Recurso de protección

C.A de Valdivia Valdivia, seis de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que, comparece don Álvaro Ignacio Lovera Lovera, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, e interpone acción constitucional de protección en favor de la niña nombre reservado, de NUM000 meses de edad a la fecha del recurso, en contra de sus progenitores nombre reservado y nombre reservado, por estimar ilegal y arbitraria su negativa a cumplir respecto de su hija con el Programa Nacional de Inmunizaciones, omisión que estima vulnera la garantía prevista en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el CECOSF Erodita Arriagada de Antilhue detectó que la niña no mantenía su esquema de vacunación al día. Expone que, en marzo de 2026, la madre manifestó su intención de retirarla de la atención primaria para atenderla de forma particular; sin embargo, pese a las gestiones posteriores efectuadas por el establecimiento, no se acompañaron antecedentes que acreditaran dicha atención ni su vacunación particular.

Añade que, en julio de 2026, la madre presentó una carta suscrita por ella y un abogado, en la que manifestó su negativa a la vacunación, fundada en razones médicas, legales y científicas, invocando antecedentes de salud de la niña y familiares de reacciones adversas, el derecho a denegar su consentimiento y eventuales efectos adversos de las vacunas.

Expone que, conforme al certificado de vacunación de 29 de julio de 2026, la niña sólo mantenía al día la vacuna contra la Hepatitis B, encontrándose pendiente el resto del esquema correspondiente a su edad.

Funda la ilegalidad de la omisión en el carácter obligatorio de la vacunación, conforme a los artículos 32 y 33 del Código Sanitario, el Decreto Exento N° 50 de 2021 del Ministerio de Salud y el artículo 38 de la Ley N° 21.430; y su arbitrariedad, en que no existe una contraindicación médica certificada que justifique apartarse del esquema obligatorio.

Afirma que dicha conducta vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la niña, garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, acoger el recurso y ordenar a ambos progenitores aplicar a la niña las vacunas obligatorias correspondientes a su edad, con auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario.

Segundo: Que, pese a haber sido requeridos de informe los recurridos, y efectuadas diversas diligencias para su notificación y requerimiento, éstos no evacuaron el informe solicitado, por lo que, mediante resolución de 23 de septiembre de 2026, se prescindió de éste.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, conforme al certificado de vacunación acompañado por la recurrente, de 29 de julio de 2026, la niña nombre reservado sólo registra la vacuna contra la Hepatitis B, manteniendo pendientes las restantes inmunizaciones correspondientes a su edad conforme al Programa Nacional de Inmunizaciones.

Quinto: Que, para resolver este asunto, conviene tener presente que el artículo 32 del Código Sanitario establece que corresponde a la autoridad sanitaria la vacunación de la población contra enfermedades transmisibles y faculta al Presidente de la República para declarar obligatoria la vacunación respecto de aquellas enfermedades para las cuales existan procedimientos eficaces de inmunización.

En cumplimiento de dicho mandato, el Decreto Exento N° 50 de 2021 del Ministerio de Salud establece la obligatoriedad del Programa Nacional de Inmunizaciones, cuyo objeto consiste en proteger a la población frente a enfermedades inmunoprevenibles mediante esquemas de vacunación de carácter obligatorio. Tal régimen normativo ha sido reconocido reiteradamente por los tribunales superiores de justicia como una manifestación legítima de la potestad estatal de protección de la salud pública, de manera que dicho programa no puede quedar al arbitrio o voluntad de los particulares, sino que constituye un deber legal cuyo cumplimiento resulta imperativo.

Sexto: Que, por otro lado, la Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 38 inciso séptimo dispone en forma imperativa que: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles. El Estado debe asegurar programas gratuitos de vacunación obligatoria dirigidos a todos los niños, niñas y adolescentes. En estos programas, el Estado debe suministrar y aplicar las vacunas, mientras que los padres, madres o responsables legales de su cuidado deben garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean vacunados oportunamente.”

Séptimo: Que, por su parte, la obligatoriedad de la vacunación infantil, en los términos previstos por la normativa sanitaria, no se explica únicamente por la protección de la salud de la niña, sino que constituye, además, una expresión de una política pública cuyo objeto es resguardar la salud de la comunidad en su conjunto.

