nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Valdivia Valdivia, veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

Vistos:

Recurre de protección el abogado Juan Cristóbal Valdivia González en representación de nombre reservado, funcionario público, ambos con domicilio en domicilio reservado, en contra de nombre reservado, Contralor Regional de la región de Los Ríos, con domicilio en domicilio reservado y en contra del Intendente de la región de Los Ríos, César Asenjo Jeréz, con domicilio en domicilio reservado.

Acusa un actuar ilegal y arbitrario de los recurridos al haber ordenado el Intendente la aplicación de la medida disciplinaria de destitución de nombre reservado, funcionario de planta, grado 4 en la escala única de sueldo del Gobierno Regional Los Ríos, con más de veinte años de servicio, mediante resolución 158 de 31 de diciembre de 2020, afirmando que ha infringido en forma grave y reiterada la probidad administrativa, resolución que fue tomada razón por el Contralor Regional el 20 de enero de 2021.

Explica que mediante resolución exenta número 403 de 13.3.2019 del Gobierno Regional de Los Ríos se instruyó sumario administrativo en contra del señor nombre reservado. Mediante la Resolución Exenta Nº 1.989 de fecha 15 de octubre de 2019 del Gobierno Regional de Los Ríos, se aprobó el sumario administrativo, y le fue aplicada la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 121 letra d) del Estatuto Administrativo. Aquella decisión fue impugnada mediante un escrito en que solicitaba su invalidación y en subsidio, solicitaba su reposición, sin embargo aquella presentación no fue considerada, dictándose la resolución afecta número 100 de 25 de octubre de 2019, aprobando el sumario administrativo y aplicando la medida disciplinaria. En contra de dicha resolución presentó un recurso de reclamación ante Contraloría Regional siendo rechazado mediante oficio 452 de 2020 y luego presentando recurso de reconsideración el que también fuese desestimado mediante oficio E35942 de 14.9.2020, recalcando la relevancia del fallo dictado en sede de protección por esta Ilustrísima Corte en rol 3156-2020 que, acogiendo el recurso, ordenó la reapertura del procedimiento disciplinario para el solo efecto de conocer la reposición y trámites posteriores que ello conlleve. Así, los oficios 452 y E35942 de Contraloría Regional fueron dejados sin efecto.

Mediante resolución exenta número 1314 de 31 de diciembre de 2020 el Intendente de la región de Los Ríos, en representación del Gobierno Regional, dejó sin efecto la resolución afecta número 100 de 25 de octubre de 2019 a fin de poder conocer la solicitud de invalidación y el recurso de reposición presentado por el funcionario investigado.

El mismo día 31 de diciembre de 2020 el Intendente de la región de Los Ríos, en representación del Gobierno Regional, rechazó la solicitud de proceder a la invalidación de la resolución exenta 1989 de 15 de octubre de 2019, que le aplica al señor nombre reservado la medida de destitución, además rechaza la solicitud subsidiaria de hacer uso de la facultad prevista en el inciso 2° del artículo 140 del Estatuto Administrativo a fin de corregir supuestos vicios procedimentales y rechazó recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución exenta mencionada.

El mismo día 31 de diciembre de 2020 el Intendente de la región de Los Ríos, en representación del Gobierno Regional, dictó la resolución afecta número 158 por la cual aprobó el sumario administrativo y ordenó aplicar a nombre reservado la medida disciplinaria de destitución por haber infringido reiterada y gravemente el principio de probidad administrativa, resolución que fue tomada razón por Contraloría Regional el 20 de enero de 2021.

Afirma que el sumario administrativo se encuentra viciado desde la formulación de cargos siendo procedente su invalidación y de todo lo obrado con posterioridad, acusando falta de precisión, inhabilidad del fiscal, trato discriminatorio, deuda de remuneraciones, carencia de gravedad de los hechos, falta de proporcionalidad e insuficiente fundamentación, todos vicios no advertidos por el Contralor Regional al tomar razón de la resolución afecta 158, efectuada antes de resolver una presentación a Contraloría a fin que precisamente no tome razón y represente el cuestionado acto administrativo, solicitud que fue resuelta recién el 25 de febrero de 2021.

