Protección contra Inspección del Trabajo de Osorno

Valdivia, seis de Noviembre de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 18, doña Ximena Águila Silva, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación de “Constructora Harr S.A.” , interpuso recurso de Protección en contra de la Inspección del Trabajo de Osorno, representada por la Inspectora Provincial, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Señala que su representada fue fiscalizada por la Inspección del Trabajo, la que le aplicó una sanción, solicitando, oportunamente, su rebaja, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo, a la que se accedió por Resolución Nª 225 de 19 de junio de 2014, la que le fue notificada en forma personal el 24 de junio de este mismo año y rebajó la sanción 8039/2014/033-1 a 1,5 IMM y la sanción 8039/2014/033-2 a 1,5 UTM.

Posteriormente, al solicitar un certificado de antecedentes laborales y previsionales, éste arrojó la multa 8039/2014/033 1 y 2, ejecutoriadas, por montos errados, los que sumados alcanzan una suma de 147 UTM, en total, es decir a una suma muy superior a la que se le rebajó y que fuera notificada. Por ello, hizo una presentación a la Inspección del Trabajo de Osorno, fundada en la ley Ley Nª 19.628, solicitando se corrigiera el error de su base de datos, comunicar esta situación a la Tesorería General de la República y poder pagar la multa, lo que hasta la fecha no ha hecho.

Que, con fecha 15 de septiembre se notifica la resolución que se recurre, la Resolución Nª368 de 11 de septiembre de 2014 que vuelve a resolver la solicitud de rebaja de 9 de mayo, la que ya había sido resuelta y ambas son idénticas, salvo por el hecho que el monto de la rebaja varía, de 1,5 IMM y 1,5 UTM a 105 UTM y 42 UTM, respectivamente.

Que, el hecho que se reprocha, ilegal y arbitrario es haber resuelto dos veces sobre una misma petición, porque la segunda resolución dictada por la Inspección del Trabajo, la Nª 368 de 11 de septiembre es abiertamente ilegal, ya que se ha pronunciado sobre una situación que había establecido derechos adquiridos para su representada, como lo fue con la dictación de la Resolución Nª 225 y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley N! 19.880 que establece Bases de loa Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, no puede revocarse un acto cuando ha sido declarativo o creador de derechos adquiridos, como lo ha sido en el caso que indica y que motiva el presente recurso.

Que, la Inspección del Trabajo de Osorno al emitir la resolución recurrida ha vulnerado lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la mencionada ley, desconociendo la ejecutoriedad de la Resolución Nª 225 y dictando otra resolución que lesiona los derechos adquiridos de su representada.

Que, lo expuesto, al infringirse el artículo 51 de la Ley Nª 19.880 vulnera lo dispuesto en el artículo 3 inciso quinto de la Constitución Política del Estado, porque la Inspección del Trabajo de Osorno no puede resolver una solicitud que ya ha resuelto conforme a derecho y al hacerlo, se ha constituido en comisión especial y sumado a lo anterior, resolvió sin audiencia del afectado, violando las normas del debido proceso.

En virtud de lo expuesto, solicita tener por interpuesto el presente recurso, acogerlo, ordenando que la resolución recurrida es ilegal y arbitraria, en consecuencia, debe ser dejada sin efecto, el cese de la conducta vulneratoria, con costas.

A fojas 50, informando el recurrido, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Indica previamente, que el recurso es improcedente en atención a que el asunto de autos no origina una cuestión constitucional que deba ser tutelado por el recurso de protección. Así, indica que al recurrente se le cursaron multas, por infracción al artículo 76 inciso 4ª y final de la Ley Nº 16.744 en relación del artículo 506 del Código del Trabajo y al artículo 37 del D.S. 594 del Ministerio de Salud, en relación con los artículos 184 y 506 del citado texto laboral, de forma tal que el recurso de protección no esta destinado a remplazar procedimientos específicos que la ley contempla para la defensa de los derechos de quien se sienta perjudicado por la dictación de una resolución administrativa, como sucede en el caso que se esta recurriendo respecto de la Resolución Nª 368 de 11.09.2014 dictada por el Inspector Provincial del Trabajo de Osorno Subrogante, que rectifica la Resolución Nª225 de 19.06.2014, en el marco de la solicitud de reconsideración administrativa de la multa Nª8039/14/33-1 y 2 y la legislación laboral ha implementado un procedimiento mediante el cual el empleador afectado puede impugnar dicha resolución presentando pruebas para debatir el problema y deducir los recurso que sean procedentes.

