidad de La Unión señala que la recurrente, aun cuando se encontraba vinculada por el Código del Trabajo, ejercía funciones públicas y estaba sometida, en materia de licencias médicas, a las disposiciones aplicables a los funcionarios municipales; y que el procedimiento desarrollado correspondió a una investigación interna autorizada por el Reglamento del DAEM, en la cual fue oída, pudo aportar antecedentes, fue notificada de la medida y ejerció reposición, sin que resultaran exigibles las formalidades estrictas de un sumario regido por la Ley N° 18.883.

En cuanto a la conducta sancionada, precisa que el lunes 30 de octubre de 2023 era día laboral; que la recurrente reconoció haber permanecido hasta ese día en Villa La Angostura, Argentina, luego de decidir extender su estadía; que no consta objetivamente la hora de su ingreso a Chile; y que posteriormente obtuvo, mediante una comunicación telefónica efectuada por su hija al médico tratante, una licencia emitida a las 20:49 horas, con reposo total domiciliario desde el propio 30 de octubre.

Sostiene, por ello, que la sanción no se fundó en haber iniciado un viaje mientras regía una licencia médica, sino en haber mantenido voluntariamente su permanencia en el extranjero durante un día en que debía trabajar y haber obtenido después una licencia que cubría esa misma jornada, conducta que calificó como falta de probidad laboral y administrativa.

Agrega que la propuesta de la fiscal no vinculaba al alcalde, titular de la potestad decisoria; que los decretos se encuentran suficientemente motivados; que la valoración de la prueba y la justificación del despido corresponden a la jurisdicción laboral; y que la calidad de beneficiaria del incentivo al retiro no constituye un derecho patrimonial consolidado, pues todavía no se habían transferido al municipio los recursos destinados al pago de la bonificación.

3º) El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

4º) En este caso, pese a estar la recurrente vinculada por el Código del Trabajo al referido municipio, se encuentra también sujeta al principio de probidad administrativa, pues la falta a la probidad está señalada como causal de término del contrato en el artículo 33 de la Ley 21.109, sobre asistentes de la educación.

Dicho principio está definido en el artículo 52 de la Ley N°18.575, sobre bases generales de la administración del Estado, y el artículo 1 de la ley N°20.880, sobre probidad en la función pública, y consiste en “observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

La obligación de desempeño honesto y leal no se suspende por el otorgamiento de una licencia médica, menos aún si se considera que, como ha quedado de manifiesto en este caso, que se obtuvo para extender un viaje al extranjero, torciendo los fines para los que el reposo médico remunerado ha sido otorgado.

5º) Así las cosas, tomando en consideración las propias afirmaciones del recurrente y las resoluciones, decretos e informes acompañados, se colige que la decisión que se impugna se adoptó por la autoridad administrativa correspondiente, en el marco de sus facultades y competencias y luego de la tramitación de un proceso sancionatorio, que respetó las garantías de un debido proceso para la sancionada, pues tuvo la oportunidad de participar activamente y hacer uso de sus recursos administrativos, sin que se advierta vulneración alguna a las garantías denunciadas.

6º) Por último, atendida la relación laboral que vincula a las partes, la determinación de si la causal de despido ha sido correctamente aplicada corresponde a los juzgados de letras del trabajo, mediante el procedimiento correspondiente, pues se trata de una materia que excede la naturaleza breve y cautelar de este procedimiento constitucional.

7º) En consecuencia, no se ha acreditado la existencia de un derecho indubitado que favorezca a la recurrente ni de una acción u omisión ilegal o arbitraria que pudiera perturbar, amenazar o vulnerar sus garantías constitucionales, presupuestos ineludibles de la acción de protección, por lo que esta no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de La Unión.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-950-2026.

En Valdivia, seis de octubre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.