Protección contra Universidad Austral de Chile

Valdivia, nueve de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

PRIMERO: El abogado don Jaime Benito Gallardo Casanova, en representación de don nombre reservado, dedujo acción de protección en contra de la Universidad Austral de Chile, representada por su Rector don nombre reservado, la que funda en los hechos que resumidamente se exponen:

Expresó que su representado, un reconocido artista visual, desde el año 2013 se desempeña como docente de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad recurrida y, desde el año 2016 ejerce, también, el cargo de Director de la mencionada Escuela.

En el contexto de denuncias de acoso sexual que motivaron la instrucción de sumarios y la aplicación de sanciones a otro docente de la Universidad recurrida, se han desarrollado, dentro de la casa de estudios, otras denuncias de acoso y malos tratos, que han motivado las movilizaciones estudiantiles, de forma que se suceden una serie de hechos que redundan en conculcación de sus garantías constitucionales.

En efecto, el 23 de abril de 2018 los y las estudiantes de la Escuela de Artes Visuales de la UACH, resuelven ir a paro y se “toman” sus dependencias. Ese mismo día y al siguiente, es convocado por autoridades universitarias, advirtiéndole que hay denuncias que lo involucran, para más tarde darle a conocer el petitorio estudiantil, proponiéndole renunciar a su cargo. Se negó señalando que no conocía las denuncias y ello involucraría un reconocimiento de responsabilidad. En todo caso, redactó carta poniendo su cargo a disposición del Sr. nombre reservado, de la que, señaló, no tuvo respuesta.

Sobre el petitorio de los alumnos, indicó que en la parte relativa a “bienestar” estos pidieron la “expulsión del profesor y director de Escuela Mauricio Contreras”, imputándole una serie de conductas, que estima genéricas, las que fundarían esa petición entre ellas acoso a las estudiantes.

El día 26 de abril en reunión entre nombre reservado, Directora interina y alumnos llegan a acuerdos sobre su situación laboral sin estar él presente, los que quedan anotados en el documento denominado Acta de Acuerdo/CEE Escuela de Artes Visuales, de igual fecha -el que adjunta-, haciendo presente además que a esa fecha ya había una reemplazante para su cargo, sin que le hubieran dado respuesta a su carta.

El 03 de mayo del presente año, es citado para el día siguiente al departamento de personal, allí el Vicerrector Sr. nombre reservado y el Director de Personal Sr. nombre reservado, nuevamente es requerido para que presente su renuncia de lo contrario se abriría una investigación en su contra, le señalan que puede tomarse unos días para responder, lo que hace por carta el 7 de mayo, indicando que no renunciará y que pueden iniciar las investigaciones debidas.

El 14 de mayo es notificado de las Resoluciones 38 y 39 ambas de fecha 11 de mayo. La primera da inicio a una investigación y la segunda impone la medida de resguardo de suspensión de funciones con derecho a remuneraciones, a partir de una denuncia efectuada por el nombre reservado de la Facultad de Arquitectura, Sr. nombre reservado.

Su situación laboral ha sido ventilada públicamente y sometida a negociaciones sin estar presente. Las imputaciones no han sido debidamente investigadas ni sancionadas por la U.

La arbitrariedad estaría dada por el actuar de la Universidad al negociar y convenir con los estudiantes la suspensión de sus funciones, sin que medie un debido proceso, el que reglamentariamente -ilegalidad- debe ser investigado por un fiscal designado al efecto, lo que perturba y amenaza las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 n°3 inciso 5, 2, 1, 4 y 24 de la Constitución.

Sucintamente estima que el n°3 inciso 5 se ha conculcado pues ha sido juzgado por quienes no deben hacerlo imponiéndose la suspensión de su cargo e incluso ubicando reemplazantes en ellos. Además, aun no tiene conocimiento de las conductas que se le imputan, si ellas son las incluidas en el petitorio estudiantil, además de genéricas, están han ido cambiando en el tiempo.

En cuanto a la igualdad ante la ley, se ha visto infringido desde que a él no se ha aplicado el procedimiento preestablecido en el reglamento, mismo que deben ser igual para todos.

Su salud e integridad psíquica se ha visto vulnerada no sólo por las imputaciones sino también por los comentarios y descalificaciones de las que ha sido objeto a partir de esas denuncias, situación que ha afectado su imagen. Finalmente todo esta situación lo ha privado del ejercicio de su cargo, conculcando su derecho a propiedad sobre el mismo.

En definitiva, solicitó que se declaré que el accionar de la recurrida es, a lo menos, arbitrario, si es que no ilegal, y que conlleva infracción a las garantías constitucionales antes indicadas, ordenando dejar sin efecto tanto la investigación decretada en contra del recurrente como la medida de suspensión de funciones dispuesta en el marco de ésta.

