Protección contra sus padres

C.A. de Valdivia Valdivia, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos: 1º) La Ilustre Municipalidad de Los Lagos, representada por su alcalde Víctor David Fritz Aguayo interpone recurso de protección en favor del niño nombre reservado, y en contra de sus padres, nombre reservado y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, fundada en que estos se habrían negado a cumplir el esquema de vacunación contemplado en el Programa Nacional de Inmunizaciones respecto de su hijo nacido el NUM000 de 2025, manteniéndolo con diversas vacunas obligatorias pendientes.

Expone que, en el contexto de las labores de seguimiento efectuadas por la atención primaria de salud de la comuna, se constató la existencia de controles infantiles y vacunas pendientes, efectuándose diversas gestiones destinadas a obtener la concurrencia de los padres al sistema de salud.

Señala que funcionarios del área de salud realizaron contactos telefónicos, visitas domiciliarias y entrevistas con los recurridos, oportunidades en las cuales se verificó la falta de cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Añade que, conforme al certificado de vacunación acompañado, el niño sólo registra la administración de las vacunas BCG y Hepatitis B al nacer, manteniendo pendientes las dosis correspondientes a vacunas Hexavalente, Neumocócica Conjugada e Inmunización contra Meningococo B.

Refiere que, con fecha 23 de julio de 2026, la madre del menor concurrió al centro de salud respectivo y manifestó su decisión de no autorizar la administración de vacunas a su hijo, entregando para tal efecto un documento de denegación de consentimiento. Indica que en dicho instrumento los padres invocaron razones de orden médico, jurídico y científico para justificar su negativa, cuestionando la obligatoriedad de las inmunizaciones y expresando aprensiones acerca de eventuales efectos adversos asociados a ellas.

Sostiene la recurrente que el Programa Nacional de Inmunizaciones tiene carácter obligatorio conforme a la normativa sanitaria vigente, agregando que los recurridos no han acreditado la existencia de una contraindicación médica reconocida por la autoridad competente que justifique la omisión del esquema vacunal. Afirma que tal conducta amenaza el derecho a la vida e integridad física del niño, garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, así como los derechos que la legislación especial reconoce a niños, niñas y adolescentes en materia de salud preventiva.

Debido a lo anterior, solicita que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a los recurridos dar cumplimiento al esquema de vacunación correspondiente a la edad de su hijo. 2º) Informando, los recurridos nombre reservado y nombre reservado solicitan el rechazo del recurso, sosteniendo que su decisión se encuentra amparada por el derecho al consentimiento informado reconocido en la Ley N° 20.584 y por las facultades que corresponden a los padres respecto de la crianza y protección de sus hijos.

Señalan que han actuado atendiendo exclusivamente al resguardo de la salud y bienestar de su hijo, manifestando que existen antecedentes médicos y familiares que justifican una conducta cautelar frente a la administración de vacunas.

Exponen asimismo que la recurrente carecería de facultades para intervenir, mediante la presente acción constitucional, en decisiones que consideran propias de los representantes legales del niño, negando haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria. En apoyo de sus alegaciones acompañan un certificado médico emitido con fecha 26 de agosto de 2026 por la doctora nombre reservado, en el que se consigna que el niño se encuentra en buenas condiciones generales de salud y se recomienda no administrar vacunas por el momento, sugiriendo previamente una evaluación inmunológica especializada.

Asimismo, acompañan antecedentes relativos a un control pediátrico efectuado el 25 de agosto de 2026, en el cual se deja constancia de un adecuado desarrollo psicomotor, buen estado general y ausencia de patologías relevantes. 3º) El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece. 4º) No existe controversia en autos respecto de que el niño nombre reservado, nacido el 12 de septiembre de 2025, mantiene pendiente parte de las vacunas correspondientes a su edad conforme al Programa Nacional de Inmunizaciones, circunstancia que aparece respaldada por el certificado de vacunación acompañado por la recurrente y que, en lo sustancial, tampoco ha sido desconocida por los recurridos, quienes reconocen haber optado por no autorizar la aplicación de las inmunizaciones respectivas. 5º) Para resolver este asunto, conviene tener presente que el artículo 32 del Código Sanitario establece que corresponde a la autoridad sanitaria la vacunación de la población contra enfermedades transmisibles y faculta al Presidente de la República para declarar obligatoria la vacunación respecto de aquellas enfermedades para las cuales existan procedimientos eficaces de inmunización.

En cumplimiento de dicho mandato, el Decreto Exento N° 50 de 2021 del Ministerio de Salud establece la obligatoriedad del Programa Nacional de Inmunizaciones, cuyo objeto consiste en proteger a la población frente a enfermedades inmunoprevenibles mediante esquemas de vacunación de carácter obligatorio. Tal régimen normativo ha sido reconocido reiteradamente por los tribunales superiores de justicia como una manifestación legítima de la potestad estatal de protección de la salud pública, de manera que dicho programa no puede quedar al arbitrio o voluntad de los particulares, sino que constituye un deber legal cuyo cumplimiento resulta imperativo. 6°) Que por otro lado la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 38 inciso séptimo dispone en forma imperativa que: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles. El Estado debe asegurar programas gratuitos de vacunación obligatoria dirigidos a todos los niños, niñas y adolescentes. En estos programas, el Estado debe suministrar y aplicar las vacunas, mientras que los padres, madres o responsables legales de su cuidado deben garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean vacunados oportunamente.” 7°) Que por su parte, la obligatoriedad de la vacunación infantil, en los términos previstos por la normativa sanitaria, no se explica únicamente por la protección de la salud del menor, sino que constituye, además, una expresión de una política pública cuyo objeto es resguardar la salud de la comunidad en su conjunto.

