COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE CHILE A.G. con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

Valdivia, diecinueve de enero de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece don Diego Ignacio Gallegos Vallejos, abogado, en representación del Colegio Médico Veterinario de Chile AG., quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por don nombre reservado, director nacional, por haberse conculcados las garantías constitucionales de los N°. 2, 21, 22 y 24 artículo 19 de la Carta Fundamental.

Recurre sobre la conducta desplegada por la recurrida al interpretar en base al artículo 159 del D.F.L. N°5 del Ministerio de Salud, que solo son prestaciones de salud las que se incluyan o sean asimilables a los catálogos de FONASA, imponiendo un criterio que la Ley no contempla, conculcando derechos fundamentales. Señala que, la Asociación Gremial que representa, reúne los médicos profesionales del país quienes ofrecen prestaciones de saluda ambulatoria, y la mayoría de ellos a través de micro y pequeñas empresas.

El 27 de octubre de 2022 el Servicio de Impuestos Interno, publicó la circular N°50 que interpreta las modificaciones realizadas a la Ley N°21.420 y la Ley sobre impuesto a las ventas y servicios; el servicio debía interpretar la referida ley, en particular la exención del nuevo N°20 agregado a la letra E del artículo 12, que transcribe: [Están exentos de IVA, N° 20] “Los servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios, que se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propios de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades.

Esta exención incluye el suministro de los insumos y medicamentos, efectuados en la ejecución del servicio ambulatorio, siempre que sean utilizados y consumidos en dicho procedimiento e incluidos en el precio cobrado por la prestación.

Los servicios de laboratorio no se incluyen en esta exención." Señala que la ley no distingue el destinario de salud, por lo que cuando el texto de la ley es claro e inequívoco, no corresponde al interprete adicionar o restringir el ámbito de aplicación.

Agrega que el concepto “prestación de salud” es más amplio que los catálogos de FONASA; los médicos veterinarios ofrecen a través de clínicas veterinarias, verdaderas prestaciones de salud que no están catalogadas sólo porque no existe un Fondo Nacional de Salud que las cubra; el financiamiento de una “prestación” no puede determinar que sea “de salud”; la Ley no lo hace, el intérprete está vedado para hacerlo. Que, las clínicas Veterinarias son verdaderos establecimientos de salud animal, organizados a través de medios personales, materiales e inmateriales destinados al otorgamiento de prestaciones de salud, dotados de una individualidad determinada y ordenados bajo una dirección, cualquiera sea su naturaleza y nivel de complejidad.

Sostiene que, las prestaciones de salud, son también médico-veterinarias; las clínicas veterinarias exigen hoy por el MINSAL: informe sanitario, dirección técnica, botiquín para sus fármacos; en las clínicas veterinarias además hay equipos que deben contar con autorización sanitaria para su funcionamiento; el SII ha mantenido una doctrina consistente al interpretar el criterio de prestación de salud sin distinguir si se prestan por médicos veterinarios o si el destinario es o no un humano, jamás ha interpretado restrictivamente el concepto a la existencia de una cobertura de un seguro de salud sea público o privado;

El SII se excede del ámbito de la Ley 21.420 al fijar como criterio para definir qué es una “prestación de salud” señalada en la exención contenida en el nuevo N° 20 agregado a la letra E del artículo 12° de la LIVS de la existencia de una cobertura por un seguro, aunque sea público, como es el FONASA;

En otras palabras, si la Ley hubiera querido que la exención en análisis fuera sólo respecto de las prestaciones de FONASA, lo habría dicho claramente; no se logra visualizar de dónde se saca este criterio “financiero” para definir qué es una prestación de salud.

Esta interpretación deja fuera las prestaciones médicas del artículo 29° de la Ley 16.744, que tienen otra fuente de financiamiento; este argumento verifica que se trata de una conducta ilegal y arbitraria que se debe enmendar por S.S.I.;

Por último, estiman que la circular N°50 del Servicio de Impuestos Internos es arbitraria e ilegal y conculca derechos fundamentales de las clínicas veterinarias, consagrados en los N°2, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile, por lo que solicita se deje sin efecto la sección N°3.2.1 de la circular N°50 de octubre de 2022 y en su lugar ordenar se dicte una que considere a los servicios prestados por clínicas veterinarias como una prestación de salud, con costas en caso de en caso de oposición.

