Protección contra la I

Valdivia, ocho de mayo de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, empleado municipal, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la I. Municipalidad de Lanco y en contra de su Alcalde, don Rolando Peña Riquelme, ambos domiciliados en domicilio reservado, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, atenta contra sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 número 1, 2, 3, 16 y 24 de la Carta Fundamental.

Funda su recurso en que desde el año 2007 se desempeñó como encargado de remuneraciones del Departamento de Educación Municipal, ocurriendo que el 29 de febrero de 2020, mediante Decreto Alcaldicio N° 201, se pretendió poner término a su contrato de trabajo fundado en la causal del artículo 160 N° 7 del Código Laboral, señalando una serie de situaciones que no cuentan con fundamento plausible.

Sostiene que para poner término a la relación laboral de un servidor del Estado sujeto al Código del Trabajo, se requiere que las causales del citado artículo 160 estén establecidas mediante un procedimiento administrativo sancionatorio, lo que no aconteció, pues no se ha determinado su responsabilidad en los hechos que sirven de fundamento a la causal invocada. Agrega que el acto administrativo contiene motivaciones generales, vagas e imprecisas, lo que resulta contrario a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

Señala que las afirmaciones fácticas contendidas en el acto que se impugna por esta vía fueron objeto de un sumario ordenado instruir mediante Decreto Exento N° 3703 de 26 de septiembre de 2018, con el objeto de investigar problemas financieros en el DAEM, pero que a la fecha aún no tiene resolución de término, por lo que fue sancionado en contravención a los principios de juridicidad y legalidad. Cita Dictámenes en apoyo a sus asertos.

Manifiesta que el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos vulnera sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 número 1, 2, 3 de la Carta Fundamental, pues se le aplicó una sanción sin sustento jurídico y por una comisión especial, lo que configura un trato discriminatorio que, además, es inadmisible a la luz del numeral 16 del citado artículo 19. Añade que se ha conculcado su derecho de propiedad sobre la estabilidad en el empleo, al privarlo del mismo sin causa legal.

En definitiva, solicita se acoja el recurso y se ordene el reintegro a sus funciones, con costas.

Informando el recurso, don nombre reservado, Abogado, en representación convencional de la I. Municipalidad de Lanco, representada legalmente por su Alcalde, don Rolando Hernán Peña Riquelme, expone que la pretensión del recurrente ha debido conducirse a través de los procedimientos ordinarios o de tutela consagrados en el Código del Trabajo y no por la presente vía. Agrega que la controversia planteada en autos dice relación con el ejercicio del poder disciplinario del empleador y no con la vulneración de alguna garantía constitucional.

Expresa que la acción cautelar se sustenta en premisas erróneas, pues el sumario administrativo y la investigación sumaria no son aplicables a los contratados bajo el Código el Trabajo, habida cuenta que no se ha reclamado de la presunta infracción ante el órgano contralor.

Manifiesta que el Decreto Alcaldicio se funda en la reproducción de causales de hecho que se relacionan con el manejo específico de tareas encomendadas contractualmente, que no fueron reparadas en el tiempo y afectaron la administración eficiente de los recursos financieros destinados a la educación Municipal en Lanco, lo que descarta un actuar ilegal o arbitrario.

Niega la afectación de las garantías que se dicen conculcadas, atendido que la desvinculación se funda en causal reglada por el Código del Trabajo y en el ejercicio de la potestad disciplinaria y discrecional de la autoridad competente, frente al incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, habida consideración que el recurrente no es funcionario público conforme a la Ley N° 18.883 Pide el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, cualquier alegación relacionada con el despido y/o reglas que disciplinan la relación habida entre recurrente y recurrida, deben necesariamente ser discutidos en la sede que corresponda, mediante la interposición de las acciones que el legislador ha previsto para ello y no por la vía de la presente acción, la que conforme quedó asentado, no tiene naturaleza declarativa, sino esencialmente cautelar.

TERCERO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha consiste en el término del contrato de trabajo del recurrente fundado en la causal del artículo160 N° 7 del Código Laboral, sin haber mediado un procedimiento administrativo previo.

El objeto del presente recurso es que se ordene el “…reintegro del recurrente a sus funciones públicas…”.

CUARTO: Que, de lo expuesto por recurrente y recurridos, así como el mérito de antecedentes aparejados a la causa, analizados conforme a las reglas de la sana critica, se tienen por acreditado los siguientes hechos y circunstancias:

1) El recurrente celebró contrato de trabajo con la I. Municipalidad de Lanco con fecha 21 de septiembre de 2007, como administrativo del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Lanco. En la cláusula primera se dejó constancia que el trabajador tiene la calidad de “servidor público”.

2) Mediante Decreto Exento N° 3703-2018, de 26 de septiembre de 2018 el Alcalde de la I. Municipalidad de Lanco ordenó instruir sumario administrativo –entre otros- en contra del recurrente con el objeto de “…determinar y establecer el grado de responsabilidad administrativa perseguible entre quienes resulten imputables o reprochables, a objeto de clarificar las condiciones fácticas e históricas y sus efectos…”, respecto a las situaciones que en dicho acto se describen.

