Protección contra SERVICIO DE SALUD VALDIVIA

Valdivia, dos de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece la Abogada CAROLINA AZÚA GARCÍA, , Rut RUT reservado domiciliada en domicilio reservado, a nombre y en representación, de nombre reservado, Rut RUT reservado, auxiliar de servicio; nombre reservado, Rut RUT reservado, auxiliar de servicio; nombre reservado, Rut RUT reservado, auxiliar de servicio; nombre reservado, Rut RUT reservado, auxiliar de servicio; nombre reservado, Rut RUT reservado, auxiliar de servicio; nombre reservado, Rut RUT reservado, auxiliar de servicio; nombre reservado, Rut RUT reservado, auxiliar de servicio, nombre reservado, Rut RUT reservado, calderero, nombre reservado, Rut RUT reservado, calderero; nombre reservado, Rut RUT reservado, auxiliar de mantencion; nombre reservado, RUT reservado, calderero; nombre reservado, Rut RUT reservado, administrativo; nombre reservado, Rut RUT reservado, administrativo; nombre reservado, Rut RUT reservado, técnico en farmacia; nombre reservado, Rut RUT reservado, Técnico en enfermería, nombre reservado, Rut RUT reservado, profesional; nombre reservado, Rut RUT reservado, administrativo; nombre reservado, Rut RUT reservado, administrativo; nombre reservado, Rut RUT reservado, técnico en enfermería; nombre reservado, Rut RUT reservado, técnico en enfermería; nombre reservado, Rut RUT reservado, técnico en enfermería; nombre reservado, Rut RUT reservado, administrativo; nombre reservado, Rut RUT reservado, técnico, todos con domicilio en domicilio reservado. La compareciente recurre de protección en contra del SERVICIO DE SALUD VALDIVIA, representada legalmente por su Director nombre reservado, Contador Auditor, ambos domiciliados en domicilio reservado, y de la Empresa LAYNER SPA, empresa contratista del Servicio de Salud Valdivia, representada legalmente por doña nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, invocando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política , en sus N° 1°, respecto de la integridad física y psíquica de sus mandantes, y N° 24°, esto es, el derecho de propiedad respecto a sus indemnizaciones laborales. Denuncia también la vulneración del derecho al trabajo de los recurrentes, contemplado en el artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), el que se complementa con la Observación General N° 18 de la OIT, normas del más alto rango en virtud del denominado Bloque Constitucional de derechos que consagra el inciso final del artículo 5° de nuestra Constitución Política de la República. Inicia el desarrollo de su recurso, manifestando que todos los recurrentes son funcionarios de la empresa Layner SPA, empresa contratista del Servicio de Salud Valdivia, y que prestan funciones para dicho Servicio en el Hospital Santa Elisa, ubicado en domicilio reservado de la ciudad de San José de la Mariquina. Agrega que a fines del mes de Marzo recién pasado, se les informó a los trabajadores por parte del Departamento de Recursos Humanos del Servicio, que el día 30 de Abril se terminaría la Licitación con la empresa Layner SPA, y que todos los funcionarios serían traspasados al Servicio de Salud en modalidad honorarios y que al consultarse cómo sería el término de relación laboral con su empleadora, con quienes se encuentran vinculados mediante un contrato de trabajo, desde el Servicio se les dijo que es un tema que la empresa debe resolver. Prosigue señalando que pese a que consultaron que sucedería con la situación