Recurso de protección

C.A. Valdivia Valdivia, catorce de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto, teniendo presente y considerando: 1) nombre reservado, Director de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa, deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, fundado en una serie de actuaciones que califica de ilegales y arbitrarias, consistentes en una campaña de difamación y acoso digital desplegada mediante las redes sociales WhatsApp y Facebook, conductas que, a su juicio, vulneran y perturban sus derechos constitucionales consagrados en los numerales 4° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, relativos al respeto y protección de la honra y vida privada y al derecho de propiedad sobre la propia imagen.

Expone que mantuvo una relación de convivencia con la recurrida, la que terminó definitivamente en agosto de 2.025, de la cual nació su hija menor de edad, nombre reservado. Señala que, con posterioridad a la separación, las partes alcanzaron un acuerdo en mediación familiar, regulándose alimentos y un régimen de relación directa y regular respecto de la niña. Sostiene que, pese a dicho acuerdo, la recurrida habría obstaculizado reiteradamente el régimen de visitas, circunstancia que motivó diversas constancias ante Carabineros y la tramitación de una causa de cumplimiento del régimen de relación directa y regular. Agrega que, en el contexto de dicho conflicto familiar, la recurrida habría efectuado ante el Juzgado de Familia de Osorno diversas imputaciones que califica de falsas, relativas a un supuesto consumo problemático de drogas y alcohol y a eventuales conductas sexualizadas o agresiones físicas de la niña luego de las visitas. Afirma que, con el objeto de desvirtuar tales acusaciones, se sometió voluntariamente, con fecha 25 de mayo de 2026, a un examen toxicológico en el Laboratorio Cochrane de Osorno, cuyo resultado fue negativo. Refiere que, además de las actuaciones desplegadas en sede de familia, la recurrida habría iniciado una campaña pública de desprestigio mediante Estados de WhatsApp y publicaciones en Facebook, reproduciendo en el recurso diversas expresiones en las que lo califica, entre otros términos, de “papito corazón”, “padre drogadicto” y “drogo”, cuestiona el cumplimiento de sus obligaciones alimenticias. Sostiene que tales expresiones han afectado gravemente su honra, reputación personal y profesional, especialmente atendida su calidad de funcionario público. Asimismo, señala que la recurrida habría efectuado publicaciones en la página oficial de Facebook de la Municipalidad de San Juan de la Costa, dirigidas también en contra de su actual pareja, doña nombre reservado, funcionaria del mismo municipio, atribuyéndole públicamente conductas de carácter íntimo y denigratorio relacionadas con sus colegas de trabajo. A juicio del recurrente, ello habría significado una afectación de la honra y dignidad laboral de su pareja. En cuanto al derecho, sostiene que las actuaciones denunciadas son ilegales, por exceder los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y vulnerar la protección constitucional de la honra y vida privada, así como las normas de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Afirma, asimismo, que son arbitrarias, al carecer de razonabilidad, proporcionalidad y veracidad, y encontrarse motivadas por conflictos derivados del término de la relación de pareja y por la intención de menoscabar su honra e imagen ante su entorno laboral y social. Por estas consideraciones, solicita que se acoja el recurso y se adopten medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho, consistentes, principalmente, en ordenar a la recurrida eliminar las publicaciones, comentarios, fotografías y demás contenidos ofensivos o denigratorios relativos al recurrente y a doña nombre reservado; prohibirle efectuar en lo sucesivo nuevas publicaciones o alusiones despectivas respecto de ambos, por cualquier medio físico, verbal o digital; y, si se estimare que los hechos pudieren ser constitutivos de delitos de calumnias o injurias, remitir los antecedentes al Ministerio Público. 2) nombre reservado, evacuando el informe, solicita que la acción constitucional sea declarada inadmisible o, en subsidio, rechazada en todas sus partes, con costas, sosteniendo que el recurso sería extemporáneo y que presenta una versión parcial y descontextualizada de un conflicto familiar que ha sido conocido por los tribunales y organismos competentes. Expone que mantuvo una relación de pareja con el recurrente, de la cual nació su hija en común, nombre reservado, y que, una vez terminada la relación, ambos progenitores regularon mediante mediación las materias relativas a alimentos y relación directa y regular. Señala que posteriormente se produjeron diversas dificultades de coordinación y cumplimiento, las que han sido sometidas al conocimiento del Juzgado de Familia de Osorno y de otros organismos, entre ellos la Oficina Local de la Niñez de Osorno, por lo que, a su juicio, los hechos deben ser comprendidos en el contexto de una relación parental compleja y judicializada, y no como consecuencia de una conducta unilateral de su parte.

