Recurso de protección

C.A. de Valdivia Valdivia, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS: 1) Comparece el Dr. nombre reservado, Director (S) del Hospital de Corral, establecimiento dependiente del Servicio de Salud Los Ríos, quien deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, madre de dos niños ambos menores de edad, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la negativa reiterada y expresa por parte de la madre a permitir la administración de las vacunas obligatorias contempladas en el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) a sus dos hijos, a pesar de las múltiples intervenciones del equipo de salud.

Se trata de una lactante de NUM000 meses de edad y un niño de 4 años, la lactante mantiene pendientes las dosis de los 2 y 4 meses de vida de las vacunas Hexavalente, Neumocócica Conjugada y Meningocócica B y el niño de 4 años, la segunda dosis contra la Varicela, la segunda dosis de SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) y la vacuna contra la Influenza de la campaña vigente.

Indica que se han efectuado intervenciones educativas de salud, consejerías presenciales, contactos telefónicos y visitas domiciliarias para informar sobre la seguridad, eficacia y beneficios de la inmunización, constando el rechazo expreso de a la madre a su administración.

Se acompaña al proceso informe técnico por la Referente local del PNI del hospital y firma de los formularios de rechazo informado por parte de la madre.

Se señala que la omisión compromete el derecho a la protección de la salud y el derecho a la vida de los niños, vulnerando además el principio del interés superior del niño consagrado en la Ley N° 21.430.

Pide se acoja el recurso y se garantice el acceso de los menores a las prestaciones preventivas de salud mediante la administración obligatoria de las vacunas que les corresponden. 2) A folio 12 informa la recurrida nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, y madre de cuatro hijos, quien comparece en representación de sus hijos nombre reservado (NUM000 meses de edad) y nombre reservado (4 años de edad), y sostiene que fue citada por el centro de salud para la inoculación obligatoria de sus hijos con las vacunas que se encuentran pendientes, ante lo cual manifestó formalmente su objeción de conciencia por motivos religiosos, ya que es miembro activo de la Iglesia nombre reservado desde el año 2023 y sostiene que su fe profesa que el cuerpo es "templo del Espíritu Santo", por lo que considera que debe mantenerlo puro y sin intervención de sustancias que lo alteren. 3) Que la obligatoriedad de la vacunación omitida respecto de la población del país, lo que incluye a niños y lactantes, se encuentra consagrada en el Decreto N°50 del Ministerio de Salud, promulgado el 16 de septiembre de 2021, norma que en su artículo 1° dispone la vacunación obligatoria de la población contra las enfermedades inmunoprevenibles, dentro de las que se menciona la meningitis, la varicela, sarampión, rubeola y parotiditis, siendo su objetivo específicamente toda la población infantil y por su parte la influenza respecto de todas las personas en situación de riesgo, encontrándose ambos niños en esa circunstancia. 4) La norma antes aludida se ampara en el Código Sanitario, el que en su artículo 32 dispone que: “El Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles.

El Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para los cuales existan procedimientos eficaces de inmunización. Igualmente, podrá declarar obligatoria la vacunación de los animales contra enfermedades transmisibles al hombre.

El Servicio Nacional de Salud podrá disponer de las medidas necesarias para que, en interés de la salud pública, las autoridades controlen el cumplimiento por parte de los habitantes del territorio nacional de la obligación de vacunarse contra las enfermedades transmisibles en los casos en que tal vacunación sea obligatoria”. 5) Que por otro lado la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 38 inciso séptimo dispone en forma imperativa que: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles. El Estado debe asegurar programas gratuitos de vacunación obligatoria dirigidos a todos los niños, niñas y adolescentes. En estos programas, el Estado debe suministrar y aplicar las vacunas, mientras que los padres, madres o responsables legales de su cuidado deben garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean vacunados oportunamente.” 6) Que, por su parte, la obligatoriedad de la vacunación infantil, en los términos previstos por la normativa sanitaria, no se explica únicamente por la protección de la salud del menor, sino que constituye, además, una expresión de una política pública cuyo objeto es resguardar la salud de la comunidad en su conjunto.