laboral de los recurrentes, no hubo respuesta alguna a ello hasta que el día 30 de Abril recién pasado, mediante correo remitido desde Recursos Humanos del Hospital Santa Elisa, informándose que desde el 01 de Mayo pasarían a ser funcionarios del Servicio de Salud Valdivia en calidad de Honorarios, y al consultarse a Layner SpA respecto a la información recibida, esta les indica que ellos continuaban siendo trabajadores de la empresa y que si deciden aceptar la nueva modalidad planteada por el Servicio, debían renunciar. Refiere que la mayoría de los trabajadores tienen más de 2 años de antigüedad en la empresa, manteniendo vacaciones pendientes, existiendo diversos pagos laborales adeudados a los cuales se les estaría obligando a renunciar arbitraria e ilegalmente, toda vez que el Servicio de Salud les presiona a firmar un nuevo contrato, sin que se les haya finiquitado con la empresa Layner SpA, sin perjuicio que en su calidad de empresa mandante también le asiste al Servicio responsabilidad respecto de dichos pagos, afirmando la compareciente que se configuraría una colusión entre las recurridas, las cuales frente a su posición de superioridad respecto a las recurrentes, les están haciendo optar ente sus derechos laborales versus continuar con sus funciones, y por cierto en una calidad contractual más desfavorecida. Añade que no impresiona el actuar de la recurrida, ya que no es la primera vez que el Servicio de Salud de Valdivia ha instaurado verdaderas políticas públicas de desprotección a sus trabajadores, denunciado una colusión entre ambas recurridas en este escenario descrito. Expresa después que los días 6 y 7 de Mayo se les solicito a los trabajadores por el Departamento de Recursos Humanos del Servicio, los documentos pertinentes para confeccionar los nuevos contratos y el 11 de Mayo nuevamente mediante correo electrónico que transcribe, comunicándoseles que sus contratos se encuentran listos para ser firmados, sin hacerse cargo, por ninguna de las recurrentes del finiquito del contrato laboral vigente, desconociendo que los trabajadores no pueden tener 2 contratos vigentes, haciendo presente que a los recurrentes se les enrolo en el reloj control del Servicio, por lo que actualmente firman su control con ambas recurridas, ante lo cual, parte de los recurrentes concurrieron a la oficina de Recursos Humanos para indagar por estas situaciones solicitándoseles la nómina de las personas que se nieguen a firmar dicho contrato. Remitiéndose a las garantías constitucionales invocadas para recurrir, señala que la situación descrita genera angustia y frustración en los recurrentes, el verse conminados a renunciar a determinados derechos, afectando también otros, vulnerando la propiedad que tienen sobre estos, explicando que se recurre de protección por tratarse de un procedimiento más rápido y por requerir premura el ejercicio de una tutela rápida y eficaz , invocando también las convenciones y pactos internacionales ya citados. Concluye su recurso solicitado acoger la presente acción constitucional, ordenando a las recurridas materializar el traspaso de los funcionarios desde la empresa contratista a la mandante, respetando los derechos laborales de los recurrentes, es decir con el pago íntegro de sus finiquitos y su nueva contratación en los mismos términos actuales o más favorables, pero en caso alguno en términos desfavorables, con costas La recurrente acompañó los contratos de trabajo de los recurrentes con la empresa recurrida.