Pide se declare que la omisión del Contralor Regional de los Ríos deviene en ilegal y arbitraria y, en razón de ello, se deja sin efecto la toma de razón de la Resolución Afecta N° 158 de fecha 31 de diciembre de 2020, suscrita por el Intendente de la Región de Los Ríos; además que la acción del Intendente de la región de Los Ríos, deviene en ilegal y arbitraria en razón de ello, se deje sin efecto Resolución Afecta N° 158 de fecha 31 de diciembre de 2020, suscrita por el Intendente de la Región de Los Ríos; que se deje sin efecto Resolución Exenta Nº 1.311, suscrita por el Intendente de la Región de Los Ríos; se deje sin efecto el procedimiento disciplinario ordenado instruir por Resolución Exenta Nº 403 de fecha 13 de marzo de 2019 del Gobierno Regional de Los Ríos o, en su caso, aplicar alguna de las sanciones previstas en las letras a), b) o c) del catálogo previsto en el artículo 121 de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, disponiendo el reintegro de nombre reservado a sus funciones dentro del Gobierno Regional de Los Ríos, con costas.

Informó el Gobierno Regional por intermedio del abogado Sergio Valenzuela Mena solicitando el rechazo con costas del recurso, efectuando precisiones y alegaciones en derecho, destacando que es falso decir que la sentencia de la Corte en rol 3156-2020 haya dejado sin efecto la medida de destitución y que haya reincorporado al ex funcionario y hecho recuperar beneficios legales y provisionales, pues solo ordenó la reapertura del procedimiento disciplinario para el solo efecto de conocer reposición y trámites posteriores que ello conlleve.

Alega extemporaneidad, pues los hechos acontecieron mayoritariamente en 2019 y a fines de 2020, presentándose el recurso el 24.2.2021; alega improcedencia del recurso señalando que no es la vía idónea para conocer del fondo de una pretensión que tiene procedimientos de reclamo o impugnaciones reglados y niega vicios legales en el procedimiento sancionatorio que derivó en destitución.

Informó nombre reservado, Contralor Regional de la región de Los Ríos destacando la cronología de los antecedentes más relevantes, explicando que mediante resolución exenta N° 403, de 13 de marzo de 2019, el GORE instruyó sumario administrativo en contra del recurrente, con el objeto de determinar responsabilidades administrativas en los hechos observados en el Informe Final de Investigación Especial N° 16, de 2018 de Contraloría Regional, que concluyó, en lo pertinente, que el señor nombre reservado habría abandonado de forma reiterada su jornada laboral para realizar clases en una institución de enseñanza superior, sin el debido permiso, y sin marcar y/o registrar su salida en el registro de asistencia dispuesto por el servicio. Durante el curso del procedimiento disciplinario se le formularon cargos, luego a través de resolución exenta 1989 de 15.10.2019 el GORE resolvió aplicar al recurrente la medida disciplinaria de destitución por haber infringido en forma grave y reiterada la probidad administrativa; el 25.10.2019 se dictó la resolución afecta número 100 de 25.10.2019 que aplicó la sanción de destitución señalada que fue tomada razón el 20.11.2019; explicando la interposición de un recurso de protección bajo el rol 3156-2020 ante esta Corte, siendo acogido mediante sentencia de 9.12.2020 ordenándose a Contraloría Regional dejar sin efecto los oficios números E35942 y 452, ambos de 2020 que desestimaron las reclamaciones deducidas por el recurrente en contra del referido acto administrativo terminal y dispuso la reapertura del procedimiento disciplinario para el solo efecto de conocer la reposición y los trámites posteriores que ello conlleve, por considerar que Contraloría debió considerar la situación excepcional de “estallido social” al momento de determinar la extemporaneidad del recurso de reposición presentado por el actor.

Destaca que en cumplimiento de aquel fallo Contraloría Regional evacuó oficio número E63750, de 29 de diciembre de 2020, por el cual se informó a GORE que los oficios antes mencionados fueron dejados sin efecto, y que se debía disponer la reapertura del sumario administrativo a la etapa de pronunciarse sobre la reposición interpuesta por el actor. Así, el GORE procedió a retrotraer el procedimiento y a dictar la resolución exenta 1311 de 31.12.2020 que en lo pertinente resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto. Luego, mediante la resolución afecta N° 158, de 31 de diciembre de 2020 el GORE aprobó el sumario administrativo en cuestión, la Vista Fiscal de 10 de octubre de 2019, y aplicó en definitiva la medida disciplinaria de destitución al señor nombre reservado. El último acto administrativo fue ingresado a trámite de toma de razón a Contraloría Regional el 7.1.2021, concluyendo que no existen vicios que afecten la validez de la resolución afecta número 158 de 2020 del GORE, por lo que fue tomada razón con fecha 20.1.2021 por encontrarse ajustada a derecho, la que es notificada personalmente al servicio, al afectado y a su abogado el 26.1.2021.

