nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, dos de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°8628-2022, comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado y la Empresa Santos Romualdo nombre reservado Krogh SpA.

Indica que es dueño de un terreno ubicado en la comuna de Corral denominado LOTE 5-A de una superficie de 0,75 hás. y los siguientes deslindes, especiales, NORTE; En línea quebrada, de 35,0 metros y 43,45 metros CON LINEA DE LA PLAYA ENSENADA SAN nombre reservado. SURORIENTE; en 134,23 metros con el LOTE A-4 DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN, NORPONIENTE; en 100 metros con LINEA DE LA PLAYA ENSENADA SAN nombre reservado y SURPONIENTE; en 75.50 metros CON SUCESIÓN nombre reservado, ROL ASIGNADO 102-22, por el Servicio de Impuestos Internos, el cual adquirió por compraventa el 15 de mayo de 2003 y que se encuentra debidamente inscrito. Añade que el plano se encuentra debidamente protocolizado, adjuntando las escrituras e inscripción de su terreno.

Señala que la empresa Santos Romualdo nombre reservado Krogh SpA, cuyos socios son los recurridos nombre reservado y nombre reservado, adquirió el terreno contiguo a su sitio.

Dice haber concurrido a su predio el 7 de noviembre de 2022 y haberse percatado que los recurridos habían procedido a cercarlo, apropiándose indebidamente de un retazo de una superficie aproximada de 2 mil metros cuadrados. Adjuntó croquis de plano indicando que en el mismo se puede ver la servidumbre que llega a su terreno y que el recurrido ha amenazado con cerrar.

Sostiene que el 14 de noviembre de 2022 se contactó con nombre reservado, quien es cónyuge de la Sra. nombre reservado y actúa como representante de la Sociedad Santos Romualdo nombre reservado Krogh SPA, para efectos de explicarle que su cerco se encontraba dentro de su terreno y que se estaban apropiando indebidamente de cerca de 2 mil metros cuadrados sin demandar previamente de demarcación y cerramiento, circunstancias en que le respondió que le vendiera el terreno y que si seguía molestando le iba a impedir el paso a su propiedad, cerrando la servidumbre de tránsito existente.

Califica la conducta ilegal del recurrido y su personal como una de verdadera autotutela, pues en su actuar no ha habido un uso legítimo del derecho de propiedad por parte del recurrido, debiendo haber incoado las vías judiciales previstas en el ordenamiento jurídico para dilucidar la controversia que eventualmente pudiera existir, por lo que le parece inexplicable el actuar del sujeto pasivo de este recurso, lo que se ve más agravado al tener su domicilio en Valdivia y no visitar su propiedad de Corral frecuentemente, circunstancia aprovechada para proceder en forma clandestina a la instalación de cercos corriendo los deslindes de su propiedad y amenazando con cerrar el paso bloqueando la servidumbre existente.

El recurrente estima que se infringió el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, pues los recurridos se han erigido en una suerte de comisión especial ejerciendo una autotutela para obtener, de hecho, lo que nunca han intentado por las vías judiciales pertinentes, pudiendo demandar de demarcación y cerramiento.

Asimismo considera vulnerado el derecho de propiedad, ya que se le pretende arrebatar una importante superficie de terreno de su dominio, constituyendo aquel actuar del recurrido una manifestación de vías de hecho que han alterado el status quo, desde el momento que no existe resolución que lo hubiese ordenado o sentencia judicial emanada de un procedimiento declarativo que lo haya establecido, constituyendo una vulneración al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, sumado a las amenazas de cortar la servidumbre de tránsito.

Finaliza pidiendo se acoja en todas sus partes el recurso y se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, como es que el recurrido debe volver las cosas -deslindes- al lugar y en el mismo estado en que primitivamente se encontraba, con expresa condena en costas.