Se ordenó a las recurridas informar el recurso.

Informa el recurso en primer lugar, la empresa LAYNER SPA, RUT RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, a través del Abogado Sr Álvaro Jofré Contreras, quien procede a exponer la posición de su representada, negando toda participación en cualquier calidad en los hechos denunciados, resaltando su pleno apoyo a los trabajadores recurrentes en la presente acción, por las presiones indebidas que ejercería el Servicio de Salud de Valdivia en contra de ellos y también de LAYNER S.p.A.. Se refiere a continuación, al contexto de la ejecución del contrato administrativo adjudicado en la licitación id1057545-27-lr19, que se ejecuta en dependencias y unidades del Hospital Santa Elisa de Mariquina, establecimiento perteneciente a la red pública de salud y dependiente del Servicio de Salud de Valdivia. Se refiere después a la situación laboral de los trabajadores, cuyos servicios son prestados en el marco del contrato adjudicado cuyo detalle explica, destacando que la empresa ha respetado, respeta y respetará todos los derechos fundamentales de sus trabajadores, tanto aquellos emanados de su dignidad humana como de su calidad de trabajadores, imputando todos los hechos denunciados al recurrido Servicio de Salud de Valdivia. En cuanto a las presiones que el organismo estaría ejerciendo respecto de los trabajadores, señala que el objetivo es el de firmar un nuevo contrato, sin que se les haya finiquitado el que se encuentra vigente con LAYNER SpA, negando que exista colusión entre ambas recurridas como lo estiman los trabajadores, descartando que su representada haya incurrido en alguna conducta que se identifique con el tipo penal de colusión, afirmando que la empresa siempre ha sido responsable y respetuosa con sus colaboradores en todo orden y en todo momento, destacando la actividad de outsourcing que desarrolla por varios años a la fecha, con vasta experiencia proveyendo recursos humanos a los servicios públicos y con estricto apego al marco normativo que rige la actividad de compras públicas. Prosigue reiterando el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales remitiéndose a los certificados extendidos por la Dirección del Trabajo respecto de LAYNER SpA para su centro de costo “Servicio de Salud de Valdivia”, en el que se comprende el estado de cumplimiento de los derechos de los trabajadores recurrentes, respecto de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2021, manifestando que la empresa seguirá dando pleno cumplimiento en lo que dice relación con la prestación de los servicios y con el pago de sus remuneraciones y cotizaciones de seguridad social. Reitera que estos derechos de sus trabajadores han sido pagadas integra y oportunamente, sin que exista alguna reclamación por dichos conceptos como consta en la documentación respectiva, y en el cuadro que expone en su informe, a pesar de las conductas de acoso desplegadas en contra de su representada por el Servicio de Salud de Valdivia, en orden a condicionar ilegalmente dar curso de las facturas para su pago, exigiendo la terminación de los contratos de trabajo vigentes entre Layner SpA y sus trabajadores, incurriendo así en un actuar desleal que vulnera la integridad psíquica de sus trabajadores. Expone a continuación que Layner SpA ha cumplido su obligación con el Servicio de Salud de Valdivia, de proporcionar el personal comprometido, pero que por motivos desconocidos la entidad pública ha decidido deshacerse de los servicios de la empresa, actuando de mala fe al intentar por todos los medios quitarles sus trabajadores, mediante estas presiones indebidas y con el acoso a los trabajadores para suscribir contratos a honorarios, lo que fue comunicado a la empresa mediante los Oficios Ordinarios 534, 535, 536 y 537, todos de fecha 17 de Marzo de 2021, excediendo las facultades del contrato al ordenar desvincular a sus trabajadores por “necesidades de la empresa”, precarizando la situación laboral. Destaca el informante que todo lo anterior consta en las comunicaciones vía email del Departamento de Recursos Humanos del Hospital de Santa Elisa de Mariquina de fecha 30 de Abril, en la cual nombre reservado instruye a los trabajadores sobre el proceso de “traspaso a honorarios” conforme a instrucciones dadas desde el Servicio de Salud de Valdivia. Concluye su informe haciendo un resumen de los antecedentes ya expuestos y solicita acoger parcialmente la acción interpuesta, sólo respecto de los actos vulneratorios en que incurren los funcionarios del Servicio de Salud de Valdivia, en contra de sus trabajadores El informante acompañó los siguientes documentos 1.) Reglamento interno y manual de procedimientos 2020 Layner SpA.

2.) Certificados de antecedentes laborales y previsionales, emitidos los meses de Febrero a Abril de 2021 por la Dirección del Trabajo respecto de Layner SpA 76.034.985-2, por el que certifica que ésta no registra: a.1) multas ejecutoriadas; a.2) deuda previsional; a.3) resoluciones de multa.

3.) Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, emitido los meses de Febrero a Mayo de 2021 por la Dirección del Trabajo respecto de Layner SpA 76.034.985-2, por el que certifica que ésta, respecto del contrato con el Servicio de Salud de Valdivia, declaro contratos de trabajo vigentes con todas sus remuneraciones y cotizaciones previsionales pagadas, respecto del período Enero a Abril 2021, respecto de los actores en estos autos.

4.) Certificados de pago de cotizaciones previsionales emitidos con fecha 29 de mayo de 2021 por Previred respecto de los trabajadores actores en autos para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021.

5.) Copia de los Oficios Ordinarios 534 del 17 de marzo de 2021; 537 del 17 de marzo de 2021; 535 del 17 de marzo de 2021; 536 del 17 de marzo de 2021;

6.) Copia de contrato a honorarios tipo ofrecido por el Servicio de Salud de Valdivia a trabajadores incluidos los de Layner SpA.

