nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

C.A. de Valdivia Valdivia, seis de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

1) Comparece don nombre reservado, C.I. RUT reservado, chileno, soltero, ingeniero en administración de empresas, domiciliado en domicilio reservado, y deduce acción constitucional de protección contra la Municipalidad de La Unión, por la aplicación de la medida disciplinaria de destitución en su contra mediante Decreto Exento Nº2955 de 15 de abril de 2025, el que solicita se deje sin efecto y se ordene su reincorporación como funcionario a la Municipalidad de La Unión, con el pago de las remuneraciones correspondientes al tiempo que ha estado desvinculado, con costas.

Señala que 18 de noviembre de 2024 por decreto se instruyó un sumario en su contra, por un abuso en su registro de su asistencia como Jefe de Contabilidad y Finanzas del DAEM de La Unión, indica, por doble marcación, ya que un funcionario -de quien el recurrente era jefe directo- marcaba el ingreso del recurrente más temprano, y luego aparecía él nuevamente marcando su ingreso, indicando en su recurso que ello se debió a que le él le instruyó al otro funcionario -nombre reservado, Administrativo de Inventarios- que hiciera eso pero en solo una oportunidad, y que y el resto de las veces el otro funcionario lo hizo por su cuenta.

El sumario finalizó con un decreto de destitución dictado el 15 de abril de 2025, por falta de probidad en el desempeño de las funciones, configurando la causal de término de contrato establecida en el Artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en el Título VI, Artículo 13, letra b) del Anexo del Reglamento Interno del Departamento administrativo de Educación Municipal, y falta a la probidad administrativa.

Contra dicho decreto presentó un recurso de reposición que fue rechazado, así como un reclamo ante la Contraloría General de la República, que también fue rechazado, contra lo que repuso y también se rechazó su reposición.

Sostiene que el procedimiento administrativo que terminó con su destitución, violó el derecho a un debido proceso, por cuanto no fue informado de su derecho a presentar pruebas ni se le entregó el expediente completo, afectando su derecho a defensa.

Además, cuestiona la proporcionalidad de la sanción impuesta en relación con la falta cometida y la falta de consideración de atenuantes como su confesión y colaboración en el procedimiento, además de la inexistencia de antecedentes negativos en su hoja de vida Alega como vulnerados el derecho a la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad.

2) A folio 10, informó el abogado, Rodrigo Wettlin Martínez, en representación de la Municipalidad de La Unión.

Niega la existencia de actos arbitrarios o ilegales por parte de la Municipalidad y sostiene que el procedimiento disciplinario se ajustó a la normativa legal vigente, específicamente a la Ley N°18.883 “Estatuto Administrativo de los Funcionarios municipales” y la Ley Nº 18.575. Además, se señala que el recurrente reconoció los hechos imputados, los cuales constituyen una infracción grave al principio de probidad administrativa, lo que justifica la sanción de destitución.

Indica que falta grave consistiría en que, luego de realizar la revisión de la asistencia mensual de los funcionarios del DAEM, fue posible advertir que, en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024, esto es, reiteradamente, el Sr. nombre reservado realizaba el registro de asistencia en el horario de entrada a través de clave por el Sr. nombre reservado, quien era su jefatura directa.

Señala que se tomó declaración al sumariado, nombre reservado, el cual reconoció que instruyó a su subalterno Sr. nombre reservado que efectuara la marcación de ingreso por él, con el sistema de clave personal, y que en las fotografías de dichas marcaciones efectivamente aparecía el rostro del funcionario subalterno, lo que constituye una infracción grave al principio de probidad administrativa Que en su oportunidad se formularon cargos y se le notificaron en persona el recurrente personalmente al recurrente, quien formuló descargos, en los que reconoce nuevamente los hechos, y luego se dictó la vista fiscal, pero por instrucción del alcalde se retrotrajo el expediente para que se efectuara una correcta calificación jurídica de los cargos formulados y pronunciarse sobre la existencia o no de atenuantes y agravantes.

Ante lo anterior se formularon nuevos cargos y se notificó al recurrente de forma personal (4 de marzo de 2025, a las 9:01 horas), se le comunicó el plazo para formular descargos y la posibilidad de revisar el expediente respecto a lo cual no formuló descargos dentro de plazo legal (5 días) ni ofreció pruebas.

