nombre reservado con SECRETARIA MINISTERIAL DE SALUD DE LOS RÍOS

C.A. de Valdivia Valdivia, veintidós de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

La Federación Nacional de Funcionarios de Seremis de Salud Regionales, representada por su Presidenta doña nombre reservado, funcionaria pública, domiciliada en domicilio reservado, y por su Director don nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Ríos, persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por doña nombre reservado, Seremi de Salud de la Región de los Ríos, ambas domiciliadas en domicilio reservado, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nos. 1, 2, 9 y 24 de la Carta Fundamental.

Fundan su recurso en que el 11 de marzo del presente año la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el brote mundial de COVID-19, mientras que el Gobierno decretó alerta sanitaria y, luego, estado constitucional de catástrofe para todo el territorio de la República. Agregan que la pandemia supone la necesidad de adoptar medidas preventivas y reactivas, siendo el aislamiento social la medida más efectiva a nivel comparado, lo que además es ratificado por las organizaciones internacionales y nacionales encargadas de temas sanitarios y epidemiológicos.

Señala que los funcionarios dependientes de las Seremis de Salud atienden gran cantidad de público diariamente, en condiciones de hacinamiento y sin contar con los elementos de protección adecuados para aminorar el riesgo de contagio, en circunstancias que las funciones que desempeñan no son críticas y, por ende, pueden realizarse en forma remota, sin afectar la continuidad del servicio. Refiere que la gran cantidad de información que circula sobre la materia afecta la salud mental de los funcionarios, sin que la recurrida haya adoptado un mecanismo uniforme de trabajo remoto con el fin de velar por la salud y seguridad de los trabajadores, máxime si se consideran los casos de contagios en otras reparticiones.

Sostiene que la recurrida ha retrasado inexplicablemente la toma de una decisión sobre el trabajo remoto de los funcionarios que no desempeñan labores críticas, lo que atenta contra la vida e integridad física de los mismos, así como su acceso a las acciones de salud. Arguye que tal omisión es contraria a la razón y, por ende, arbitraria, ya que se expone injustificadamente a quienes pueden realizar el trabajo desde un aislamiento social. Añade que el Ministerio de Salud al declarar la alerta sanitaria delegó facultades en las Seremias respectivas, entre otras, la prohibición de funcionamiento en lugares de trabajo. Agrega que la Contraloría General de la República a través del Dictamen N° 3610, de 17 de marzo de 2020, estableció la implementación del trabajo remoto de los funcionarios y la no asistencia personal, excepto para aquellos servicios públicos que deban prestar servicios imprescindibles.

Manifiesta que la recurrida sigue disponiendo el trabajo presencial, sin haber emitido un pronunciamiento que justifique tal decisión, lo que resulta contrario a los actos administrativo ya citados, al tiempo que conculca el deber de protección que impone el artículo 184 del Código del Trabajo, al no haber dispuesto todas las medidas necesarias para velar y resguardar eficazmente la vida y salud de los funcionarios.

Expone que la omisión ilegal y arbitraria de la recurrida atenta contra el derecho a la vida e integridad física y psíquica de los funcionarios, así como el derecho de propiedad conexado con el derecho a la salud y a la igualdad ante la ley, pues los funcionarios se ven expuestos al riesgo de contagiarse, al tiempo que son tratados desigualmente frente a otros funcionarios que trabajan desde sus hogares.

En definitiva, solicitan se acoja el recurso y se ordene a la recurrida aplicar la modalidad de trabajo remoto para todos los funcionarios de la Seremi de Salud de Los Ríos y, en subsidio, se ordene emitir un acto administrativo fundado.

Informando el recurso, don nombre reservado, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, expone que la acción de protección no es el medio idóneo para dictar políticas públicas sanitarias, habida cuenta de la inexistencia de una omisión ilegal o arbitraria, pues se han adoptado medidas para implementar el trabajo a distancia y resguardar la salud de los funcionarios.

Describe latamente las medidas preventivas adoptadas por el Estado desde el mes de enero para afrontar la pandemia Covid-19, con el objeto de resguardar la salud de las personas en todo el territorio nacional, para luego detallar las orientaciones y comunicaciones entregadas por el Ministerio de Salud y las Subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales, entre otros, a las Seremis de Salud.

Sostiene que la recurrida ha dispuesto medidas administrativas para permitir el trabajo a distancia, posibilitando la continuidad del servicio en armonía con las funciones críticas que exige la pandemia. Añade que en Actas de Comités de 16 de marzo de 2020, la Dra. nombre reservado impartió instrucciones a los Jefes de Departamento en el sentido de promover la atención presencial de usuarios en forma limitada; levantar catastro de funcionarios mayores de 70 años con problemas de inmunodepresión a fin de otorgar permiso o realizar trabajo desde el hogar; suspensión de las reuniones presenciales; priorizar las fiscalizaciones sujetas a metas urgentes, posponiendo las demás; redistribución de funciones para apoyar al equipo de epidemiología; recibir los descargos de los citados a declarar por correo electrónico; además de capacitaciones e insumos sobre el coronavirus y establecer canales oficiales de información. Añade que al 20 de marzo de 2020, 45 de los 140 funcionarios, se desempeñaban bajo la modalidad de teletrabajo.