7.) Sets de Correos electrónicos de fecha 4 de mayo de 2021 entre personal de mi representada y del Hospital de La Unión en que consta la desconexión del reloj control de mi parte instalado en dicho Hospital.

8.) Copia de Oficio Ordinario 732 que condiciona el pago al despido de trabajadores.

9.) Correo electrónico del 30 de abril de 2021 remitido a los trabajadores de Layner por doña nombre reservado, profesional del Sub departamento de Recursos Humanos del Hospital Santa Elisa.

10.) Correo electrónico del 06 de mayo de 2021 remitido por la Oficina de Valdivia a trabajadora Layner instruyendo sobre la vigencia contractual.

11.) Correo electrónico del 05 de mayo de 2021 de consulta a LAYNER sobre situación laboral.

12.) Copia simple del comunicado de la empresa a sus trabajadores para precisar hechos y posiciones sobre las presiones ejercidas por la recurrida;

13.) Copia de las resoluciones que conforman el proceso licitatorio ID 1057545-27-LR19.

Informan el recurso en segundo lugar, los Abogados Carla Veloso Telias y Daniel Villegas Farías en representación del Servicio de Salud Valdivia, solicitando el rechazo de los recursos interpuestos por resultar improcedentes y carecer de fundamentos, manifestando que el procedimiento de protección, no sería la vía idónea para revisar los eventuales conflictos interpretativos entre las partes que suscriben un contrato administrativo. Señalan como cuestión previa, que no existe una colusión o acuerdo entre los recurridos para vulnerar los derechos laborales de los recurrentes, habiendo sido informado a la empresa Layner SpA en el desarrollo de un contrato administrativo de intermediación de recursos humanos, la reducción de la planilla de los trabajadores considerados, negándose la empresa a realizar las gestiones necesarias para llevar a término esas relaciones contractuales, incumpliendo así la legislación laboral, generando una situación de incertidumbre y desprotección entre sus trabajadores dependientes. Explican después que su representada adjudicó a la otra parte recurrida una serie de contratos de prestación de servicios de intermediación, todos en el marco de la aplicación de la Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, el que a la fecha se encuentra en ejecución, por la suma de $1.607.227.109, con una duración de 24 meses desde el mes de Agosto de 2019, estableciéndose como obligación de Layner SpA, la prestación de servicios de intermediación de recursos humanos requerido por el Servicio de Salud Valdivia, en el caso concreto de trabajadores destinados a desarrollar diversas tareas en el Hospital Santa Elisa de San José de la Mariquina. Agregan que el Servicio a través de oficio Ordinario N° 537, de fecha 17 de Marzo de 2021, informó al recurrido Layner SpA el detalle de los trabajadores cuyos servicios no serán requeridos a contar del día 01 de Mayo de 2021, comunicándose en el mismo documento las razones para solicitar tal medida en conformidad con la adjudicación, el que considera un costo fijo por las remuneraciones que se deben pagar a los trabajadores incluidos en la Licitación Pública, monto que es fijado por la institución y que debe ser pagado a cada trabajador por el contratista, habiendo considerado inicialmente la contratación de una cantidad estimada de trabajadores, la que dependería de las necesidades de la Red Asistencial, de modo que la cantidad de trabajadores requeridos podría aumentar o disminuir durante la vigencia del contrato. Explican después que la medida de reducción de personal tendría efectos a contar del día 01 de Mayo de 2021 y que tras notificarse el oficio a Layner SpA, este con fecha 25 de Marzo de 2021, la empresa ingreso una carta a la Dirección del Servicio, solicitando ser indemnizada por esa determinación. Se refieren a continuación a la naturaleza de acción de protección, manifestando que la contraria, es decir Layne SpA, pretende usufructuar de este procedimiento para evitar así recurrir a una instancia de lato conocimiento que es la competente para conocer y resolver sobre las supuestas irregularidades ideadas por ella, existiendo en los hechos una interpretación contrapuesta entre las partes sobre la extensión de las potestades establecidas a favor del Servicio de Salud en las Bases Administrativas y contratos, referida a los aumentos y disminuciones de la cantidad de trabajadores considerados en cada contrato, lo que impide establecer la existencia de un derecho indubitado a favor del recurrente, en los términos en que es planteado la acción de protección, remitiéndose a Jurisprudencia que se ha pronunciado sobre la materia. Reiterando los fundamentos ya expuestos, afirman que el Servicio no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal, al remitirse a las bases administrativas de la adjudicación y a los contratos ya referidos y en cuanto a la situación de los trabajadores, únicamente puede plantear como alternativa una contratación bajo la modalidad de honorarios, pasando los trabajadores de tener una dependencia externa por Layner SpA, a tener una relación contractual de prestación de servicios directamente con su representado, sin que se haya exigido renunciar a sus contratos de trabajo, por corresponder a su empleador cumplir con sus obligaciones, pagando los finiquitos que sean procedentes según la legislación laboral, y que solo en caso de incumplimiento y ante la eventualidad de acciones judiciales, el Servicio actuara como demandado subsidiario. En referencia a los correos electrónicos mencionados en el recurso, hacen presente que los mismos tenían por única finalidad informar a los trabajadores de la situación y que los contratos a honorarios celebrados con el Servicio de Salud Valdivia se encontraban disponibles para sus suscripción, pero no para que los trabajadores presenten sus renuncias voluntarias a la empresa Layner SpA, afectando sus derechos laborales. Agrega en relación con lo anterior, que el propio recurrido Layner SpA presentó Recursos de Protección en contra de su representado, Rol de Ingresos N° 236-2021 y N° 237-2021, los cuales fueron conocidos por esta Corte siendo ambos recursos rechazados. Respecto de las garantías constitucionales invocadas en el recurso, manifiestan que no existe una actuación u omisión arbitraria o ilegal del Servicio de Salud Valdivia que prive, perturbe o amenace las garantías de la actora y que cualquier afectación es imputable a su empleador directo , como asimismo que el recurso interpuesto no corresponde a una materia que deba ser dilucidada mediante esta acción cautelar de urgencia, por no constituir una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquéllos que siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria. Concluye su informe solicitando que el recurso sea rechazado, con costas.

