nombre reservado CON nombre reservado

Valdivia, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Doña nombre reservado y doña nombre reservado, Secretaria y Tesorera respectivamente del Comité de Desarrollo Barrio Comercial Los Molinos, Organización Comunitaria Funcional, deducen Recurso de Protección, en contra de doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado, Presidenta del Directorio del Comité señalado.

Señalan las recurrentes, que formaban parte del Directorio de la organización ya referida, junta a la recurrida, habiendo asumido sus respectivos cargos en junio del año 2.017, por el plazo de dos años, según sus estatutos.

Indican, que con ocasión de la elección de directores en junio de 2017, se cometieron irregularidades como la votación de personas no inscritas como socios, y que la misma persona que luego resultó designada como Presidenta, a la época no residía en Los Molinos, ni desarrollaba ninguna actividad en el sector que pudiera legitimar su pertenencia al Comité. Además de ello, señalan que durante el ejercicio de los cargos de las recurrentes, la Presidenta ha ejercido diversos actos arbitrarios y sin respaldo reglamentario, tales como inscribir como socio a su cónyuge, sin cumplir requisitos para tal nominación, realizar asambleas de socios sin formalidades y adoptar acuerdos sin los quórum ni requisitos del estatuto, toda las que fueron puestas en conocimiento del Director de SERCOTEC y ante el agente operador CODESSER (Corporación de Desarrollo Rural), con fecha 25 de mayo del presente año, pues tales hechos incidieron en la designación de la recurrida como Presidenta.

Agregan, que luego de planteadas estas irregularidades ante el Director de Sercotec, la recurrida citó a una asamblea con cinco días de antelación, con el objeto de elegir a Directores Suplentes, los que no se habían elegido según lo ordenan los estatutos, la que se llevó a cabo el 4 de junio, a las 16 horas, y en su transcurso, luego de la lectura del acta, y sin estar previsto en la convocatoria, se trató sobre la carta que las recurrentes habían presentado ante Sercotec, atribuyéndoseles la intención de perjudicar a la institución y exigiendo la Presidenta la destitución inmediata de las recurrentes por parte de la Asamblea, ya que supuestamente su actuar constituía una falta grave. Tal situación, sorpresiva e incluso denigrante al ser objeto por la recurrida de epítetos y acusaciones calificándolas de delincuentes, e instándolas a marginarse en el ejercicio de sus cargos, y bajo la influencia de la recurrida, en forma irregular y antirreglamentaria, los asistentes a la asamblea votaron la destitución de ambas recurrentes, tras lo cual se designaron a nuevos integrantes del Directorio, uno de los cuales no reúne la antigüedad mínima requerida en los estatutos.

Seguidamente, señalan, que a través de dichos actos, se han vulnerado los siguientes derechos constitucionales:

1.- Artículo 19 N°1 de la Constitución Política del Estado, ya que se vulnera su integridad psíquica, al exponerlas ante una asamblea como autoras de "falta grave" al Comité, y tacharlas de delincuentes, a punto de provocar una decisión colectiva de marginarlas de los cargos en que fueron legítimamente electas. Agregan que la comunidad de Los Molinos es reducida, y la convivencia cotidiana se vuelve tóxica, atendido lo obrado por la recurrida, ya que han sido objeto de constante hostigamiento por la misma recurrida y sus allegados;

2.- Artículo 19 N° 4, de la Constitución Politica del Estado, esto es, su derecho al honor, ya que, al sufrir de manera pública y ante una numerosa concurrencia de personas, la imputación de conductas impropias o ilícitas. A saber, la señora nombre reservado señaló que nosotras habíamos hecho mal uso de los libros de la Institución, por lo que merecíamos "hasta cárcel" y que eran "faltas graves", calificaciones que atentan en contra de la honra y probidad de las recurrentes;