Informando el recurso por todos los recurridos, la abogada doña María José Vargas Lara, primeramente alega extemporaneidad de la acción aludiendo que los hechos narrados por el recurrente, cuyo origen vulnerador niega, ocurrieron a mediados del mes de agosto del año 2022, oportunidad en la cual don nombre reservado, dueño del Lote 3 de la parcelación sector San nombre reservado, colonia Catrilelfu, le comentó a sus representados que cercaría su lote, solicitándoles que en el deslinde que colindan dividan los gastos, a lo cual accedieron acordando que el cierre divisorio entre ambos predios, específicamente por el deslinde Oeste del Lote dos de propiedad de la Sociedad recurrida sería pagado por ambos. De tal fecha, se desprende que mediaron 103 días antes de la interposición de la presente acción constitucional, además de indicar otros antecedentes que corroborarían que el recurso fue interpuesto de forma extemporánea, por lo que solicita que así se declare, rechazando el recurso con costas.

Luego, ocupándose del fondo del recurso, precisa que en caso alguno los recurridos han realizado actos o incurrido en omisiones ilegales o arbitrarias que de cualquier modo pudieran significar para el recurrente una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías amparados por la acción constitucional, teniendo presente, asimismo, que las circunstancias en que el recurrente, don nombre reservado, se basa carecen de todo fundamento, por lo que, en definitiva, el mismo debe desecharse, con expresa condenación en costas.

Hace presente que la acción planteada por la parte recurrente se fundamenta en una materia que requiere, por su naturaleza, de un pronunciamiento propio de un juicio declarativo de lato conocimiento, ajeno, por lo tanto, al ámbito propio del recurso constitucional de protección que la contraparte expone.

Manifiesta que su representada, la SOCIEDAD SANTOS ROMUALDO nombre reservado KROGH SpA, a través de su representante legal, expresa que el cerco perimetral que se levantó en agosto del año 2023 es del lote 3, que lo hizo don nombre reservado, actualmente fallecido y padre del actual dueño don nombre reservado, que el cerco en cuestión deslinda con la propiedad de los recurridos por el Oeste del Lote 2, haciendo una referencia pormenorizada de los antecedentes con los que cuenta para acreditar tal afirmación.

En subsidio de la alegación precedente, si se estima que el presente proceso resulta idóneo para la tramitación y resolución de los conflictos sometidos a su conocimiento, postula el rechazo de la acción de protección, porque no existe un acto que signifique una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías amparadas por la presente acción constitucional. Expone que la sociedad recurrida, a través de uno de sus representantes legales, suscribió con fecha 15 de julio de 2022, escritura de compraventa otorgada en la Notaría Rodríguez de Valdivia, por la cual adquirió de don nombre reservado los lotes 1, 2, 4 y 5, la que se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente. Indica que el Lote 3, de propiedad actualmente de don nombre reservado, es el que colinda con la propiedad que el recurrente individualizó en lo principal del recurso de protección, clarificando que el cierre perimetral levantado en agosto de 2022 no es en algún lote de propiedad de la sociedad ni de los recurridos, sino del lote 3, de propiedad de nombre reservado, que colinda por el Oeste con el recurrente Sr. nombre reservado, y por el Este con el lote 2, de propiedad de la sociedad recurrida, mientras el cerco divisorio entre el lote 2 y 3 fue el que se costeó entre ambos propietarios, como corresponde.

Más tarde efectúa un relato acerca de la adquisición de los lotes de su propiedad y el del recurrido, y acompaña documentación pertinente para reafirmar sus aseveraciones.

En definitiva solicita se tenga por evacuado el informe por sus representados y con el mérito de los antecedentes acompañados, se declare:

I.- Que, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado en contra de sus representados, ya individualizados, no resulta idónea para ser tramitada conforme a las reglas de este recurso, debiendo ventilarse y resolverse en la sede jurisdiccional respectiva.

II.- Que, en subsidio de lo anterior, se proceda al rechazo de la acción de protección interpuesta por don nombre reservado en contra de sus representados, ya individualizados, por carecer de fundamento jurídico y no existir actos u omisiones ilegales o arbitrarias imputables a sus representados, que afecten derechos fundamentales del recurrente o de quienquiera, en relación con los hechos en que se funda el recurso; todo lo anterior, con expresa condenación en costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una herramienta de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben decretar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal, que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por un lado, en lo que incumbe a la alegación formal de extemporaneidad en la interposición del presente recurso, esta Corte manifiesta su desacuerdo, toda vez que entiende que en situaciones como la descrita, de presunta instalación de un cerco en terreno de propiedad del recurrente, el efecto perjudicial recaído sobre éste se mantiene vigente en tanto subsista el respectivo cerramiento, además de no poder computarse el plazo establecido en el Auto Acordado desde que aquel cierro se hubiese erigido, tal como se ha pretendido, sino más bien desde el momento en que quien acciona haya tomado efectivo conocimiento de tal circunstancia, máxime si reconoce no residir en el lugar; razón que bastará para desestimar tal postura de los recurridos.