Explica que de manera coetánea el recurrente efectuó una presentación mediante correo electrónico el 15.1.2021 solicitando a Contraloría abstenerse de tomar razón y en definitiva, representar el acto terminal aduciendo supuestos vicios en la tramitación del procedimiento disciplinario. Aquella presentación fue ingresada y atendida mediante el oficio N° E80823, de 25 de febrero de 2021, el cual desestimó en todas sus partes su petición, siendo notificado con fecha 26 de febrero del presente año.

Acusa improcedencia del recurso de protección contra la toma de razón, al tratarse de un control previo de legalidad, imperativo, contemplado en artículos 98 y 99 de la Constitución y en artículos 1 y 10 de la ley 10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, función que ha sido debidamente delegada por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales a través del literal b) del artículo 9 de la resolución 1002 de 2011 que establece organización y atribuciones de las Contralorías Regionales, siendo improcedente el recurso si lo que se pretende es impugnar una actuación de Contraloría Regional efectuada en ejercicio de una de sus funciones primordiales, de naturaleza constitucional y legal, cual es la de velar por el resguardo del principio de juridicidad de los actos de la Administración del Estado, a través del examen preventivo de legalidad. En cuanto a la supuesta omisión alegada por el recurrente en que habría incurrido Contraloría al haber tomado razón sin pronunciarse previamente sobre la solicitud de representación sostiene que la toma de razón no constituye una etapa que admita una fase adversarial. Además, alega improcedencia del recurso de protección contra sumario administrativo, señalando que la determinación de la responsabilidad administrativa, el análisis de los antecedentes y de prueba rendida, y la ponderación de la sanción aplicable, son trámites que requieren de discusión y prueba, los cuales ya fueron objeto del procedimiento disciplinario que se impugna, en el que el actor ejerció los medios de defensa que le otorga la normativa que lo regula. En este sentido, el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar procedimientos reglados, como es el caso de los sumarios administrativos, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado.

Alega ausencia de ilegalidad o arbitrariedad a partir del trámite de toma de razón, pues sólo ha dado cumplimiento a la función de control de juridicidad. No resulta arbitraria la actuación de Contraloría Regional de Los Ríos, ya que dicho control de legalidad no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que fue expedido en cumplimiento del mandato constitucional y legal, en base al estudio de los antecedentes, de la interpretación de la normativa vigente y en el ejercicio de una actuación legítima llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones.

Analiza cada uno de los supuestos vicios reclamados por recurrente dando respuesta a cada alegación, negando vulneración a derechos constitucionales invocados estimando procedente se desestime el recurso en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

En dicho sentido, es un medio de impugnación jurisdiccional que permite poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen derechos de rango constitucional, estrictamente enumerados en el artículo 20 de la carta fundamental, comprendiendo situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

SEGUNDO: Que, en relación a la extemporaneidad alegada por el abogado del Gobierno Regional de Los Ríos, se tiene presente que la resolución exenta 1314 de 31 de diciembre de 2020 de dicha entidad dejó sin efecto la resolución afecta número 100 del 25 de octubre de 2019 que había aprobado el sumario administrativo y resuelto aplicar la medida disciplinaria de destitución, con la finalidad de resolver la solicitud de invalidación y el recurso de reposición presentado por recurrente en contra de resolución 1989 de 15 de octubre de 2019. Así, una vez rechazadas estas solicitudes, con fecha 31 de diciembre de 2020 el Gobierno Regional dictó la resolución afecta número 158, de 31 de diciembre de 2020, que aprueba el sumario administrativo y ordena aplicar la medida disciplinaria, siendo tomada razón el 20 de enero de 2021, notificado al abogado del recurrente con fecha 26 de enero de 2020. En consecuencia, al haberse presentado la acción constitucional con fecha 24 de febrero de 2021, el recurso aparece interpuesto dentro de plazo.