3.- Artículo 10 N°3 inciso 4° de la Constitución Politica del Estado, ya que se ha vulnerado su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales. Señalan que la norma citada dispone que: "Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad a ésta." En efecto, como ya se ha dicho, las recurrentes fueron destituidas de sus cargos en el Directorio del Comité Los Molinos, mediante una decisión de asamblea sin previa convocatoria regular, como ordenan los artículos 10, letra d); 13, 25, 26 y especialmente artículo 29, letra d) del Estatuto. Es así como el artículo 29 señala que "Los directores cesan en sus cargos: d) Por censura acordada por los dos tercios de los miembros presentes en Asamblea General Extraordinaria especialmente convocada al efecto." Solo cumpliendo estos requisitos se puede tratar la cesación en el cargo de uno o más directores, debiendo la Asamblea debidamente convocada para tales efectos, conocer de las causales e imputaciones que pudieran haberse efectuado. Al haberse expuesto, juzgado y sancionado a las recurrentes ante una Asamblea sin previa convocatoria regular, se ha constituído una "comisión especial", no habilitada para declarar nuestra destitución; y, 4.- Artículo 19 N°24 de la Constitución Politica del Estado, esto es el derecho de propiedad sobre el cargo ejercido. Al efecto señalan, que se les ha privado ilegítimamente, en un acto ilegal y arbitrario, por parte de la recurrida, de su calidad de directoras, en cargos de Secretaria y Tesorera respectivamente, a los cuales accedieron en propiedad por votación y en elección válidamente efectuada. Su designación debía tener una vigencia de dos años, y ello se ha frustrado hasta este momento, por causa de la conducta de la recurrida.

Solicitan se declare que debe respetarse sus calidades de Secretaría y Tesorera del Comité de Desarrollo Barrio Comercial Los Molinos, ordenando a la recurrida restituir sus derechos y prerrogativas en el Directorio y dejando sin efecto la designación de aquellas personas que aparezcan designadas en reemplazo.

Acompañan, en parte de prueba, los siguientes documentos: a) Copia de lo Estatutos del Comité; y, b) Copia autorizada ante Notario del Registro de Socios del Comité, vigente al 25 de mayo de 2.018, con 36 inscritos.

Informando el recurso doña doña nombre reservado, solicita, desde ya, su más absoluto rechazo, con costas.

Agrega, que las recurrentes fundan su acción cautelar según se desprende de su recurso, aparentemente en dos hechos a saber:

1) Cuestionan las recurrentes la elección de directores de junio del año 2017 del Comité de Desarrollo Barrio Comercial Los Molinos, refiriendo los que a su juicio constituirían “irregularidades“ de dicho proceso eleccionario, indicando que votaron personas que no son socias, que la presidenta electa no residía en Los Molinos ni desarrollaba actividades en dicho sector costero. Califican de arbitrarios y sin respaldo reglamentario que la presidenta inscribiera su cónyuge como socio del Comité sin reunir requisitos, realizar asambleas de socios sin formalidades, adoptar acuerdos sin los quórums o requisitos de los estatutos, entre otros, situaciones todas que habrían puesto en conocimiento del Director el Servicio de Cooperación Técnica, en adelante SERCOTEC y del agente operador de la Corporación de Desarrollo Rural, en adelante CODESSER; y, 2) Como segundo hecho cuestionado por las recurrentes señalan que en asamblea de 4 de Junio ( de 2018) habrían sido destituidas de sus cargos de Tesorera y Secretaria del Comité por la Asamblea de socios, situación que califican de irregular y antirreglamentaria.- Señala, que habiendo asentado lo anterior, huelga decir que las alegaciones de las recurrentes son absolutamente falsas y carentes de todo sustento, y las circunstancias relatadas en el recurso distan diametralmente de la realidad.

Que, en primer lugar y en cuanto al cuestionamiento de las elecciones celebradas en el 20 de Junio del año 2017, éste es absolutamente extemporáneo para ser conocido por ésta I Corte por la vía de protección, debiendo tenerse presente además, que la misma elección que las recurrentes cuestionan, permitió a la Sra. nombre reservado y a la Sra. nombre reservado resultar electas Secretaria y Tesorera respectivamente del Comité de Desarrollo Barrio Comercial Los Molinos. De hecho ésta elección fue ratificada y firmada por tres ministros de fe, a saber funcionarios del departamento de Organizaciones Comunitarias de la I. Municipalidad de Valdivia y por una de las recurrentes, ejerciendo en sus cargos por casi un año, máxime aún que las recurrentes no ejercieron los derechos establecidos en el artículo 25 de la Ley 19.418 ante el Tribunal Electoral Regional de Los Ríos en la oportunidad que tenían.- Agrega, que en cuanto al cuestionamiento de las recurrentes de su supuesta destitución del Comité, los hechos acontecidos en la asamblea de 4 de Junio del 2018 son diversos a la forma expuesta en el recurso.