Señala, al efecto, que la Excma. Corte Suprema ha resuelto reiteradamente que el recurso de protección no es el camino idóneo para reclamar contra multas impuestas por la autoridad administrativa de orden laboral, pues no fue concebido como un sustituto procesal de acciones y procedimientos ordinarios existentes en la legislación, ya que en el caso existen otras acciones especificas para la impugnación de las resoluciones de multas, como lo dispone el artículo 511 del Código del Trabajo o bien haciendo uso de la acción ordinaria de reclamación ante el juzgado laboral que regula el articulo 503 del mismo cuerpo legal.

Agrega el recurrido que no existe un acto arbitrario o ilegal, porque la resolución administrativa que se impugna no constituye un acto que afecte las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, porque fue dictada por un funcionario que cumplió con las instrucciones sobre la materia, con estricto apego a las disposiciones legales e instrucciones vigentes del Servicio, les fueron notificadas al recurrente y obedecen a lo permitido en el articulo 62 de la Ley Nª 19.880, no siendo efectivo que se esté resolviendo dos veces respecto de una misma petición, porque el acto recurrido solo rectifica los errores formales de la resolución Nª 225 de 25.04.2014.

Señala, además, que los montos de las sanciones fueron incluso indicados por la empresa sancionada en el formulario (F 10) para solicitar la reconsideración administrativa de la multa Nª 8039/2014/33 -1 y 2, lo que corrobora el pleno conocimiento de la recurrente de los montos reales de las infracciones aplicadas, lo que acredita con el documento que acompaña.

Al no haber sido afectada ninguna garantía constitucional, solicita el rechazo del presente recurso.

A fojas 63, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como lo ha sostenido esta Corte, la acción de amparo de garantías fundamentales, a la vista de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley primera y del procedimiento habilitado al efecto por la Excma. Corte Suprema para su conocimiento y fallo, supone la existencia de un derecho indubitado y la ocurrencia de una actuación u omisión que pueda reputarse de ilegal o arbitraria. Y lo anterior dentro de un esquema procesal, estructurado sobre la base de una acción urgente que demanda una tramitación sumarísima, para la eficacia del remedio constitucional que se pretende. (Rol 174-2011).

SEGUNDO: Que por lo expuesto precedentemente, para que proceda la acción de protección, es necesario que el recurrente acredite o proporcione antecedentes suficientes, que de cuenta del derecho indubitado, conculcándose debido a la acción u omisión arbitraria del recurrido.

TERCERO: Que en el caso sublite, no se vislumbra por esta Corte, que se haya conculcado derecho alguno, por cuanto del merito de los antecedentes aportados se puede desprender que a la recurrente se le fiscalizo por parte de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, en base a las facultades concedidas por la ley (artículos 23, 24 de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo) y ante una transgresión a la legislación laboral, le fueron cursadas dos multas con fecha 25 de abril del presente año, de lo cual pidió reconsideración la empresa afectada, adjuntando el Formulario 10.

Que, en el mencionado Formulario Nª 10 se puede apreciar que la recurrente solicita reconsideración de las multas Nª 8039/2014/33-1 y 2, por las cantidades que indica, 150 UTM y 60 UTM, respectivamente, es decir, tenia plena noticia del monto de las sanciones impuestas.

Que, por otra parte, cabe tener presente que la recurrente, luego de la dictación de la Resolución Nª 225 que rebajo las multas aplicadas y ante el error que indica tener esta, solicita una aclaración a la Inspección Provincial del Trabajo, la que procede a dictar la resolución recurrida, que si bien da lugar a lo pedido, en el sentido de rebajar las multas impuestas, parte de el monto que efectivamente correspondía aplicar en base a las infracciones cometidas por la empresa recurrida y constatadas por un Ministro de Fe, en el caso, un Inspector de dicha repartición publica.

Que, al dictar el acto administrativo aludido, se hizo en conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Nª 19.880, la que permite, “en cualquier momento” por parte del ente administrativo “poder aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo.”