Los informantes acompañaron los siguientes documentos:

1.) Ordinario N°732, de fecha 04 de mayo de 2021, del Servicio de Salud Valdivia, dirigido a Layner SpA, donde se solicita documentación referente a trabajadores considerados, entre otras, en Licitación Pública ID N°105754-27-LR19 Suministro Servicios de Intermediación Hospital Santa Elisa, Personal Salud, Calidad y Acreditación.

2.) Carta de Layner SpA, de fecha 25 de marzo de 2021, dirigida al Dirección del Servicio de Salud Valdivia, en la cual se responden los oficios informando la reducción de los contratos de intermediación suscritos entre las partes, solicitando negociar un término anticipado de los contratos y el pago de una indemnización de perjuicios.

3.) Ordinario N°537, de fecha 17 de marzo de 2021, del Servicio de Salud Valdivia, dirigido a Layner SpA, que informa reducción de los trabajadores considerados en Licitación Pública ID N°105754-27-LR19 Suministro Servicios de Intermediación Hospital Santa Elisa, Personal Salud, Calidad y Acreditación.

4.) Resolución Afecta N°80, de fecha 21 de febrero de 2019, del Servicio de Salud Valdivia, que Aprueba Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de Licitación Pública Convenio de Suministro de Servicios de Intermediación de Recursos Humanos para el Servicio de Salud y Establecimientos Dependientes.

5.) Resolución Exenta N°2698, de fecha 10 de mayo de 2019, del Servicio de Salud Valdivia, que Adjudica Licitación Pública ID N°1057545-27-LR19 Suministro de Servicios de Intermediación de Recursos Humanos para el Servicio de Salud y Establecimientos Dependientes, 6.) Resolución Afecta N°455, de fecha 25 de junio de 2019, del Servicio de Salud Valdivia, que Aprueba Contrato de Suministro de Servicios de Intermediación de Recursos Humanos para el Servicio de Salud y Establecimientos Dependientes, correspondiente a Licitación pública ID N°1057545-27-LR19, suscrito con Layner SpA.

