nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Valdivia Valdivia, nueve de febrero de dos mil veintiuno.

Visto:

El 9 de enero de 2021 recurre de protección el abogado Alejandro Herrera Canales en representación de nombre reservado, contribuyente de primera categoría en el giro de venta al por mayor de muebles y colchones, en contra de nombre reservado, Jefe del Departamento de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Valdivia, acusando un actuar ilegal y arbitrario al negársele un segundo aumento de plazo de 30 días para entregarle información en el marco de una fiscalización por el correcto cumplimiento de la declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), iniciada en septiembre de 2019, destacando el volumen de la información requerida y el estado de excepción en que se encuentra el país a propósito de la pandemia, entendiendo que ello conlleva un entorpecimiento que hace necesaria la concesión extraordinaria de lo solicitado.

Sostiene que se ha vulnerado su derecho a igualdad ante la ley, aunque cita el número 3 del artículo 19 de la Constitución relativo a la “igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, para luego decir que se vulnera el inciso quinto en el sentido que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. Asevera que el recurrido se constituyó en comisión especial excediendo sus atribuciones al negar el derecho de aumentar el plazo fundado en un legítimo entorpecimiento.

Pide se declare que la actuación del recurrido es ilegal y arbitraria al no acceder al aumento de plazo solicitado, se disponga el restablecimiento del imperio del derecho, esto es volver al estado anterior a la actuación recurrida y en específico que se declare la resolución exenta número 77320103508 de 09/12/2020, como ilegal y arbitraria; que se retrotraiga el expediente número 774028, ID de Caso 445745 al estado de otorgar el plazo de 30 días solicitado en la segunda petición de aumento, basado en el entorpecimiento indicado; que se deje sin efecto toda actuación realizada con posterioridad a la fecha de la resolución exenta número 77320103508 de 9.12.2020, con costas.

Informó la recurrida por intermedio de la señora nombre reservado, Directora Regional del Servicio de Impuestos Internos y solicita el rechazo del recurso, alegando extemporaneidad al presentarlo el 9 de enero de 2021, un día después de vencido el plazo, pues la resolución cuestionada fue notificada en forma personal el 9 de diciembre de 2020. Agrega que la acción de protección no es la vía idónea para conocer del asunto al pretenderse por el recurrente que se deje sin efecto liquidaciones que le fueron notificadas en forma personal y que pusieron término al procedimiento de fiscalización incoado en su contra. Si lo pretendido es anular las liquidaciones por vicios en su dictación debe interponer el reclamo tributario respectivo ante el Tribunal Tributario y Aduanero competente. Destaca la dictación de la ley 21.210 de 24.2.2020 que moderniza la legislación tributaria en cuanto el legislador ha establecido otros procedimientos especiales para el evento que los contribuyentes se sientan afectados en sus derechos por una actuación del servicio realizada dentro de un procedimiento de fiscalización. Si lo pretendido es únicamente cuestionar la legalidad de la resolución impugnada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° bis, inciso segundo, del Código Tributario; la recurrente podría haber presentado “un recurso de resguardo al considerar vulnerados sus derechos producto de un acto u omisión del Servicio, ante el competente Director Regional o ante el Director Nacional en su caso, si la actuación es realizada por el Director Regional, dentro de décimo día contado desde su ocurrencia (…).”, cuya resolución es reclamable ante el Juez Tributario y Aduanero, según prescribe el inciso tercero, del artículo en comento.

Alega improcedencia de la acción interpuesta por inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del Servicio de Impuestos Internos. Cita artículos 6 y 7 de la Constitución, además de la ley 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, artículos 2, que ilustran principios de legalidad y competencia de los actos de los órganos de la administración que rige el actuar de todos los órganos del Estado.

Explica que la citación es un medio de fiscalización expresamente regulado en el ordenamiento jurídico, en concreto en los incisos segundo a cuarto del artículo 63 del Código Tributario. Tal comunicación se dirige en aquellos casos que, como consecuencia de los antecedentes que recopila la autoridad tributaria puede existir una pretensión fiscal distinta a la que ha sido determinada por el contribuyente en sus declaraciones de impuestos.

Estima que la norma transcrita es clara al señalar que el plazo de un mes que establece la norma se ampliará sólo una vez a solicitud de parte y por un mes más, lo que ocurrió a cabalidad. El 30.10.2020 la contribuyente solicitó prórroga para dar respuesta a la citación la que fue resuelta en forma favorable por el plazo de un mes, mediante resolución EX número ° 773200103418, de 30.11.2020, notificada personalmente a la actora. En consecuencia, su segunda solicitud de prórroga, claramente era improcedente, debiendo ser denegada por la autoridad.