Sin perjuicio de lo anterior, se acoja o no las pretensiones antes dichas, solicita lo siguiente:

A.- Se disponga que la recurrida haga entrega al recurrente de las denuncias registradas en su contra, y de no ser así, se le informe del tenor de las mismas, indicándole precisamente de qué materia se trata y en qué oportunidades tales denuncias fueron efectuadas, de tal forma de salvaguardar el derecho a saber de qué se le acusa para ejercer debidamente el derecho a defensa.

B.- Disponer que la investigación de cualquier hecho que pudiera imputársele al recurrente sea investigado por la Inspección del Trabajo o cualquier otro organismo imparcial distinto a la Universidad.

C.- Ordenar a la recurrida omitir cualquier referencia pública al recurrente como consecuencia de los hechos materia de este recurso, salvaguardando la honra e imagen profesional del profesor nombre reservado.

D.- Ordenar a la decanatura de la Facultad de Arquitectura el cese de negociaciones con el estudiantado donde se discuta el destino laboral del docente recurrente.

E.- En definitiva, disponer las medidas que VSI estimen del caso, atento a la gravedad de los hechos denunciados y al imperativo de reestablecer el imperio del derecho, condenando en costas a la recurrida.

SEGUNDO: A su turno, la recurrida representada por el abogado don Carlos Carnevalli Dickinson, negando un actuar arbitrario y/o ilegal, como se indica en el libelo.

En esencia, sobre las eventuales presiones para obtener la renuncia del recurrido a su cargo docente y directivo, indicó que, estando sujeto al régimen del Código del Trabajo, es posible poner término a una relación laboral de común acuerdo, por lo que las conversaciones sobre el tema pretendían sondear esa posible salida al conflicto cuyo origen y desencadenamiento comparte con el recurrente. En ese sentido no han existido presiones, tanto así que el recurrente ha podido manifestar su voluntad de continuar su relación laboral.

La situación descrita ha motivado una serie de reuniones y negociaciones con los estudiantes con el fin de reanudar las actividades académicas, pero en todas ellas la Universidad ha mantenido la postura de negarse a peticiones como las suspensión o expulsión, sino que ha explicado la necesidad de una investigación de conformidad al reglamento, lo que es posible advertir del Acta que el propio recurrente adjuntó. También, afirma que en el intertanto se acordó con el recurrente la suspensión de sus funciones.

Sobre la investigación en curso, indicó que el 7 de mayo de 2018 el nombre reservado da la Facultad de Arquitectura recibió formalmente denuncia contra el Profesor nombre reservado, que contiene seis testimonios de estudiantes que denuncian una serie de hechos que implicarían incumplimientos a sus obligaciones como Director de Escuela y como académico responsable de su asignatura, entre las cuales se encontraban conductas de acoso sexual a estudiantes, por lo que con fecha 9 de mayo de 2018 solicita al Sr. Rector de la Universidad la investigación de tales hechos. Contexto en el que también se solicita y se concede la medida de resguardo de suspensión de sus funciones. Tanto la apertura de investigación como la medida adoptada son notificadas al recurrente, todo conforme al reglamento interno aplicable.

Aclara que no tratándose de trabajadores los involucrados no es posible recurrir a la Inspección del Trabajo como ente investigador como lo solicita el Sr. nombre reservado

nombre reservado que las conductas estimadas como arbitrarias y/ ilegales se agrupan en tres áreas: A) Solicitud de poner término de común acuerdo al contrato por el nombre reservado y el Director de Personal; b) Petitorio de los estudiantes exigiendo su desvinculación, y c) Suspensión de sus actividades docentes y de dirección.

Como se dijo, en el primer grupo no ha existido arbitrariedad desde que se trata de una fase de negociación previa con el fin de explorar un termino de relación de común acuerdo. Aun pudiendo acudir a causales de termino legal de un contrato de trabajo, la propia Universidad se ha autoimpuesto la posibilidad de investigar previamente.

Respecto del segundo grupo, advierte que no existe legitimación pasiva, desde que no puede hacerse cargo de imputaciones de terceros, sin perjuicio agrega que en las negociaciones sostenidas con los estudiantes, la Universidad siempre señaló que no podía aplicar sanción alguno sino mediando la debida investigación, hoy en curso.

Sobre la suspensión de funciones, alega dos causales que la sustentan evitando la arbitrariedad e ilegalidad, un acuerdo con el recurrente y la medida de resguardo dentro del marco de la investigación que se lleva a cabo.

De esa forma no se han vulnerado las garantías que el Sr. nombre reservado invoca del modo que refiere, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

En la audiencia fijada al efecto se presentaron los abogados Jaime Gallardo Casanova y Carlos Carnevalli Dickinson.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

TERCERO: Que la acción de protección de garantías constitucionales establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio, para restablecer el derecho amagado, la que requiere la existencia indubitable de un derecho en favor del actor.

CUARTO: Varias, y aunque a ratos sin mucha precisión, han sido las garantías invocadas como conculcadas y algunas de ellas compartes fundamentos de hecho.