En efecto, indica que el 25 de mayo de 2018 en asamblea extraordinaria, las recurrentes solicitaron la incorporación de nuevos directores, incorporación que proponían realizar de inmediato proponiendo al efecto una serie de nombres a su parecer, idóneos. Ante ésta solicitud y estimando que era improcedente elegir directores de inmediato, con acuerdo unánime de la asamblea se citó a asamblea extraordinaria para el día 4 de Junio de 2018, en la cual se elegirían directores, se informaría sobre las actividades de la organización y se tratarían puntos varios, todo ello conforme al artículo 17 de la ley 19.418.

En la asamblea de 4 de Junio de 2018, se realizó la elección de directores, se informó del trabajo del Comité y además solicité a la asamblea dar lectura a una carta que redacté y que solicité se incorporara al acta, en la cual puse en conocimiento de la asamblea las actuaciones de las recurridas en orden a realizar una serie de cuestionamientos a la organización dirigiendo con fecha 25 de Mayo de 2018 cartas al Director de SERCOTEC y a CODESSER, en las cuales utilizando sus cargos en la directiva, denuncian que en la elección de directiva ( de junio de 2017) votaron personas que no estaban inscritas en el libro de registro de socios, la omisión de protocolos en la firma de registro de socios, que en asamblea se da a conocer el acta de otra organización comunitaria, solicitando en definitiva una reunión con los destinatarios de las cartas.- Como dije, en la carta, que en un otrosí de ésta presentación se acompaña, puse en conocimiento de la asamblea éstos hechos y solicité la censura de las recurrentes en virtud de lo preceptuado en el artículo 11 letras e) y f) de nuestro estatuto, el cual señala: Son causales de suspensión de un socio de sus derechos en la organización: e) Comprometer los intereses y el prestigio de la organización, afirmando falsedad respecto de sus actividades o de la conducción de ella por parte del Directorio ; y , f) Causar injustificadamente daño o perjuicio a los bienes de la Organización o a la persona de algunos directores con motivo u ocasión del desempeño de su cargo.

