nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HEROES

C.A. de Valdivia.

Valdivia, ocho de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS, TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

1) Comparece doña Fernanda de Ugarte Vallejos, abogada, en favor de don nombre reservado, empleado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, representada por don nombre reservado.

Refiere que el 8 de mayo de 2007 contrajo con la recurrida un crédito social, operación N° 100018901, por $1.384.458, pagadero en 48 cuotas mensuales de $47.594, y que desde el vencimiento de la última cuota la acreedora no ejerció gestión alguna de cobro. Agrega que, sin aviso previo de ninguna especie, en sus liquidaciones de remuneraciones de junio y julio de 2026 aparecieron practicados descuentos de $219.625 bajo el rubro préstamo caja de compensación, materializados por el Proyecto Intercajas.

Sostiene que la recurrida revivió y forzó unilateralmente un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas para el cobro oportuno de los créditos sociales, eludiendo las vías ordinarias de cobro, y denuncia vulnerados los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Pide que se ordene a la recurrida cesar en los descuentos y restituir lo retenido, con costas.

2) A folio 8 informa el abogado don Daniel Ortuzar Gana por la recurrida y solicita el rechazo del recurso, con costas.

Indica que el recurrente registra la operación N° 100018901, colocada el 8 de septiembre de 2017 por $711.734, pactada en cuatro cuotas mensuales de $197.571, salvo la última de $119.021, con vencimientos entre el 31 de octubre de 2017 y el 31 de enero de 2018, todas en estado de mora y castigo. Agrega que remitió al recurrente una comunicación informándole las cuotas impagas e invitándolo a regularizar o aclarar su situación, con advertencia de que podría reanudar el descuento, y que la recaudación se materializó por el Sistema Intercajas o SINACAF, lo que explica que en la liquidación el descuento aparezca asociado a una caja distinta, sin que ello altere la titularidad del crédito.

Sostiene que el descuento se ampara en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y en el artículo 58 del Código del Trabajo, y que cuenta con el respaldo del Dictamen N° 63768-2026 de la Superintendencia de Seguridad Social, que reconoce la validez del Sistema Intercajas. Añade que la prescripción no opera de pleno derecho, debe ser alegada y declarada por el tribunal competente, y que la sede cautelar no es idónea para resolver una controversia de lato conocimiento sobre la existencia, exigibilidad o extinción de la obligación. Acompaña su personería, copia de la comunicación informativa, el listado del plan de pagos original y el dictamen citado.

3) El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

4) Que conviene delimitar desde ya el objeto de este pronunciamiento. No corresponde a esta sede declarar si la obligación que se cobra se encuentra o no extinguida por prescripción, cuestión que supone contradictorio y prueba y es propio de la judicatura ordinaria. Lo que aquí se examina es distinto, esto es, si la recurrida podía reactivar en 2026 el mecanismo de recaudación privilegiada del artículo 22 de la Ley N° 18.833 y si lo hizo en las condiciones a que su ejercicio está sujeto.

5) Que, de los antecedentes acompañados por ambas partes, resultan establecidos los siguientes hechos. El pagaré que documenta la operación N° 100018901 fue suscrito el 8 de mayo de 2007, por $1.384.458, pagadero en 48 cuotas mensuales de $47.594 y una última de $47.285, con vencimiento los días 10 de cada mes a contar de julio de 2007.

El listado del plan de pagos original que acompañó la recurrida, emitido el 7 de julio de 2026, consigna esa misma operación bajo la denominación de producto "Crédito Castigado", con fecha de colocación 8 de septiembre de 2017, monto de $711.734, tasa cero y cuatro cuotas, con vencimientos el 31 de octubre de 2017, el 30 de noviembre de 2017, el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de enero de 2018, las tres primeras de $197.571 y la última de $119.021, todas en situación de mora, sin registro de pago y con la anotación "CAST. 08/09/17".

Consta, asimismo, que el sábado 20 de junio de 2026, la recurrida remitió al recurrente un correo electrónico con una carta fechada solo como "Santiago, junio de 2026", en la que le informó que registraba cuatro cuotas impagas del crédito social N° 100018901, con un monto total otorgado de $711.734, cuota de $197.571 y ninguna cuota pagada, le pidió concurrir a sus oficinas con las tres últimas liquidaciones de remuneraciones y le advirtió que "Si en el plazo de 15 días no se regulariza su situación ni recibimos una aclaración satisfactoria de la situación de mora informada en la presente, Los Héroes CCAF podrá reanudar el descuento de sus remuneraciones o de la pensión, según corresponda".

