Protección contra nombre reservado

C.A de Valdivia Valdivia, quince de septiembre de dos mil veintiséis Vistos: 1º) Stefan Köhler Torres, abogado, en representación de nombre reservado, nombre reservado y su hijo nombre reservado, interpone recurso de protección contra la nombre reservado y su directora, nombre reservado, por las resoluciones de 18 de junio y 15 de julio de 2026, que dispusieron y confirmaron, respectivamente, la cancelación de la matrícula del estudiante para el año escolar 2027. Denuncia la vulneración de sus derechos a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso y educación.

Expone que nombre reservado, alumno de primero medio y estudiante del establecimiento desde hace aproximadamente once años, accedió entre marzo y junio de 2026 a la plataforma LIRMI mediante credenciales docentes almacenadas en un computador de uso común, modificando calificaciones y registros académicos y disciplinarios propios y de terceros. Añade que dos alumnos lo habrían amenazado para que alterara sus notas, situación denunciada por su madre y posteriormente reconocida por el colegio como un caso de intimidación y maltrato escolar.

Señala que el estudiante reconoció los hechos durante una entrevista celebrada el 10 de junio de 2026 y colaboró con la investigación. La familia acompañó un certificado psicológico que daba cuenta de síntomas de ansiedad y disminución de la autoestima. No obstante, el establecimiento calificó las conductas como faltas de extrema gravedad y canceló su matrícula para el año siguiente. La apelación deducida por sus padres fue rechazada.

Sostiene que las decisiones son ilegales y arbitrarias, por cuanto se habrían fundado en una tipificación reglamentaria incorrecta, aplicado una sanción desproporcionada y omitido ponderar el reconocimiento de los hechos, la colaboración del alumno, su conducta anterior, su situación emocional y el contexto de intimidación acreditado. Denuncia, además, defectos en la obtención de su declaración y la reducción del plazo de apelación de quince a cinco días hábiles.

Solicita dejar sin efecto las resoluciones impugnadas y mantener la matrícula para 2027 o, subsidiariamente, sustituir la cancelación por una medida disciplinaria compatible con su continuidad en el establecimiento. 2º) La recurrida informó que la investigación iniciada el 8 de junio de 2026 acreditó que el estudiante accedió durante varios meses a la plataforma LIRMI utilizando credenciales docentes, modificó reiteradamente calificaciones y anotaciones disciplinarias propias y ajenas y alteró registros oficiales correspondientes a otros alumnos.

Afirma que tales conductas se encuentran previstas en el Reglamento Interno como faltas de extrema gravedad, particularmente por involucrar la alteración de documentos oficiales, el uso de identidades ajenas y actos eventualmente constitutivos de delito. Para determinar la sanción se ponderaron como circunstancias favorables el reconocimiento, la colaboración y la ausencia de antecedentes similares, y como agravantes la reiteración, extensión temporal, utilización de cuentas de terceros y afectación de registros oficiales.

Agrega que la cancelación de matrícula sólo produce efectos para 2027, permitiendo al estudiante concluir el año escolar 2026. La apelación fue resuelta luego de revisar los descargos, documentos e informes acompañados y de considerar el parecer unánime del Consejo de Profesores favorable a mantener la sanción.

Finalmente, sostiene que el procedimiento respetó el Reglamento Interno y el debido proceso, y que el maltrato sufrido por el alumno no excluye su responsabilidad por hechos distintos, pues las modificaciones comenzaron antes de las amenazas denunciadas. Añade que las eventuales deficiencias de seguridad informática tampoco justifican el acceso indebido ni la alteración de los registros. 3º) El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece. 4º) El establecimiento recurrido, nombre reservado, tiene como sostenedor a la nombre reservado y se rige, en lo pertinente a los procedimientos disciplinarios que afectan a sus alumnos, por su propio reglamento interno de convivencia escolar, que debe cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 6, letra d), del Decreto con fuerza de ley Nº2 de 1998, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. 5º) El artículo 5, letra A), del Reglamento Interno del colegio recurrido, establece los criterios para aplicar la medida de cancelación de matrícula. “Art. 5. Criterios especiales para la aplicación de cancelación de matrícula o expulsión:

A) Sobre la aplicabilidad de las medidas de cancelación de matrícula o expulsión: a.1) Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse por las causales expresamente descritas en el presente RICE o frente a aquellas conductas que afecten gravemente la convivencia escolar. a.2) Se entenderá por conductas que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de esta comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte de este establecimiento (Ley de Aula Segura). a.3) Las medidas de cancelación de matrícula y expulsión estarán sujetas a los principios de legalidad, debido proceso, proporcionalidad, gradualidad y de no discriminación arbitraria.” 6º) El recurrente no ha negado, en lo medular, la comisión por parte del estudiante de las conductas por las que ha sido sancionado, es decir, que, entre marzo y junio de 2026, accedió a la plataforma digital de gestión escolar LIRMI utilizando credenciales docentes que se encontraban almacenadas en un computador de uso común de la sala de clases, modificando calificaciones y registros académicos y disciplinarios propios y de otros estudiantes. Estos actos son constitutivos de las infracciones descritas en el artículo 4.3 del Reglamento, que describe las faltas “de extrema gravedad” y, en los pertinente, tipifica las siguientes conductas: - Sustraer, destruir, alterar y/o falsificar documentos oficiales o los contenidos de estos. (letra h) - Faltar a la verdad tomando el nombre de profesores, directivos, inspectores o asistentes de la educación en beneficio propio. (letra j) - Intercambiar o suplantar identidad en evaluaciones y/o en cualquier otra actividad escolar, sea presencial o virtual. (letra n) - Cometer un acto constitutivo de delito conforme a los términos establecidos en la legislación penal chilena. (letra z) 7º) Por otra parte, el colegio recurrido ha dado cuenta pormenorizada y acreditado documentalmente la realización de cada uno de los pasos reglamentarios previos a la aplicación de la sanción, habiendo seguido el procedimiento reglado al efecto y emplazado correctamente al alumno y sus apoderados, quienes fueron parte del proceso e hicieron valer sus derechos en este.

Además, puesto que los hechos y las circunstancias por las que el alumno fue sancionado, constituyen faltas debidamente tipificada en su reglamento, para las que se encuentra prevista la sanción aplicada, la medida aparece proporcionada a la entidad de la transgresión y se enmarca en las facultades legales de las autoridades del colegio, al tratarse de conductas que afectaron gravemente la convivencia escolar, causando daño a la integridad síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, tal como se prevé en la Ley Nº21.118, pues ha atentado contra la seguridad cibernética de los profesores y el sistema de calificaciones del colegio. 8º) En consecuencia, no se aprecia en la especie un acto ilegal o arbitrario de parte de la recurrida -quien ha obrado en el marco de sus facultades legales y reglamentarias- ni una vulneración, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales del adolescente por quien se recurre. por lo que el recurso de protección no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, nombre reservado y su hijo nombre reservado, en contra de la nombre reservado.

Ofíciese a la Superintendencia de Educación, para su conocimiento y los fines a que hubiere lugar, en el marco de la revisión del procedimiento sancionatorio seguido respecto del estudiante por quien se recurre, sirviendo la presente resolución de atento y suficiente oficio remisor, acompañando antecedentes que permitan su adecuado entendimiento.

Atendido que en esta causa se encuentra involucrado un adolescente, se ordena la anonimización de esta sentencia y la reserva de la causa.

Regístrese, comuníquese por la vía más rápida y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-871-2026