nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE OSORNO

C.A. de Valdivia.

Valdivia, veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

1º) José Baquedano González, abogado, en representación de nombre reservado, asistente social, domiciliado en la comuna de Osorno, deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Osorno, representada por su alcalde Jaime Bertín Valenzuela, impugnando el Decreto Alcaldicio 3979 de 25 de junio de 2026, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, y el Decreto Alcaldicio 4540 de 29 de julio de 2026, que rechaza su solicitud de reconsideración de aquella sanción, actos que califica de arbitrarios, ilegales y vulneratorios de sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad, contenidas en los números 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que fue sancionado en su calidad de funcionario municipal grado 11°, profesional, de planta, dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte Publico de la Municipalidad de Osorno, imputándosele el cargo de haber incurrido en atrasos reiterados por 44 horas y 7 minutos y en 8 días de inasistencias injustificadas, sin causa justificada formal suficiente.

Señala que la resolución sancionatoria que impugna no se habría hecho cargo de sus alegaciones y fundamentos vertidos en sus defensas y en la reposición administrativa, que se basaron en el hecho incontrovertido de que es padre de un niño de 7 años, diagnosticado con trastorno de espectro autista y en la circunstancia de que, en períodos de crisis de su hijo, el padre debe contenerlo para superar los episodios complejos, los cuales, cuando acaecen durante jornada laboral, lo obligan a ausentarse transitoriamente para atender estas emergencias derivadas de la condición clínica.

Agrega que la Ley Nº21.545 que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación, que agregó el artículo 66 quinquies del Código del Trabajo, estableció que el tiempo que los padres de niños autistas destinen a la atención de las emergencias que a estos les afecten en los establecimientos educacionales en los cuales cursen su enseñanza parvularia, básica o media, será considerado como trabajado para todos los efectos legales”. Dicha consideración fue históricamente aplicada con tolerancia y buena fe por la autoridad municipal, cuyas otorgaban todas las facilidades a sus trabajadores para asistir a los menores autistas a su cargo en períodos de crisis, exigiendo haber acreditado la condición del hijo y ser su tutor responsable. Posteriormente y superado el episodio de crisis, el servidor regularizaba con su jefatura sus ausencias y días no trabajados, procediendo el correspondiente descuento en sus remuneraciones y compensaciones para suplir estas ausencias, sin ulterior consecuencia adversa para el funcionario afectado, lo cual, no podía ser otra forma al amparo del principio fundamental del interés superior del Niño y las disposiciones de la citada ley.

Sostiene que, en su caso, sin embargo, la recurrida habría dado aplicación retroactiva a un reglamento recién el mes de octubre del año 2025, el Reglamento Municipal de Permiso por Emergencia de aplicación a la Ley Nº21.545, que fue dictado en una época posterior los hechos investigados en el sumario, precisamente para normar la laxitud anterior de las jefaturas respectivas en la autorización, control y compensaciones respectivas de los colaboradores que invocaban dicha normativa para ausentarse de sus funciones.

Manifiesta que, de esta manera, la resolución impugnada adolece de falta de fundamentación, establece para su situación una diferencia arbitraria, aplicando un estatuto inexistente al momento de la falta por la que se le sanciona y una pena que excede toda proporcionalidad.

Pide que se dejen sin efecto los actos que impugna y se disponga su reincorporación y el pago de las remuneraciones devengadas en el intertanto.

2º) Informando, la Ilustre Municipalidad de Osorno, afirma que los cargos fueron plenamente acreditados en el procedimiento sumarial, tratándose los referidos atrasos e inasistencias de un comportamiento grave, respecto del cual la ley asigna la medida disciplinaria de destitución, con independencia de las atenuantes alegadas por el sumariado.

Frente a las alegaciones del recurrente, señala que sus circunstancias familiares, médicas, terapéuticas y laborales fueron incorporadas y ponderadas, concluyéndose que no se acreditó suficientemente, respecto del conjunto de los hechos sancionados, que tales atrasos e inasistencias hubieren correspondido efectivamente a emergencias de su hijo con trastorno de espectro autista, de conformidad a los términos de la Ley N°21.545 y el artículo 66 quinquies del Código del Trabajo.

Expone que el diagnóstico del hijo del recurrente, el vínculo filial y la matrícula escolar acreditan circunstancias relevantes, pero no permiten presumir que cualquier atraso, ausencia o incumplimiento horario del padre corresponda automáticamente a una emergencia protegida. Para subsumir un hecho en la disposición invocada debe existir una relación concreta entre la emergencia, la necesidad de concurrencia del trabajador y la jornada determinada cuya justificación se pretende.

