nombre reservado con MUNICIPALIDAD LANCO

Valdivia, ocho de mayo de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

1.- Que, el abogado Ricardo Aravena Triviño, en representación de nombre reservado, recurre de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Lanco, y de su Alcalde Rolando Peña Riquelme, desde que el 29 de febrero se ha pretendido poner término al contrato de trabajo de su representado, fundado en lo dispuesto en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, tal y como da cuenta el Decreto Alcaldicio N° 200 de la misma fecha, que se vinculan como se expresa en detalle en el referido decreto en una mala gestión financiera y contable de los fondos bajo su administración.

Sostiene que el decreto en cuestión no ha sido notificado al trabajador quien solo tomó conocimiento de éste, de manera informal pudiendo tener acceso a él solo con fecha 2 de marzo de los corrientes. Expresa que carece de fundamentos plausibles respecto de los hechos que lo sustentan, y expedido, sin que hubiere mediado una breve investigación respecto de los mismos, para establecer la responsabilidad del trabajador, por lo que estima que dicho acto no cumple con los requisitos de existencia y validez de todo acto administrativo, siendo las motivaciones que en él se consignan, generales, vagas e imprecisas.

Refiere que si bien el conjunto de situaciones fácticas contenidas en el acto ilegal y arbitrario de despido, han sido objeto de un sumario ordenado instruir mediante Decreto Exento N° 3703 de fecha 26 de septiembre de 2018, con el propósito de investigar los problemas financieros que tenía el DAEM, y en la que obra como fiscal doña Pilar García Parra, Jueza de Policía Local de la comuna de Lanco, a la fecha no tiene ninguna resolución de término.

Sostiene que los funcionarios públicos y municipales, tienen derecho a la función, por lo que no pueden ser separados de sus empleos sino por causa legal de expiración de funciones contempladas en la ley, debidamente acreditadas al menos mediante una breve investigación sumaria afinada. Invoca al efecto el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política y en el artículo 11 inciso segundo de la Ley N° 19.880 y reiterado en el artículo 41 inciso tercero, y los Dictámenes N° 22.100, de 1998 y 36.163 de 2011 ambos de la Contraloría General de la República. Su omisión, priva al recurrente de sus derechos, impidiendo que se le trate de forma igualitaria respecto de cualquier otro trabajador del servicio.

Por lo dicho, la resolución cuestionada deviene en ilegal, y además arbitraria por carecer de fundamentos, lo que trasunta la vulneración de las garantías consagradas en los Nos. 1, 2, 3, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Política, 2.- Que, los recurridos, representados por el abogado Shintaro Kuramochi Duhalde, piden el rechazo del recurso por especulativo, infundado, jactancioso y argumentativo.

Especulativo, pues, adolece de asidero fáctico, por no ser éste el procedimiento donde se debe zanjar la controversia sino en aquellos que contempla el Código del Trabajo, sea el de Tutela Laboral o Procedimiento Ordinario laboral.

La acción intentada es infundada, pues no vulnera garantía ni derecho individual consagrado constitucionalmente, pues constituye un arbitrio potestativo del empleador la evaluación o calificación del trabajador, para efectos de poner término a su contrato de trabajo de conformidad con las causales que la ley establece.

Además, la acción incoada es jactanciosa y construye una falacia jurídica, pues las premisas en que se sustenta son erróneas, puesto que ni el Sumario Administrativo ni la Investigación Sumaria contemplados en la Ley N°18.883 resulta aplicable a los trabajadores contratados bajo Código del Trabajo, ya que éste es el estatuto que los rige.

También resulta ser una acción argumentativa, pues la actuación de la Casa Edilicia carece de las consideraciones subjetivas de ilegalidad o arbitrariedad que el recurrente le imputa, sea porque le ampara un acto administrativo regular, razonado, fundado y legal, terminando la relación laboral, sea porque la decisión administrativa encuentra fundamento en el principio de eficiencia y eficacia administrativa que se deben todos los órganos de la Administración Pública y de juridicidad en sus actos. Asimismo resultan incompatibles o se repugnan el ejercicio coetáneo de la Acción de Protección y el Juicio Ordinario Laboral.

