Protección contra Ejército de Chile

C.A. de Valdivia Valdivia, veintisiete de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos: 1. RODRIGO ARMANDO BORNECK CURRIECO, abogado, en representación de don nombre reservado, Sargento Primero del Ejército de Chile, y de doña nombre reservado, Sargento Segundo del Ejército de Chile interpone recurso de protección en contra del Ejército de Chile, en particular a la DIVISIÓN DE PERSONAL DEL EJÉRCITO (DIVPER) por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación y posterior confirmación de la Resolución DIVPER II/2/b/2(R) NUM001, de fecha 24 de octubre de 2025.

Sostiene que dicho acto administrativo dispone la destinación de sus mandantes desde el Cuartel General de la III División de Montaña, ubicado en la Guarnición de Valdivia, a la Jefatura Administrativa Logística, dependiente de la División de Logística, y al Hospital Militar, respectivamente, ambas unidades ubicadas en la ciudad de Santiago, decisión que ha sido mantenida tras el rechazo de las solicitudes de reconsideración administrativa presentadas por los recurrentes con fecha 04 de noviembre de 2025, y habiendo sido notificados mediante carta certificada con fecha 26 de diciembre de 2025, de la decisión adoptada por la División de Personal contenida en los Oficios CGIIIDIVMÑA I/1b (R) NUM001 y NUM002, ambos de fecha 16 de diciembre de 2025.

Con fecha 28 de octubre de 2025, sus representados fueron notificados de la resolución exenta que procedió a la "rectificación" del Plan Anual de Destinaciones (PAD), año 2025. Señala que ambos funcionarios no figuraban en la planificación original contenida en la RES. CJE DIVPER II/2/b/1 (R) NUM003, de fecha 08 de septiembre de 2025, siendo incluidos de forma intempestiva y sin que medie una justificación técnica que explique este cambio de criterio. Al requerir formalmente el acceso a los fundamentos del acto mediante el Oficio CGIIIDIVMÑA F.A.P (R) NUM004, de fecha 30 de octubre de 2025, dirigido al Jefe de la Jefatura Administrativa y Logística del Campo Militar “Valdivia”, a objeto de ejercer el derecho a impugnar el referido acto administrativo, la autoridad denegó dicha información a través de la Comunicación Breve JAL CMV S-1(R) NUM005, de fecha 04 de noviembre de 2025, aduciendo una supuesta "encriptación por medidas de seguridad" de la resolución que dispuso el traslado, emanada de la División de Personal del Ejército de Chile.

En cuanto a la afectación que produce esta decisión en sus representados, señala en primer lugar que don nombre reservado fue intervenido quirúrgicamente el pasado 02 de octubre de 2025 para una artroscopía de cadera izquierda producto de un diagnóstico de “pinzamiento femoroacetabular mixto bilateral, con daño condrolabral grado 2”.

Indica que como consecuencia de esta intervención su representado está con un régimen de reposo relativo, que incluye, entre otras medidas, rehabilitación kinesiológica intensiva a realizarse en el centro clínico militar de valdivia, encontrándose aun en una fase de observación en que existe una alta probabilidad de que deba volver a someterse a una intervención quirúrgica.

Indica además que la autoridad recurrida omitió ponderar los antecedentes familiares del recurrente en la ciudad de valdivia, ya que su madre, viuda de 68 años, reside en esta ciudad, y depende financiera y emocionalmente del recurrente.

Asimismo, se omitió considerar que la recurrente es la red de apoyo fundamental para su hermana, que vive de allegada en el domicilio de ambos recurrentes, debiendo tener presente que la hija menor de la hermana de la recurrente padece una malformación congénita que implica cuidados constantes, gastos adicionales y supervisión permanente, lo cual acreditaron mediante informe del Cesfam Angachilla.

Que, a mayor abundamiento, disponer el traslado de los recurrentes implicaría un déficit de personal en la unidad en que estos se desempeñan actualmente, antecedentes que tampoco fueron ponderados por la división de personal.

Por último, el acto administrativo recurrido vulneró el principio de proponer para traslado a personal con enfermedades prolongadas a menos que la destinación sea recomendada específicamente para favorecer la recuperación.

Estima que el acto recurrido vulneró la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N.º 2 de la Constitución Política de la República, que proscribe la arbitrariedad, entendida como todo acto carente de fundamentación racional como es el caso de autos. Amparándose en una supuesta encriptación del acto recurrido la recurrida evade el test de daño, criterio que ha sido introducido por el consejo para la transparencia y recogido por la jurisprudencia de tribunales superiores.

La falta de transparencia del acto vulnera además a juicio de los recurrentes el Artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República.

Se vulnera asimismo el 19 N.º 24 puesto que el traslado les genera un detrimento patrimonial inmediato sobre sus remuneraciones, considerando especialmente la asignación de zona y beneficios territoriales.

Por último, la resolución recurrida afecta la integridad física y psíquica de los recurrentes, por los hechos ya esgrimidos en el recurso. 2. Que, la recurrida informó al tenor del recurso y precisó que, como cuestión previa, la acción de protección es improcedente en este caso, puesto que no se refiere a derechos indubitados que hubieran sido conculcados por la institución, y es uno de los requisitos fundamentales de este tipo de acción cautelar que se esté en presencia de derechos indubitados, lo que no ocurre en el caso de marras puesto que la decisión de destinar a los recurrentes está motivada en la necesidad institucional de administrar el recurso humano para fines institucionales, y se funda en la obligación funcionaria contenida en el artículo 61 letra e) del estatuto administrativo, de cumplir con las destinaciones que disponga la autoridad competente.