En este contexto, los beneficios de la vacunación pueden examinarse en tres dimensiones relacionadas entre sí: en primer lugar, la protección individual, al preparar al sistema inmunitario del niño para combatir determinadas enfermedades, disminuyendo el riesgo de padecerlas y de sufrir sus consecuencias graves; en segundo lugar, la protección de la colectividad, al reducir la carga de enfermedad y la demanda de atención sanitaria, al contribuir a interrumpir las cadenas de contagio y al dificultar la circulación del agente infeccioso; y en tercer lugar, al dar lugar a la inmunidad colectiva o de rebaño, que la Organización Mundial de la Salud describe como “la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando una población se vuelve inmune, ya sea como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad”, lo que cobra especial relevancia respecto de quienes no pueden recibir una determinada vacuna o no cuentan con una protección inmunitaria suficiente, pues la inmunización de otras personas disminuye su probabilidad de exposición al agente infeccioso.

De lo expuesto es posible desprender que la vacunación no sólo es legalmente obligatoria desde un punto de vista de la salud del niño, sino que además es expresión de una política pública que tiene por objeto proteger a la comunidad en su conjunto. 7) Que la recurrida funda su negativa en consideraciones vinculadas a razones religiosas que, a su juicio, justificarían negar la vacunación a los niños, y que habría dejado constancia en los formularios respectivos de su negativa, alegaciones que serán desestimadas, por los siguientes motivos:

En primer término, cabe indicar que es la propia Ley N° 20.584, la que en su artículo 15 limita el consentimiento cuando la falta de tratamiento, en este caso, la inmunización, supone un riesgo para la salud pública o pone en peligro la vida o integridad del paciente, situación que se configura en la especie al tratarse de niños expuestos a enfermedades erradicadas o controladas únicamente mediante la vacunación obligatoria.

En segundo lugar, porque tales circunstancias sin duda limitan las facultades parentales que invoca la progenitora, con el objeto de evitar que se vulnere el núcleo esencial del derecho a la vida e integridad física y psíquica del niño.

Finalmente, porque las razones religiosas esgrimidas por la madre de los niños no pueden sobreponerse a las políticas públicas de salud que protegen al niño y a la comunidad, máxime cuando la ausencia de vacunación, en particular del lactante, podría tener efectos letales en caso de contagiarse de algunas de las enfermedades que dichas vacunas pretenden prevenir. 8) Que, sobre la materia, la jurisprudencia ha sostenido que la potestad parental no tiene un carácter absoluto cuando se encuentra comprometida la salud de un niño. Así, la Excma. Corte Suprema, en fallo de 14 de abril de 2026, dictado en causa Rol N° 14.941-2026, confirmó la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Temuco que ordenó la vacunación obligatoria de una lactante cuyos padres se oponían a ello, destacando que el Programa Nacional de Inmunizaciones posee fundamento legal expreso en el artículo 32 del Código Sanitario y que el consentimiento informado encuentra límites cuando la negativa compromete la vida, integridad física o salud del niño. En dicha decisión se sostuvo que la oposición de los padres constituía una actuación que exponía a la menor a enfermedades prevenibles y resultaba incompatible con su interés superior. 9) Que en consecuencia, la decisión de la recurrida de mantener a sus dos hijos sin las vacunas obligatorias correspondientes a su edad configura una omisión contraria al marco normativo sanitario vigente y amenaza la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, al exponerlos a riesgos sanitarios que el legislador y la autoridad administrativa han procurado prevenir mediante un sistema obligatorio de inmunización, por lo que la presente acción cautelar será acogida, en los términos que se señalarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por el Director del Hospital de Corral en contra de nombre reservado, y en favor de sus dos hijos nombre reservado de NUM000 meses de edad y nombre reservado de 4 años, sólo en cuanto, se dispone que la recurrida de forma inmediata deben adoptar todas las medidas necesarias para que se le apliquen todas las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias, bajo la supervisión de la autoridad sanitaria competente y conforme a los protocolos y lineamientos sanitarios vigentes.

Atendido que en esta causa se encuentran involucrados niños menores de edad, se ordena la anonimización de esta sentencia y la reserva de la causa.

Remítanse estos antecedentes al Juzgado de Familia de Valdivia, que deberá velar por el cumplimiento de lo resuelto, adoptando las medidas que fueren pertinentes en el marco de una causa por vulneración de derechos fundamentales.

Comuníquese por la vía más rápida, sirviendo una copia de la presente resolución y del ebook de esta causa, de atento y suficiente oficio remisor.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-873-2026.