Indica, que la solicitud se funda en primer lugar en el hecho que las recurrentes denunciaron supuestas irregularidades sin ponerlos en conocimiento previamente a la asamblea, sumado al hecho que extrajeron documentación de la organización para ser utilizada con fines particulares. Ahora bien, concluida la lectura de la carta dirigida por la suscrita a la asamblea, las recurridas formularon sus descargos los que fueron oídos por la asamblea, y al finalizar la formulación de descargos, renuncian a viva voz de sus cargos, circunstancia que quedó registrada en el acta de dicha asamblea y en registro de respaldo de grabación de audio. Pese a las renuncias de las recurrentes, la asamblea decidió someter a votación la solicitud de suspensión de las mismas la que se realizó conforme los quórums exigidos por el artículo 7 de la Ley 19.818, con 16 participantes presentes en la asamblea obteniéndose como resultado, 12 socios por aprobar la suspensión, 3 socios votaron porque las recurridas continuaran en sus cargos y un voto emitido en blanco.- Continua señalando, que habiendo renunciado expresamente las recurrentes a sus cargos en la asamblea de 4 de junio de 2018 sumado a la ratificación de suspensión de sus cargos de la asamblea, se llevó a efecto la elección de directores acordada en la asamblea de 25 de Mayo de 2018, ( realizada a solicitud de las recurrentes ), resultando electos doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, todo ello conforme los estatutos que rigen nuestra organización.- Además, las recurrentes, hicieron entrega de las actas, timbres, tarjetas y otros elementos propios de su función al Comité con posterioridad a su renuncia, a través de mandatarios.- Concluye, señalando, que como puede observarse de los hechos descritos, no ha existido vulneración alguna de los derechos fundamentales de las recurrentes, toda vez que todos los procesos del Comité que presido, se han llevado a cabo conforme lo disponen sus estatutos y conforme lo dispone la Ley 19.818. Necesario es hacer presente que la copia de estatutos que acompañan las recurrentes en su recurso, NO CORRESPONDEN a los estatutos que rigen la organización, los que se encuentran archivados en el Departamento de Organizaciones Comunitarias de la I Municipalidad de Valdivia, cuya copia autorizada en un otrosí de ésta presentación se acompañan.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.- Para fundamentar sus alegaciones acompaña los siguientes documentos: a) Copia autorizada de estatutos del Comité de Desarrollo Barrio Comercial Los Molinos que se encuentran archivados en el departamento de Organizaciones Comunitarias de la I. Municipalidad de Valdivia; b) Copia de acta de asamblea de elección de directiva de 23 de Junio del año 2017;c) Copia de acta de asamblea de 4 de Junio de 2018 con anexo carta dirigida por la presidenta del comité a la asamblea; d) Copia de poderes especiales conferidos por las recurrentes a familiares para que participen en su nombre en las asambleas; e) Acta entrega timbre del comité por parte de mandataria de la Sra. nombre reservado; f) Copia de certificado N° 2.968 de 8 de Junio de 2018 emitido por la I. Municipalidad de Valdivia; y, g) Copia de acta asamblea 5 de Julio de 2018.- Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o aún amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que, para que proceda la presente acción constitucional, es necesaria la concurrencia copulativa de: i) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario; ii) que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución asegura a todas las personas; y, finalmente, iii) que quien lo interpone se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado, esto es, que sea quien se encuentra legitimado activamente para su ejercicio.

TERCERO: Que, a más de los requisitos enunciados, corresponde tener presente que, dada la naturaleza cautelar, no contradictoria y sumaria del arbitrio constitucional, el ámbito de su aplicación corresponde limitarlo a aquellos actos cuya ilegalidad o arbitrariedad son evidentes, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata.

Para la Doctrina, la ilegalidad o arbitrariedad son conductas antijurídicas, o contrarias a derecho. La Jurisprudencia, a su turno, ha señalado que un acto es ilegal cuando se violan los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto, público o privado. Por otro lado, el acto es arbitrario cuando se produce la vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos o actualizados. Igualmente puede señalarse que “un acto es ilegal si ha sido dictado contra ley, es decir, cuando no se atiene a la normativa por la cual debe regirse; y es arbitrario cuando es contrario a la justicia, la razón o a la leyes por carecer de sustentación lógica y se presenta como mero fruto del capricho o la sinrazón“.- CUARTO: Que las recurrentes han referido como acto ilegal y arbitrario imputable a la recurrida en su calidad de Presidenta de la Organización Comunitaria Funcional “Comité de Desarrollo Barrio Comercial Los Molinos” por el actuar antirreglamentaria a instancias de la recurrida y con ocasión de una Asamblea citada con un fin específico, de efectuar acusaciones que las deshonran ante la comunidad, hostigamientos y juzgamientos ilegítimos que culminaron en el llamado a votar por su destitución como integrantes del Directorio en las calidades invocadas.

QUINTO: Que al informar la parte recurrida argumenta que la Asamblea Extraordinaria de 4 de junio de 2018, tenía por objeto no solo la elección de directores, sino además se informaría las actividades de la organización y otros. En el transcurso de la asamblea solicito la incorporación de una carta mediante la cual se ponía en conocimiento de la asamblea una serie de cuestionamientos a la organización que se habrían puesto en conocimiento de Sercotec por parte de las recurrentes, solicitando la censura de las recurrentes de acuerdo al artículo 11 letras e) y f) del Estatuto que las rige, toda vez que se efectuaron denuncias sin ponerlos en conocimiento previo de la asamblea y usando documentación de la organización para sus fines particulares. En dicha ocasión formularon sus descargos, fueron oídas y renunciando a sus cargos. Pese a ello la asamblea determino someter a votación la suspensión de las mismas, resultando aprobada por lo que se procedió a la elección de directores. De ello se desprende que el actuar se ajustó estrictamente al contenido de los Estatutos de la organización y lo dispuesto en la Ley N° 19.818.