En este contexto, los beneficios de la vacunación pueden examinarse en tres dimensiones relacionadas entre sí: en primer lugar, la protección individual, al preparar al sistema inmunitario de la niña para combatir determinadas enfermedades, disminuyendo el riesgo de padecerlas y de sufrir sus consecuencias graves; en segundo lugar, la protección de la colectividad, al reducir la carga de enfermedad y la demanda de atención sanitaria, al contribuir a interrumpir las cadenas de contagio y al dificultar la circulación del agente infeccioso; y en tercer lugar, al dar lugar a la inmunidad colectiva o de rebaño, que la Organización Mundial de la Salud describe como “la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando una población se vuelve inmune, ya sea como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad”, lo que cobra especial relevancia respecto de quienes no pueden recibir una determinada vacuna o no cuentan con una protección inmunitaria suficiente, pues la inmunización de otras personas disminuye su probabilidad de exposición al agente infeccioso.

De lo expuesto es posible desprender que la vacunación no sólo es legalmente obligatoria desde un punto de vista de la salud de la niña sino que además es expresión de una política pública que tiene por objeto proteger a la comunidad en su conjunto.

Octavo: Que, asentado lo anterior, corresponde hacerse cargo de los fundamentos invocados por los recurridos para justificar su negativa a la vacunación, contenidos en la carta presentada por la madre de la niña ante el CECOSF Erodita Arriagada de Antilhue, los que se vinculan, en síntesis, con consideraciones médicas, legales y científicas.

En cuanto a las primeras, si bien se alude a antecedentes de salud específicos de la niña, a antecedentes familiares de reacciones adversas y a una especial sensibilidad de su sistema inmune, no se acompañó antecedente médico que dé cuenta de una contraindicación para la aplicación de las vacunas que integran el Programa Nacional de Inmunizaciones. En consecuencia, tales consideraciones, mientras no se encuentren respaldadas por una evaluación médica que establezca una contraindicación concreta respecto de la niña, no resultan suficientes para justificar su exclusión del esquema de vacunación obligatorio.

Respecto del consentimiento informado, es la propia Ley N°20.584, la que, en su artículo 15 limita dicho consentimiento cuando la falta de tratamiento, en este caso, la inmunización, supone un riesgo para la salud pública o pone en peligro la vida o integridad del paciente, situación que se configura en la especie al tratarse de una niña expuesta a enfermedades erradicadas o controladas únicamente mediante la vacunación obligatoria.

Finalmente, las aprensiones de carácter científico expresadas por los progenitores acerca de eventuales efectos adversos de las vacunas no resultan suficientes para justificar el incumplimiento de una obligación sanitaria expresamente establecida por el ordenamiento jurídico, en ausencia de una contraindicación médica debidamente acreditada.

Noveno: Que, sobre la materia, la jurisprudencia ha sostenido que la potestad parental no tiene un carácter absoluto cuando se encuentra comprometida la salud de un niño. Así, la Excma. Corte Suprema, en fallo de 14 de abril de 2026, dictado en causa Rol N°14.941-2026, confirmó la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Temuco que ordenó la vacunación obligatoria de una lactante cuyos padres se oponían a ello, destacando que el Programa Nacional de Inmunizaciones posee fundamento legal expreso en el artículo 32 del Código Sanitario y que el consentimiento informado encuentra límites cuando la negativa compromete la vida, integridad física o salud del niño. En dicha decisión se sostuvo que la oposición de los padres constituía una actuación que exponía a la menor a enfermedades prevenibles y resultaba incompatible con su interés superior.

Décimo: Que, en consecuencia, la negativa de los recurridos a permitir que su hija reciba las vacunas obligatorias correspondientes a su edad, sin que exista una contraindicación médica acreditada que justifique dicha decisión, configura una omisión contraria al marco normativo sanitario vigente y amenaza la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, al exponerla a riesgos sanitarios que el legislador y la autoridad administrativa han procurado prevenir mediante un sistema obligatorio de inmunización, por lo que la presente acción cautelar será acogida, en los términos que se señalarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, en favor de la niña nombre reservado, y en contra de sus padres nombre reservado y nombre reservado, sólo en cuanto, se dispone que los recurridos de forma inmediata deben adoptar todas las medidas necesarias para que se le apliquen todas las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias, bajo la supervisión de la autoridad sanitaria competente y conforme a los protocolos y lineamientos sanitarios, siempre que no exista contraindicación médica debidamente acreditada que impida su aplicación.

Atendido que en esta causa se encuentra involucrado una niña, se ordena la anonimización de esta sentencia y la reserva de la causa.

Remítanse estos antecedentes al Juzgado de Letras y Familia de Los Lagos, tribunal que deberá velar por el cumplimiento de lo resuelto, adoptando las medidas que fueren pertinentes en el marco de una causa por vulneración de derechos fundamentales.

Comuníquese por la vía más rápida, sirviendo una copia de la presente resolución y del ebook de esta causa, de atento y suficiente oficio remisor.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-878-2026