TERCERO: Que, en cuanto al fondo, de lo expuesto por recurrente y recurridos, así como el mérito de los documentos aparejados a los autos, analizados conforme las reglas de la sana critica, se tienen por acreditados los siguientes hechos y circunstancias:

1.- Mediante resolución exenta N°403, de 13 de marzo de 2019, el Gobierno Regional instruyó sumario administrativo en contra del recurrente, con el objeto de determinar responsabilidades administrativas en los hechos observados en el Informe Final de Investigación Especial N°16, de 2018, de Contraloría Regional, el que concluyó, que el señor nombre reservado habría abandonado de forma reiterada su jornada laboral para realizar clases en una institución de enseñanza superior, sin el debido permiso, sin marcar o registrar su salida en el registro de asistencia dispuesto por el servicio.

2.- En el curso del procedimiento fue objeto de dos formulaciones de cargos, la primera con fecha 19 de junio de 2019 redactada en estos términos: “No haber cumplido con obligación establecida en letra d) del Artículo 61 del D.F.L. Nº29/2004 de Hacienda, que fijó en texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, Estatuto Administrativo, relacionado con lo dispuesto en Artículo 64 Nº4 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, conforme a los siguientes hechos: A.- Abandonar su jornada laboral para realizar clases en una institución de educación superior (INACAP), sin el debido permiso (…) B.- Hacer uso de permisos gremiales, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Nº19.296, sin dar aviso previo a la jefatura, realizando las solicitudes de permiso con fecha posterior al uso de los mismos y sin registrar su horario de salida (…) C.- Hacer uso de permisos gremiales conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Nº19.296 sin registrar su horario de salida, durante el siguiente período (…) D.- Hacer uso de permisos sindicales para fines distintos a los indicados en el artículo 31 de la Ley Nº19.296, específicamente para realizar clases los días 20/04, 04/05, 18/05, 15/06, 22/06, 06/07 y 27/07 todos del año 2016”.

3.- Efectuados los descargos del sumariado el fiscal propuso al Intendente aplicar la medida disciplinaria de destitución, sin embargo, con fecha 10 de septiembre de 2019 el señor Intendente devuelve el expediente administrativo al fiscal al advertir incongruencias con citas legales, ordenando la reapertura del sumario administrativo.

4.- Reabierto el sumario el fiscal, con fecha 11 de septiembre de 2019, procede a formular nuevamente los cargos con el siguiente tenor: “Haber infringido grave y reiteradamente el principio de probidad administrativa al no haber cumplido con la obligación de establecida en letra d) del Artículo 61 del D.F.L. Nº29/2004 del Hacienda que fijó en texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, Estatuto Administrativo; “d) Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que orden el superior jerárquico”; relacionado con lo dispuesto en el Artículo 62 Nº4 del D.F.L. Nº1/19.653 de 2001que foja el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado; Contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, las siguientes conductas: “4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, conforme a los siguientes hechos que se indican: A.- Abandonar su jornada laboral para realizar clases en una institución de educación superior (INACAP), sin el debido permiso, durante el siguiente periodo (…). B.- Hacer uso de permisos gremiales, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N°19.296, sin dar aviso previo a la jefatura, realizando las solicitudes de permiso con fecha posterior al uso de los mismos y sin registrar su horario de saluda, durante el siguiente periodo (…). C.- Hacer uso de permisos gremiales, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N°19.296, sin registrar su horario de salida, durante el siguiente periodo (…). D.- Hacer uso de permisos sindicales para fines distintos a los indicados en el artículo 31 de la Ley N°19.296, específicamente para realizar clases los días; 20/04, 04/05, 18/05, 15/06, 22/06, 06/07 y 27/07, todos del año 2016”.

5. La antedicha resolución fue notificada al investigado quien solicitó prórroga para efectuar sus descargos concediéndosele y efectuándolos el 30 de septiembre de 2019, sin solicitar se reciba prueba. Así el fiscal del sumario nuevamente propuso al Intendente de la región de Los Ríos aplicar al señor nombre reservado la medida disciplinaria de destitución y sus accesorias en hoja de vida, contemplada en el artículo 121 letra d) en relación al artículo 125, ambos del Decreto con Fuerza de Ley número 29 de 2004 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

6. El 15 de octubre de 2019 se dictó la resolución exenta número 1989, suscrita por el Intendente de la región de Los Ríos, que aprobó el sumario administrativo, la vista fiscal y la propuesta aplicándose a nombre reservado la medida disciplinaria de destitución.