SEXTO: Que al efecto debe tenerse presente que el artículo 553 del Código Civil, norma modificada por la Ley Nº 20.500, sobre Asociaciones o participación ciudadana en la Gestión Pública señala: “Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las sanciones que los mismos estatutos impongan.

La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario. “ SEPTIMO: Que rigiéndose la organización comunitaria en comento por la Ley Nº 19.418, está en su Artículo 1º.- La constitución, organización, finalidades, atribuciones, supervigilancia y disolución de las juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias se regirán por esta ley y por los estatutos respectivos. Las disposiciones contenidas en leyes especiales aplicables a determinadas organizaciones comunitarias, prevalecerán sobre las normas de esta ley.”

OCTAVO: Que conforme se desprende de la lectura de los estatutos de la organización comunitaria funcional se advierte que “Comité de Desarrollo Barrio Comercial Los Molinos” aparece de manifiesto que esta entidad, no ha adecuado su reglamento disciplinario al texto actual del artículo 553 del Código Civil, aplicable en forma preferente.

NOVENO: Que infringe además la resolución recurrida, la violación de lo dispuesto en los artículos 43 del estatuto en relación con lo dispuesto artículo 17 de la Ley N° 19.498 en cuanto a que la citación a la Asamblea Extraordinaria tal como dan cuenta las acatas respectivas no cumplió los requisitos legales en cuanto al señalamiento especifico de la materia a tratar, el cual fue establecido de forma poco clara que evidentemente afectan el derecho a defensa, en especial cuando no ha precedido de una investigación previa y audiencia de descargos y, asimismo, de la revisión de la resolución de la asamblea extraordinaria de socios de la organización recurrida, resulta evidente la circunstancia de haberse dictado la resolución impugnada formando parte del órgano disciplinario miembros de los órganos de la administración de la entidad recurrida, quienes no se inhabilitaron para tal efecto.

Así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema, en diversos fallos, entre otros, el de fecha 30 de abril de 2108, dictado en los autos rol N°3625-2018, que indicó:

“Cuarto: Que, asimismo, de la revisión de la resolución de la asamblea extraordinaria de socios de la organización recurrida,resulta evidente la circunstancia de haberse dictado la resolución impugnada formando parte del órgano disciplinario miembros de los órganos de la administración de la entidad recurrida, quienes no se inhabilitaron para tal efecto.

Quinto: Que así las cosas, estando vigente a la fecha del acto impugnado el texto actual del citado precepto 553,es indudable que el actuar del de la citado precepto recurrida no se ajustó a derecho, resultando carentes de eficacia, tanto el procedimiento disciplinario cuanto la sanción misma que afecta a la recurrente, configurándose la vulneración de la garantía fundamental del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, lo que justificará acoger el recurso incoado.”.

DECIMO: Que se ha constatado que el actuar de la recurrida no se ajustó a derecho en tanto su reglamento disciplinario no se ha adecuado a las exigencias contempladas en el precepto legal aludido, resultando carentes de eficacia, tanto el procedimiento seguido en contra de los actores cuanto la sanción misma que a éstos se impuso, a la vez que se incurrió en la vulneración de la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, lo que justifica acoger el recurso incoado.

Atendido lo precedentemente razonado y expuesto, no se emitirá pronunciamiento respecto de las restantes garantías invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en los artículos 19 N° 3 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en contra doña nombre reservado, Presidenta del Directorio del Comité de Desarrollo Barrio Comercial Los Molinos, Organización Comunitaria Funcional interpuesto por doña nombre reservado y doña nombre reservado, Secretaria y Tesorera respectivamente del Comité señalado y se deja sin efecto lo acordado en Asamblea Extraordinaria de 4 de junio de 2018, sólo en cuanto se refiere a la destitución de las recurrentes, reponiéndose a las mismas en los cargos para los cuales fueron elegidas en su oportunidad.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Claudio Aravena Bustos.

Rol 905 – 2018 PRO.