TERCERO: Que, por otra parte, debe quedar asentado que constituye una cuestión previa y fundamental no obviar que la acción en análisis es de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de esta vía obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y, en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, cualquier alegación sustantiva relacionada con el dominio, posesión, demarcación y cerramiento, deben necesariamente ser discutidos en la sede que corresponda, mediante la interposición de las acciones que el legislador ha previsto para ello y no por la senda de la presente acción, la que, conforme quedó asentado, no tiene naturaleza declarativa, sino esencialmente cautelar.

Aclarado así lo precedente, resulta fundamental relevar que de la lectura del escrito contenedor del recurso y del tenor del informe de los recurridos, fluye que el núcleo central del conflicto se traduce en el reproche asociado al presunto levantamiento de un cerco por parte de los últimos en parte del terreno de dominio del primero, alterando el status quo habido entre ellos, tomando la justicia por mano propia y desoyendo el principio básico de un Estado de Derecho, que obliga a recurrir a los tribunales de justicia en busca del amparo que de facto se habrían procurado.

CUARTO: Que, sin embargo, se desprende del debate expuesto que no existe verdadera claridad acerca de la legitimación pasiva de los recurridos en relación con la conducta arbitraria o ilegal denunciada, por cuanto del mérito de los antecedentes acompañados por el propio recurrente, consistentes particularmente en planos, croquis y fotografías relativas a los predios involucrados, aparece que no hay relación de colindancia, al menos en lo que incumbe al cerco cuya construcción se reclama y su retiro se busca.

En efecto, lo que emana de la visualización de esos documentos se corresponde con la versión de los recurridos, ya que el predio singularizado como Lote 3, que es de dominio de don nombre reservado, es el que colinda por el Oeste con la propiedad que el recurrente, Sr. nombre reservado, individualizó como suya en lo principal del recurso de protección, negándose por los recurridos la existencia de un cierre perimetral levantado en agosto de 2022 en algún lote de propiedad de la sociedad o de ellos.

Quedó nítido para esta Corte, asimismo, que por el Este el aludido Lote 3 colinda con el Lote 2, éste sí de propiedad de la sociedad recurrida, cuyo cerco divisorio se aportó haber sido naturalmente costeado entre ambos propietarios.

QUINTO: Que, de este modo, se hace patente que al ser debatido entre las partes del recurso un aspecto medular del conflicto sometido a la decisión de este tribunal, se adolece por el recurrente de un derecho indubitado, único que habilita como base para la prosperidad de esta clase de arbitrio constitucional.

En abono de tal exigencia la Excma. Corte Suprema ha resuelto que: “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27.451-2014, de 14/01/2015).

En refuerzo, se advierte que el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente.” (Rol N°2538-2014, de 09/09/2014).

SEXTO: Que se sigue así de lo expresado, que sólo al concurrir el derecho indubitado como sustrato, el cual esté siendo amagado mediante actos susceptibles de ser ponderados como ilegales o arbitrarios, se precisa una intervención jurisdiccional urgente de orden cautelar con rango constitucional, en el contexto de un procedimiento sumarísimo, a fin de lograr la adopción de medidas que tiendan a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. No obstante, en ausencia de tal elemento ninguna intervención de esta naturaleza se justifica.

SÉPTIMO: Que, finalmente, lo anterior es sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante el tribunal o las autoridades correspondientes, pero empleando el instrumento procesal idóneo y en un marco adjetivo destinado a la declaración del derecho que se ha concluido carente; razón por la que resulta ejercicio infructuoso ocuparse de las restantes exigencias ligadas a esta índole de remedio.

Por estas consideraciones y lo preceptuado, además, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, enderezada en contra de don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado y la Empresa Santos Romualdo nombre reservado Krogh SpA.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redactado por el Sr. nombre reservado, Ministro titular.

N°Protección-8628-2022.