1.- En primer término, estaríamos frente a conculcación de derechos previsto en el artículo 19 n°3 inciso quinto de la Constitución de la República, el que indica “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. Alude el recurrente que la suspensión de sus funciones fue aplicada por un acuerdo al que arribaron los estudiantes con autoridades de la Universidad.

Las partes no han discutido la suspensión de funciones del recurrente, aunque ninguno señaló fecha de inicio. Con la copia de notificación de 14 de mayo de 2018 -acompañada por el recurrente-, dando a conocer al Sr. nombre reservado dos resoluciones de contraloría, una que ordena iniciar investigación en su contra y la otra que le impone una medida de resguardo, precisamente de suspensión, se advierte que en el contexto de un procedimiento previamente normado en el reglamento respectivo se tomaron decisiones posibles de aplicar. Si bien se desprende de los dichos de ambas partes que en los hechos tal suspensión se inició con anterioridad al 14 de mayo del presente año, es precisamente el inicio de la investigación la que restablece el imperio del derecho desde que la medida se adopta dentro de un procedimiento contemplado con anterioridad, corrigiendo lo que más parece ser una situación de hecho.

Al respecto cabe atender que de la lectura del “Acta de Acuerdo/CEE” de 26 de abril de 2018 se desprende con claridad que la respuesta de las autoridades universitarias, entregada a los alumnos señalaba que no era posible aplicar expulsión ni otra sanción al Sr. nombre reservado, sino dentro del marco de una investigación y que ella se iniciaría una vez recibidas las respectivas denuncias. En estrados ambas partes dieron cuenta de la vigencia de la investigación.

En consecuencia, no se advierte vulneración ni al debido proceso -en lo que a estos hechos atañe- ni a una eventual decisión adoptada por autoridad incompetente.

2.- También se ha estimado vulnerada la igualdad ante la ley, protegida en el artículo 19 n°2 de la Constitución de la República, el que señala “En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.”, desigualdad que advierte esencialmente por la inexistencia de un proceso por medio el cual pueda conocer las imputaciones y formular debida y oportunamente sus defensas, siendo suspendido de sus funciones. De esa forma le aplicaron estándares distintos de los considerados a otros, esto es, el procedimiento establecido en el reglamento.

Con la prueba traída a colación especialmente la notificación de inicio de investigación y la declaración de ambas partes sobre que aún está en curso, no se advierte medida necesaria destinada a restablecer el derecho, puesto que -aun cuando tal desigualdad pudo haber existido- ella se ha disipado al iniciar la respetiva investigación.

3.- Esta situación habría vulnerado sus derechos a la integridad psíquica, vida privada y honra. Sobre este punto la recurrida alegó falta de legitimación activa pues dice relación con imputaciones y conductas que provienen de terceros ajenos al pleito, esto es, los y las estudiantes por medio de su petitorio. En efecto, han sido aquellos/as quienes profirieron las imputaciones que el recurrente reclama injustas y falsas, no las autoridades universitarias en la calidad en que invisten. De tal forma que mal puede imputarse a la recurrida esta eventual conculcación de derechos.

Por lo demás es dable traer a colación lo previsto en el artículo 19 n°12 sobre libertad de expresión sin censura previa, sin perjuicio de las responsabilidades -penales o de abuso- que por esta vía puedan surgir y perseguir.

4.- Finalmente estima ha sido amagado su derecho de propiedad sobre el cargo que ostenta como académico y director de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile. De lo ya dicho se desprende que existe una investigación en curso, cuya ritualidad se ajusta al Reglamento Interno de la Universidad recurrida, la que no ha sido objeto de este recurso, que en ese el Sr.. nombre reservado ha sido suspendido en su cargo, con derecho a remuneraciones, de forma que el ejercicio de propiedad sobre el cargo a sido limitado de forma reglamentaria.

QUINTO: Que no se advierte arbitrariedad ni ilegalidad en los actos reprochados a la recurrida, de la forma en que se expuso precedentemente, por lo que al no configurarse los presupuestos que se requieren para que sea procedente el recurso de protección, deberá necesariamente rechazarse.

Y visto lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación de los Recursos de Protección, SE RECHAZA la acción de protección deducida por don Jaime Benito Gallardo Casanova, en representación de don nombre reservado, en contra de la Universidad Austral de Chile, representada por su Rector don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. María Soledad Piñeiro Fuenzalida.

N° 818 – 2018 PROTECCIÓN.

Pronunciada por la PRIMERA SALA, Ministro Sr. MARIO JULIO KOMPATZKI CONTRERAS, quien no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo no firma por encontrarse con permiso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, Ministro Sr. SAMUEL MUÑOZ WEISZ y Ministra Sra. MARIA SOLEDAD PIÑEIRO FUENZALIDA. Autoriza la Secretaria Titular, Sra. Ana María León Espejo.

En Valdivia, nueve de julio de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. Ana María León Espejo, Secretaria Titular.