nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, cinco de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

nombre reservado, chileno, casado, jubilado, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de la nombre reservado (ex Pillanco), RUT RUT reservado, deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, chileno, soltero, agricultor, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado y doña nombre reservado, chilena, soltera, dueña de casa, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, a favor de la nombre reservado.

Funda su recurso en que el día 5 de enero de 2019, en su calidad de Presidente de la nombre reservado, convocó a los socios a una reunión con el objeto de tratar diversos temas y al dirigirse con dicho fin a la sede comunitaria ubicada en el sector Punahue, se percataron que el acceso se encontraba cerrado con cadena y candado, viendo imposibilidad su ingreso. Al consultar quién era el responsable se les dijo que había sido don nombre reservado y la señora nombre reservado. Inmediatamente la directiva se dirigió a conversar con ellos, pues son vecinos colindantes de la sede, con el fin que se les indique qué era lo que estaba ocurriendo, y el motivo por el cual habían realizado tales acciones, reconociendo ellos los hechos y señalando que habían sido aconsejados por su abogado el señor nombre reservado, pues don nombre reservado era el dueño del inmueble, la sede y de todos los bienes que allí se encontraban, situación que supuestamente era respaldada por dicho abogado, por tanto, el inmueble, la sede, la feria y los bienes muebles que allí existen eran de ellos.

Que con la acción arbitraria e ilegal de los recurridos, los recurrentes alegan la privación de su legítimo derecho de propiedad sobre la sede, pues dicho inmueble les pertenece en razón de un contrato de compraventa celebrado con fecha 9 de junio del año 2003 entre la nombre reservado (hoy nombre reservado) y don nombre reservado, por la cual el primero vende un retazo de su propiedad a la recurrente equivalente a 5.000 metros cuadrados, dentro de la hijuela N° 5 de la División de la nombre reservado inscrita a fojas 293, número 336 del Registro de Propiedad del año 1984, del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli, de 2,10 hectáreas, cuyos deslindes especiales son: Oeste con la hijuela N° 2 de nombre reservado; al Norte, con hijuela N° 4 de nombre reservado; al Sur, hijuela N° 6 nombre reservado y al Este, camino vecinal y la hijuela de nombre reservado, y por la cual se pagó la suma de $500.000 (quinientos mil pesos) que la comunidad aceptó cancelando en el momento y al contado. De acuerdo a la cláusula quinta del contrato, el terreno vendido sería para uso exclusivo de la Comunidad Pillanco de Punahue y para la construcción de una sede social para beneficio de toda la comunidad. Este contrato fue firmado por don nombre reservado, por el representante de la nombre reservado y ante dos testigos del comprador: nombre reservado y nombre reservado, y dos testigos del vendedor: nombre reservado. y nombre reservado nombre reservado C.

En igual sentido, la recurrente afirma que tanto la sede como los bienes muebles que la guarnecen son de la nombre reservado (ex Pillanco), pues ellos han sido comprados con fondos públicos concursables, trabajo de los socios, donaciones, bingos y otros, manteniendo un inventario con todos los bienes que allí están y pertenecen a la comunidad.

Se destaca la importancia de la sede por cuanto en ella se realizan habitualmente reuniones que interesan a todos los vecinos y además, todos los veranos se realiza una Feria Costumbrista y actividades donde los socios venden productos que han preparado durante todo el año, y juntan dinero para vivir y pagar sus cuentas. En razón de ello, y teniendo presente que el verano es la época en la cual se pueden realizar diversas actividades económicas debido a la llegada de los turistas, resulta urgente que se les devuelva el inmueble, pues de lo contrario pasará el periodo estival y muchos de los socios no podrán desarrollar su actividad económica.

En razón de lo anterior, consideraciones de hecho y de derecho hechas valer por la recurrente se solicita tener por interpuesto el recurso de protección en contra de nombre reservado y doña nombre reservado, acogerlo a tramitación, ordenar que los recurridos informen a V.S.I. y en definitiva disponer que 1) Los Recurridos permitan el acceso al inmueble; 2) Cesen las acciones que perturban su legítimo derecho de propiedad, retirando la cadena y candado; 3) Que se condene en costas a los recurridos y 4)Todo aquello que SS., conforme a derecho mejor resuelva.

