nombre reservado con DIRECCIÓN DEL TRABAJO REGIÓN DE LOS RÍOS

C.A. de Valdivia Valdivia, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

1º) nombre reservado, abogado regional de CONAF en la Región de Los Ríos y presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, domiciliado en la comuna de La Unión, deduce recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo de Los Ríos, representada por su director regional, César Paredes Villegas, ambos domiciliados en la comuna de Valdivia, entidad que se niega a entregarle copia del expediente administrativo correspondiente a la investigación por acoso sexual seguida en su contra, pese a encontrarse concluida y formalmente cerrada, acto que califica de arbitrario, ilegal y vulneratorio de sus garantías constitucionales de integridad psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso y honra, contenidas, respectivamente, en los números 1, 2, 3 inciso quinto y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que fue objeto de una denuncia, la que fue derivada por su empleadora, CONAF, a la Dirección del Trabajo de Valdivia, quien dio por concluida la investigación mediante oficio de 21 de agosto de 2025, en el que informó la constatación de acoso sexual y dispuso remitir los antecedentes al empleador para adoptar las medidas correspondientes, disponiendo el archivo del expediente administrativo.

Agrega que, por resolución de 28 de agosto de 2025, la Dirección Ejecutiva de CONAF acogió las conclusiones del informe emitido por la Dirección del Trabajo y ordenó interponer demanda de desafuero sindical en contra del recurrente, En la misma resolución se declaró formalmente cerrada la investigación administrativa y se instruyó la preparación de su desvinculación.

Indica que, con la finalidad de ejercer en forma adecuada su derecho a defensa frente a la inminente acción judicial de desafuero, solicitó a la recurrida la entrega íntegra del expediente administrativo correspondiente a la investigación antes mencionada, petición que le fue negada por resolución de 11 de septiembre de 2025, la que se funda únicamente en el principio de confidencialidad establecido en el artículo 211-B del Código del Trabajo, sin ofrecer fundamentación complementaria ni explicar por qué dicha disposición -referida únicamente a la etapa investigativa- podría ser invocada para restringir el acceso una vez concluido el procedimiento.

Pide que se ordene a la recurrida entregar copia íntegra, legible y autenticada del expediente administrativo N°1401/2025/669, en formato físico o digital, aplicando las técnicas de anonimización de los datos personales de la denunciante, testigos y terceros, y abstenerse en lo sucesivo de incurrir en actos similares.

2º) Informando, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, señalando que el propio marco normativo invocado por el recurrente -esto es, la Ley N°20.285 sobre acceso a la información pública- contempla una vía específica de impugnación frente a denegaciones de información, esto es, la acción especial de amparo ante el Consejo para la Transparencia, lo que excluye el uso de la acción constitucional de protección como mecanismo sustitutivo.

Señala que el artículo 211-B del Código del Trabajo impone el deber de conducir los procedimientos de investigación de acoso sexual bajo el principio de confidencialidad, el que constituye un límite al acceso público a los antecedentes de tales investigaciones, en resguardo de la dignidad, seguridad y vida privada de las personas involucradas. Su vulneración podría comprometer no solo la eficacia de la función fiscalizadora, sino también los derechos fundamentales de las víctimas y testigos.

Sostiene, por otra parte, que el artículo 211-D del mismo cuerpo legal establece que el denunciante, el denunciado y el empleador tienen derecho a conocer las conclusiones de la investigación, pero no otorga acceso al expediente completo, habiendo cumplido, en aquellos términos, con su deber legal de comunicación.

Afirma que, además, la entrega íntegra del expediente iría en desmedro de la defensa judicial del Servicio, atendido que se ha interpuesto una acción de tutela de derechos fundamentales ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, y supondría exponer información confidencial relativa a la esfera personal de la denunciante y de terceros, contraviniendo el principio de confidencialidad y el deber de reserva legal, establecido en el artículo 21, números 1 y 2, de la Ley Nº20.285.

Por último, señala que el deber de confidencialidad está reafirmado en el Reglamento N° 21/2024 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba las directrices aplicables a los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo.

3º) Atendido el cuestionamiento respecto de la idoneidad del recurso, planteado por el recurrido en su informe, debe determinarse, en primer lugar, si ante la negativa de la Dirección del Trabajo a entregar al actor la copia del expediente de investigación, resulta procedente el ejercicio de parte de este de la acción constitucional de protección o si debió sujetarse a la acción legal de amparo de su derecho de acceso a la información, establecida en el artículo 24 de la Ley Nº20.285, sobre acceso a la información pública.

Para resolver dicho asunto, debe tenerse presente que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. De esta manera, no obsta al ejercicio de la acción de protección la circunstancia de existir otros procedimientos reglados de carácter legal establecidos para impugnar la misma actuación cuestionada mediante este arbitrio, siempre que exista una vulneración, perturbación o amenaza actual a alguna de las garantías constitucionales protegidas en la norma superior citada y que se requiera su cautela urgente mediante el uso de las atribuciones extraordinarias que el constituyente ha otorgado para dicho efecto a los tribunales superiores de justicia.

4º) Ahora bien, la controversia central en este caso radica en establecer si el principio de confidencialidad -al que deben sujetarse los procedimientos de investigación del acoso sexual en el trabajo- implica la restricción del acceso al expediente respectivo por parte del investigado, aún con posterioridad a encontrarse afinada la investigación, o si, por el contrario, la negativa por parte de la Administración a entregar una copia del expediente al actor en estas circunstancias es ilegal y lesiona sus garantías constitucionales.