Informando el recurso, doña nombre reservado, abogada del Servicio de Impuestos Internos, solicita el rechazo de la acción de protección, con costas, por no ser esta la vía idónea para resolver la pretensión de la recurrente, sin perjuicio de no existir las acciones arbitrarias e ilegales imputadas al SII, como asimismo no se han conculcado las garantías constitucionales denunciadas como infringidas.

Señala que con fecha 04.02.2022, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.420, que, reduce o elimina las exenciones tributarias que indica (en adelante la “Ley”), la que, en términos generales, introduce modificaciones a distintos cuerpos legales, entre ellos la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios.

Agrega que el objetivo de la Ley N° 21.420, de acuerdo con su historia, es reducir y eliminar exenciones en nuestro sistema tributario, con la finalidad de lograr una mayor recaudación que permitiese financiar la denominada “Pensión Garantizada Universal” (PGU) 1. Precisa que la Circular N°50 de 2022 indica que son prestaciones de salud, para los efectos de la exención indicada, las actividades que figuran en la nómina de aranceles de modalidad de atención institucional (MAI), y la nómina de aranceles modalidad libre elección (MLE) de FONASA, para luego agregar que, también poseen el mérito para acceder a la exención respectiva, aquellas actividades “que sean asimilables a las mismas” o que “se desarrollen en el contexto de dichos procedimientos” en la medida que sean prestadas por profesionales capacitados para ello conforme a la legislación en materia de salud, reiterando el carácter no taxativo de las actividades contenidas en las correspondientes nóminas de FONASA. Considerando esta circular para determinar el alcance de la exención, aquellas prestaciones contenidas en la tarificación correspondiente de las prestaciones de salud cubiertas por FONASA y encaso alguno esta confunde las prestaciones de salud con aquellas financiadas por FONASA, como plantea el recurrente. El SII para efecto de otorgar certeza sobre el alcance de la exención, toma como base los listados de estaciones que considera prestaciones de salud, sin que su enumeración sea taxativa, en el ámbito de la salud humana. Respecto a la materia del presente recurso la expresión servicio, prestaciones y tratamiento de salud debe ser interpretada en el contexto del Código Sanitario, que no reconoce a los médicos veterinarios dentro de las profesiones médicas y afines.

Indica que la presente acción no es la vía idónea para conocer este asunto por exceder la pretensión del actor, la naturaleza cautelar de la acción constitucional de protección, que su representada ha actuado dentro del marco de sus atribuciones legales cumpliendo con todos y cada uno de los trámites exigidos por la ley, durante la tramitación de la referida circular.

Pide el rechazo del recurso de protección, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que, constituye un hecho pacífico que el Servicio de Impuestos Internos cuenta con facultades legales interpretativas en el ejercicio de sus funciones, en este mismo sentido su director nacional se encuentra facultado para haber dictado la circular N°50, de 27 de octubre de 2022; con el objeto de fijar el sentido y alcance de la exención contenida en el artículo 12 letra E N°20 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado al servicio, la que solo es aplicable a los procedimiento de salud ambulatorio de seres humanos.

TERCERO: Que, del estudio de los antecedentes que obran en el informe del presente recurso de protección, se desprende que la referida circular tiene por finalidad equiparar la conducta funcionaria en la aplicación de la nueva normativa contenida en la ley 21.420, la que, a su vez, tiene por objetivo aumentar los recursos fiscales para la implementación de políticas sociales en el caso específico cubrir el costo financiero de la PGU.

CUARTO: Que, la pretensión de la recurrente no puede ser satisfecha a través de esta acción cautelar breve y sumaria, precisamente por adolecer de un derecho indubitado a partir de la regulación legal descrita y existir acciones ordinarias, contempladas en los artículos 155 y siguientes del Código Tributario, que tienen por finalidad conocer y resolver los hechos expuestos en el presente arbitrio; excediendo en consecuencia el presente recuso su naturaleza y propósito, cual es la tutela de derechos fundamentales que ha sido amenazados o vulnerados por actos u omisiones de terceros, que no es el caso que nos ocupa, al perseguirse más bien la declaración de un derecho de parte de este tribunal. Efectivamente la recta interpretación definitiva de la norma legal discutida, necesariamente debe ser resuelta en un procedimiento declarativo ordinario ante el tribunal competente que correspondiere.

QUINTO: Que, conforme a lo expuesto, cabe rechazar el presente recurso de protección.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por el Colegio Médico Veterinario de Chile en contra de Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Luis Galdames Bühler.

Rol 8081 – 2022 PRO.