nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PANGUIPULLI

C.A. de Valdivia Valdivia, once de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

1º) nombre reservado, trabajador independiente, domiciliado en la comuna de Panguipulli, deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Panguipulli, representada por nombre reservado, impugnando el ORD. N°1444/2025 de 10 de septiembre de 2025, que le aplicó la medida de alta disciplinaria, consistente en el egreso administrativo y desinscripción del Centro de Salud Familiar, CESFAM, de Coñaripe, acto que califica de arbitrario, ilegal y vulneratorio de sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho a la protección de la salud, contenidas en los números 2 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que la referida sanción es arbitraria y discriminatoria y tiene graves consecuencias para el recurrente, quien vive domicilio reservado kilómetros de Coñaripe, pues el CESFAM de Coñaripe es el centro médico más cercano a su domicilio y el siguiente centro de atención se encuentra a 36 kilómetros de distancia, en la ciudad de Panguipulli.

Sostiene que, de este modo, sus posibilidades de tener acceso a la salud se ven afectadas, pues no tiene recursos económicos suficientes para poder viajar para ser atendido como paciente crónico y que, asimismo, es él quien ayuda a su madre, con quien vive, y concurre al lugar a retirar sus medicamentos.

Pide que se deje sin efecto el acto impugnado, ordenando la reincorporación y reinscripción del recurrente al CESFAM de Coñaripe.

2º) Informando, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, señalando que la medida, lejos de ser discriminatoria, se fundamenta en una investigación interna mediante la que se determinó la efectividad de la denuncia realizada por una enfermera del CESFAM de Coñaripe, en cuanto a haber sufrido desde mayo de 2024 diversos actos constitutivos de acoso, tales como mensajes insistentes en sus redes sociales, haberle dejado flores en su auto y seguimientos hasta su domicilio, lo que afectó la salud de la denunciante, provocándole una enfermedad profesional constatada por la Mutual de seguridad.

Agrega que los antecedentes fueron entregados, en su oportunidad, a la Inspección del Trabajo de Panguipulli, entidad que, una vez revisado el expediente de investigación y sus conclusiones, señaló que debía aplicarse la sanción determinada, dentro de quince días.

Señala que la medida disciplinaria aplicada al recurrente es del todo proporcional y apegada a derecho, habiendo buscado dar cumplimiento a sus obligaciones como empleadora y proteger eficazmente a la trabajadora denunciante.

Por último, señala que la resolución impugnada ordena “Garantizar que el usuario pueda acceder a atención de urgencia y prestaciones esenciales, pese a la medida disciplinaria” y sugiere la reasignación de inscripción en otro centro de salud de la comuna.

3º) El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

4º) El artículo 184, inciso primero, del Código del Trabajo, establece el deber del empleador de adoptar medidas para proteger eficazmente la salud de sus trabajadores, al disponer que “Art. 184. El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.”

Por otra parte, el artículo 211-A del citado código, establece el derecho de los trabajadores a que su empleador adopte medidas para investigar y sancionar las conductas de acoso, disponiendo “Art. 211-A.- Las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a que el empleador adopte e implemente las medidas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso sexual, laboral y la violencia en el lugar de trabajo.”

Tales normas no distinguen si quien afecta la salud del trabajador o el autor de las conductas de acoso sexual o laboral es un jefe, otro trabajador o un cliente de la empresa empleadora o, como en este caso, un usuario del servicio médico para el que trabaja la denunciante.

5º) En cuanto a la facultad del establecimiento de salud para imponer la sanción de “alta disciplinaria”, ella está establecida en el artículo 35 de la Ley Nº20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, cuyo texto indica:

“Artículo 35.- Todas las personas que ingresen a los establecimientos de salud deberán cuidar las instalaciones y equipamiento que el prestador mantiene a disposición para los fines de atención, respondiendo de los perjuicios según las reglas generales.

Las personas deberán tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud, sean estos profesionales, técnicos o administrativos. Igual obligación corresponde a los familiares, representantes legales y otras personas que los acompañen o visiten.

