Protección contra Servicio de Salud de Los Ríos

C.A. de Valdivia.

Valdivia, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente: 1°) Que, comparece Makarena García Dinamarca, abogada, en favor de nombre reservado, tecnóloga médica, cédula nacional de identidad N°NUM000, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio de Salud de Los Ríos, por actos que estima ilegales y arbitrarios, consistentes en la resolución que dispone su destitución y aquella que la confirma, los cuales estima que constituyen una vulneración de sus derechos constitucionales previstos en el artículo 19 N°1, N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente efectuó una denuncia en contra de su jefatura, nombre reservado, por hechos constitutivos de maltrato laboral, acaecidos el 4 de enero de 2023, en el contexto de una colecta de sangre en el CESFAM de Las Ánimas. Refiere que se ordenó un inicio de una investigación sumaria por parte del Hospital Base de Valdivia pero que, posteriormente, la investigación fue progresivamente redirigidos en contra de la propia denunciante, siendo ampliada hacia otras denuncias de maltrato, acoso laboral y sexual. Agrega que, en aquel contexto, se desestimó la denuncia interpuesta por su parte, pese a que ella presentó una calificación de una patología de salud mental como una enfermedad de origen laboral, vinculada con la exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo, derivados de bajo apoyo social de la jefatura y la organización.

Indica que el 13 de junio de 2024 se formularon tres cargos en su contra por dos hechos de maltrato y uno vinculado con su desempeño funcionario. Alega que, respecto del primer cargo, este se vinculó al artículo 55 letra c) y al artículo 78 letra m) del Estatuto Administrativo, pero que posteriormente el mismo hecho fue subsumido en el artículo 84 letras l) y m) del Estatuto Administrativo y sobre aquella base se habilitó la sanción de destitución, conforme al artículo 125 letra b) del mismo cuerpo legal.

Asimismo, indica haber formulado sus descargos respecto de cada una de las imputaciones efectuadas.

Señala que, si bien por Resolución Exenta N°NUM001 de 1 de septiembre de 2025 se resolvió absolverla de dos cargos, se determinó su destitución por el primer cargo, fundado en hechos de acoso laboral y que existía un patrón de comportamiento en relación con aquellos hechos.

Agrega que no se dio valor alguno a la atenuante de irreprochable conducta anterior que le fue reconocida. Asimismo, señala que la Resolución Exenta N°NUM002 de 5 de diciembre de 2025, que confirmó su destitución al rechazar un recurso de reposición, profundiza en una argumentación que califica como defectuosa, mientras que la Resolución Exenta RA N°NUM003, de 13 de febrero de 2026, que aprobó el sumario y materializa su destitución, carece de motivación. En cuanto a las resoluciones exentas NUM004 de la Contraloría Regional de Los Ríos y NUM005, esta última de 6 de julio de 2026, alega que no repara en los yerros en que incurrió el Servicio de Salud.

En cuanto a la prueba rendida en el sumario administrativo, alega que esta es escasa, imprecisa y contradictoria con otros elementos de juicio.

Respecto de los actos recurridos, argumenta que existe falta de motivación, infracciones al principio de tipicidad, congruencia e insatisfacción del estándar probatorio, infracciones al debido proceso y al principio de proporcionalidad, así como la existencia de un control aparente de la Contraloría Regional.

Solicita que se acoja la acción constitucional y, en definitiva, se deje sin efecto la medida de destitución, como cualquier otro acto que deriva de aquella sanción, y se ordene su reincorporación al cargo del cual fue destituida o, en subsidio, se ordene retrotraer el procedimiento disciplinario al estado de dictar un nuevo acto terminal debidamente motivado, pudiendo absolver a la recurrente o aplicar una sanción de menor entidad. 2°) Que, comparece Marco Rosas Leal, en representación del Servicio de Salud de Los Ríos, quien informa al tenor de la acción constitucional interpuesta.