En cuanto a la extemporaneidad, sostiene que el recurso fue interpuesto fuera del plazo fatal de treinta días establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. Afirma que el recurrente no individualiza las fechas concretas de las publicaciones que denuncia, limitándose a señalar que habrían ocurrido durante los “últimos 30 días”, circunstancia que, a su juicio, se contradice con la propia documentación acompañada. Respecto de los estados de WhatsApp, sostiene que las capturas corresponden a una misma secuencia de publicaciones realizadas en horarios sucesivos y que una de ellas contiene una fotografía de la hija con motivo de su segundo cumpleaños.

Considerando que la niña nació el NUM000 de 2024, afirma que dichas publicaciones deben situarse en abril de 2026, esto es, varios meses antes de la interposición del recurso. Agrega que la ausencia de una fecha exacta impresa en las capturas constituye una deficiencia probatoria del recurrente para acreditar la oportunidad de la acción.

En relación con la publicación de Facebook, indica que el comentario cuestionado se encontraría asociado a una publicación de la Municipalidad de San Juan de la Costa de fecha 23 de mayo de 2026, y que la captura acompañada permitiría situarlo temporalmente hacia fines de ese mes. Sostiene, por tanto, que tampoco existiría respecto de dicho acto una publicación nueva efectuada dentro de los treinta días anteriores a la interposición del recurso. Argumenta que la naturaleza temporal de los estados de WhatsApp impide considerar que una captura de pantalla prolongue o renueve el acto denunciado, y que la conservación posterior de una imagen no transforma una publicación pretérita en un acto nuevo o permanente. Lo mismo sostiene respecto del comentario de Facebook, agregando que éste ya no se encontraría disponible. En consecuencia, afirma que se trata de actos consumados y pretéritos, respecto de los cuales habría transcurrido ampliamente el plazo para recurrir de protección. Como segundo fundamento, plantea la improcedencia de utilizar el recurso de protección como vía paralela a la judicatura de familia. Sostiene que una parte relevante del recurso pretende que la Corte efectúe una valoración global del conflicto parental, materias que ya han sido sometidas al conocimiento del Juzgado de Familia de Osorno, el cual se ha pronunciado sobre el régimen de relación directa y regular, las dificultades de cumplimiento y las medidas de protección.

En cuanto a las medidas solicitadas, sostiene que resultan improcedentes y desproporcionadas, pues no se limitarían a ordenar la eliminación de publicaciones determinadas, sino que pretenderían establecer una prohibición general e indefinida de efectuar, por cualquier medio, alusiones relativas a la persona, imagen, vida privada, sentimental, laboral o familiar del recurrente y de su actual pareja. Señala que una prohibición de tal amplitud podría interferir con las comunicaciones necesarias entre ambos progenitores y con el ejercicio de sus deberes parentales, así como con la posibilidad de informar antecedentes al Juzgado de Familia, Fiscalía, policías, Oficina Local de la Niñez o profesionales de salud. Añade que cualquier medida que eventualmente se adopte respecto de una publicación lesiva debería ser concreta y proporcional, circunscrita al contenido específico que se estime vulneratorio. Respecto de las medidas solicitadas en favor de nombre reservado, sostiene que, si bien el artículo 20 de la Constitución permite interponer la acción incluso por otro a nombre del afectado, la presente acción fue deducida principalmente por el recurrente respecto de garantías que afirma propias, por lo que cualquier medida autónoma destinada a proteger derechos personalísimos de una tercera persona requiere especial ponderación y no podría traducirse automáticamente en una prohibición general de futuras referencias.

