CORPORACIÓN EDUCACIONAL con INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE CONCEPCION

C.A. de Valdivia Valdivia, seis de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

1º) Lorenzo Avilés Rubilar, abogado, en representación de la Corporación Educacional El Despertar, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo del Ranco, impugnando la Resolución Exenta N° 1402-18821/2026 de 24 de junio de 2026, que rechazó la solicitud de sustitución de la multa de 10 UTM —impuesta originalmente por omitir el desglose de la indemnización por años de servicios en el aviso de despido de una trabajadora— por la asistencia a un programa de capacitación, por estimar conculcadas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo, y el derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19, numerales 2º, 3º, y 24º de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la acción de protección constituye la única vía de tutela idónea disponible, toda vez que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha determinado de manera uniforme que el rechazo de la sustitución del artículo 506 ter del Código del Trabajo no es susceptible de reclamación ante la judicatura laboral ni de reconsideración administrativa.

Afirma que la resolución recurrida incurre en una ilegalidad al exigir un desglose nominal que no contempla el artículo 162 del código citado, puesto que cumplió el mandato legal al emitir una carta aclaratoria indicando con precisión la suma líquida global a percibir, sin que existiera duplicidad de conceptos indemnizatorios en juego. Asimismo, acusa una falta de motivación de la autoridad al omitir los fundamentos técnicos del rechazo, quebrantando los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Argumenta, además, además la arbitrariedad del Servicio por infringir la doctrina de los actos propios y el principio de confianza legítima, pues la corporación habría ejecutado la enmienda formal siguiendo las instrucciones específicas vertidas por la propia Inspección en el acta de conciliación previa, por lo que desestimar con posterioridad la corrección bajo un estándar inédito defrauda las expectativas legítimas del administrado.

Concluye que la subsistencia de la sanción pecuniaria lesiona el patrimonio de la entidad sin fines de lucro, la expone al cobro ejecutivo y genera una discriminación arbitraria frente a otros empleadores en idéntica situación contravencional.

Termina solicitando de forma principal que se deje sin efecto la resolución denegatoria y se ordene la aprobación de la asistencia al programa de capacitación o, en subsidio, se dicte un nuevo pronunciamiento fundado.

2º) El Inspector Jefe de la Inspección Provincial del Trabajo del Ranco evacuó su informe solicitando el rechazo de la acción cautelar, argumentando que su actuación se ajustó estrictamente y a las competencias fiscalizadoras del D.F.L. N°2 de 1967, pues la sustitución de multas constituye un beneficio legal condicionado y de carácter restrictivo, correspondiendo exclusivamente al empleador infractor acreditar fehacientemente y a satisfacción del Servicio la corrección íntegra de la conducta sancionada, conforme a las directrices vigentes de la Circular N°4 de 2022 de la Dirección del Trabajo.

Afirma que la carta aclaratoria remitida por la empresa no subsanó la vulneración al artículo 162, inciso cuarto, del Código del Trabajo, por cuanto la indicación de un "monto líquido para percibir" de carácter global no equivale a especificar el monto total destinado al concepto de indemnización por años de servicio.

Sostiene que la norma busca que el dependiente verifique de forma exacta los parámetros de cálculo de dicho ítem frente a la decisión unilateral del empleador, resguardo que se frustra al informarse una cifra indiferenciada que podría comprender otros haberes de la liquidación final.

Finalmente, el informe descarta la existencia de vicios constitucionales o legales, señalando que la resolución impugnada detalló razonadamente los motivos fácticos y jurídicos del rechazo a la luz de la Ley N°19.880, sin que la simple discrepancia de la recurrente con el mérito del acto lo torne arbitrario. Desmiente asimismo la infracción a la confianza legítima, aclarando que en las actas del comparendo no consta ninguna instrucción fiscalizadora que validara o predefiniera el estándar de enmienda de la actora. Concluye que el mecanismo promocional de capacitación no puede operar como una condonación automática de multas ante correcciones deficientes.

3º) Para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

4º) Para resolver este asunto, conviene tener presente que la recurrente fue sancionada por “No indicar, precisamente, en el aviso de término del contrato, el monto total a pagar por indemnización por años de servicios”.

Posteriormente, intentó subsanar dicha falta, completando la carta de despido con una mención al “monto líquido total a percibir”.

Con dicho antecedente, la empleadora solicitó a la Inspección del Trabajo acceder a la sustitución de la multa por “asistencia a programas dee capacitación”, petición que fue resuelta, mediante el acto que en este recurso se impugna, rechazándola, en virtud del siguiente fundamento: “RECHAZAR toda vez que los antecedentes aportados no logran acreditar la corrección fehaciente de la infracción principal sancionada en la Resolución 3627/26/11. Si bien el empleador acompañó una nueva carta de aviso de término de contrato en la que estipula que "el monto líquido para percibir asciende a la suma de $ 4.999.533", esta declaración no subsana el incumplimiento al artículo 162 inciso 4°del Código del Trabajo. Dicha norma exige indicar de manera precisa, expresa e individualizada el monto total a pagar por concepto de indemnización por años de servicio al invocar la causal de necesidades de la empresa, obligación que no se cumple al informar un monto líquido global que no singulariza el concepto indemnizatorio requerido. Por consiguiente, al no verificarse la corrección íntegra de la conducta infractora, no resulta procedente otorgar el beneficio solicitado.”

5º) De esta manera, es posible advertir que la resolución cuyo contenido se reprocha ha sido ejecutada por la Inspección del Trabajo en el ejercicio de potestades de que se encuentran legalmente investidas, no pudiendo estimarse que esta adolezca de las omisiones y carencias que han sido denunciadas por el recurrente, puesto que aquello que se denuncia como una vulneración no pasa de ser una diferencia en la interpretación y aplicación de la norma pertinente que ha hecho en este caso la recurrida, obrando en el marco de sus competencia.

6º) Así las cosas, no existiendo, en la especie, una acción u omisión ilegal o arbitraria de la recurrida que pudiere conculcar los derechos de la actora, el presente arbitrio debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección interpuesto por la Corporación Educacional El Despertar, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo del Ranco Regístrese digitalmente y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-799-2026.