Protección contra Instituto nombre reservado

C.A. de Valdivia.

Valdivia, quince de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO, TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO: 1) A folio 1 compareció don nombre reservado, padre y representante legal del adolescente nombre reservado, alumno de tercer año medio, y dedujo acción constitucional de protección en contra del Instituto nombre reservado, representado por su Directora Ejecutiva doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de esta ciudad, por la Resolución N°NUM000, de 23 de junio de 2026, notificada el 25 de junio de 2026, que rechazó la reconsideración deducida y confirmó la expulsión del estudiante dispuesta por Resolución N°NUM000, de 8 de junio de 2026, acto que estima ilegal y arbitrario y vulneratorio de las garantías de los numerales 1, 2, 3 inciso quinto y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Reprocha tres ilegalidades: que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar no regulaba el procedimiento aplicado, pues su artículo 222 solo enuncia la facultad del Rector para iniciarlo, la suspensión cautelar y el derecho a pedir reconsideración, sin remitirse al procedimiento de los artículos 253 y siguientes; que la formulación de cargos de 25 de mayo de 2026 no individualizó la disposición reglamentaria infringida ni calificó la falta, con infracción del punto 5.8 de la Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación; y que se omitió la ratificación de la expulsión por el Directorio, exigida por el artículo 270 de ese reglamento.

Como arbitrariedad alega que no se explica por qué la expulsión era la única medida idónea, en circunstancias que la propia investigación arrojó que la mayoría de los estudiantes no sufrió afectación relevante y que casi la totalidad declaró sentirse segura; que no se ponderaron la trayectoria de trece años del adolescente, su conducta anterior irreprochable, el reconocimiento de los hechos, las disculpas ni la atenuante del artículo 215 letra f) del reglamento; que se desestimó el traumatismo encéfalo craneano de marzo de 2026 confundiendo la fecha de emisión de los certificados con la del cuadro clínico; y que se calificó el hecho como amenaza de muerte, agravando lo acreditado. Invoca la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de 9 de julio de 2026, rol N° 3.986-2026, y pide que se deje sin efecto la expulsión y se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas. 2) A folio 11 informó la recurrida, solicitando el rechazo, con costas.

Expuso que el procedimiento se ajustó al artículo 6° letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998, que rige directamente; que los cargos individualizaron un hecho único y circunscrito en tiempo, lugar y contenido, y que no hubo indefensión, pues la familia contó con asesoría letrada, obtuvo los antecedentes que pidió, presentó descargos, rindió prueba documental y testimonial y dedujo reconsideración, la que se resolvió previa consulta al Consejo de Profesores, que se pronunció por unanimidad; que la ratificación del Directorio no era exigible, sin perjuicio de que el propio apoderado lo integraba; y que la sanción es proporcionada a un hecho que obligó a evacuar el colegio y suspender clases y que dejó a la docente amenazada con secuelas psiquiátricas e incapacidad laboral, habiéndose resguardado la continuidad de estudios mediante la plataforma Classroom. 3) El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental. 4) Que la letra d) del artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, con las modificaciones de la Ley N°21.128, entiende que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que causen daño a la integridad física o síquica de otro de sus integrantes, y contempla para esa hipótesis un procedimiento especial conforme al cual el director inicia la investigación, puede suspender al estudiante como medida cautelar mientras aquella dure, debe resolver dentro de diez días hábiles contados desde la notificación de esa medida respetando los principios del debido proceso, y debe pronunciarse sobre la reconsideración que se deduzca dentro de quinto día, previa consulta al Consejo de Profesores, que se pronuncia por escrito, ampliándose entretanto la suspensión. Ese estatuto rige a todos los establecimientos con reconocimiento oficial del Estado, cualquiera sea su fuente de financiamiento, según dispuso el artículo 2° de la Ley N° 21.128. 5) Que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento, acompañado en autos, contempla en el Párrafo 3° del Título XIV, artículos 253 a 271, el procedimiento aplicable a las faltas muy graves y gravísimas, y en el Párrafo 1° del mismo Título, Reglas comunes, el artículo 222, que reproduce en términos prácticamente literales el estatuto de la Ley N°21.128 descrito en el considerando que antecede y lo declara aplicable a las faltas graves, muy graves o gravísimas que conlleven como sanción la expulsión o la cancelación de la matrícula, o que afecten gravemente la convivencia escolar. Coexisten así, en el mismo reglamento, la vía ordinaria interna y la vía especial de la ley, y fue esta última la que la recurrida aplicó. 6) Que la primera ilegalidad no puede prosperar. Tratándose de una conducta que afecta gravemente la convivencia escolar, el procedimiento aplicable es el que establece el artículo 6° letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998, norma de rango legal y de aplicación directa que el reglamento interno recoge en su artículo 222. No es efectivo, entonces, que la sanción se haya impuesto sin procedimiento previamente establecido, pues lo hay en la ley y lo hay en el reglamento. Y que este contemple además, en su Párrafo 3°, un procedimiento ordinario para las faltas muy graves y gravísimas no torna ilegal la aplicación del estatuto especial, previsto precisamente para la hipótesis de autos y cuya observancia no puede reprocharse al establecimiento.

A ello se añade que el propio reglamento, en su artículo 237, dispone que la omisión de algún trámite del procedimiento o su práctica fuera de plazo no vicia ni invalida el procedimiento, debiendo el responsable de sustanciarlo adoptar las medidas necesarias para resguardar y asegurar el derecho de defensa de los involucrados, resguardo que en la especie se verificó según se dirá.

