nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE OSORNO

C.A. de Valdivia Valdivia, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS, TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

1) Comparece doña Alejandra Evelyn Aguas Valderas, abogada, en representación de don nombre reservado, educador tradicional, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en la comuna y provincia de Osorno, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Osorno y de su Departamento de Administración de Educación Municipal.

Refiere que el acto recurrido es el correo electrónico de 16 de marzo de 2026, remitido por el director de la Escuela Claudio Arrau, don nombre reservado, mediante el cual se le comunicó el término de su contrato y se le informó que la unidad educativa había entrevistado a otros postulantes para la asignatura de Lengua Indígena y ya había seleccionado a una nueva persona para ocupar esa función durante el año 2026.

Agrega que sirvió a la Municipalidad desde el año 2016 en la Escuela Rural Pichil y desde el año 2019 en la Escuela Claudio Arrau, mediante designaciones sucesivas, las últimas a contrata y con 37 horas cronológicas semanales; que el 2 de marzo de 2026 concurrió a su lugar de trabajo y se le instruyó verbalmente que debía retirarse; y que la interrupción que se le atribuye en marzo de 2025 obedece a la demora de la propia Administración en dictar el Decreto Alcaldicio N° 1999, no obstante haber prestado servicios desde el 1 de marzo de ese año.

Añade que la acción se deduce dentro de plazo, contado desde el oficio N° OF135065/2026 de la Contraloría Regional de Los Lagos, de 15 de julio de 2026, que resolvió la reclamación administrativa cuya pendencia determinó el rechazo de la protección Rol N° 396-2026, y que, además, los efectos del acto se mantienen en el tiempo.

Sostiene que el acto es ilegal por infringir el deber de motivación de los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 y arbitrario por carecer de razón suficiente frente a la continuidad del vínculo y a la persistencia de la necesidad del servicio, con vulneración de las garantías de los numerales 2°, 3°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y pide que se invalide el acto, se ordene la renovación inmediata de su designación a contrata para el año escolar 2026 y hasta febrero de 2027, en las mismas condiciones, y el pago de las remuneraciones y cotizaciones devengadas desde el 1 de marzo de 2026, con reajustes e intereses, todo con costas.

2) Informa la abogada doña Romina Valeria Bello Oyarzún, por la Ilustre Municipalidad de Osorno, y pide el rechazo íntegro de la acción, con expresa condena en costas.

Sostiene que el recurrente mantuvo contrataciones a contrata como docente educador tradicional desde marzo de 2021, finalizando su designación el 28 de febrero de 2026 por vencimiento del plazo fijado en el Decreto Alcaldicio N° 1999, de 24 de marzo de 2025, que lo designó desde el 20 de marzo de 2025; que con anterioridad a esa fecha, esto es, en los períodos 2016 a 2017, 2019 y 2020, fue contratado conforme al Código del Trabajo, régimen distinto que no puede sumarse al cómputo; y que la comunicación del término de una contrata por vencimiento del plazo es un acto meramente declarativo, que constata una situación jurídica preexistente derivada del carácter transitorio de esta modalidad, conforme a los artículos 25, 41 bis y 72 letra d) de la Ley N° 19.070 y al dictamen N° 37.403 de 2017 de la Contraloría General de la República.

Agrega que la decisión no requiere fundamentación, según la sentencia de la Excma. Corte Suprema dictada en el Rol N° 26.279-2023; que no se configura la confianza legítima, pues ésta exige cinco años de renovaciones sucesivas y aquí existe una interrupción en marzo de 2025, ya que conforme al dictamen N° E5664/2020 la continuidad supone que el nombramiento rija desde el primer día hábil del mes, que en ese año fue el día 3; que esa interrupción no le es imputable, porque el recurrente sólo pudo iniciar funciones una vez reconocida su calidad de educador tradicional por Resolución Exenta N° 289 de 20 de marzo de 2025 de la Seremi de Educación de Los Lagos, exigida por el artículo 3° del Decreto Supremo N° 301 de 2017; y que el alcalde está facultado para disponer nombramientos por períodos inferiores al año laboral docente, según el oficio N° E127.996 de 30 de julio de 2025 de la Contraloría Regional de Los Lagos. Descarta, por último, la vulneración de las garantías invocadas y hace presente que la Contraloría Regional, por oficio N° OF135065/2026 de 15 de julio de 2026, no advirtió ilegalidad en el término de funciones.

3) El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Constituye presupuesto indispensable de la acción, por consiguiente, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario al ordenamiento jurídico, o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte alguna de las garantías amparadas.

4) Que, antes del fondo, corresponde despejar dos cuestiones que ninguna de las partes planteó. La primera es la existencia de la sentencia dictada en los autos Rol N° 396-2026, de 6 de mayo de 2026, que rechazó una protección anterior del mismo recurrente por el mismo acto; dicha decisión se fundó exclusivamente en el artículo 54 de la Ley N° 19.880 y se abstuvo de examinar el fondo, de modo que no produce cosa juzgada sobre la juridicidad del acto impugnado y no obsta a su examen. La segunda es el plazo del numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección: el mismo artículo 54 invocado en aquella oportunidad dispone que planteada la reclamación administrativa se interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional y que éste vuelve a contarse desde que se notifica el acto que la resuelve, de manera que, resuelto el reclamo por oficio de 15 de julio de 2026 y deducida la acción el 13 de agosto de 2026, ésta es oportuna.

