Protección contra Municipalidad de Osorno

C.A. de Valdivia.

Valdivia, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, funcionario municipal, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Osorno, impugnando el Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 1 de julio de 2026, que dispuso su destitución, y el Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 24 de julio de 2026, que rechazó la reposición deducida en contra del primero.

Expone que la medida disciplinaria tuvo su origen en un sumario administrativo instruido a raíz de hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2025, oportunidad en que retiró desde dependencias de Seguridad Pública una tineta de pintura y otros materiales municipales —rodillos, brocha y cinta masking tape—, los que fueron trasladados en un vehículo particular y posteriormente restituidos.

Sostiene que la decisión sancionatoria carece de fundamentación suficiente, pues no se hace cargo de sus descargos ni de la prueba rendida, incorporando además consideraciones relativas a la trazabilidad y custodia de los bienes que no formaron parte propiamente del cargo formulado. Añade que tampoco se explica de qué manera los hechos establecidos configuran una infracción de la entidad necesaria para justificar la destitución, limitándose la autoridad a afirmar su gravedad sin desarrollar las razones que conducen a imponer la máxima sanción disciplinaria.

Estima que dicha actuación es ilegal y arbitraria y vulnera las garantías constitucionales que invoca, solicitando dejar sin efecto los decretos recurridos y adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informó la Municipalidad de Osorno, solicitando el rechazo del recurso, con costas. Señala que el procedimiento disciplinario se desarrolló regularmente, formulándose un cargo único al recurrente, quien prestó declaración, presentó descargos y rindió prueba documental, audiovisual y testimonial, contando además con defensa letrada. Sostiene que se acreditó que el funcionario retiró sin autorización bienes municipales, los trasladó en un vehículo particular y los mantuvo fuera de la custodia institucional, estimándose tales hechos suficientemente graves para disponer su destitución. Agrega que las referencias a la trazabilidad de los bienes no constituyen hechos nuevos, sino elementos considerados al valorar la conducta investigada, y que no corresponde que mediante el recurso de protección se sustituya la apreciación efectuada por la autoridad administrativa.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: El recurso de protección constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten el legítimo ejercicio de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En materia disciplinaria, si bien corresponde a la autoridad administrativa determinar los hechos, establecer la responsabilidad del funcionario y, dentro del marco legal, imponer la sanción que estime procedente, el ejercicio de dicha potestad no se encuentra exento de control jurisdiccional, particularmente en cuanto debe observar las exigencias de racionalidad, fundamentación y congruencia propias de todo acto administrativo. Lo anterior adquiere especial relevancia cuando se impone la destitución, por constituir la sanción disciplinaria de mayor intensidad y producir el término de la relación funcionaria.

Segundo: En la especie, no se encuentra controvertido que el procedimiento disciplinario tuvo su origen en el retiro, el día 31 de diciembre de 2025, de una tineta de pintura y otros implementos menores desde dependencias municipales, los que fueron trasladados en un vehículo particular y posteriormente restituidos. Sin embargo, la sola constatación material de tales hechos no eximía a la autoridad su deber de expresar las razones jurídicas y fácticas que permitían calificarlos de una entidad suficiente para justificar la destitución del funcionario. En efecto, la fundamentación de un acto sancionatorio no se satisface con la mera reproducción del cargo, la enumeración de los antecedentes reunidos durante el sumario o la afirmación de que la conducta reviste gravedad, sino que exige exteriorizar el razonamiento que vincula los hechos acreditados, las defensas y pruebas aportadas por el inculpado, la norma infringida y la concreta sanción aplicada. Tal exigencia resulta de los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 y constituye una garantía frente al ejercicio arbitrario de la potestad disciplinaria.

Tercero: Examinados los actos recurridos, no se advierte una fundamentación suficiente que permita conocer el razonamiento que condujo a la autoridad a imponer la máxima sanción disciplinaria. En particular, no se explica por qué la conducta establecida reviste la gravedad que se le atribuye, limitándose la autoridad a efectuar dicha calificación sin expresar las circunstancias concretas que permitirían sustentarla. En efecto, no se desarrolla de qué manera la naturaleza y entidad de los bienes involucrados, las condiciones en que fueron retirados y posteriormente restituidos, así como las explicaciones entregadas por el funcionario, permiten concluir que su actuar posee una entidad suficiente para justificar su destitución. Tampoco se establece que la sustracción temporal de tales especies haya ocasionado un perjuicio patrimonial, entorpecido o afectado el funcionamiento del servicio municipal, impedido el cumplimiento de alguna labor o producido alguna otra consecuencia concreta que permita comprender la especial gravedad atribuida a la conducta. Asimismo, la autoridad incorpora como elemento relevante la pérdida de trazabilidad y custodia institucional de los bienes, pero no explica suficientemente cómo dicha circunstancia se relaciona con el cargo formulado, cuál fue la consecuencia concreta que de ella derivó, ni de qué modo las alegaciones y antecedentes probatorios aportados por el recurrente resultan insuficientes para desvirtuar o atenuar la responsabilidad que se le atribuye. De este modo, entre la constatación de los hechos y la decisión de destituir al funcionario falta el desarrollo de las razones que permiten calificarlos como suficientemente graves para justificar la sanción más intensa prevista por el ordenamiento disciplinario, cuestión que adquiere particular relevancia atendida la entidad de sus consecuencias. Tales omisiones no pueden ser suplidas posteriormente por las explicaciones desarrolladas en el informe evacuado con ocasión del presente recurso, pues la motivación debe encontrarse contenida en el propio acto administrativo que impone la sanción.

Cuarto: En consecuencia, los actos impugnados no satisfacen el estándar de motivación exigible a una decisión administrativa que impone la destitución de un funcionario, impidiendo conocer de manera suficiente el proceso racional que condujo desde los hechos establecidos hasta la aplicación de la sanción más gravosa prevista por el ordenamiento. Tal deficiencia torna arbitraria la decisión, pues la ausencia de una justificación suficiente impide descartar que la medida aplicada sea resultado del mero arbitrio de la autoridad y afecta la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Con todo, corresponde precisar que esta Corte no se encuentra llamada a determinar mediante esta acción si los hechos investigados carecen de relevancia disciplinaria ni cuál es, en definitiva, la sanción que debería imponerse, materias que corresponden primariamente a la Administración.

Por ello, el restablecimiento del imperio del derecho exige retrotraer el procedimiento al estado de dictarse una nueva decisión que, respetando los hechos materia del cargo y valorando las defensas y antecedentes incorporados al procedimiento, resuelva fundadamente acerca de la responsabilidad administrativa del recurrente y de la sanción que, en su caso, resulte procedente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República; artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 y demás disposiciones pertinentes, se declara:

Se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la MUNICIPALIDAD DE OSORNO y, en consecuencia, se dejan sin efecto el Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 1 de julio de 2026, y el Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 24 de julio de 2026, debiendo la recurrida dictar un nuevo pronunciamiento respecto de la responsabilidad administrativa del recurrente, debidamente fundado, que se haga cargo de sus defensas y de los antecedentes probatorios incorporados al procedimiento, así como de la naturaleza y gravedad de la conducta establecida y de la proporcionalidad de la sanción que eventualmente corresponda aplicar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-842-2026.