nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES

C.A. de Valdivia Valdivia, tres de febrero de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

1) Comparece don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, abogado, en favor de don nombre reservado, cubano, de 28 años, médico cirujano, cédula nacional de identidad para extranjeros NºRUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región de Los Lagos, e interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por no acoger a trámite su solicitud de residencia definitiva a través de la Notificación Folio número 85707626 de fecha 16 de septiembre de 2025, acto que califica de ilegal y arbitrario, y vulneratorio de los derechos de e igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de trabajo y su protección y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica establecidos en los artículos 19 números 2, 3, 6, 21 y 26 de la Constitución Política de la República, así como la reunificación familiar e interés superior del niño.

Refiere que presentó su solicitud el 23 de julio de 2025, número de trámite ID 73806754.

El 16 de septiembre de 2025, se le notifico que su solicitud de residencia definitiva no fue acogida a trámite indicándole: “No cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el Art. 65 N°1 y 2 del Reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería. De acuerdo a lo anterior, se remitieron sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal.” Que se refieren a la “1.- Insuficiencia de medios de vida que permitan la subsistencia del interesado y la de su grupo familiar” y “2.- Estabilidad laboral del requirente, en su periodo de residencia”.

Sostiene que dicha decisión es arbitraria e ilegal considerando que la recurrida ha resuelto lo anterior sin darle la posibilidad de aportar nuevos documentos, hacer alegaciones o defensas, oportunidad en que el recurrente pudiese presentar documentación suficiente para tener por cumplidos los requisitos referidos.

Señala que el recurrente es médico cirujano, y tiene contrato de servicios a honorarios vigente con la Ilustre Municipalidad de Renaico por un monto mensual de $2.250.000, considerando que las boletas de honorarios emitidas desde mayo de 2025 a la fecha de interposición del recurso dan un total de $13.102.875.

Agrega que, incluso el recurrente presentó en su solicitud de residencia definitiva documentos como el certificado de pago de cotizaciones AFP y FONASA el cual refleja el monto de los aportes sobre el mínimo legal anterior al contrato celebrado con la Municipalidad de Renaico desde abril de este año, no existiendo ningún vacío en el pago de los mismo, por lo que acredita que su actividad laboral ha sido de manera continuada.

Indica que, si la recurrida hubiese realizado un examen exhaustivo de los documentos presentados, debió acoger a trámite la solicitud de residencia definitiva, dado un plazo de subsanación para que el recurrente acompañe nueva documentación que acredite el punto del cual la recurrida no tiene certeza.

Finalmente, señala que el recurrente mantiene vínculos estables en Chile, desarrolla una vida activa en el país y ha demostrado intención de arraigo definitivo, por lo que la exclusión administrativa resulta desproporcionada y afecta directamente sus derechos fundamentales.

Solicita se acoja su acción y se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Notificación Folio número 85707626 de fecha 16 de septiembre de 2025, y en su reemplazo se ordene acoger a trámite la solicitud de residencia definitiva del recurrente y que la misma se resuelva como en derecho corresponda.

2) A folio 12, informó en representación del Servicio Nacional de Migraciones el abogado Elver Luciano Noriega Arteaga.

Refiere que el recurrente ingresó al país por paso habilitado el 5 de enero de 2023; el 17 de agosto de 2023 se le otorgó el beneficio de residencia temporal por 2 años, desde el 26 de septiembre de 2023 hasta 17 de agosto de 2025.

El 23 de julio de 2025, presentó solicitud de residencia definitiva y que el 16 de septiembre se le notificó la decisión de no acoger a trámite su solicitud.

Respecto a la causal invocada para no acoger a trámite la solicitud del recurrente refiere que para optar a la residencia definitiva conforme al artículo 65 del Reglamento de migración y Extranjería, los residentes temporales deben haber residido en el país en tal calidad al menos por 24 meses, pero se necesita un periodo mayor de residencia si existe insuficiencia de medidos de vida que le permitan la subsistencia y contar con estabilidad laboral que permita acreditar ingresos, al menos la mitad de los meses de residencia temporal en el país, y que en el caso de existir intervalos que en total sumen más de 12 meses en que no se hayan percibido ingresos, continuos o discontinuos, sólo podrá postularse una vez cumplidos 36 meses de residencia.

Al respecto, el recurrente al presentar su solicitud, respecto a la acreditación de ingresos señaló que era por honorarios. Luego, acompañó informe anual de boletas emitidas, del año 2025 del SII, certificado de boletas de honorarios de la Ilustre Municipalidad de Renaico y carpeta tributaria impuesto de segunda categoría de los últimos 12 meses, además remite certificado de inicio de actividades.

Sin embargo, de la observación de dichos documentos, el certificado anual de boletas emitidas acompañado por el extranjero, específicamente desde agosto de 2024 a julio de 2025, se puede ver que el solicitante cuenta con solo 3 boletas de honorarios en el periodo de su visa, a saber, los meses de mayo, junio y julio del año 2025, anterior a dichos meses este no emitió ningún tipo de boletas, por lo que no acreditó ningún tipo de ingreso durante ese periodo, por lo que no cumple con el requisito de acreditar la estabilidad laboral de a lo menos la mitad de los meses de residencia temporal en el país, como lo señala el artículo 65 N°2 de la Ley N°21.325.