7.) Anexo N°4 “Oferta Económica”, presentado por Layner SpA en Licitación Pública ID N°1057545-27-LR19 Suministro de Servicios de Intermediación de Recursos Humanos para el Servicio de Salud y Establecimientos Dependientes.

Se decretó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Constituye un requisito indispensable de la acción de protección la existencia de una acción u omisión ilegal, es decir, contraria a la ley o que sea arbitraria por parte de quien incurre en ella y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más garantías protegidas por el legislador. La recurrente ha invocado para recurrir y fundamentar su acción, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19° N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, “El derecho a la integridad psíquica de la persona” y 19° N° 24° “El derecho de propiedad”.

SEGUNDO: Que, recurre de protección la apoderada de 23 trabajadores contratados por la empresa Layner SpA, en el marco de un contrato de adjudicación para proveer personal al Servicio de Salud Valdivia, quienes se desempeñan en el Hospital Santa Elisa de Mariquina. Recurren en contra de su empleador y del organismo público ya indicado, señalando que mantienen contratos de trabajo vigentes, pero que han sido presionado por el Servicio de Salud y su empleador para renunciar a sus trabajos sin el pago de los derechos laborales que corresponde, a objeto de continuar prestando sus servicios directamente al organismo público, mediante contratos a honorarios. En la audiencia de la vista de la causa, su apoderada informo que actualmente los trabajadores se encuentran prestando los mismos servicios, siendo remunerados por su empleador directo conforme las condiciones estipuladas en sus respectivos contratos de trabajo, percibiendo asimismo pago a honorarios del Servicio de salud Valdivia. Admitiendo la posibilidad que la acción cautelar no sea la idónea para conocer de esta materia, invocan pactos y Convenios Internacionales para justificar la interposición de recurso, el cual por la rapidez de su tramitación, permite resguardar los derechos laborales con la prontitud que el asunto requiere. Solicitan en definitiva ordenar a las recurridas materializar el traspaso de los funcionarios desde la empresa contratista a la mandante, respetando los derechos laborales de los recurrentes, es decir con el pago íntegro de sus finiquitos y su nueva contratación en los mismos términos actuales, o más favorables, pero en caso alguno en términos desfavorables.

TERCERO: Que, al informar la recurrida Layner SpA, solicitó el rechazo de la acción respecto de esa empresa, confirmando su calidad de empleador de los trabajadores recurrentes, manifestando que se adjudicó del Servicio de Salud Valdivia un contrato en su calidad de empresa de outsourcing, para proveer personal al Hospital de Mariquina, pero que le fue informado el mes de Marzo del año en curso que debería finiquitar a un determinado número de ellos, para ser recontratados posteriormente a honorarios por el Servicio de Salud. Informó que no ha accedido a lo solicitado por su mandante y que los contratos laborales siguen vigentes, con las remuneraciones y cotizaciones previsionales al día, manifestando que la pretensión del Servicio de Salud no es otra que alterar las bases del contrato adjudicado, presionando a través de los hechos denunciados en el recurso, precarizando en definitiva la relación laboral de los trabajadores, sin cumplir con su obligación de pagar las ultimas facturas a la empresa. Solicitó que el recurso sea acogido parcialmente, solo respecto del servicio de Salud Valdivia y sea rechazado respecto de la empresa.

CUARTO: Que, al informar el Servicio de Salud Valdivia, ratificó la calidad de mandante de la empresa Layner SpA, quien se adjudicó un contrato para proveer de trabajadores para desempeñarse en el Hospital de San José de la Mariquina. Se remitió a las Bases Administrativas, las cuales hacen admisible solicitar la desvinculación de los trabajadores, todo con cargo al empleador y que razones internas han motivado su decisión, teniendo como finalidad la contratación bajo la modalidad de honorarios de los trabajadores. Niegan haber incurrido en actos ilegales o arbitrarios y si alguna afectación ha provocado toda esta situación a los trabajadores, ello es imputable a su empleador directo, negando presionar a los trabajadores o que hayan solicitado renunciar al contrato con su empleador directo sin pago de indemnizaciones, afirmando que lo que en fondo pretende el contratista es obtener indemnizaciones para esa empresa. Solicitó declarar improcedente el recurso, por tratarse de una materia de lato conocimiento que no es propio de una acción cautelar.