Consta, por lo demás, que el procedimiento así seguido se ajustó a los plazos que la ley y el artículo 222 imponen: la medida cautelar se notificó el 25 de mayo de 2026 y la expulsión se resolvió el 8 de junio, décimo día hábil del cómputo legal; los descargos se presentaron el 1 de junio y la reconsideración el 16 de junio, ambos dentro del quinto día hábil; y la consulta al Consejo de Profesores consta del acta de la sesión extraordinaria de 22 de junio de 2026, dirigida además al Consejo General y no solo al de curso, que es lo que exigía esa norma. 7) Que tampoco puede acogerse el reproche referido a la determinación de los cargos. El acta de notificación de 25 de mayo de 2026 identificó la fecha, el lugar y el contenido textual del rayado, atribuyó su autoría al estudiante, calificó el hecho como conducta que afecta gravemente la convivencia escolar e informó la medida cautelar, el plazo para formular descargos y el derecho a asesorarse. Es efectivo que no individualizó los numerales reglamentarios, los que aparecen en la Resolución N° NUM001, que aplica la medida de expulsión, pero un vicio de esa naturaleza sólo invalidaría lo obrado si hubiese impedido defenderse, y en la especie ocurrió lo contrario: el apoderado pidió nueve grupos de antecedentes, que le fueron entregados en dos días; formuló descargos extensos dentro de plazo, que además fue de cinco días y no de los tres que contempla el artículo 263 del reglamento; acompañó prueba documental; ofreció nueve testigos, todos los cuales declararon conforme a una minuta de preguntas elaborada por él mismo; y dedujo reconsideración discutiendo cada fundamento de la sanción. 8) Que la omisión de la revisión por el Directorio, prevista en el artículo 270 del reglamento, tampoco conduce a acoger la acción. Ese trámite se inserta en el procedimiento del Párrafo 3° y opera como control de la resolución dictada por el comité del artículo 265 y, en su caso, del Rector que conoce de la apelación del artículo 268, esto es, supone la cadena de instancias internas que la vía especial de la ley sustituye por un esquema diverso, en el que la decisión y su revisión se radican en el director previa consulta al Consejo de Profesores. Cumplido ese trámite en la sesión extraordinaria de 22 de junio de 2026, en la que el cuerpo docente se pronunció por unanimidad, la garantía de revisión que el recurso echa de menos operó por la vía que la ley prevé. Se agrega a ello que, conforme al artículo 237 ya citado, la omisión de un trámite no vicia ni invalida el procedimiento, y que el objeto de la revisión del artículo 270 es examinar el cumplimiento de las normas del procedimiento aplicado y el respeto de los derechos de los involucrados, examen que esta Corte practica en esta sede con el mérito de todos los antecedentes. 9) Que, si bien se ha acompañado a los autos el pronunciamiento de la Superintendencia de Educación de 28 de agosto de 2026, que cerró sin observaciones el requerimiento deducido por el propio apoderado recurrente por las mismas materias que aquí se discuten, consta también que en su contra se dedujeron reposición y, en subsidio, recurso jerárquico, actualmente pendientes de fallo, de modo que no se trata de una decisión firme. Esta Corte se limita, por ello, a dejar constancia de ese antecedente, sin hacerlo valer como fundamento de lo que se resuelve y conservando en todo caso plena competencia para revisar la juridicidad del acto impugnado, mas no el mérito del procedimiento. 10) Que los restantes reproches apuntan al mérito de la decisión, cuestión que se inserta en el proyecto educativo del establecimiento y que por esta vía solo sería revisable si la medida apareciera desprovista de fundamento, lo que no ocurre. Las resoluciones impugnadas exponen el hecho, su calificación y su impacto, y se hacen cargo una a una de las circunstancias invocadas: reconocen la trayectoria escolar y la ausencia de anotaciones previas, pero las estiman insuficientes atendida la entidad de la falta, y ponderan las cartas de disculpas a la luz de que el reconocimiento se produjo después de exhibirse los registros de las cámaras y de recibirse el peritaje. Asiste razón al recurrente en que la Resolución N° NUM001 no distinguió con precisión entre la fecha de emisión de los certificados médicos y la del cuadro clínico, desde que la Resolución N° NUM002 deja constancia de una consulta de 2 de abril de 2026, anterior a los hechos, con diagnóstico de cefalea posterior al traumatismo; pero la imprecisión no priva de fundamento a lo resuelto, pues esa misma resolución consigna que el examen imagenológico de abril arrojó resultado normal y que el certificado de la especialista no es concluyente en cuanto a la incidencia del cuadro en la conducta sancionada. Las cifras extraídas de las declaraciones estudiantiles tampoco alteran lo concluido, desde que la causal legal se configura por el daño a la integridad física o síquica de cualquier miembro de la comunidad educativa y no exige una alteración generalizada del clima escolar, a lo que se añade que esos porcentajes se refieren solo a los estudiantes de enseñanza media. 11) Que, en consecuencia, la recurrida obró dentro de las atribuciones que la normativa educacional le confiere, frente a un hecho no controvertido que la ley califica como afectación grave de la convivencia escolar, con arreglo a un procedimiento previamente reglado que respetó las garantías del debido proceso y mediante una decisión fundada, sin que se advierta acción ilegal o arbitraria que haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías invocadas.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: Que se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida a folio 1 por don nombre reservado, por sí y en representación de su hijo adolescente nombre reservado, en contra del Instituto nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-820-2026.