Consta, por último, que el recurrente presta servicios para Comercial Mi Barrio SpA en virtud de contrato de trabajo de 9 de diciembre de 2024, en el cargo de jefe de bodega, y que su cláusula cuarta pacta que las remuneraciones se pagan por períodos mensuales vencidos el último día del mes respectivo o el día hábil inmediatamente anterior. En las liquidaciones de junio y julio de 2026, ambas por haberes de $1.343.838, aparece practicado en cada una un descuento de $219.625 bajo el rubro "PRESTAMO CAJA COMPENSACION". La recurrida no ha ejercido acción judicial alguna para el cobro del crédito.

6) Que el artículo 22, inciso primero, de la Ley N° 18.833, Estatuto General para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, dispone que "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales".

El descuento por planilla es, entonces, un mecanismo especial de recaudación que la ley establece en resguardo del Fondo Social y que el empleador debe acatar sin necesidad de autorización del trabajador. Con todo, que la ley habilite el descuento no significa que la Caja pueda activarlo en cualquier tiempo y de cualquier modo. Se trata de una potestad reglada, cuyo ejercicio la Superintendencia de Seguridad Social ha sujetado a condiciones precisas en el Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, de observancia obligatoria para la entidad acreedora.

7) Que el punto 3.1.17.3 del Título I del Libro III de dicho Compendio, denominado reinicio de descuentos, exige que, cuando no ha sido posible descontar regularmente las cuotas de un crédito social en los últimos seis meses y los descuentos pudieren reanudarse, la Caja, previamente a informarlos a la entidad empleadora, envíe al trabajador un aviso que individualice los meses impagos y anuncie la reanudación. Y agrega, en lo que aquí resulta decisivo, que "El aviso otorgará al deudor un plazo de al menos 15 días corridos para que éste concurra a la Caja a regularizar la situación de sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses. Sin haber transcurrido este plazo y aun cuando el afiliado no concurra o no haya reprogramado o renegociado su crédito dentro de este término, la entidad de previsión social no podrá informar al empleador o entidad pagadora de pensión el descuento de la cuota de crédito social que corresponda".

Que el cotejo de esa norma con los hechos asentados en el motivo quinto conduce a una conclusión inequívoca. El aviso se remitió el 20 de junio de 2026 y confirió al deudor un plazo de quince días corridos, que vencía el 5 de julio siguiente. Pero, la remuneración de junio de 2026, se pagó el día 30 de ese mes, y en ella ya aparece practicado el descuento, esto es, diez días después del aviso y cinco antes de que expirara el plazo. Y como la deducción supone que la recurrida hubiese informado previamente la cuota al empleador para su inclusión en la planilla, la instrucción de descuento es necesariamente anterior a esa fecha, y probablemente al aviso mismo. La recurrida hizo, en suma, exactamente aquello que la norma le prohíbe, esto es, informar el descuento sin haber transcurrido el plazo.

8) Que lo dicho no se trata de un reparo formal. El plazo de quince días es el que la norma concede al deudor para concurrir a la Caja, regularizar sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses, antecedente del que depende, a su turno, el monto de la cuota que puede reiniciarse. Anunciar una facultad y ejecutarla antes de que el destinatario pueda ejercer el derecho correlativo priva al aviso de todo sentido y lo reduce a una formalidad vacía. La propia carta de 20 de junio de 2026 pedía al recurrente concurrir con sus tres últimas liquidaciones de remuneraciones, en circunstancias que, cuando pudo haberlo hecho, el descuento ya se había materializado.

9) Que el acto es, además, arbitrario. El punto 3.1.17.2 del mismo Título y Libro, sobre cobranza de créditos morosos, impone a la Caja dos deberes sucesivos. El primero es realizar siempre a lo menos una gestión útil de cobranza extrajudicial, sin cargo para el deudor, cuyo fin sea el debido y oportuno conocimiento de este sobre la mora, "dentro de los primeros quince días siguientes a aquel en que el empleador, entidad pagadora de la pensión o el trabajador independiente debía enterar la cuota correspondiente". El segundo es que "La cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad, a menos que el Gerente General basado en razones fundadas y de acuerdo con las pautas generales definidas por el Directorio de la C.C.A.F., estime inconveniente iniciar acciones judiciales dentro del plazo antes establecido". La misma disposición da por supuesto que ese cobro se persigue mediante juicio ejecutivo sobre el pagaré que cauciona el crédito social, cuya debida custodia la Caja debe cautelar en los contratos que celebre con sus cobradores externos.

