Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de la ciudad de Osorno

Foja: 49 Cuarenta y Nueve Valdivia, veintiséis de noviembre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 5 y siguientes doña Paulina Carolina Riquelme Barrientos, abogada, en representación de empresa CONSORCIO RDTC S.A., domiciliados en domicilio reservado, recurre de protección en contra la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, domiciliada en domicilio reservado, pues con fecha 6 de octubre de 2014, vulneró la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, por medio del acto administrativo singularizado como Resolución Ordinaria N° 1773 que no acogió a tramitación su solicitud de reconsideración respecto de una multa administrativa N° 4544/2014/75-1-2-3, por estimar que dicha presentación se había efectuado en forma extemporánea.- La resolución indica que la solicitud “no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos conforme a la circular N° 97 de 14-09-2012, plazo que se cuenta desde la notificación de la resolución de multa, la que se realizó con fecha 07-08-2014, en forma personal. Por tanto el plazo legal para presentar el formulario de solicitud de reconsideración administrativa de multa, se cumplió con fecha 06-09-2014, en circunstancias que consta que la solicitud fue presentada en la oficina de partes de inspección comunal del trabajo Santiago Sur Oriente el día 12-09-2014, por lo que resulta totalmente inadmisible tramitar dicha solicitud”.- Argumenta que la recurrida vulnera la garantía del debido proceso, al estimar que los días del plazo son corridos y no de días hábiles como lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia de nuestra Excma. Corte Suprema, dejándola en indefensión ante una gravosa y desproporcionada multa por $7.124.780.- Incluso contraría el propio texto del artículo 512 del Código del Trabajo que señala en lo pertinente “deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa”. Se trata de días hábiles y no corridos, pues se trata de una materia regida por ley especial, la ley N° 19.880 (artículo 25) que prima por sobre las normas del Código Civil (artículo 50). Invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

En definitiva, solicita se deje sin efecto la resolución ordinario N° 1773 y tenga por interpuesta reconsideración administrativa de multa, dentro de plazo legal, restablezca el imperio del derecho y se condene en costas al recurrido.- Para fundamentar sus alegaciones acompaña: Resolución Ordinario N° 1773 de 6 de octubre de 2014 que niega lugar a la reconsideración administrativa formulada con fecha 12 de septiembre de 2014, emitida por la Inspectora Provincial del Trabajo de Osorno, Sra. nombre reservado.- A fojas 33 y siguientes rola informe de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso con costas. Alega en primer lugar, la improcedencia del recurso de protección en atención a que el asunto de autos no origina una cuestión constitucional que deba ser tutelada por esta vía, al tratarse de una acción cautelar de naturaleza extraordinaria y excepcional encaminada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que el artículo 20 de la Constitución Política de la República enumera. En este caso lo que se trata de resolver es una cuestión de interpretación legal, que hace improcedente esta acción pues no es un instrumento de control de la legalidad de los actos de la administración, sino una cautela de derechos garantizados por la Constitución en caso que se hubiera actuado de manera ilegal o arbitraria, que no es el caso. Invoca al efecto fallo de 26 de diciembre de 2013 dictada por esta Corte de Apelaciones de Valdivia, en los autos rol Corte N° 2132-2013.- Luego agrega que además no existe acto arbitrario o ilegal, pues el acto administrativo contenido en el Ordinario N° 1773, es plenamente legal y razonable, pues aplica el Dictamen N° 64.985 de la Contraloría General de la República de 20 de noviembre de 2009. Es del caso que la norma invocada por la recurrente, artículo 512 del Código del Trabajo, no indica si el plazo de 30 días es de días hábiles o corridos, señalando a modo ejemplar diversas normas del mencionado cuerpo legal que dan distinto tratamiento al tema de cómputo de plazos, agregando que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil. Indica que corrobora esta interpretación la regla del artículo 435 inciso tercero del Código del Trabajo, por ende desprendiéndose de la misma normativa del Código del Trabajo, la naturaleza del plazo que establece el artículo 512, no resulta aplicable la disposición del artículo 25 de la Ley N° 19.880, que se refiere a una materia en especial.- A mayor abundamiento, la sostenida jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, mediante diversos dictámenes (los que menciona) señala que la ley N° 19.880, se aplica con carácter de supletoria frente a los procedimientos especiales establecidos por la ley. En el mismo sentido se debe considerar la interpretación histórica de la ley N° 20.087. Así, conforme a lo anterior, ese Servicio mediante Circular N° 73 de 8 de junio de 2010, que entró en vigencia el 14 de junio de 2010, establece que el plazo de 30 días para la reconsideración administrativa es de 30 días corridos. Sobre la misma materia se han pronunciado diversos dictámenes de la Contraloría General de la República mediante el Dictamen N° 64.985 de 2009, el que fuera objeto además de reconsideración, manteniendo el criterio establecido mediante el Dictamen N° 17.344 de 10 de marzo de 2014, el que reproduce. Hace presente, que el Dictamen mencionado N° 64.985, deja sin efecto la modificación al Anexo 10 de la Circular N° 88 de 5 de julio de 2007, hecha por la Circular N° 96 de 23 de septiembre de 2009 en la parte que establecía que el plazo para reconsiderar era de días hábiles dictando al efecto la Circular N° 73, retornando a la interpretación que históricamente se había sostenido por el servicio respecto de la naturaleza del plazo para reconsiderar y por ello no fue posible por parte del Inspector del Trabajo admitir a tramitación la solicitud de reconsideración de la empresa recurrente, teniendo a la vista la fecha de la notificación legal y personal de la misma efectuada el 7 de agosto de 2014, por lo que al día de la presentación en la oficina de partes el 12 de septiembre del año en curso, habían transcurridos los 30 días corridos, declarándola inadmisible por extemporánea. De este modo no existe ni ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de su representada. Invoca diversa jurisprudencia judicial: fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de 18 de diciembre de 2012, Rol N° 162-2012, Rol Corte 58.2011; fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol 173-211.- Finalmente señala que no existe vulneración de ninguna garantía constitucional del recurrente, pues ha actuado con apego estricto a las normas legales y los procedimientos administrativos que rigen la materia, y en caso alguno ha establecido una diferencia arbitraria.- Para fundamentar su alegaciones acompaña: 1) Copia del Ordinario n° 1773 de 6 de octubre de 2014 y acta de notificación. 2) Copia de Solicitud de reconsideración administrativa de 12 de septiembre de 2014. 3) Copia de Circular N° 73 de 8 de junio de 2010 y Anexo N° 1. 4) Copia del Dictamen N° 64.985 y N° 17.344 de la Contraloría General de la República.