3) El recurrente dedujo incidente de nulidad de todo lo obrado en el sumario administrativo ya referido, con fundamento en que para aplicar las causales del artículo 160 del Código del Trabajo procede “…una breve investigación sumaria, NO SUMARIO ADMINISTRATIVO, el cual consiste en un procedimiento disciplinario aplicable a Funcionarios Públicos o Municipales que están regidos por el Estatuto Administrativo o el Estatuto Administrativo Municipal, cuestión que en mi caso NO APLICA”.

4) Con fecha 2 de enero de 2020, “CHILECONSULT + AUDIMEK”, auditores consultores, remitieron a la recurrida Informe de Auditoría del Departamento de Educación DAEM I. Municipalidad de Lanco “Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y Egresos Periodo de 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018”.

5) Con fecha 28 de febrero de 2020, mediante Ordinario N° 201, se comunicó al recurrente la decisión de poner término del contrato de trabajo por la causal contemplada en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, fundado en las siguientes consideraciones de hecho: “a) El pago irregular conforme a Decreto Exento donde se ordena pagar BRP desde el mes de septiembre a siete Psicopedagogas de la comuna, no obstante lo instruido por la Seremi de Educación en Ord. N° 1077 del 24.08.2017 que señala “improcedencia del pago de BRP a Psicopedagogas autorizadas para el ejercicio de la función docente”, continuándose con su pago en septiembre 2017; b) Perfeccionamiento Docente 2011-2014, no clarificado en cuanto a su pago, procedencia o regularización; c) Docentes perjudicadas hasta la fecha por la no enteración de pagos no efectuados en las respectivas Cajas de Compensación, afectando las prerrogativas que a estas les correspondían. Situación que hasta la fecha no se ha soslayado; d) Anomalías consignadas en el Informe de Auditoría del Departamento de Educación de Lanco – Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y Gastos del período 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2018”.

6) Mediante Decreto Afecto N° 317 de 28 de febrero de 2020, se aprobó el término de contrato de trabajo del recurrente a contar del día 29 del mismo mes y año.

QUINTO: Que, ambas partes están contestes en que el sumario administrativo ordenado instruir en contra del actor no cuenta con resolución de término. Sin embargo, el abogado de la parte recurrida afirmó en estrados que aquello tiene su origen en el incidente de nulidad deducido por el señor nombre reservado.

Con todo, resulta contradictorio que se alegue en esta sede -como vicio de ilegalidad- el haber sido sancionado estando pendiente el sumario, en circunstancias que en dicho procedimiento administrativo el recurrente sostuvo la improcedencia del mismo a su respecto, tal como quedó asentado en el numeral 3 del considerando precedente.

SEXTO: Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 5, 6, 9 y 19 de la Ley N° 10.336, en relación al artículo 98 de la Constitución Política de la República, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República es vinculante, entre otros, para las Municipalidades.

En este punto, resulta útil consignar que la Entidad Fiscalizadora ha sostenido que la concurrencia de una de las causales de término previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo -como ocurre en la especie- requiere que aquella sea establecida a través de una breve investigación sumaria que no se sujeta a las ritualidades de un proceso administrativo formal, pero debe observar el derecho fundamental a un debido proceso, esto es, establecer la ocurrencia de los hechos imputados y la participación del servidor, dando la posibilidad y las instancias para defenderse. (Dictámenes N° 65.116 de 2010; N° 36.163 de 2011; N° 46.957 de 2016; N° 25.278 de 2017; y 359 de 2020).

SÉPTIMO: Que, los tribunales de justicia no se encuentran obligados por la Jurisprudencia Administrativa, de modo que ésta tiene solo un carácter meramente ilustrativo, es decir, la judicatura no está llamada a aplicar las leyes con sujeción a las interpretaciones sostenidas por la Contraloría General de la República, sin perjuicio, que a través de una decisión debidamente motivada se pueda llegar a la misma conclusión interpretativa.

Tal como se dijo, aquello no ocurre en el caso de las Municipalidades, por lo que si el recurrente estima que se ha incumplido con alguna obligación, bien puede recurrir a los mecanismos administrativos que prevé el ordenamiento jurídico al efecto.

OCTAVO: Que, para la resolución de la presente controversia cabe considerar que el recurrente es un trabajador regido por el Código del Trabajo y, por ende, las cuestiones que por esta vía se han planteado se encuentran debidamente cubiertas por aquel estatuto tuitivo. Desde esta óptica, la remisión al informe de auditoría contenido en el acto administrativo que se reprocha por esta vía constituye –en sede cautelar- suficiente justificación de la decisión, pues esta acción constitucional no es un sustituto jurisdiccional que sirva para reemplazar la correspondiente demanda laboral y/o arbitrios administrativos que procedieren.

Lo expuesto, determina la inexistencia de un comportamiento antijurídico y en tanto expresa los fundamentos de la decisión, tampoco resulta arbitraria.

NOVENO: Que, los razonamientos expresados llevan a concluir que no existe acto ilegal o arbitrario que permita acceder a la cautela solicitada, por lo que se rechazará el recurso intentado.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de Lanco y en contra de su Alcalde, don Rolando Peña Riquelme.

Redactó el Ministro señor Mario Julio Kompatzki Contreras.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 884-2020 PRT.