La recurrente indica que su segunda solicitud se funda en la situación excepcional de pandemia que afecta al país, sin embargo, no se ha dictado ninguna ley que faculte al servicio para ampliar por segunda vez el término para responder a la citación y hacer lugar a lo pedido por recurrente habría redundado en un acto carente de todo fundamento legal y por tanto, viciado, pues se habría actuado en contravención a lo dispuesto en artículos 6 y 7 de la Constitución. Recalca que el SII se ha ajustado en todo momento a la normativa legal vigente y niega afectación a la garantía constitucional denunciada como conculcada. Lo obrado por el Servicio se ajustó en todo momento a la legislación vigente. Recurrente no explica en qué forma se habrían conculcado la garantía prevista en el artículo 19 número 3 inciso quinto de la Constitución y lo denunciado por recurrente carece de asidero. De una lectura atenta del recurso se advierte que no se cuestiona la supuesta calidad de “comisión especial” del servicio, sino que el hecho que la comisión, excediendo sus atribuciones, haya rechazado su solicitud. La negativa del Servicio se encuentra fundada en la ausencia de facultades, ya sea expresas o tácitas, para ampliar por segunda vez el plazo para dar respuesta a una citación, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 63, del Código Tributario, vale decir, ésta se ajustó plenamente a legislación vigente.

Y considerando:

Primero: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

En dicho sentido, es un medio de impugnación jurisdiccional que permite poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen derechos de rango constitucional, estrictamente enumerados en el artículo 20 de la carta fundamental, comprendiendo situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

Segundo: Que la Excelentísima Corte Suprema ha señalado que “según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a) Una conducta -por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado” (Entre otras, sentencia dictada el 16 de mayo de 2019 en causa rol 78-2019).

Tercero: Que en relación a la temporalidad del recurso, en efecto la recurrida ha demostrado que la recurrente tomó conocimiento de la resolución exenta 77320103508 el 9 de diciembre de 2020, venciendo el plazo para la interposición del recurso el día 8 de enero de 2021, presentándose al día siguiente, superando el plazo fatal de treinta días corridos que contempla el Auto Acordado que regula la tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales. De este modo el recurso de protección interpuesto es extemporáneo.

Cuarto: Que, a mayor abundamiento, valorando el fondo se advierte que la controversia se enmarca en determinar la legalidad y razonabilidad de una decisión administrativa, emanada del Servicio de Impuestos Internos a propósito de una fiscalización por el correcto cumplimiento de la declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado, en orden a negar a una contribuyente su petición tendiente a ampliar el plazo para entregar información, solicitándose que la contingencia sanitaria sea considerada como un entorpecimiento.

Quinto: Que conforme lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario “El Servicio hará uso de todos los medios legales para comprobar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y para obtener las informaciones y antecedentes relativos a los impuestos que se adeuden o pudieren adeudarse”. En el inciso segundo se detalla que “El Jefe de la Oficina respectiva del Servicio podrá citar al contribuyente para que, dentro del plazo de un mes, presente una declaración o rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior. Sin embargo, dicha citación deberá practicarse en los casos en que la ley la establezca como trámite previo. A solicitud del interesado dicho funcionario ampliará este plazo, por una sola vez, hasta por un mes. Esta facultad podrá ser delegada en otros jefes de las respectivas oficinas”.

Sexto: Que son hechos no discutidos que la recurrente se encuentra afecta a un procedimiento tributario, encontrándose sujeta a fiscalización en que se le requirió la entrega de información, para lo cual tuvo un plazo inicial de un mes, solicitando un aumento de plazo que le fue otorgado por un mes el 30.11.2020, según se advierte de resolución exenta 77320103418.

Fluye de los antecedentes que la segunda petición de ampliación de plazo fue rechazada con estricto apego a lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario.

Séptimo: Que conforme los antecedentes reunidos no se advierte actuar ilegal ni arbitrario de la institución recurrida, entendiendo por tal el Servicio de Impuestos Internos más allá del recurrido individualizado como nombre reservado, Jefe del Departamento de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Valdivia, de quien tampoco se observa una conducta concreta cuestionable.

Por lo demás, el acto administrativo cuestionado bien puede catalogarse como un acto trámite, que se enmarca en un procedimiento de fiscalización que deriva en liquidaciones de 30 de diciembre de 2020, debidamente notificadas a la contribuyente asistiéndole el derecho a solicitar reposición administrativa en un plazo de 30 días, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 bis del Código Tributario. Bien puede interponer el reclamo contemplado en el artículo 124 del Código Tributario ante el Tribunal Tributario y Aduanero, de manera que no puede sostenerse que el trámite cuestionado, inmerso en un procedimiento complejo, sea el definitivo que establezca una situación administrativa invariable para la recurrente, sino que se trata de un acto intermedio respecto del cual no procede recurso de protección al no tener la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de derechos y garantías constitucionales cautelados.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo establecido en el artículo 19 números 2 y 3 en relación con el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías, se rechaza sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Alejandro Herrera Canales en representación de nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos e nombre reservado, Jefe del Departamento de Fiscalización, Dirección Regional Valdivia.

Redacción a cargo del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

Regístrese digitalmente, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-8-2021.