Como segunda cuestión previa, alega que la acción es extemporánea, puesto que la resolución exenta recurrida fue notificada el 28 de octubre de 2025 a los recurrentes, sin perjuicio de haber sido la última comunicación a los recurrentes con fecha 26 de diciembre de 2025, puesto que está última es una mera comunicación de una comunicación previa e interna, no constituyendo una resolución susceptible de un recurso administrativo especial.

En cuanto al fondo, teniendo presente la normativa especial que rige a las destinaciones en Fuerzas Armadas, los suboficiales recurrentes cumplen con los presupuestos para ser destinados en el proceso de ajuste del PAD 2026, puesto que nombre reservado cuenta con 26 años de servicios efectivos más 8 años cumpliendo funciones en valdivia, y al estar casado con la recurrente nombre reservado se dispone la destinación de esta última por arrastre para no disgregar el núcleo familiar. Que por lo demás la solicitud para dejar sin efecto la Destinación presentada por los recurrentes, fue rechazada de manera fundada y definitivamente por el DIVPER, cumpliéndose también con el tenor de la regulación citada.

En cuanto a la fundamentación exigida de todo acto administrativo, en el caso de marras esta se encuentra en la necesidad de administrar el recurso humano de la institución a fin de satisfacer necesidades publicas para el cumplimiento de los fines, por lo que el acto no puede ser considerado arbitrario.

Argumenta, en suma, que la destinación es una facultad privativa y discrecional del mando para satisfacer requerimientos institucionales, y si bien se conocieron los antecedentes familiares del recurrente, estos no priman sobre las necesidades del servicio y la progresión profesional del funcionario, conforme ha sido asentado por los tribunales superiores a través de criterios jurisprudenciales. 3. Que, la acción de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario al ordenamiento jurídico- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías y derechos protegidos. 4. Respecto a la alegación de extemporaneidad de la acción, porque el acto administrativo que dispone la destinación es de 24 de octubre de 2025, se ha de estar a lo expresado en estrados por la parte recurrente, que deduce la acción luego de rechazado su recurso o petición de reconsideración respecto a la destinación, lo que aconteció el 16 de diciembre de 2025 y les fue notificado el 26 de diciembre de 2025, entendiéndose interpuesta la acción constitucional dentro de plazo, por lo que se desestimará esta alegación. 5. Respecto al fondo, y en cuanto al cuadro normativo aplicable en comento se han de tener presentes lo siguiente: Primero, que la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas -Nº18.948- dispone en su artículo 46 que “El mando superior de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas será ejercido por el Comandante en Jefe, con el grado de General de Ejército, Almirante o General del Aire, según corresponda”. A su turno, el artículo 47 letra a) de la misma ley señala que “Son facultades de cada Comandante en Jefe: a) Proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Defensa Nacional, la disposición, organización y distribución de las fuerzas, de acuerdo a los criterios técnicos derivados del cumplimiento de sus fines y objetivos”. 6. Por su parte el artículo 145 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas indica que “La destinación es la designación del personal para servir en una unidad o repartición, en calidad de planta o agregado, sin especificar el cargo o puesto que en ella le corresponda”. Ello, seguido de lo dispuesto en el artículo 147 que reza “Las destinaciones de los oficiales, que no constituyan nombramientos que deban efectuarse por decreto supremo, serán resueltas por el Comandante en Jefe institucional, a proposición de los Directores del Personal o Comandante del Comando de Personal o de acuerdo con las atribuciones que dicho Comandante en Jefe les otorgue”.

Por otra parte, se ha de tener presente que de acuerdo con el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (DFL 1 del Ministerio de Defensa Nacional del año 1997) le es aplicable a los funcionarios del Ejército el Estatuto Administrativo especialmente en cuanto a las obligaciones, por cuanto el artículo 138 dispone que “El personal estará sujeto a los deberes y restricciones inherentes a la profesión militar contenidos en la Ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, en el presente Estatuto, en el Código de Justicia Militar, en el Reglamento de Disciplina respectivo y en la Ordenanza de la Armada, según corresponda.

Igualmente,el personal estará sujeto a las obligaciones y prohibiciones establecidas para los empleados de la Administración Civil del Estado en la Ley Nº18.834, Estatuto Administrativo, en cuanto fuere procedente”. Finalmente, artículo 61 letra e) de la Ley 18.834 dispone que “Serán obligaciones de cada funcionario: (…) e) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente”. 7. Del marco jurídico expuesto, se observa que la recurrida - Ejército de Chile- solo ha hecho uso de una facultad legal y debidamente reglamentada, que se materializa en un Plan Anual de Destinaciones, lo que determina la inexistencia de un comportamiento antijurídico. En cuanto a la arbitrariedad, cabe tener presente que la decisión forma parte de una política de orden institucional y se refiere a necesidades del Servicio y al requisito de una persona con la especialización con que cuenta la recurrente. 8. Que, no puede dejar de considerarse que la estructura de carácter jerárquica y disciplinada del Ejército de Chile supone desempeñar las tareas y funciones que se les encomienden según las necesidades propias del servicio. La consecuencia de aquello es que la destinación en un lugar determinado constituye una mera expectativa para el funcionario, precisamente, porque su justificación se encuentra radicada en los requerimientos propios de la función de la Fuerzas Armadas a lo largo del país. 9. Que, conforme a lo expuesto, esta Corte no se encuentra actualmente en condiciones de adoptar las providencias que se han impetrado como necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado en los términos que se contemplan en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y, por consiguiente, el recurso no está en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

I. Que, se rechaza la alegación de extemporaneidad de la acción.

II. Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y de doña nombre reservado en contra de la DIVISIÓN DE PERSONAL DEL EJÉRCITO(DIVPER).

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-83-2026.