Refiere que el Decreto Alcaldicio desvinculatorio laboral se funda las causales de hecho y Derecho contenidas en el aviso de término del contrato de trabajo, siendo éstos los que se consignan en el mismo instrumento y que reproduce.

Agrega que en todo caso, aquellos hecho imputados deben ser discutidos en la sede que correspondan, pues no existe vulneración de derecho alguno, ni se trata de derechos indubitados que dieren sustento a la acción cautelar intentada en esta sede.

3.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla, adoptando de forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

4.- Que, de lo anterior aparece que este procedimiento es entonces de naturaleza cautelar y de carácter urgente, no declarativa, de modo que no es idóneo a efectos de obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

5.- Que, conforme lo expuesto, lleva a concluir que toda alegación relacionada con el despido y/o reglas que regulen la relación habida entre recurrente y recurrida, deben necesariamente ser discutidos en la sede que corresponda, mediante la interposición de las acciones que el legislador ha previsto para ello y no por la vía de la presente acción, la que conforme quedó asentado, no tiene naturaleza declarativa, sino esencialmente cautelar.

6.- Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha consiste en el término del contrato de trabajo del recurrente fundado en la causal del artículo160 N° 7 del Código Laboral, sin haber mediado un procedimiento administrativo, y su objeto es que se ordene el “…reintegro del recurrente a sus funciones públicas…”.

7.- Que, en este caso es un hecho no controvertido la existencia de una relación laboral de carácter contractual regida por el Código de Trabajo y que el término de ella se produjo como consecuencia de la expedición del decreto Alcaldicio N° 200 de 29 de febrero de 2020, por la causal del artículo 160 N° 7 de Código referido, misma que es cuestionada por el recurrente, tanto en cuanto a la forma como al fondo.

8.- Que, sin perjuicio que, las alegaciones que se formulan en este recurso, distan de ser un tema atingente a este procedimiento cautelar de urgencia, atento lo que se ha señalado en los apartados que anteceden, huelga señalar que no se avizora la manifiesta o evidente afectación de derechos, del recurrente en relación, a una presunta ilegalidad o arbitrariedad, dado que, respecto del primer aspecto, aparece que el atributo legal de poner término al contrato radica precisamente en quien lo dispuso y que éste formalmente se adecua a una norma legal que contempla el motivo por el cual se formalizó el despido, sin que exista alguna disposición o norma jurídica, que establezca como imperativo la exigencia de un prejuicio o indagación de carácter administrativa anterior o preliminar para establecer en esa sede la existencia de la causal invocada en relación con los hechos que la sustentan, máxime si aquello carece de todo valor a la hora de que los tribunales llamados a conocer de dichas cuestiones, determinen lo que corresponda a los hechos y al derecho conforme a la prueba que deberá rendirse en un verdadero contradictorio y con todas las garantías procesales correspondientes.

9.- Que en lo que toca a la arbitrariedad, se debe señalar que el decreto cuestionado, por el cual se pone término a la relación laboral con el recurrente, contiene todos los fundamentos que sirven de sustento a la causal invocada, por lo que no puede señalarse que sea caprichosa o carente de todo sustento, más allá de lo que pudiere resultar establecido en torno a la misma en un juicio declarativo, sede en la cual la controversia sobre el particular debe ser dirimida.

10.-.Que sin perjuicio de lo anterior, y más allá del alcance o efectos de las instrucciones que emanen de los dictámenes de la Contraloría, vinculantes para la administración más no para los tribunales, de verificarse la omisión que se denuncia, tal descuido generará, si fuere del caso, las responsabilidades administrativas correspondientes ante dicho Órgano, sin que de ello derive o devenga la ilegalidad del acto propiamente tal ni del despido por ese motivo, por no constituir un imperativo normativo respecto de trabajadores regidos por el Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, Abogado, en representación de don nombre reservado en contra de I. Municipalidad de Lanco, y de su Alcalde don ROLANDO PEÑA RIQUELME.

Redacción del Ministro Sr. Samuel Muñoz Weisz Regístrese digitalmente y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 882-2020 PRO.