Finalmente, solicita rechazar la petición de remitir los antecedentes al Ministerio Público por eventuales delitos de injurias o calumnias, argumentando que, conforme al artículo 55 letra a) del Código Procesal Penal, se trata de delitos de acción penal privada, cuya persecución corresponde al ofendido mediante el ejercicio de la acción respectiva. En definitiva, solicita que la acción sea declarada inadmisible por extemporánea o, en su defecto, rechazada por haberse deducido fuera del plazo fatal respecto de los actos denunciados; y, subsidiariamente, por no configurarse una actuación ilegal o arbitraria actual susceptible de las medidas pretendidas, atendido especialmente que las controversias familiares y parentales han sido sometidas a los órganos y procedimientos establecidos para su conocimiento, todo ello con costas. 3) El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. 4) La recurrida ha alegado que la acción fue deducida fuera del plazo previsto para su interposición, sosteniendo que las publicaciones que el recurrente atribuye a su parte se remontarían a los meses de abril y mayo de 2026. En efecto, de los antecedentes expuestos aparece que las capturas correspondientes a los estados de WhatsApp contienen una secuencia temporal que permite situarlas, según las referencias existentes en ellas, al segundo cumpleaños de la hija común de las partes, acontecido el NUM000 de 2026. Del mismo modo, respecto de la publicación efectuada en Facebook, se señala que la publicación municipal a la que se incorporó el comentario cuestionado data del mes de mayo de 2026. Atendido lo anterior - y considerando que el recurso fue deducido el 22 de agosto de 2.026-, no resulta procedente entender que la mera conservación de capturas de pantalla de aquellas publicaciones permita renovar indefinidamente el plazo para deducir la presente acción constitucional. Sin perjuicio de lo razonado precedentemente, tampoco se ha acreditado la existencia de un acto u omisión actual de la recurrida que, a la fecha de interposición del recurso, prive, perturbe o amenace alguna de las garantías constitucionales invocadas. En efecto, el recurrente solicita que se ordene la eliminación de determinados contenidos que atribuye a la recurrida y que se le prohíba efectuar nuevas publicaciones de similar naturaleza. Sin embargo, de los antecedentes proporcionados no aparece establecido que las publicaciones cuestionadas se encontraren vigentes al momento de deducirse la acción. Antes bien, tratándose de los estados de WhatsApp, se trata de contenidos de naturaleza temporal, mientras que respecto del comentario efectuado en Facebook la recurrida sostiene que éste ya no se encontraba disponible. De este modo, la acción se construye fundamentalmente sobre publicaciones pretéritas, respecto de las cuales no se ha demostrado la existencia de una conducta actual que requiera de la urgente intervención de esta Corte para restablecer el imperio del derecho. En ausencia de una conducta actual o de una amenaza cierta, concreta y suficientemente determinada de reiteración, la adopción de medidas de protección pierde el carácter de urgente y cautelar que justifica este arbitrio. 5) Por consiguiente, aun cuando determinadas expresiones atribuidas a la recurrida pudieren resultar objetables, ello no permite, por sí solo, acoger una acción de protección cuando no se encuentra acreditada la subsistencia de la conducta denunciada ni una amenaza actual y concreta que haga necesaria la intervención cautelar. En otro aspecto, debe considerarse que las medidas solicitadas por el recurrente exceden el ámbito de una tutela cautelar concreta y determinada, pues no sólo se pretende la eliminación de publicaciones específicas, sino también que se ordene a la recurrida abstenerse, en términos generales, de efectuar futuras referencias al recurrente mediante cualquier medio físico, verbal o digital. 6) Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, Acta 95-2015, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que, SE RECHAZA, con costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado.

Comuníquese, regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Protección-905-2026.