Recurso de protección

C.A de Valdivia Valdivia, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis Vistos: 1°) La I. Municipalidad de DIRECCION000, representada por su alcalde; la Junta de Vecinos DIRECCION001, organización comunitaria territorial; la Agrupación de Adulto Mayor DIRECCION004, organización funcional comunitaria; y la sociedad Ingeniería y nombre reservado

Saavedra y Otros SpA, empresa constructora adjudicataria de la obra respectiva, todas domiciliadas para estos efectos en la comuna de DIRECCION000; deducen recurso de protección en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado.

Fundan su acción en actos que califican de ilegales y arbitrarios consistentes en la ocupación material de parte del inmueble destinado a la ejecución del proyecto “Construcción Centro del Adulto Mayor DIRECCION004”, mediante la instalación de cierres y otros obstáculos que impedirían el ingreso al terreno y el desarrollo de las obras, con vulneración del derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Refieren que la Municipalidad obtuvo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado el usufructo y administración de un retazo del recinto estación de DIRECCION002, destinado al emplazamiento del referido proyecto comunitario, cuya ejecución fue adjudicada a la empresa recurrente.

Señalan que, una vez efectuada la entrega material del terreno a la contratista, los recurridos comenzaron a oponerse a la ejecución de las obras alegando derechos sobre dicho inmueble, procediendo a cercar sectores del predio y obstaculizar sus accesos, lo que habría impedido el ingreso de trabajadores y maquinaria.

Añaden que tales actuaciones han provocado la paralización total de la obra pública, afectando tanto a la entidad edilicia como a la agrupación de adultos mayores beneficiaria del proyecto y a la empresa encargada de su ejecución.

Solicitan, en definitiva, que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de los actos denunciados, se ordene el cese de las perturbaciones atribuidas a los recurridos, se restituya el libre acceso al inmueble y se adopten las demás medidas que esta Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales invocadas. 2°) Informando, los recurridos solicitaron el rechazo del recurso, con costas.

Sostienen que nombre reservado mantiene la ocupación material del inmueble desde el año 1992, en virtud de una solicitud de arriendo presentada a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, situación que afirman haber sido posteriormente reconocida y respaldada mediante diversa documentación emanada de dicha entidad y comprobantes de pago de rentas.

Exponen que en el referido lugar el arrendatario construyó su vivienda y ha ejercido por años una ocupación pacífica y continua, agregando que el conflicto se originó a propósito de la destinación del inmueble para el proyecto impulsado por la Municipalidad de DIRECCION000 y de las reclamaciones efectuadas por el propio recurrido ante órganos administrativos respecto de dicha iniciativa.

Indican, además, que la presente acción es extemporánea, toda vez que la controversia relativa a la ocupación y uso del inmueble sería de antigua data; que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver cuestiones de dominio, posesión o tenencia de bienes raíces; que no han ejecutado acto ilegal o arbitrario alguno; y que algunos de los recurrentes carecen de legitimación activa para accionar.

Concluyen solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional, por estimar que no concurren los presupuestos necesarios para la procedencia de la tutela cautelar impetrada. 3º) El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece. 4º) En cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, considerando que las partes están contestes en que el cierre denunciado se mantiene aún en la actualidad y, puesto que aquello constituye la vulneración que se alega en el libelo, la acción constitucional se ha interpuesto manteniéndose la vigencia del acto vulneratorio y, por lo tanto, se ha ejercido dentro de plazo. 5°) Por otra parte, los recurridos no han negado los hechos descritos en el libelo, en cuanto a que efectivamente han cerrado el referido predio de manera unilateral impidiendo el ingreso a los recurrentes, fundados en la supuesta existencia de un contrato de arrendamiento con la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

Sin embargo, para acreditar dicho contrato, únicamente han acompañado una solicitud de 1992, una constancia de 1995 y dos comprobantes anteriores a esa fecha, documentos que no dan cuenta de la vigencia del contrato a la fecha del cierre del recinto. 6°) En estas circunstancias, el cierre del lugar, que se aprecia en las fotografías fue realizado en una época reciente, solo puede interpretarse como un acto de autotutela dirigido a modificar por vías de hecho el actual estado de cosas, impidiendo el paso al terreno y la realización de las obras de ejecución del proyecto “Construcción Centro del Adulto Mayor DIRECCION004”, sin recurrir a la resolución de un tribunal que lo autorice. 7º) Tales actos ilegales y arbitrarios implican la vulneración del derecho del recurrente a ser juzgado por los tribunales establecidos por la ley, garantizado en el número 3º, inciso quinto, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues los recurridos han decidido actuar por sí y ante sí, sin hacer uso de los procedimientos y medios legales establecidos para hacer valer sus pretensiones, incurriendo, además, en una vulneración de la garantía de propiedad de la I. Municipalidad de DIRECCION003, contemplada en el número 24° de dicha norma, atendido que han visto perturbados el uso y goce del predio que le ha sido entregado en usufructo, por lo que la acción constitucional ha de ser acogida. 8º) Sin perjuicio de lo resuelto, atendido que no se ha acreditado la vulneración, perturbación o amenaza de garantías constitucionales de los demás actores del recurso, el arbitrio no podrá prosperar respecto de la Junta de Vecinos DIRECCION001, la Agrupación de Adulto Mayor DIRECCION004 y la sociedad Ingeniería y nombre reservado Saavedra y Otros SpA.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por la Junta de Vecinos DIRECCION001, la Agrupación de Adulto Mayor DIRECCION004 y la sociedad Ingeniería y nombre reservado Saavedra y Otros SpA.

Que se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la I.

Municipalidad de DIRECCION000 en contra de nombre reservado, agricultor, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, solo en cuanto estos deberán quitar los cierres objeto de este recurso, dentro de tercero día de ejecutoriado este fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-881-2026