7. El 25 de octubre de 2019 se dictó la resolución afecta número 100, suscrita por el Intendente de la región de Los Ríos, que ordenó la aplicación de la medida de destitución, disponiendo la certificación que transcurrido el plazo de cinco días el investigado no interpuso recurso de reposición contemplado en artículo 141 letra a) del Estatuto Administrativo.

8. Contra esta decisión el señor nombre reservado interpuso recurso de reclamación ante Contraloría Regional que fuera rechazado, luego un recurso de reconsideración ante la misma entidad nuevamente rechazado y posteriormente un recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, seguido bajo el rol 3156-2020, acogido, que ordenó a Contraloría dejar sin efecto sus pronunciamientos contra recurso de reclamación y reconsideración, a fin que se proceda a la reapertura del procedimiento disciplinario para efecto de conocer la reposición y trámites posteriores que ello conlleve, que presentase el recurrente en contra de la resolución exenta número 1989, cuya interposición se dificultase por los problemas derivados del llamado estallido social.

9. Así, el 31 de diciembre de 2020, mediante resolución exenta 1314, el Intendente resolvió dejar sin efecto la resolución afecta número 100 de 25 de octubre de 2019 para conocer de la solicitud de invalidación y el recurso de reposición que presentase el señor nombre reservado.

10. El mismo 31 de diciembre de 2020 el señor Intendente rechazó, mediante resolución exenta 1311, la solicitud de invalidación deducida por el abogado del señor nombre reservado y del mismo modo rechazó el recurso de reposición.

11. Consecuente con lo anterior, el mismo día 31 de diciembre de 2020 el señor Intendente aprobó, mediante resolución afecta 158, el sumario administrativo y resolvió aplicar la medida disciplinaria de destitución del señor nombre reservado, resolución que fue tomada razón por Contraloría Regional el 20 de enero de 2021.

12. El 15 de enero de 2021 el abogado del señor nombre reservado solicitó a Contraloría Regional represente la resolución afecta 158, es decir, pidió que no sea tomada razón, dando a conocer lo que a su juicio son una serie de irregularidades en el curso del procedimiento disciplinario.

13. El 25 de febrero de 2021 Contraloría General de la República desestimó el reclamo por el cual se le pedía se abstenga tomar razón del acto terminal que afina sumario administrativo y por el cual se aplicó al señor nombre reservado la medida disciplinaria de destitución.

QUINTO: Que, la Corte Suprema ha sostenido en forma reiterada que el control que se ejerce por la vía del recurso de protección no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Ello no es impedimento para que exista un control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración que abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar que por esta vía cautelar se supervisen materias relativas al mérito de las decisiones adoptadas en el marco y ejercicio de facultades propias del recurrido, cuando no se afecta la razonabilidad y proporcionalidad del mismo (A modo ejemplar se citan los siguientes fallos de la Excelentísima Corte Suprema: 18.823-2019, 97.284-2020 y 150.201-2020).

SEXTO: Que, todos los reproches realizados por el señor nombre reservado a la tramitación del procedimiento disciplinario han sido analizados y resueltos por las recurridas no observando irregularidades, al señalarse que no se alegó en forma oportuna alguna causal de inhabilidad del fiscal del sumario, teniendo facultades para modificar la formulación de cargos al ser devueltos los antecedentes por el Intendente, habiendo tenido la posibilidad el investigado de efectuar descargos luego que incluso se le autorizase prórroga, no ofreciendo la rendición de prueba, no existiendo obligación ante la ausencia de petición de abrirse un término probatorio, emitiéndose un acto de término debidamente fundado.

