nombre reservado con CORPORACION NACIONAL FORESTAL

C.A. de Valdivia Valdivia, cinco de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, comparece Sebastián Andrés Santiago Lobos, abogado, en representación de nombre reservado, jubilado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Corporación Nacional Forestal, por actos que estima que vulneran sus derechos de propiedad y libertad económica.

Expone vivir desde el año 2002 en sector camino Caleta Milagros, San Juan de la Costa, en las tierras que su representado heredó de sus ancestros de origen mapuche y que abarcan 550 hectáreas.

Refiere que la infracción a los derechos constitucionales de su representado surge de la actuación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la que celebró un convenio con la recurrida, el que consiste en un proyecto para realizar en conjunto con la FAO, con el objeto de intervenir áreas verdes; como arboles nativos y humedales. Agrega que, para estos efectos, contrataron topógrafos y establecieron los límites entre las diferentes comunidades de San Juan de la Costa, pero sin respetar los límites ancestralmente reconocidos, cerrando perímetros con cercos alambrados y limitando el acceso a la propiedad y a los recursos madereros que en ella hay y que permiten a su representado subsistir. Adiciona a su presentación señalando que su representado y su familia son reconocidos por escritura ancestral de caciques extendida en el Parlamento de Las Canoas de fecha 8 de septiembre de 1793.

Solicita que se acoja la acción constitucional de protección y se ordene a la recurrida a retirar a sus cuadrillas del inmueble singularizado por el recurrente, así como detener cualquier actuación que implique un ingreso a sus tierras o impedirle la explotación de recursos madereros, así como cualquier otra medida que esta Corte de Apelaciones estime pertinente adoptar 2°) Que, comparece Álvaro Daniel Rojas Piniao, abogado, en representación de la recurrida, quien evacúa informe al tenor de la acción constitucional interpuesta.

Expone que, durante el año 2019, se coordinó con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el objeto de iniciar un trabajo de articulación territorial en torno al sector denominado Laguna Trinidad y Estero Pucopío, espacios compartidos administrativamente por las comunas de San Pablo y San Juan de la Costa, con finalidad de poner en valor los atributos culturales y ambientales asociados a este territorio y propender a la sustentabilidad y modos de vida de sus habitantes, mediante la conservación y manejo de los recursos vegetacionales, especialmente el bosque nativo. Ello implica el inicio de estudios en coordinación con la Universidad de los Lagos, los municipios involucrados y la CONADI, participando en ello las comunidades indígenas. Señala que, dentro de las brechas detectadas, las comunidades indígenas destacan la falta de asistencia técnica en el manejo del bosque nativo, conectividad vial y claridad in situ de los límites prediales de las subdivisiones de los fundos Huitrapulli y San Nicolás 1 y 2, que fueron entregados por CONADI, pues si bien existen planos legalizados, éstos no estaban debidamente demarcados y localizados en dichos fundos.

Indica que, en virtud de lo anteriormente expuesto y a solicitud de las comunidades indígenas, nace una iniciativa denominada “Convenio de colaboración para la gestión territorial de familias y comunidades indígenas para la certidumbre jurídica”, ejecutado a través de CONAF y CONADI, firmado con fecha 30 de junio de 2023. Agrega que, en el marco de aquel convenio, CONAF contrató servicios profesionales de topografía, para la demarcación de los deslindes de los predios resultantes de la subdivisión de los Fundos Indígenas Huitrapulli, San Nicolás y San Nicolás Lote 2 Sur, con el propósito de brindar certidumbre a las familias y comunidades indígenas a las que CONADI entrego títulos de dominio, respecto de los límites materiales de sus inmuebles inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Osorno.

Respecto del recurrente, afirma que no existe registro de trabajos de demarcación de límites en propiedad que figure a nombre del recurrente nombre reservado. Precisa que en la hijuela Lote 1 C, rol 2220-135 de la Sra. nombre reservado, existe una casa habitación donde residiría el recurrente, existiendo una disputa familiar entre las personas mencionadas.

Alega que la acción constitucional fue interpuesta en forma extemporánea, no siendo efectivos los hechos relatados por el recurrente en su presentación.

En segundo término, alega falta de legitimación activa del recurrente, toda vez que ninguna propiedad inscrita a su nombre ante el Conservador de Bienes Raíces de Osorno fue afectada o beneficiada por el proyecto ya referido y, respecto al inmueble inscrito a nombre de la madre del recurrente, ella en todo momento estuvo de acuerdo con la delimitación de su propiedad.

Adicionalmente, argumenta que no existe vulneración alguna a los derechos constitucionales invocados, dado que la libertad económica y el derecho de propiedad reconocen límites en la ley, como ocurre en el caso de marras con la Ley N°20.283, además del Decreto Ley N°2565, referidas al bosque nativo.

Solicita que se rechace la acción constitucional interpuesta, con costas.

3°) Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, la acción de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías y derechos protegidos.

4°) Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, esta deberá rechazarse, toda vez que, del mérito de la presentación del recurrente, este alega la existencia de una situación de hecho que se extiende hasta la actualidad, referida a turbaciones a su libertad económica y su derecho de propiedad.

5°) Que, sin perjuicio de lo anterior, se advierte que en el caso de marras el recurrente no ha acompañado antecedentes que permitan a este tribunal presumir la existencia un derecho indubitado en relación con el objeto de este procedimiento, que posibiliten el análisis de como los actos recurridos afecten su ejercicio, de modo que la acción constitucional no puede prosperar.

6°) Que, a mayor abundamiento, conviene señalar que la presentación del recurrente no se precisa con claridad en virtud de qué actos concretos la recurrida ha perturbado su libertad económica fuera de los márgenes previstos por la Constitución Política, ni como el simple estudio topográfico del territorio vulnera su derecho de propiedad, fundamentos que contribuyen a estimar el rechazo de la acción constitucional interpuesta.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado en contra de la Corporación Nacional Forestal.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-895-2025.