QUINTO: Que, conforme con lo analizado en los considerandos precedentes, el Servicio de Salud Valdivia, a través de Resolución Afecta N°80, de fecha 21 de Febrero de 2019, que aprobó las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos para la contratación de Servicios de Intermediación de Recursos Humanos para el Servicio de Salud y sus establecimiento dependientes, realizó el llamado a Licitación Pública ID N°1057545-27-LR19 a través del sistema de información www.mercadopublico.cl, siendo adjudicado al contratista Layner SpA, decisión formalizada en Resolución Exenta N° 2698, de fecha 10 de Mayo de 2019, del organismo ya señalado. La duración del contrato adjudicado es de dos años. No se encuentra discutida la circunstancias que en virtud de esa adjudicación la empresa Layner SpA contrató los servicios delos trabajadores para desempeñarse en el Hospital Santa Elisa de la comuna de San José de la Mariquina, como asimismo que le fue solicitada a la empresa contratista la desvinculación de determinado número de trabajadores, para desempeñar los mismos servicios bajo la dependencia del Servicio de Salud Valdivia, bajo la modalidad a honorarios. En la vista de la causa, los intervinientes confirmaron la circunstancia que los trabajadores se encuentran prestando servicios y percibiendo remuneraciones de su empleador Layner SpA, como asimismo honorarios que les paga el Servicio de Salud Valdivia.

SEXTO: Que, de acuerdo con lo que se expuso en los informes de los recurridos, esas partes mantienen una situación contractual de conflicto en la ejecución del contrato administrativo ya individualizado en la cláusula anterior, la cual es de naturaleza jurídica administrativa o también de carácter civil, cuya discusión y resolución corresponde sea conocida en la sede y bajo el procedimiento respectivo, que no es el de esta vía cautelar. Sin perjuicio de lo anterior, el recurso ha sido interpuesto por los trabajadores, quienes manifiestan tener incertidumbre respecto de su situación laboral, denunciando la conculcación de sus derechos laborales, en especial en lo que dice relación con la terminación de sus contratos y el pago de las indemnizaciones y aquellos propios de un finiquito, lo cual atribuyen a un acto de colusión entre las recurridas. Admitiendo que la presente vía no pudiere ser la óptima para conocer del asunto, la parte recurrente asilándose en la protección que otorga el artículo 20 de la Constitución Política de la República a las garantías constitucionales, recurrieron a través de la acción cautelar.

SEPTIMO: Que, analizada la situación expuesta y planteada por los recurrentes, se desprende de su contenido que esta es de carácter eminentemente laboral y se fundamenta en una eventual conculcación de sus derechos laborales, por las situaciones ya descritas y ante la posibilidad que no le sean pagado ciertos derechos. Al efecto, debe tenerse en consideración, que el DFL N° 2 de 1967 que fija las funciones de la Dirección del Trabajo, dispone en su artículo 1°, como primera función que le corresponde a este organismo público: “a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”. En el Artículo 31°, este cuerpo legal dispone que “Los funcionarios del Trabajo podrán requerir de los empleadores, patrones o de sus representantes y de sus organizaciones, toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización que les corresponda y todos los datos pertinentes para realizar las encuestas que patrocina la Dirección del Trabajo, incluso la exhibición de sus registros contables para su examen.”. Debe también tenerse en consideración que en virtud de lo dispuesto en los artículos 183-A y siguientes el Código del Trabajo, existe entre las partes del presente recurso un contrato de trabajo en régimen de subcontratación, por la existencia de una empresa mandante y otra contratista, con lo cual a la primera de estas también le corresponde obligaciones respecto de los derechos de los trabajadores que se desempeñen en virtud de la prestación de sus servicios, cobrando relevancia la circunstancia que se trata de un organismo público, el cual debe observar estricto apego al principio de la legalidad.