Evacúa informe don nombre reservado, recurrido de autos, señalando al efecto que resulta falso todo lo que se señala en el recurso de protección. Controvierte el hecho de que los recurrentes se hayan acercado a ellos para conversar, como también niega la existencia de algún contrato entre ellos. Menciona que el inmueble que ocupan los recurrentes es de su propiedad y que las construcciones y todo lo que en ella se guarnece les pertenece a la actora, pues en su oportunidad, verbalmente los autorizó a construir con la condición de que pagaren un arriendo, lo que nunca ocurrió. Desmiente la existencia de un contrato de compraventa relativo a la hijuela número 5 o de otra en la que posea acciones y que se encuentran en los alrededores de las dependencias referidas en el recurso, lo cual se verifica con el hecho de que la recurrente no acompañó ninguna pieza documental que de sustento a lo que relatan. En cuanto al cierre del acceso al inmueble, la recurrida afirma que ello es efectivo y se debe a que posee la plena propiedad sobre él, la cual está debidamente inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli y en donde no existe anotación al margen que implique verse obligado por una cuestión contractual con los recurrentes. De esta manera, no se le puede exigir la apertura del portón para permitir el libre acceso al inmueble, sin embargo, otorga autorización total para que, bajo su supervisión, los recurrentes puedan acceder a retirar todas y cada una de las especies o construcciones que posean como comunidad, lo cual jamás se les ha impedido.

Respecto a lo mencionado en el recurso sobre el Sr. nombre reservado, la recurrida menciona que ello es mentira, puesto que tal persona no es abogado aún y en ningún momento ellos han mencionado que él sea su abogado y tampoco su supuesto asesor. Ellos actúan sin la influencia de nadie pues las decisiones son debatidas y tomadas en familia. Y es en razón de lo expuesto que solicita tener por evacuado el informe y en definitiva, rechazar el recurso con costas, por no cumplirse los presupuestos del artículo 20 de la Constitución Política del Estado ya que la recurrente no tiene legitimación activa para reclamar su propiedad, al carecer del dominio sobre el bien raíz.

Evacúa informa la señora nombre reservado, recurrida de autos, negando todos los dichos expuestos en el recurso. Menciona que el recurrente jamás ha tenido dominio sobre la hijuela número 5 y nunca se han acercado a ellos para conversar, sólo lo han hecho para amenazarlos con dañarles su propiedad. Su deseo es que los recurrentes retiren sus cosas del inmueble que les pertenece, sin siquiera obligarles a pagar todos los años de arriendos adeudados.

En cuanto a la referencia que hace el recurso a don nombre reservado, niegan que sea abogado y menos su asesor; nunca ha representado a su padre ante la comunidad de ninguna forma y no tiene por qué.- En definitiva, la recurrida solicita se sirva tener por presentado el informe y disponer el rechazo del recurso, con costas, por no cumplirse con los presupuestos del artículo 20 de la Constitución Política del Estado, ya que el recurrente no tiene legitimación activa para reclamar la propiedad, puesto que no tiene el dominio sobre el inmueble.

Evacúa informe don nombre reservado afirmando no conocer a los recurrentes. Sólo conoce a los recurridos, pero ignorando si forman parte o no de la comunidad. Desmiente el haber tenido algún tipo de contacto con ellos, de manera que no existe vinculación alguna con ellos, y tampoco pretende tenerla. Niega tener la calidad de abogado y por lo tanto, no puede ser y no será representante legal ni asesor de los recurridos. Desconoce los hechos sobre los que versa el recurso, de manera que malamente podría pronunciarse sobre ellos, solicitando en definitiva se sirva tener por informado el recurso.

Se agregaron los documentos allegados por las partes.

Se ordenó traer los autos en relación:

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que el acto arbitrario e ilegal alegado por la recurrente se configura en la decisión unilateral de los recurridos de cerrar el único acceso al inmueble donde se emplaza su sede social, coartándoles con tal actuar el legítimo ejercicio del derecho real de dominio que afirman mantener sobre el predio, la construcción allí erigida y los bienes muebles que lo guarnecen.

TERCERO: Que a fin de confirmar la titularidad del derecho alegado y su conculcación, resulta necesario ponderar los dichos de los recurrentes con las afirmaciones expuestas por los recurridos y efectuar un ejercicio de valoración de los antecedentes acompañados en autos.

Para iniciar este razonamiento, cabe tener presente, en un primer momento, lo expuesto por los recurrentes, quienes amparan su derecho de dominio sobre el terreno en un contrato de compraventa celebrado entre la nombre reservado (actual nombre reservado) y don nombre reservado con fecha 9 de junio del año 2003, por el cual se acordó pagar un precio de $500.000. Por su parte, el dominio sobre la sede allí construida y los bienes muebles que se encuentran en su interior se sustenta en el hecho de que han sido ellos mismos quienes los han comprado utilizando los fondos públicos adjudicados y los dineros que han logrado reunir realizando diversas actividades a beneficio, manteniendo incluso un inventario de todos ellos.