5) Que tampoco es materia de controversia el marco fáctico. El recurrente prestó servicios para la Municipalidad de Osorno como asistente de la educación, en calidad de educador tradicional y bajo contrato de trabajo, entre el 23 de marzo de 2016 y el 28 de febrero de 2017 en la Escuela Rural Pichil, y durante los años escolares 2019 y 2020 en la Escuela Claudio Arrau. A contar del 1 de marzo de 2021 fue designado a contrata como docente educador tradicional en este último establecimiento, con 37 horas cronológicas semanales, mediante los Decretos Alcaldicios N° 1743, N° 1039, N° 734 y N° 917, y finalmente por el Decreto N° 1999, de 24 de marzo de 2025, que rigió desde el 20 de marzo de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026. No existe decreto que disponga la designación para el año escolar 2026.

6) Que el artículo 25 de la Ley N° 19.070 incorpora a los profesionales de la educación a la dotación docente en calidad de titulares o de contratados, correspondiendo esta última a quienes desempeñan labores transitorias; el artículo 9° define el año laboral docente; y el artículo 72 letra d) contempla como causal de expiración de funciones el término del período por el cual se efectuó el contrato. De ello se sigue que la temporalidad es un elemento de la esencia de la designación a contrata, conocido desde su origen, y que su extinción opera por el solo ministerio de la ley al arribo del día fijado, sin que se requiera un acto posterior que la declare. En esa medida, el correo electrónico de 16 de marzo de 2026 no es el acto que puso término al vínculo, sino una comunicación posterior a un cese ya producido el 28 de febrero de 2026.

7) Que la Corte Suprema ha fijado como criterio unificador que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un período de desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo para el período siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, todo lo cual no adquiere carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario.

8) Que aplicado ese estándar al caso, los períodos servidos bajo contrato de trabajo no pueden computarse, porque la confianza legítima que la jurisprudencia protege se construye sobre renovaciones sucesivas de un vínculo estatutario a contrata y no sobre la suma de regímenes jurídicos diversos, cuyas reglas de término son también distintas. El cómputo debe hacerse, entonces, desde el 1 de marzo de 2021. Y computado desde esa fecha, el tiempo efectivamente servido a contrata asciende a 4 años, 11 meses y 11 días, pues el nombramiento del año laboral docente 2025 a 2026 rigió desde el 20 de marzo de 2025, quedando sin cobertura los días transcurridos entre el 1 y el 19 de ese mes. No se alcanza, por consiguiente, el umbral de cinco años.

9) Que esa interrupción no puede tenerse por salvada. El recurrente afirma haber prestado servicios desde el 1 de marzo de 2025, pero no acompañó antecedente alguno que lo acredite, mientras que el correo del DAEM de 19 de marzo de 2025 informó a los directores de los establecimientos que los educadores tradicionales podían comenzar sus funciones el día siguiente, lo que es consistente con la fecha de inicio que fijó el decreto. A ello se agrega que el artículo 3° del Decreto Supremo N° 301 de 2017 exige, para desempeñarse como educador tradicional, el previo reconocimiento de esa calidad por la autoridad educacional, el que en la especie se otorgó por Resolución Exenta N° 289 de 20 de marzo de 2025 de la Seremi de Educación de Los Lagos, de manera que la fecha de inicio del nombramiento se explica por una exigencia normativa ajena a la Municipalidad y no por una decisión caprichosa de ésta.

10) Que no habiéndose configurado la confianza legítima, la recurrida no se encontraba obligada a expresar los motivos por los cuales no perseveró en el vínculo, ni a dictar un acto administrativo que así lo declarara, de suerte que el reproche de infracción a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 carece de sustento. En el mismo sentido concluyó la Contraloría Regional de Los Lagos en el oficio N° OF135065/2026, de 15 de julio de 2026, al no advertir ilegalidad en el término de las funciones que servía el interesado en calidad de contratado.

11) Que, en consecuencia, la decisión de no renovar la designación a contrata del recurrente para el año escolar 2026 no puede ser calificada de ilegal ni de arbitraria, puesto que no es consecuencia del mero capricho sino del ejercicio de una potestad legal, sin que se advierta, por lo mismo, vulneración de las garantías de los numerales 2°, 3°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que el recurrente no detentaba un derecho indubitado a la prórroga de un vínculo esencialmente temporal ni sobre remuneraciones futuras cuya fuente expiró conforme a la ley. Todo lo anterior es sin perjuicio de las demás acciones judiciales o administrativas que pudiere ejercer.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se rechaza, sin costas, por haber tenido motivo plausible para litigar, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Osorno.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-875-2026