SÉPTIMO: Que, luego de revisar los hechos descritos en los cargos se advierte la infracción en forma grave y reiterada del principio de probidad administrativa al no haber cumplido el señor nombre reservado con la obligación establecida en la letra d) del artículo 61 del D.F.L. número 29/2004 de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo, en cuanto a cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico, demostrándose en forma pormenorizada que ejecutó actividades y ocupó tiempo de la jornada de trabajo en beneficio propio o para fines ajenos a las institucionales, abandonando su puesto laboral para realizar clases en una institución de educación superior, sin el debido permiso, además de haber hecho uso de permisos gremiales sin dar aviso previo a su jefatura, realizando solicitudes de permiso con fecha posterior al uso de los mismos sin registrar horario de salida; hacer uso de permisos gremiales sin registrar horarios de salida y hacer uso de permisos sindicales para fines distintos a los indicados en el artículo 31 de la ley 19.296, en específico realizar clases en los días que se detallan en la resolución. Así las cosas no se advierte infracción al principio de proporcionalidad observando además la precisión necesaria que ha permitido que el investigado ejerciese todos sus derechos en orden a efectuar descargos e impugnar diversas actuaciones.

Por lo demás, fluye del recurso que el recurrente no está de acuerdo con la sanción, la que califica de desproporcionada, más de los antecedentes de la resolución cuestionada aparece que se han señalado las razones que la justifican especificando los hechos que configuran las infracciones y la reiteración de ellas en el tiempo, no existiendo mayor justificación por el recurrente que de pábulo para pensar que esta es desmedida, sino que se compadece con la entidad de infracciones imputadas, el número de ellas, el tiempo y circunstancias en que se cometieron, por lo que no aparece ni se ha probado que ella sea desequilibrada desmedida o excesivamente drástica como se pretende. La gravedad de la falta de probidad viene destacado no solo en el ámbito público, sino también en el privado, a propósito de la regulación en el Código del Trabajo de precisamente una de las causales del despido. Así, con mayor rigor la deshonestidad de los funcionarios públicos es sancionada por el legislador al ser el respeto a la probidad un deber de la esencia de la función.

OCTAVO: Que, fluye de los antecedentes que el procedimiento disciplinario ha sido tramitado con observancia del marco legal, en particular los requerimientos de la ley 19.880 sobre bases de procedimientos administrativos y ley 18.834 relativo al estatuto administrativo, advirtiendo pleno respeto a la garantía del debido proceso en un procedimiento racional y justo, sustanciado por la autoridad competente en el ejercicio de facultades legales y en un caso previsto por ley en relación a la norma aplicable sin que se pueda advertir infracción a igualdad ante la ley, vulneración a derecho de propiedad o la honra del recurrente.

Que, resulta evidente conforme los antecedentes reunidos que ha existido un procedimiento administrativo previo, afinado, sin recursos pendientes y con trámite de toma de razón por parte de Contraloría Regional, advirtiéndose en su oportunidad la formulación de cargos y la emisión de descargos, existiendo la posibilidad de un periodo de prueba que no fue solicitado, propuesta de sanción y resolución aprobatoria de la misma.

NOVENO: Que en lo referente al pago de remuneraciones devengadas durante el mes de diciembre de 2019 y enero de 2021, aquella alegación fue objeto de un recurso de protección anterior signado con el rol 39-2021, siendo rechazado, sentencia confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en rol 21.775-2021. Se destaca entre los fundamentos de aquel fallo que lo discutido dice relación con la existencia de un derecho, “cuestión que no se condice con una acción de la naturaleza escogida, pues para determinar la procedencia del pago de las prestaciones que se reclaman debe mediar un debate previo acerca de la fuente de la obligación que se demanda, en la sede orgánica y funcional idónea, que haga posible la acreditación, dilatado examen y determinación jurisdiccional, tendientes a la comprobación y, por sobre todo, declaración de la existencia del derecho reclamado, como asimismo y, en evento favorable para el recurrente, la precisión de la cuantía de lo devengado y exigible de pago, contándose en el ordenamiento jurídico con los remedios procesales propicios al efecto”. De esta manera la recurrente carece de un derecho indubitado siendo otra vía y sede la competente para conocer de aquella pretensión.

DÉCIMO: Que, en definitiva, no se advierte arbitrariedad o ilegalidad en el obrar de las recurridas que han ajustado su actuar al ordenamiento jurídico siendo procedente el rechazo del recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 2, 3, 4 y 24 en relación al artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación de los Recursos de Protección de la Excma. Corte Suprema, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Juan Cristóbal Valdivia González en representación de nombre reservado en contra del Intendente de la región de Los Ríos nombre reservado y en contra del Contralor Regional de la región de Los Ríos nombre reservado.

Redacción a cargo del señor Ministro Mario Julio Kompatzki Contreras.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-85-2021.