nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Valdivia.

Valdivia, uno de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

1) Comparece doña Javiera Natalia Garnica Valderas, abogada, en representación de doña nombre reservado, tecnóloga médica, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Refiere que su representada es gerente general de A y C SpA, sociedad constituida el 9 de abril de 2026 que inició actividades ante el Servicio de Impuestos Internos el 2 de junio de 2026 en calidad de microempresa, y que explota el centro de eventos infantiles que funciona bajo el nombre de fantasía Bubu Boom Party Park, en Osorno. La recurrida contrató sus servicios para celebrar el primer cumpleaños de su hijo el 1 de agosto de 2026 y, disconforme con la aplicación de las reglas de funcionamiento del recinto, en particular con el recordatorio del término del turno contratado, publicó al día siguiente en el grupo de Facebook "FERIA LAS PULGAS 2026 OSORNO", desde la cuenta "Ventass Osorno", una funa en la que atribuye a su representada malos tratos, prepotencia y expresiones discriminatorias, e invita a la comunidad a no contratar el establecimiento.

Sostiene que la recurrida no se limitó a esa publicación, sino que durante varios días respondió los comentarios que suscitó, reafirmó sus imputaciones, entregó nuevos antecedentes y validó expresamente la decisión de quienes anunciaban desistir de contratar; que la publicación alcanzó 1.524 reacciones y 169 reenvíos, según acta notarial de 6 de agosto de 2026; que a partir de ella terceros identificaron a su representada por su nombre, difundieron una fotografía obtenida de su perfil personal, incorporaron antecedentes de su familia y llamaron a funarla; que el 4 de agosto de 2026 recibió mensajes insultantes e intimidatorios desde un número desconocido en el WhatsApp del emprendimiento, según acta notarial de 5 de agosto de 2026; que debió cerrar las redes sociales del establecimiento; y que consultó médicamente el 3 de agosto de 2026, oportunidad en que se consignó un diagnóstico de problemas relacionados con el estrés. Agrega que la recurrida prescindió de las vías institucionales previstas para las controversias de consumo y sustituyó la jurisdicción por una sanción social, esto es, un acto de autotutela.

Estima vulneradas las garantías de los numerales 1, 4 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de los actos denunciados y se ordene a la recurrida eliminar la publicación y los comentarios, respuestas y fotografías difundidos por ella; abstenerse de reiterar o reproducir ese contenido por cualquier plataforma bajo su control; abstenerse de utilizar fotografías personales de la recurrente; cesar la difusión de antecedentes relativos a su vida privada y familiar; cesar todo acto de hostigamiento digital; y adoptar las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, todo con costas.

2) Informando a folio 5, el abogado don Carlos Abel Salazar Salazar, en representación de la recurrida, pide el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el servicio fue contratado el 21 de mayo de 2026 hasta las 19:00 horas y que los asistentes fueron retirados alrededor de las 18:35 horas por decisión de la administración, por tener otro evento programado, lo que constituye el antecedente de la disconformidad de su representada. Sostiene que la publicación no emplea la expresión funa, que es la calificación que le atribuye el acta notarial acompañada por la contraria, y que tampoco individualiza a la recurrente como persona natural, pues no consigna su nombre ni antecedentes que permitan identificarla, sino que se refiere al establecimiento y a la experiencia de consumo. Añade que su representada no sustituyó las vías institucionales, ya que el 3 de agosto de 2026 dedujo reclamo ante el Servicio Nacional del Consumidor; que no recibió boleta al momento de pagar y que el documento tributario acompañado no coincide con lo efectivamente pagado; y que en la conversación producida al término del evento participaron alrededor de tres personas y no veinte o veinticinco, según da cuenta la declaración jurada del testigo que acompaña.

Agrega que la publicación constituye el ejercicio de la libertad de emitir opinión que asegura el artículo 19 N°12 de la Constitución, en un ámbito, el de la evaluación pública de servicios, socialmente reconocido; que las actuaciones autónomas de terceros, incluidos los comentarios y los mensajes posteriores, no le son imputables; y que la publicación fue eliminada por su representada y los comentarios restringidos con anterioridad al informe, precisamente porque terceros comenzaron a divulgar el nombre y el teléfono de la recurrente, manifestando su disposición a mantenerla eliminada, de modo que no existe hoy una conducta actual que hacer cesar.