Agrega que, durante el procedimiento el recurrente manifestó que en diversas oportunidades había informado informalmente a algunas jefaturas sobre dificultades asociadas a la situación de su hijo. La Municipalidad no desconoce esas comunicaciones. Sin embargo, la afirmación de que “la gran mayoría de las veces” avisó que llegaría tarde no permite identificar qué emergencia ocurrió, en qué fecha, dónde se produjo, qué duración tuvo ni cómo se relaciona con cada una de las ocho jornadas completas y con el conjunto de atrasos imputados. Además, el propio funcionario refirió que los episodios de descompensación ocurrían, por regla general, durante la noche o madrugada. Ese antecedente permite comprender las dificultades familiares, pero no identifica automáticamente tales episodios con emergencias respecto de la integridad del menor en su establecimiento educacional.

Precisa que la responsabilidad administrativa del actor no se estableció por infringir el Reglamento Municipal, omitir un formulario creado por este ni incumplir requisitos reglamentarios posteriores, sino que los cargos se fundaron en obligaciones preexistentes de la Ley N°18.883, relativas al cumplimiento de la jornada, la asistencia regular al servicio y la debida justificación de atrasos y ausencias.

Por otro lado, añade que el recurso de protección no constituye la vía idónea para impugnar el mérito ni el contenido de actos administrativos de naturaleza disciplinaria, dado su carácter cautelar y limitado a restablecer el imperio del derecho frente a actos ilegales o arbitrarios manifiestos.

Finalmente, alega que no existe en este caso una acción u omisión que pueda catalogarse de ilegal o arbitraria y que no hay vulneración a garantía constitucional alguna.

3º) El artículo 123 del Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales, establece que:

“Artículo 123.- La destitución es la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario.

La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos:

a) Ausentarse de la municipalidad por más de tres días consecutivos, sin causa justificada;

b) Infringir las disposiciones de las letras i), j) y k) del artículo 82;

c) Infringir lo dispuesto en las letras l) y m) del artículo 82.

d) Condena por crimen o simple delito, y e) Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados.

f) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia.

g) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.”

Además, el artículo 69 del referido cuerpo legal, en su inciso final, dispone: “Los atrasos y ausencias reiterados, sin causa justificada, serán sancionados con destitución, previa investigación sumaria.”

Por otra parte, el artículo 66 quinquies del Código del Trabajo, incorporado por la Ley Nº21.545 que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación, dispone:

“Artículo 66 quinquies.- Los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, aquellos regidos por la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda y por la ley N°18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que sean padres, madres o tutores legales de menores de edad debidamente diagnosticados con trastorno del espectro autista, estarán facultados para acudir a emergencias respecto a su integridad en los establecimientos educacionales en los cuales cursen su enseñanza parvularia, básica o media.

El tiempo que estos trabajadores destinen a la atención de estas emergencias será considerado como trabajado para todos los efectos legales. El empleador no podrá, en caso alguno, calificar esta salida como intempestiva e injustificada para configurar la causal de abandono de trabajo establecida en la letra a) del número 4 del artículo 160, o como fundamento de una investigación sumaria o de un sumario administrativo, en su caso.

El trabajador deberá dar aviso a la Inspección del Trabajo del territorio respectivo respecto a la circunstancia de tener un hijo, hija o menor bajo su tutela legal, diagnosticado con trastorno del espectro autista.".

4º) La facultad de determinar si los hechos probados constituyen o no determinada infracción o que, por el contrario, se encuentran debidamente justificados, corresponde a la autoridad que sanciona, siempre que tal determinación se adopte luego de un proceso sancionatorio legalmente tramitado y fundado en argumentos que se ajusten a la racionalidad y guarden relación con los hechos acreditados.

5º) Así las cosas, tomando en consideración las propias afirmaciones de la recurrente y las resoluciones, decretos e informes acompañados, se colige que la decisión que se impugna se adoptó por la autoridad administrativa correspondiente, en el marco de sus facultades y competencias y luego de la tramitación de un proceso sancionatorio de conformidad a la ley, en el que el recurrente tuvo la oportunidad de participar activamente, sin que se avisore vulneración alguna a las garantías denunciadas.

6°) En consecuencia, no se ha acreditado la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria que pudiera perturbar, amenazar o vulnerar las garantías constitucionales de la recurrente, presupuesto ineludible de la acción de protección, por lo que esta no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Osorno.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-843-2026.