El trato irrespetuoso o los actos de violencia verbal o física en contra de los integrantes del equipo de salud, de las demás personas atendidas o de otras personas, dará derecho a la autoridad del establecimiento para requerir, cuando la situación lo amerite, la presencia de la fuerza pública para restringir el acceso al establecimiento de quienes afecten el normal desenvolvimiento de las actividades en él desarrolladas, sin perjuicio del derecho a perseguir las responsabilidades civiles o penales que correspondan. También podrá ordenar el alta disciplinaria del paciente que incurra en maltrato o en actos de violencia, siempre que ello no ponga en riesgo su vida o su salud.

La autoridad del establecimiento podrá requerir a quien corresponda los medios de seguridad adecuados para asegurar el normal desenvolvimiento de las actividades desarrolladas en ésta, impidiendo el acceso de la o las personas que porten armas o artefactos incendiarios. Para estos efectos, en cada uno de sus accesos podrá disponer dispositivos de detección de metales o arco detector de metales. Asimismo, la autoridad del establecimiento podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de indicios graves que permitan presumir respecto de una o más de las personas que se encuentran en el establecimiento, que pudieran atentar contra la vida o la integridad de los miembros del equipo de salud, y con la finalidad de restaurar el normal desenvolvimiento de las actividades desarrolladas en éste.

Si el tribunal decreta una medida cautelar que impide el acceso del imputado al establecimiento de salud, no se considerará que aquél incurre en quebrantamiento de la misma si ingresa a éste cuando exista un peligro grave para su vida o salud. Una vez que dicho peligro grave deje de existir, el imputado deberá ser trasladado inmediatamente a otro establecimiento de salud, si corresponde. La autoridad del establecimiento levantará un acta de todo lo obrado, la que deberá remitir en el más breve plazo al Ministerio Público.”

6º) De la documentación acompañada por la recurrida, se aprecia que la Corporación Municipal de Panguipulli realizó una investigación mediante la que se constató la existencia de actos constitutivos de acoso de parte del recurrente a la trabajadora denunciante, los que implicaron mensajes insistentes en sus redes sociales e incluso seguimientos a su domicilio, en el curso del año 2024, y que tales conductas fueron, en lo medular, reconocidas por el actor y provocaron una afección a la salud mental de la denunciante que fue catalogada como enfermedad profesional por la mutualidad correspondiente.

Dicha investigación y la propuesta de sanción al recurrente fue enviada a la Inspección del Trabajo de Panguipulli, organismo que aprobó su realización y sus conclusiones, ordenando que la sanción de alta disciplinaria fuera aplicada al denunciado dentro de quince días.

7º) Así las cosas, tomando en consideración las resoluciones, decretos e informes acompañados, se colige que la decisión que se impugna se adoptó por la recurrida en cumplimiento de su deber de seguridad respecto de la trabajadora recurrente, en el marco de sus facultades y competencias y luego de la tramitación de un proceso sancionatorio de conformidad a la ley y sus protocolos, en el que el recurrente tuvo la oportunidad de realizar sus descargos, sin que se avizore vulneración alguna a las garantías denunciadas.

8º) Por otra parte, sobre la proporcionalidad de la sanción aplicada al recurrente, esta no le priva de su derecho a ser atendido en el sistema de atención de salud primaria, puesto que solo le obliga a acudir a otro centro asistencial dentro de la misma comuna, lo que, tomando en consideración que en la investigación correspondiente se estableció que el actor cuenta con movilización propia -precisamente el vehículo que utilizó para realizar seguimientos a la denunciante-, no le imposibilita su atención oportuna, ni la que corresponda a su madre.

9º) En consecuencia, no se ha acreditado la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria que pudiera perturbar, amenazar o vulnerar las garantías constitucionales del recurrente, presupuesto ineludible de la acción de protección, por lo que esta no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Panguipulli.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-916-2025.