nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Valdivia Valdivia, cuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

1º) nombre reservado, venezolano, empleado, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., quien, al rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales, habría incurrido en un acto arbitrario, ilegal y vulneratorio de sus garantías de integridad igualdad y propiedad contenidas, respectivamente, en los numerales 2º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que, según le informó la recurrida, el motivo del rechazo es la falta de constancia de su filiación, exigiéndosele un certificado apostillado o legalizado, trámite que, tal como es de público conocimiento, no puede realizar por el cierre de la embajada en Venezuela y la falta de representación consular de dicho país en Chile.

Sostiene que dicho acto, en la práctica, le impide absolutamente acceder a sus fondos previsionales, obrando en contra de lo establecido en el artículo 1 y 7 de la Ley Nº18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten.

Precisa que acompañó un certificado electrónico que acredita que tiene seguro social en su país de origen, emitido por el Instituto Venezolano de Seguros sociales, y que el mismo documento señala que su validez puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S. http://www.ivss.gob.ve, con el código de verificación que indica o, en su defecto, con el número de DNI de Venezuela.

Termina solicitando que se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación que acompañó a la solicitud de devolución, seguir con la tramitación de esta y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión.

2º) Informando, la recurrida solicita el rechazo del recurso de protección, por no ser la vía idónea para resolver este asunto, cuya materia es de lato conocimiento, atendido que al recurrente no le favorece la existencia de un derecho indubitado.

En subsidio, alega que no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario, pues rechazó la solicitud del recurrente porque la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Pensiones, no sirve para acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo 1° de la Ley Nº18.156, por cuanto la afiliación a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, debe acreditarse mediante la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

3º) Para resolver este asunto, en primer lugar, cabe tener presente que el marco normativo de la devolución solicitada por el recurrente se encuentra en la Ley Nº18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

La norma refiere en su artículo 1º que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su turno, el artículo 7º de la referida ley señala “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

4º) La discusión en este caso se circunscribe únicamente a que el recurrente no cumpliría con el requisito específico de acreditar por medio de un certificado apostillado o legalizado el requisito del artículo 1º letra a) de la Ley Nº18.156, esto es, que se encuentra afiliado un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, mas no respecto a los demás requisitos sobre los cuales no se comunica reparo ni en la respuesta otorgada por la recurrida al afiliado ni en su informe.

El recurrente acompañó a su solicitud un documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, expedido el 4 de agosto de 2025; que consigna lo siguiente: “El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), hace constar por medio de la presente que el (la) Ciudadano (a) nombre reservado titular de la Cédula de Identidad N° RUT reservado posee 122 semanas cotizadas ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), siendo su primera fecha de afiliación al Instituto 20/01/2011, encontrándose actualmente en estatus de asegurado CESANTE en la empresa DANNY’S PIZZERÍA CA inscrita bajo en Número Patronal L18628661 con Fecha de egreso 30/08/2016 según base de datos de la institución sujeta a revisión de documentos probatorios. En tal sentido, de conformidad con el Artículo N° 1 de la Ley del Seguro Social aprobada bajo Gaceta Oficial N° 5.976 de fecha 24/05/2010, establece lo siguiente: "La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios y beneficiarias en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso." Al final del documento se lee la siguiente frase: “La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S. (www.ivss.gob.ve) con el código de verificación N° 6bdc00002-2025709.”

5º) De la lectura del documento previamente transcrito se aprecia que este permite acreditar el cumplimiento de la referida exigencia, esto es, que es que el recurrente se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile y es verificable en cuanto a su validez por un mecanismo con código de verificación o por medio de su DNI Venezolano (documento nacional de identificación), por lo que dicho certificado tiene fuerza vinculatoria para la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida, en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la misma ley y acceder a la petición del recurrente.

No puede pretender la recurrida que una institución de seguridad social extranjera emita un certificado de afiliación idéntico a los de nuestro país, puesto que esto no le quita mérito a su existencia ni a lo que en él se contiene, debiendo estarse a la forma en que ha sido otorgado en su país de origen, según el principio general establecido en el artículo 17, inciso primero, del Código Civil, en cuanto a que “La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados.”

Por otra parte, efectivamente es un hecho de público conocimiento la imposibilidad práctica de obtener el certificado apostillado o legalizado por las instituciones venezolanas, por lo que insistir en dicho requisito pone al recurrente en una situación de imposibilidad de cumplimiento y tiene como consecuencia, la privación de la correspondiente tramitación de su solicitud.

6º) De esta manera se logra concluir que el acto impugnado deviene en ilegal, puesto que la recurrida se funda en una hipótesis no prevista por el legislador para no acoger a trámite lo solicitado por el peticionario, conculcando con dicho proceder, su garantía a la igualdad ante la ley y amenazando su derecho de propiedad, por lo que se acogerá la acción en los términos que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A. y se ordena a esta última que permita la realización del trámite respectivo con el tipo de documento acompañado a la solicitud de devolución para acreditar el requisito del artículo 1 letra a) de la Ley Nº 18.156, sin perjuicio de requerir al recurrente, en su caso, la actualización del mismo, para efectos de vigencia del código de verificación, a fin de continuar con la tramitación de la solicitud y, en tal sentido, pronunciarse a su respecto.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-840-2025.