Expresa que por Resolución Exenta N° 182, de 17 de marzo de 2020, la Subsecretaría de Salud estableció la modalidad de teletrabajo, eximiendo del control horario, a los funcionarios que hayan regresado a Chile en los últimos 14 días desde un país definido como de riesgo; tener 60 años o más; embarazadas; progenitor o cuidador de un menor de 18 años cuyas actividades educacionales estén suspendidas; y quienes hayan recibido orden de cuarentena. Agrega que por Resolución Exenta N° 8817/2020 de 24 de marzo de 2020, la recurrida limitó al mínimo el trabajo presencial, solo respecto de aquellos departamentos y secciones que por la naturaleza de sus funciones prestan servicio crítico y, respecto de los demás funcionarios, se instruyó la modalidad de teletrabajo con el objeto de resguardar la salud y evitar la propagación de la pandemia.

Arguye que la recurrida ha desplegado las acciones pertinentes para garantizar y prevenir la integridad física y/o psíquica de los funcionarios, instruyendo la modalidad de teletrabajo, por lo que la presente acción carece de objeto.

Pide el rechazo del recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben decretar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Para su configuración la acción de protección requiere la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria, es decir, contraria a la ley o arbitraria, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella; b) la afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el citado artículo 20; c) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; d) posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

SEGUNDO: Que, la omisión cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por esta vía consiste en que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Ríos no ha implementado el trabajo remoto para los funcionarios que se desempeñan en dicha repartición, pese a las resoluciones de la autoridad sanitaria y del dictamen de órgano contralor sobre el particular, lo que implica exponer a los trabajadores a una alta probabilidad de contagiarse con COVID-19.

El objeto del presente recurso es que se ordene a la recurrida que “… aplique la modalidad de trabajo remoto o teletrabajo respectos de los recurrentes y los funcionarios que formen parte de esta Federación y de todos los funcionarios dependientes de la Seremi de Salud Los Ríos, en subsidio a lo anterior que se ordene a la autoridad sanitaria a emitir el acto administrativo fundado que contenga el funcionamiento mediante el trabajo remoto o teletrabajo de las Secretarías regionales ministeriales de salud por el COVID 19…”.

TERCERO: Que, para la adecuada resolución de la controversia planteada, resulta útil consignar que la Subsecretaria de Salud Pública dictó la Resolución Exenta N° 182, de 17 de marzo de 2020, que estableció la modalidad de teletrabajo, eximiendo del control horario, para “…los funcionarios y funcionarias de las Divisiones del Ministerio de Salud, Gabinetes y Seremis de Salud, que cumplan determinadas características que aumentan su riesgo de contagio, a efectos de que desempeñen sus labores fuera de las dependencias institucionales, mediante la utilización de medios electrónicos, en el marco del brote del virus COVID-19…”, según condiciones, requisitos y duración que señala la citada resolución.

A su turno, por Resolución Exenta N° 8817/2020, de 24 de marzo de 2020, el órgano recurrido dispuso lo siguiente: “…Adoptar la medida de TRABAJO PRESENCIAL, debiendo permanecer realizando las labores mínimas para garantizar la continuidad del servicio los departamento y secciones que por la naturaleza de sus funciones prestan servicio crítico, y disponer de personal coordinado con sus correspondientes jefaturas, ante un llamado de emergencia, en razón del bienestar de la comunidad lo que constituye la razón de ser del servicio público. 2.- Se adopta la medida de TRABAJO REMOTO para el resto de los funcionarios de esta autoridad, independiente de su calidad contractual, siempre que dicha labor pueda ser desarrollada por esa vía, siendo resorte de su jefatura directa la administración de tareas, lo anterior, con el objeto de resguardar la salud de los servidores públicos y de la población, evitando la propagación de la pandemia, al amparo del instituto de caso fortuito o fuerza mayor. (Artículo 45º del Código Civil)…”.

CUARTO: Que, así las cosas, esta Corte no se encuentra actualmente en condiciones de adoptar las providencias que se han impetrado como necesarias e indispensables para asegurar la debida protección de quienes se dicen afectados, en los términos que lo contempla el citado artículo 20.

En efecto, la autoridad sectorial ha implementado la modalidad de trabajo remoto para los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Ríos, con el objeto de afrontar la contingencia sanitaria, definiendo modalidades de funcionamiento y duración de la medida.

En consecuencia, al no haber agravio que reparar o enmendar por esta vía, ni existiendo cautela urgente que adoptar, el presente recurso de protección no puede prosperar.

QUINTO: Que, por lo demás, las medidas adoptadas por la recurrida permiten concluir que las garantías de los funcionarios recurrentes se encuentran protegidas, no correspondiendo a la judicatura pronunciarse sobre la conveniencia de dictar nuevas regulaciones para afrontar la crisis sanitaria y, menos aún, cual ha de ser el contenido de esta, pues aquella labor corresponde constitucionalmente a otros poderes del Estado.

Por estas consideraciones, normas citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación de los Recursos de Protección de la Excma. Corte Suprema, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la Federación Nacional de Funcionarios de Seremis de Salud Regionales en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Ríos.

Redacción a cargo de la Ministra Titular doña María Elena Llanos Morales.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-819-2020.