5º) Para este análisis, conviene tener presente que el referido principio de confidencialidad de las investigaciones por acoso sexual en el trabajo está establecido en el artículo 211-B del Código del Trabajo, que dispone:

“Art. 211-B.- Los procedimientos de investigación regulados en este párrafo deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género.

Un Reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo, establecerá las directrices a las que deberán ajustarse las investigaciones.”

El reglamento al que se refiere la disposición transcrita es el N°21/2024 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece las directrices a las cuales deberán ajustarse los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, norma que define el principio de confidencialidad en su artículo 2, letra d), en los siguientes términos:

“Artículo 2º.- Principios básicos. Los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo deberán guardar estricta sujeción a los siguientes principios:

(…) d) Confidencialidad. Implica el deber de los participantes de resguardar el acceso y divulgación de la información a la que accedan o conozcan en el proceso de investigación de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo. Asimismo, el empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados de las personas trabajadoras a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral, en virtud del artículo 154 ter del Código del Trabajo. Con todo, la información podrá ser requerida por los Tribunales de Justicia o la Dirección del Trabajo en el ejercicio de sus funciones.”

6º) Para interpretar adecuadamente el sentido y alcance de este deber de confidencialidad, debe tenerse en consideración que la redacción actual del artículo 211-B fue establecida por la Ley Nº21.643, que modificó el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, y que la moción parlamentaria de dicha ley fue patrocinada por el Ejecutivo -según puede leerse en el preámbulo del reglamento respectivo- ante la necesaria adecuación de la normativa nacional a los parámetros establecidos en el Convenio Nº 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso, ratificado por Chile. Dicho tratado internacional tiene el objetivo principal de proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin restricciones, y, en ese marco, en su artículo 10, letra c), obliga a sus miembros a “c) proteger la privacidad de las personas implicadas, así como la confidencialidad, en la medida de lo posible y según proceda, y velar por que estos requisitos no se utilicen de manera indebida”.

Así, queda de manifiesto la finalidad protectora del principio de confidencialidad en estudio y que el cumplimiento de dicho objetivo no requiere que los antecedentes de investigación sean mantenidos en reserva aún para los partícipes del procedimiento, puesto que la protección de la confidencialidad ordenada en el referido tratado será implementada “en la medida de lo posible y según proceda”, es decir, debe considerar las circunstancias del caso. Por ello, el artículo 2, letra d), del reglamento citado, al referirse a la confidencialidad, establece el deber de reserva solo para “toda la información y datos privados de las personas trabajadoras a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral” y señala “el deber de los participantes de resguardar el acceso y divulgación de la información a la que accedan o conozcan en el proceso de investigación”, lo que implica, obviamente, que los participantes en el procedimiento pueden acceder a información confidencial, la que tienen el deber de resguardar. Por último, la citada disposición reglamentaria establece que la “información podrá ser requerida por los Tribunales de Justicia o la Dirección del Trabajo en el ejercicio de sus funciones.”

7º) De esta manera, sin perjuicio del deber de los participantes de resguardar la confidencialidad de la información a la que accedan y el deber de la Administración de mantener en reserva los datos privados de las personas involucradas, las normas en estudio no privan al investigado de su derecho a acceder a los antecedentes de la investigación, con menor razón si aquella ya se encuentra afinada, como es el caso, puesto que la finalidad protectora de tales disposiciones no limita su derecho a un procedimiento racional y justo en los términos del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, lo que implica el amplio acceso a los antecedentes en que tal procedimiento se sustenta.

Así las cosas, se concluye que la negativa de la Dirección del Trabajo a entregar la copia del expediente administrativo se funda en una alegación de reserva no contemplada en las disposiciones aplicables a las investigaciones por acosos sexual en el trabajo, ni en los artículos 211-B y siguientes del Código del Trabajo ni en el reglamento respectivo, por lo que la decisión impugnada es ilegal.

8º) Dicho acto ilegal ha vulnerado la garantía fundamental del actor, establecida en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al impedirle el ejercicio de un derecho que la ley le entrega, específicamente, su derecho a defensa en el procedimiento de desafuero anunciado por su empleador, del que está íntimamente ligado al acceso la investigación que pide conocer, en su totalidad.

9º) Por último, para cumplir con el deber de protección a la privacidad de la denunciante y las demás personas participantes en el procedimiento, se ordenará la entrega del expediente de investigación al actor, previa anonimización de los datos personales y sensibles de los intervinientes, como testigos y peritos, si los hubiere.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que SE ACOGE el recurso de protección deducido en lo principal de folio 1, por lo que se ordena a la Dirección del Trabajo de Los Ríos entregar al actor, nombre reservado, dentro de quinto día, la totalidad del expediente investigativo tramitado con el N°1401/2025/669, previa anonimización de los datos personales y sensibles de quien fuera denunciante en esa causa, así como de los demás intervinientes, sin perjuicio de que deberán identificarse en sus declaraciones las calidades en que intervinieren (señalando, por ejemplo “Denunciante”, “Testigo Nº1” o “Perito”), para efectos de que el recurrente pueda preparar adecuadamente su defensa.

Se previene que el Ministro Sr. Muñoz concurre al acuerdo, salvo en aquella parte que dispone la anonimización de datos personales y sensibles, ordenando en su lugar, que el recurrente deberá mantener reserva de los datos personales y sensibles, prohibiendo su difusión o información por cualquier medio.

Redacción a cargo del ministro señor Samuel Muñoz Weisz.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-912-2025.