A fojas 47, se trajeron los autos en relación.- CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente doña Paulina Carolina Riquelme Barrientos en representación de la empresa Consorcio RDTC S.A., dedujo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de la ciudad de Osorno, por cuanto en contra de la Resolución de Multa N° 4544/2014/75 de fecha 4 de agosto de 2014 emanada de dicha Inspección presentó solicitud de reconsideración la que fue declarada inadmisible por haberse presentado fuera del plazo legal de 30 días conforme a la Circular N° 97 de fecha 14 de septiembre de 2012, lo que atenta en contra de la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y solicita se acoja el recurso y consecuencialmente se deje sin efecto la resolución recurrida.- Argumenta que la Excma. Corte Suprema ha señalado que el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, sino de días hábiles, entendiendo inhábiles los sábados, domingos y festivos.- SEGUNDO: Que la recurrida sostuvo que el presente arbitrio procesal no resulta ser la vía idónea para reclamar del acto administrativo contenido en el ordinario N° 1773 de 6 de octubre de 2014, dado que el recurso de protección no es un instrumento de control de la legalidad de los actos de la administración, sino de cautela de derechos garantizados por la Constitución en caso que se hubiera actuado de manera ilegal o arbitraria, cuyo no es el caso.- Es cierto que el recurso de protección se ha instituido como resguardo objetivo de las garantías protegidas por la Constitución Política de la República, que han sido vulneradas; sin embargo en la especie, mediante un acto de la administración – la resolución impugnada – se impide al interesado, vía interpretación de la Inspección del Trabajo – que esta pueda conocer de una solicitud de reconsideración de la multa aplicada a la parte recurrente, afectando de esta manera la garantía del “debido proceso”, puesto que de aceptar lo resuelto la recurrente ésta queda impedida de discutir acerca de la procedencia o improcedencia de la multa que se le impuso.- TERCERO: Que la Dirección del Trabajo es un órgano público del Estado y, en consecuencia, como lo ha establecido la Excma. Corte Suprema en las causas roles N° 3545-2011, 2418-2012 y 2011-2012, es aplicable en la especie la norma especial del artículo 25 de la ley N° 19.880 que establece “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado”, a cuyo tenor los plazos establecidos en ella son de días hábiles, esto es, se excluyen los días sábados, domingos y festivos.- De esta manera debe entenderse que el plazo para solicitar la reconsideración de la multa conforme el Código del Trabajo es de días “hábiles” y para ello se tiene en consideración, además, que se trata de un recurso presentado en la fase administrativa y al no existir una norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo, debe aplicarse de modo supletorio el artículo 25 ya citado.- CUARTO: Que de lo expresado precedentemente al haberse declarado inadmisible la solicitud de reconsideración respecto de la Resolución de multa N° 4544/2014/75-1-2-3- se vulnera la garantía del “debido proceso” puesto que al existir regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos ésta prima por sobre las normas de carácter general establecidas en el Código del Trabajo.- Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE el recurso de protección deducido a fojas 5 por doña Paulina Riquelme Barrientos, abogada, en representación de la empresa CONSORCIO RDTC S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, y se declara que la solicitud de reconsideración administrativa de la multa impuesta deducida por la recurrente se presentó dentro de plazo y en consecuencia, el Director del Trabajo respectivo deberá pronunciarse sobre ella en los términos que indica el artículo 511 del Código del Trabajo.- Regístrese, comuníquese, archívense.- Redacción del Ministro don Darío Ildemaro Carretta Navea.- N°Civil-922-2014.

Pronunciada por la SEGUNDA SALA, por la Ministra Srta. LORETO CODDOU BRAGA, Ministro Sr. DARIO I. CARRETTA NAVEA, Abogado Integrante Sr. ALFRED BONVALLET RIVERA. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. FUAD SALMAN GASALY.

En Valdivia, veintiséis de noviembre del dos mil catorce, notifiqué por el ESTADO DIARIO la resolución precedente.