CUARTO: Que, por lo reseñado en el motivo anterior, cabe concluir que, con la dictación de la Resolución impugnada por esta vía, no se ha obrado de una manera ilegal y/o arbitraria, debido a que dicha resolución emana de autoridad facultada para hacerlo, en el marco de sus propias atribuciones, habiéndose ajustado a derecho la rectificación realizada, más aún cuando el recurrente no había cancelado las multas al momento de pedir la aclaración de la Resolución N° 225 de 19 de junio del presente año, por lo que no pueden verse afectadas las garantías constitucionales que impetra, por lo que, al no existir vulneración alguna, se rechazará la acción de protección como se dirá en lo resolutivo.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo resuelto, a mayor abundamiento, cabe tener presente que, de conformidad a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, la acción constitucional es improcedente, desde que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, interpretación y aplicación de sanciones, en su caso, es de competencia de la Dirección del Trabajo, existiendo otras acciones específicas para la impugnación de las resoluciones de multa, sea a través de la vía administrativa, como lo dispone el artículo 511 del Código del Trabajo o bien haciendo uso de la acción ordinaria de reclamación ante el Juzgado Laboral que regula el artículo 503 del mismo texto legal.

Y visto además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Carta Fundamental, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por la abogada doña Ximena Aguila Silva, en representación de Constructora Harr S.A., en contra de la Inspección del Trabajo de Osorno.

Acordado con el voto en contra de la Ministra Interina señora María Soledad Piñeiro Fuenzalida, quien estuvo por acoger la acción constitucional impetrada por los siguientes argumentos:

1.- Que, dentro de un proceso administrativo, la recurrente solicitó la rebaja de una multa, proceso en cual esta petición fue acogida, lo que se vio reflejado en la Resolución n°225 de 19 de junio de 2014.

2.- Que la autoridad administrativa modificó esa Resolución, por medio de la Resolución N° 368 de 11 de septiembre del presente año, si bien manteniendo la decisión de rebajar la multa, fijándola en una suma muy superior a la primitivamente establecida, sin que en dicha resolución se contenga explicación alguna que justifique la modificación. Sin embargo, en Resolución 293 de 11 de septiembre de 2014, invocando lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 19.880, y estimando que existió un manifiesto error, ordena se rectifique la Resolución 225, lo que se hace por medio de la N°368, impugnada por esta vía.

3.- Que la naturaleza de la petición del recurrente estaba dirigida a obtener dos pronunciamientos fundamentales: que se accediera a la rebaja de la multa y que se determinara un nuevo monto. Tal situación aparece relevante en relación a la facultad ejercida por la autoridad recurrida, pues resulta indispensable determinar el alcance de aquella facultad, teniendo en cuenta la existencia de cosa juzgada. Al efecto resulta aclaratorio lo referido por los profesores Mosquera y Maturana, al analizar el recurso del artículo 182 del Código de Procedimiento Civil, cuya literalidad y objetivo es similar a la del artículo 62 referido: “es una facultad cuyo ejercicio debe encuadrarse dentro de los objetivos procesales, es decir, permitir al sentenciador, en los casos en que el fallo resulte de difícil interpretación, que lo aclare en forma tal que haga posible su cumplimiento, ya que este ha sido el objeto del litigio, y la aludida facultad no tienen otra limitación que la de no alterar la decisión de la sentencia principal, en términos de que por la aclaración se llegue a contrariar la cosa juzgada que de ella emane.” (Mosquera y Maturana, “Los Recursos Procesales”, Editorial Jurídica de Chile, 2010, pág. 97)

4.- Que, en este caso la pretendida aclaración de la autoridad administrativa excede el objetivo de la facultad legal, pues modificó el quantum de la decisión, al alterar el monto de la multa luego de la rebaja, cuestión que a todas luces no significaba un impedimento de cumplimiento de lo resuelto primitivamente ni se ha tratado de aclarar algo oscuro, simplemente se ha corregido un error de fondo.

5.- Que, tal situación se evidencia cuando se explica el motivo del error, esto es haber considerado como monto cuestionado por el solicitante uno completamente distinto al que éste señaló en su petición, error no imputable al recurrente y que no puede entenderse que es de aquellos previstos en la norma aludida por la recurrida, pues no se trata de aclarar el sentido del fallo de forma de hacerlo más comprensible y ejecutables, sino que derechamente se ha cambiado la decisión de fondo.

6.- Que, de esa forma se ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario que amaga el derecho de propiedad del recurrente.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Suplente doña Gloria Hidalgo Álvarez y del voto en contra su propia autora.

Rol N° 818 – 2014. CIV.

Pronunciada por la PRIMERA SALA, Ministra Srta. RUBY ALVEAR MIRANDA, Ministra Interina Sra. MARIA SOLEDAD PIÑEIRO FUENZALIDA, Ministra Suplente Sra. GLORIA HIDALGO ALVAREZ. Autoriza la Secretaria Sra. ANA MARÍA LEÓN ESPEJO.

En Valdivia, seis de noviembre de dos mil catorce, notifiqué por el ESTADO DIARIO la resolución precedente.