En primer término, indica que el procedimiento disciplinario se encuentra completamente afinado, pudiendo ejercer la recurrente los medios de impugnación que la ley le franqueaba y que, en definitiva, la decisión impugnada ya fue objeto de un control de juridicidad.

En segundo lugar, alega que la acción constitucional de protección no constituye la vía idónea para conocer del mérito y la proporcionalidad de un procedimiento disciplinario, al tratarse de una vía excepcional y sumaria, que requiere de un derecho indubitado.

En cuanto al fondo, argumenta que el acto sancionatorio se encuentra debidamente fundado, así como los demás actos que ratifican la sanción de destitución. Particularmente, sobre la infracción al principio de congruencia alegada, indica que la calificación jurídica definitiva corresponde a la propia autoridad que debe dictar el acto terminal y que los hechos imputados no variaron, así como también alega que le era imperativo aplicar la sanción de destitución, conforme a la jurisprudencia administrativa, razón que explica que la atenuante reconocida no haya tenido el efecto de rebajar la sanción.

En virtud de lo anteriormente expuesto, alega que no existen las vulneraciones de derechos constitucionales alegadas por la recurrente, por lo cual solicita el rechazo de la acción constitucional interpuesta, con costas. 3°) Que, en el caso de autos, no se controvierten las circunstancias de haber sido la recurrente absuelta de dos de los tres cargos formulados, que le fue reconocida la atenuante de irreprochable conducta anterior y que variaron las disposiciones invocadas para fundar la responsabilidad administrativa entre el informe de la fiscal a cargo de la investigación y el acto terminal que aplicó la sanción de destitución a la recurrente. 4°) Que, no obstante, los actos recurridos y el informe que consta en autos se hacen cargo de aquellas circunstancias, a diferencia de lo expuesto por la funcionaria, por lo que se verifica un ejercicio razonado de la potestad disciplinaria, siendo una cuestión diversa si los fundamentos esgrimidos por la autoridad son compartidos por la funcionaria. En efecto, se aprecia en el informe de la fiscal los argumentos que sustentan la imputación por el primer cargo que le fuera formulado a la recurrente, y que el órgano resolutor hizo suyos, sin que se advierta una infracción al principio de imparcialidad, por cuanto con igual celo se desestiman los demás cargos formulados y se indica en forma razonada mediante qué medios de prueba se establecieron los hechos. Asimismo, se aprecia que los hechos denunciados por la propia recurrente fueron objeto de investigación, solo que la conclusión a la que arribó la fiscal en su oportunidad difiere de aquella que formula la recurrente, circunstancia que no es suficiente para que una actuación tenga el carácter de ilegal o arbitraria. 5°) Que, por otra parte, si bien se advierte una diferencia entre la cita legal efectuada en el informe del fiscal en cuanto refiere el artículo 78 letra m) del Estatuto Administrativo, es relevante que al mismo tiempo indica que se trata de conductas de acoso laboral y luego el resolutor cita el artículo 84 letra m), el que precisamente refiere ese tipo de conductas, tratándose solo de una diferencia en torno al texto legal consultado, mas no de los hechos y calificación imputada. 6°) Que, lo anterior es relevante, puesto que, descartadas las infracciones que se acusan al debido proceso, las demás cuestiones expuestas corresponden a una cuestión de mérito, pretendiéndose por esta vía urgente y cautelar un pronunciamiento de carácter declarativo, mediante una nueva valoración de los antecedentes tenidos a la vista por la recurrida, excediendo el ámbito previsto por el constituyente para el presente arbitrio. 7°) Que, en consecuencia, sin que exista una desviación procedimental establecida ni una diferencia en el criterio empleado respecto de otros investigados en relación con el caso de la recurrente y siendo las demás consecuencias para el ejercicio de derechos fundamentales el resultado de una actuación ajustada a derecho, el presente arbitrio deberá ser rechazado.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Salud de Los Ríos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-852-2026.