Así, considerando que el extranjero presenta no ha logrado acreditar ingresos en otros meses suficientes como para mantenerse bajo el umbral de los doce meses sin actividad, debe entenderse que cae dentro del supuesto previsto en la norma que exige 36 meses de residencia temporal para postular válidamente a la residencia definitiva, plazo que no cumple puesto que la residencia temporal ha estado vigente desde el 26 de septiembre de 2023 hasta 17 de agosto de 2025, un total de 24 meses.

Por último, señala que la situación migratoria del recurrente es regular en Chile, en virtud de que mantiene una solicitud de residencia temporal en tramitación en Chile.

3) El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en el- que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

4) Que, se ha de hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley N°21.325, el que señala: “Sin perjuicio de los requisitos que establezca el decreto supremo que fije las subcategorías migratorias de residencia temporal, los residentes temporales titulares, para postular a la residencia definitiva, deberán haber residido en el país en tal calidad al menos por veinticuatro meses.

Para postular a la residencia definitiva se necesitará un periodo de residencia mayor al referido en el inciso precedente, en mérito de los antecedentes personales del interesado, en los siguientes casos:

1.- Insuficiencia de medios de vida que permitan la subsistencia del interesado y la de su grupo familiar, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entendida como la situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros.

El Servicio deberá procurar la realización de las acciones de coordinación necesarias para contar de manera oportuna con la información actualizada referida a esta materia, la cual será divulgada mediante los canales de comunicación del Servicio.

Si al momento de la solicitud, los ingresos del interesado no superan el estándar mínimo antes señalado, para postular se deberá acreditar una residencia en el país de al menos treinta y seis meses.

2.- Estabilidad laboral del requirente, en su periodo de residencia, entendida como la realización de cualquier actividad económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los meses de residencia temporal en el país.

El interesado deberá demostrar, a través de los antecedentes que determine el Servicio mediante resolución, la existencia de tales ingresos durante al menos el periodo antes referido. Con todo, entre los documentos a exigir deberá siempre considerarse, al menos: (…)

b) En el caso de trabajadores independientes, rentistas, jubilados, entre otros, cuando corresponda: - Carpeta tributaria del contribuyente, emitida por el Servicio de Impuestos Internos. - Cartola de cotizaciones emitida por la pertinente Administradora de Fondos de Pensiones, cuando se trate de un trabajador independiente que cotiza en dicho sistema previsional. - Comprobantes del pago de pensiones enteradas por causa de jubilación, discapacidad, u otras.

En aquellos casos en que el solicitante demuestre documentadamente que ha contado con estabilidad laboral durante más de doce meses en un periodo de residencia temporal de veinticuatro meses, continuos o discontinuos, este último será el plazo que se exigirá para la postulación a la residencia definitiva. En el evento de existir intervalos que en total sumen más de doce meses en que no se hayan percibido ingresos, continuos o discontinuos, sólo podrá postularse una vez cumplidos treinta y seis meses de residencia.”

5) Que atendidos los antecedentes, y el marco normativo aplicable, se observa como efectivo lo señalado por el Servicio recurrido, toda vez que habiéndose otorgado una residencia definitiva al recurrente por el plazo de dos años, de los documentos aparejados incluso en estos autos se observa que no acredita ingresos, en este caso a honorarios, por la mitad de los meses de residencia temporal en el país, en su caso, considerando el periodo que va desde el 26 de septiembre de 2023 hasta 17 de agosto de 2025, que corresponde a la residencia temporal que le fue concedida, cuestión respecto a la cual la norma citada es clara, y observándose intervalos de más de doce más en que no se han percibido ingresos, se configura la hipótesis en que solo puede postular cumplidos 36 meses de residencia.

6) Que, en consecuencia, se observa que no estamos frente a una actuación ilegal y/o arbitraria, esto es contrario a la ley o el ordenamiento jurídico en su conjunto o meramente antojadizo, caprichoso o carente de proporcionalidad, de parte del Servicio quien ha obrado conforme a la normativa aplicable y explicando su proceder y los antecedentes fácticos que ameritaban obrar como obró.

7) Que, en lo relativo a la mención al comienzo de su recurso del principio de reunificación familiar e interés superior del niño, no se observa ningún desarrollo de aquello ni se da cuenta de algún antecedente acompañado relativo a aquello.

8) Que, se debe señalar, además, que al haberse derivado los antecedentes para para la tramitación de residencia temporal, estando la misma en trámite la situación migratoria del recurrente es regular en Chile, por lo que no se observan medidas urgentes y excepcionales que adoptar por esta Corte a dicho respecto.

9) Que, solo a mayor abundamiento, se ha de indicar que existe la posibilidad de deducir los correspondientes recursos administrativos que contempla la Ley Nº 19.880 contra la resolución de no dar curso a la solicitud de residencia definitiva.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que: Se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en favor de don nombre reservado, contra el Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese digitalmente, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-870-2025.