OCTAVO: Que, lo referido en los considerandos precedentes permiten dejar establecido que cualquier afectación a los derechos laborales, sea esta efectiva o eventual, como asimismo la existencia de actos o medidas por parte de un empleador o de terceros, que pudieran provocar perjuicios económicos reales o de carácter psicológico a los trabajadores, son materias propias de la competencia administrativa de la Dirección del Trabajo, la cual delega sus atribuciones a las Inspecciones Provinciales y a sus fiscalizadores, quienes están dotados de amplias atribuciones para conocer de esta clase asuntos y adoptar medidas en el evento de constatar infracciones a la legislación laboral. Asimismo, considerando que el conflicto suscitado entre el adjudicatario de una licitación pública y el mandante, quien tiene la calidad de servicio público, dice relación con la interpretación y aplicación de las estipulaciones y las bases administrativas de la licitación respectiva, la materia también es de la competencia de la Contraloría General de la República, quien puede emitir un pronunciamiento respecto de la procedencia de determinadas resoluciones que pueda afectar a los trabajadores del contratista. En este contexto, corresponde a los organismos públicos con competencia en materia de fiscalización, conocer del asunto materia del presente recurso.

NOVENO. Que, con relación a las afectaciones y perjuicios que pudieran provocarse a los trabajadores recurrentes por las instrucciones del mandante, debe tenerse presente que sus remuneraciones y cotizaciones previsionales se encuentran al día, como asimismo que según lo informado en la Vista del recurso, aquellos estarían percibiendo por el mismo servicio remuneraciones y pago de honorarios a través del Servicio de Salud, con lo cual la situación en la cual se encuentran, manifiestamente no constituye un estado que le provoque perjuicios, sino que un beneficio económico. Sin perjuicio de lo anterior y solo a modo de ejemplo, puede citarse los artículos 7° y siguientes, 41° y siguientes, 54° y siguientes, 66° y siguientes; 162°, 168°, 183-A y siguientes y demás pertinentes de Código del Trabajo, los cuales protegen efectivamente los derechos del trabajador y ratifican su protección, por su condición de parte más débil de la relación laboral. En este escenario, no resulta admisible que la eventual presión que dicen recibir los recurrentes de los recurridos para renunciar a sus contratos actuales y a determinados derechos, puedan tener un efecto de anular o afectar su voluntad y capacidad de discernimiento, por existir organismos fiscalizadores encargados de cautelar la aplicación de la legislación laboral a quienes recurrir, para que adopten medidas concretas en contra del eventual infractor.

DECIMO: Que, en cuanto a la idoneidad de la vía cautelar, debe tenerse presente en primer lugar, que al encontrarse debidamente protegidos los derechos del trabajador, la eventual incertidumbre que les provocaría los hechos descritos en el libelo, estos pueden ser cautelados a través de los procedimientos administrativos o incluso judiciales establecidos y que se encuentran a su disposición, lo que resta efectividad o plausibilidad a cualquier eventual presión que pudieren recibir y de la cual pueda emanar el efecto de la afectación psicológica que reclaman. Lo anterior, sin perjuicio que los antecedentes expuestos no se encuentran indubitados, debiéndose además precisar que resulta totalmente inadmisible respecto de la acción de protección lo pretendido por la recurrente en la parte petitoria del libelo, en cuanto a que se ordene a las recurridas materializar el traspaso de un empleador a otro con pago de finiquitos, por tratarse de un asunto propio de la legislación y del procedimiento laboral y de conocimiento de la sede jurisdiccional respectiva. Por las consideraciones expuestas, el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y, visto además, lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA sin costas, el Recurso de Protección interpuesto por los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado,;nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Valdivia y de la Empresa Layner SPA, por no resulta idónea la acción de protección respecto de la materia expuesta en el libelo.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Vidal Etcheverry.

Rol 846 – 2021 PRO.