Que nada de ello ocurrió. Las cuatro cuotas de la operación N° 100018901 vencieron entre el 31 de octubre de 2017 y el 31 de enero de 2018 y ninguna registra pago; la propia recurrida castigó el crédito el 8 de septiembre de 2017, calificándolo en sus registros como incobrable; y el crédito reconoce su origen en un pagaré suscrito el 8 de mayo de 2007, documento que, por lo demás, fue acompañado a estos autos por el recurrente y no por la acreedora. La cobranza judicial debió iniciarse, a más tardar, durante el año 2018, y no se ejerció acción alguna, sin que se invoque siquiera la decisión fundada del Gerente General que habría autorizado a postergarla. La única gestión de cobro que la recurrida acredita es la carta de 20 de junio de 2026, esto es, más de ocho años después de vencido el plazo que la normativa sectorial le fijaba.

10) Que, en las condiciones antedichas, reactivar el descuento por planilla en 2026, transcurridos más de ocho años desde el último vencimiento y más de diecinueve desde el otorgamiento del crédito, importa revivir y forzar unilateralmente un beneficio que la ley contempla para el cobro oportuno, sustrayendo al deudor de la posibilidad de discutir la vigencia de la obligación ante el tribunal competente, que es precisamente la sede a la que la propia normativa sectorial mandaba acudir a la acreedora.

11) Que refuerza lo concluido la falta de correspondencia entre el descuento practicado y los propios registros de la recurrida. Las liquidaciones de junio y julio de 2026 consignan un descuento de $219.625 cada una, mientras que el plan de pagos y la carta de 20 de junio de 2026 informan una cuota de $197.571, siendo la última de $119.021, y el informe razona sobre un descuento de $197.571 practicado en la liquidación de mayo de 2026. La cifra efectivamente retenida no aparece respaldada en ningún antecedente de la causa.

12) Que la afectación del derecho de propiedad del recurrente sobre su remuneración es consecuencia directa de lo expuesto. Es efectivo que los descuentos obligatorios del artículo 58 del Código del Trabajo no privan al trabajador de aquello que nunca ingresó libremente a su patrimonio, pero ese razonamiento supone que el descuento sea legítimo, que es justamente lo que aquí falta. Practicada la deducción en virtud de un mecanismo reactivado al margen de las condiciones que lo regulan y transcurrido con creces el tiempo para el cobro oportuno, la suma retenida sale del patrimonio del recurrente sin título que lo justifique, con la particularidad de tratarse de una remuneración de carácter alimentario. Lo anterior hace innecesario pronunciarse sobre la restante garantía invocada.

13) Que, se reitera este fallo no declara extinguida la obligación ni prescrita acción alguna, cuestiones ajenas a esta sede cautelar y no declarativa, que deberán ventilarse ante la judicatura ordinaria si las partes lo estiman. Lo que se constata es que la recurrida reactivó un mecanismo de recaudación privilegiado fuera de toda oportunidad y sin acreditar las condiciones a que su ejercicio está sujeto, y es solo ese proceder el que se deja sin efecto, quedando a salvo su derecho para perseguir el pago por los medios legales ordinarios.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña Fernanda de Ugarte Vallejos, abogada, en favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes y, en consecuencia, se ordena a la recurrida dejar sin efecto de inmediato la instrucción de descuento por planilla impartida respecto del recurrente a su empleador, Comercial Mi Barrio SpA, por concepto de la operación N° 100018901, y restituir las sumas descontadas por ese concepto desde el mes de junio de 2026, dentro de quinto día de ejecutoriado este fallo, todo ello sin perjuicio de su derecho a perseguir la obligación por los medios legales ordinarios.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Juan Ignacio Correa Rosado, solo respecto a la orden de restitución de las sumas descontadas, por estimar que se está ante un eventual pago de obligación natural.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-855-2026.