3) Que el acto que motiva la acción es la publicación efectuada el 2 de agosto de 2026 en el grupo de Facebook "FERIA LAS PULGAS 2026 OSORNO", desde la cuenta "Ventass Osorno", y las respuestas que esa misma cuenta dio en los días siguientes a los comentarios que suscitó. El recurso incorpora al reproche, además, la identificación de la recurrente por su nombre, la difusión de una fotografía suya, los llamados a funarla y los mensajes recibidos el 4 de agosto de 2026 desde un número desconocido. El examen de ilegalidad o arbitrariedad debe hacerse distinguiendo lo obrado por la recurrida de lo obrado por terceros.

4) El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

5) Que, según da cuenta el acta notarial de 5 de agosto de 2026, la publicación consiste en el relato en primera persona de la celebración contratada: que el equipo de música no tenía carga y no pudo utilizarse durante la primera hora, que se les apuró a desocupar el recinto mientras aún abrían los regalos, que debieron salir con el niño en brazos bajo la lluvia, que el recinto no cuenta con zona para mudar, el precio pagado y la conclusión de que no recomienda el lugar. La publicación no consigna el nombre de la recurrente, su cédula de identidad, su domicilio ni su fotografía, ni le imputa la comisión de delito alguno. Su objeto es la evaluación de un servicio contratado y su referencia el establecimiento que lo presta.

6) Que la crítica que un consumidor formula sobre el servicio que recibió, aun expresada en términos duros e incómodos para el proveedor, queda cubierta por la libertad de emitir opinión e informar que asegura el artículo 19 N°12 de la Carta Fundamental, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores que puedan perseguirse en la sede que corresponda. Quien ofrece servicios al público, y los promociona precisamente a través de redes sociales, queda expuesto a la valoración pública de su prestación, sin que el desacuerdo con esa valoración baste para transformarla en un acto ilegal. El límite de esa libertad es el respeto a la vida privada y a la honra, que resulta comprometido cuando se difunden datos que permiten la plena identificación de una persona asociados a la imputación de conductas deshonrosas o delictivas, hipótesis que en la especie no concurre.

7) Que aquello que efectivamente expuso a la recurrente ante la comunidad, esto es, su nombre completo, su fotografía y el llamado a funarla, proviene de comentarios de terceros, según se observa en las mismas capturas incorporadas a las actas notariales. Haber originado el hilo de comentarios no convierte a la recurrida en autora de lo que otros escribieron en él, y ella expone, sin que se haya controvertido, que restringió los comentarios y luego eliminó la publicación, precisamente ello impidió que ese espacio continuara siendo utilizado para difundir datos personales de la recurrente.

8) Que tampoco puede calificarse el actuar de la recurrida como un acto de autotutela sustitutivo de la jurisdicción. El 3 de agosto de 2026, esto es, al día siguiente de la publicación, dedujo reclamo ante el Servicio Nacional del Consumidor, caso R2026W11319030, por los mismos hechos y pidiendo la devolución de lo pagado, de modo que la controversia de consumo se encuentra radicada ante el órgano llamado a conocerla. Y las versiones contrapuestas sobre la hora de término del evento, el trato recibido, el número de personas que intervino en la discusión y la entrega de la boleta constituyen cuestiones de hecho que requieren un debate probatorio ajeno a la naturaleza cautelar de esta acción.

9) Que, en fin, la publicación fue eliminada y los comentarios restringidos con anterioridad al informe, de manera que la principal medida solicitada carece actualmente de objeto; y las restantes, esto es, la abstención de nuevas publicaciones, la prohibición de utilizar fotografías y el cese genérico de todo hostigamiento digital, importan una limitación anticipada y general de la libertad de expresión que la Constitución proscribe, sin que esta acción admita restringir de forma genérica actuaciones eventuales, pues supone una afectación o amenaza real, inminente, directa y personal.

10) Que, en consecuencia, no se advierte un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la recurrida que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías de los numerales 1, 4 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que la acción no puede prosperar, sin perjuicio de las acciones que a la recurrente correspondan ante las sedes llamadas a conocer de la controversia contractual y de las eventuales responsabilidades ulteriores.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, Acta N°94-2015, se resuelve:

Que se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por doña Javiera Natalia Garnica Valderas, en representación de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Comuníquese, regístrese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-859-2026.