Sobre la desproporcionalidad de la sanción, señala que la Contraloría ha indicado que la destitución es la sanción específica establecida por la ley para infracciones graves al principio de probidad administrativa y que debe aplicarse sin posibilidad de ponderar atenuante (dictámenes N°16.567, 26.041 y Nº26.362, todos de 2017) y que el artículo 62 de la Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado en sus numerales 1, 2 y 4 establecen las conductas imputadas al recurrente, las cuales, en virtud de lo establecido en la ley, violentan gravemente el principio de probidad administrativa.

3) El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él- que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

4) Que, referido lo anterior, se ha de puntualizar que lo pretendido por el recurrente es, principalmente, que se deje sin efecto la resolución que dispone su destitución, ordenando su reincorporación y pago de remuneración por el periodo que ha estado apartado de la función. Ello, fundado, en síntesis, en dos cuestiones: r la vulneración al debido proceso, porque sostiene que no fue informado de su derecho a presentar pruebas ni se le entregó el expediente completo, afectando su derecho a defensa y; por la desproporción de la sanción aplicada en relación a la falta cometida, y la no consideración de atenuantes como su confesión y colaboración en el procedimiento, y que no registra antecedentes negativos en su hoja de vida.

5) Que, encuadrado lo anterior, como primera cuestión se ha de indicar que el recurrente no niega la conducta, sino que discute la cantidad de veces que le habría pedido a su subalterno que marcara su ingreso al trabajo; dicho reconocimiento también lo realizó durante la investigación en la investigación sumaria, tanto es así que pide que se reconozca como atenuante su confesión.

A lo dicho se suma que tal como da cuenta el informe, el expediente administrativo y la vista fiscal, la conducta se habría efectuado de manera reiterada a lo largo de 3 meses, septiembre, octubre y noviembre de 2024, para lo cual se requería una clave, que debió ser dada por el recurrente a su subalterno, y existiendo fotografías que dan cuenta del marcaje por este último.

6) Que, despejado lo anterior, y ante las alegaciones de falta de información de su derecho a presenta pruebas y de entrega del expediente, tal como lo señala Contraloría General de la República al rechazar el reclamo del recurrente contra la sanción, en Resolución Exenta E12713/2025 considerando 3), donde realizó la misma alegación, consta que al formulársele los cargos se le hizo presente su derecho a formular descargos respecto de las imputaciones que se le notificaron, que es la instancia para rendir o solicitar prueba, cuestiones ambas que el recurrente no hizo (fojas 200 y siguientes del expediente), por lo que dicha alegación o vulneración debe ser descartada en base a los antecedentes que constan en estos autos.

A su turno, también respecto a la entrega del sumario, y como se indica en la misma resolución de Contraloría ya referida, no consta en el expediente solicitud alguna a tal respecto, por lo que dicha alegación tampoco sería procedente.

7) Que, a su turno, en relación a la proporcionalidad de la sanción, se ha de tener presente que la medida se tomó por acreditarse una infracción grave a la probidad, y en tal sentido, las conductas si encuentra asidero en el artículo 62 de la Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, que se refiere a conductas que contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, conductas que como se refirió se efectuaron a lo largo de 3 meses, y se encuentran debidamente acreditadas incluso con fotografías.

A su turno, la propia Ley Nº18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios municipales, la que en su artículo 123 dispone que: “La destitución es la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario.

La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa (…)”

Así las cosas, se observa plena correlación de la sanción con la normativa aplicable.

8) Que, en el mismo sentido descrito hasta aquí, la Contraloría General de la República, al rechazar la reclamación por los mismos fundamentos, fue clara en señalar lo siguiente: “6) Que, es útil anotar que al estar asignada por la ley una sanción específica respecto de quienes incurren en conductas calificada como tales -como aconteció en este caso-, la autoridad se encuentra en el imperativo de disponer la destitución, sin que pueda aplicar otra medida, ni analizar las circunstancias que podrían aminorar la responsabilidad de aquellos.”

9) Que, se observa entonces que, de los propios antecedentes, y de la normativa aplicada al caso, es posible descartar la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en él actuar de la recurrida.

Ello, queda además refrendado con el actuar de Contraloría General de la República, quien conociendo vía reclamación de las mismas alegaciones que las se realizan en la presente acción constitucional, descartó cualquier ilegalidad en la tramitación del sumario y respecto de la sanción adoptada, rechazando la reclamación del recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado contra la Municipalidad de La Unión.

Regístrese digitalmente, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-875-2025.