En este contexto, los beneficios de la vacunación pueden examinarse en tres dimensiones relacionadas entre sí: en primer lugar, la protección individual, al preparar al sistema inmunitario del niño para combatir determinadas enfermedades, disminuyendo el riesgo de padecerlas y de sufrir sus consecuencias graves; en segundo lugar, la protección de la colectividad, al reducir la carga de enfermedad y la demanda de atención sanitaria, al contribuir a interrumpir las cadenas de contagio y al dificultar la circulación del agente infeccioso; y en tercer lugar, al dar lugar a la inmunidad colectiva o de rebaño, que la Organización Mundial de la Salud describe como “la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando una población se vuelve inmune, ya sea como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad”, lo que cobra especial relevancia respecto de quienes no pueden recibir una determinada vacuna o no cuentan con una protección inmunitaria suficiente, pues la inmunización de otras personas disminuye su probabilidad de exposición al agente infeccioso.

De lo expuesto es posible desprender que la vacunación no sólo es legalmente obligatoria desde un punto de vista de la salud del niño sino que además es expresión de una política pública que tiene por objeto proteger a la comunidad en su conjunto. 8°) Que los recurridos fundan su negativa en consideraciones vinculadas al consentimiento informado, a la autonomía familiar y a antecedentes médicos que, a su juicio, justificarían postergar la vacunación del menor, alegaciones todas que serán desestimadas por las siguientes razones que se pasan a exponer.

En primer lugar porque respecto del consentimiento informado, es la propia Ley N° 20.584, la que en su artículo 15 limita dicho consentimiento cuando la falta de tratamiento, en este caso, la inmunización, supone un riesgo para la salud pública o pone en peligro la vida o integridad del paciente, situación que se configura en la especie al tratarse de un niño expuesto a enfermedades erradicadas o controladas únicamente mediante la vacunación obligatoria.

En segundo lugar porque tales circunstancias sin duda limitan las facultades parentales que invocan los progenitores, con el objeto de evitar que se vulnere el núcleo esencial del derecho a la vida e integridad física y psíquica del niño.

Finalmente, porque los antecedentes médicos invocados por los progenitores recurridos, consistentes principalmente en un certificado que recomienda efectuar una evaluación inmunológica especializada y postergar transitoriamente la vacunación, no dan cuenta de una contraindicación médica respecto de las vacunas del Programa Nacional de Inmunización, como tampoco han sido validados por la autoridad sanitaria institucional, por lo que no pueden sobreponerse a las políticas públicas de salud que protegen al niño y a la comunidad. 9°) Que sobre la materia, la jurisprudencia ha sostenido que la potestad parental no tiene un carácter absoluto cuando se encuentra comprometida la salud de un niño. Así, la Excma. Corte Suprema, en fallo de 14 de abril de 2026, dictado en causa Rol N° 14.941-2026, confirmó la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Temuco que ordenó la vacunación obligatoria de una lactante cuyos padres se oponían a ello, destacando que el Programa Nacional de Inmunizaciones posee fundamento legal expreso en el artículo 32 del Código Sanitario y que el consentimiento informado encuentra límites cuando la negativa compromete la vida, integridad física o salud del niño. En dicha decisión se sostuvo que la oposición de los padres constituía una actuación que exponía a la menor a enfermedades prevenibles y resultaba incompatible con su interés superior. 10°) Que en consecuencia, la decisión de los recurridos de mantener al niño nombre reservado sin las vacunas obligatorias correspondientes a su edad configura una omisión contraria al marco normativo sanitario vigente y amenaza la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, al exponerlo a riesgos sanitarios que el legislador y la autoridad administrativa han procurado prevenir mediante un sistema obligatorio de inmunización, por lo que la presente acción cautelar será acogida, en los términos que se señalarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por Ilustre Municipalidad de Los Lagos, en favor del niño nombre reservado, nacido el NUM000 de 2025, y en contra de sus padres, nombre reservado y nombre reservado, sólo en cuanto, se dispone que los recurridos de forma inmediata deben adoptar todas las medidas necesarias para que se le apliquen todas las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias, bajo la supervisión de la autoridad sanitaria competente y conforme a los protocolos y lineamientos sanitarios vigentes.

Atendido que en esta causa se encuentra involucrado un menor, se ordena la anonimización de esta sentencia y la reserva de la causa.

Remítanse estos antecedentes al Juzgado de Letras y familia de Los Lagos, tribunal que deberá velar por el cumplimiento de lo resuelto, adoptando las medidas que fueren pertinentes en el marco de una causa por vulneración de derechos fundamentales.

Comuníquese por la vía más rápida, sirviendo una copia de la presente resolución y del ebook de esta causa, de atento y suficiente oficio remisor.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-877-2026