Por otro lado, se tiene a la vista la versión de los recurridos, y de manera específica, lo mencionado por don nombre reservado, quien niega completamente la celebración de un contrato de compraventa con los recurrentes, afirmando que él sólo autorizó la construcción de una sede en aquél terreno. En tal sentido, sólo a él le asiste la titularidad del dominio sobre el inmueble, lo cual es comprobable revisando los registros de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli, en donde no consta ninguna nota al margen que dé cuenta de haberse transferido el dominio. Sin embargo, un punto relevante a considerar dentro del informe es aquél por el cual este recurrido reconoce como propietarios de la sede y de los muebles que la guarnecen a los recurrentes. Esto es así por cuanto en el párrafo segundo de su informe se lee textualmente: “Empero la propiedad que ellos ocupan ilegalmente, efectivamente es de mi propiedad y las construcciones y todo lo que ellas guarnecen les pertenecen a ellos…”. Con tal reconocimiento, este sentenciador puede arribar a la conclusión de que son los recurrentes quienes detentan la titularidad del derecho de dominio sobre la sede y los muebles que se encuentran en su interior.

CUARTO: Que como antecedentes adicionales a la causa, los recurrentes acompañan una serie de documentos fundantes de su pretensión, entre ellos, un contrato de venta y un escrito de autorización suscrito notarialmente.

El contrato de venta a que se hace mención corresponde a aquél contrato referido en el recurso y en el cual los recurrentes hacen descansar su derecho de dominio sobre el terreno. Analizado éste, se puede advertir que se trata de un instrumento privado suscrito por don nombre reservado y la nombre reservado (actual nombre reservado) y además firmado por testigos de fe de ambas partes, documento que no tiene la virtud de transferir el dominio de este bien raíz.

QUINTO: Que habiéndose colegido que a la recurrente sólo le asiste la calidad de propietaria sobre la sede social y los muebles que se encuentran en su interior, corresponde determinar si el actuar de los recurridos constituyen una vulneración de aquél derecho. Para ello vale tener presente en primer lugar lo mencionado por los recurridos en sus informes, en los cuales reconocen abiertamente haber procedido a cerrar el ingreso al inmueble, impidiendo el acceso de los recurrentes a su sede. En segundo lugar, vale tener a la vista el escrito de autorización notarial acompañado en autos, suscrito por don nombre reservado, quien, con fecha 19 de junio de 2003, “(…) autoriza a la nombre reservado del sector de Punahue, comuna de Panguipulli, inscripción en Registro de Conadi n° 60, para hacer uso de un retazo de terreno de 0,5 hectáreas, para la construcción de una sede comunitaria para el uso de los integrantes de la comunidad, garantizando libre acceso a personas y vehículos al retazo de terreno.”

En base a lo anterior, se logra tener por acreditado la arbitrariedad del acto, por cuanto, la recurrida no esboza razones plausible para impedir a los recurrentes el libre ejercicio de los atributos del dominio que tienen sobre las especies que se encuentran dentro del predio. Más aún, si se tiene presente el instrumento por el cual don nombre reservado se obliga a garantizar el “(…) el libre acceso a personas y vehículos al retazo de terreno.”.

En igual sentido se determina la ilegalidad del acto, por cuanto no se da ninguno de los presupuestos contemplados en el artículo 19 n° 24 de la Constitución para limitar el dominio a su titular, encontrándose el actuar recurrido al margen de la ley.

SEXTO: Que, de este modo, al estar amparado constitucionalmente el derecho a la propiedad por el recurso de protección previsto en el artículo 20 de nuestra ley fundamental, corresponde acoger la acción deducida por la recurrente, al haberse alterado por la recurrida una situación de hecho, sin justificación alguna.- Y visto además, lo dispuesto por en los artículos 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, artículos 1801, 686, 724 y 728 del Código Civil se ACOGE el recurso de protección interpuesto por la nombre reservado, representada por don nombre reservado, y se dispone como medida destinada a restablecer el imperio del derecho el retiro de las cadenas y candados que actualmente se encuentran impidiendo el acceso de los recurrentes a su sede social y al uso y goce de los bienes muebles que lo guarnecen.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-88-2019.