nombre reservado con HOSPITAL BASE VALDIVIA

Valdivia, quince de junio de dos mil dieciocho.

Vistos:

Don JORGE ANDRÉS RIOS DEL RIO, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, Rut RUT reservado, trabajadora técnica, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del HOSPITAL BASE DE VALDIVIA, persona jurídica dependiente del Servicio de Salud de Valdivia, representada por su Director, don nombre reservado, médico, o quien ejerza dicha función al momento de la notificación del presente recurso, ambos domiciliados en domicilio reservado, en base a los siguientes antecedentes.

Doña nombre reservado, se desempeñó hasta hace muy poco tiempo atrás como funcionaria del Hospital Base de Valdivia, mediante contrato a plazo fijo en calidad de suplente que se extendía y renovaba mensualmente desde el mes de enero de 2018, siendo desvinculada de manera oral, sin formalidad alguna y sin acto administrativo justificante, el día 23 de abril de 2018, por declarar voluntariamente y de buena fe a su jefatura que se encontraba embarazada con fecha de parto para el 26 de octubre de 2018, interrumpiéndose así una relación laboral contractual actual y vigente de una trabajadora que se encontraba con fuero maternal.

Dicho acto ilegal y arbitrario, vulnera toda la normativa laboral nacional ya que no se sometió a ningún proceso de desafuero laboral, aprovechándose el Hospital de la especial naturaleza contractual que posee su representada dentro de la administración pública, quien se desempeñaba a contrata en suplencia de un cargo de la administración pública de salud; esta actitud del empleador carece de cualquier sentido de dignidad, ética y apego a la normativa y los principios que la legislación chilena constitucional y laboral contemplan expresamente respecto a la maternidad y su protección en el seno de la relación laboral.

Argumenta que se vulnera la garantía fundamental de los números 1 y 2, citando jurisprudencia y normativa laboral, por lo que previas citas legales, pide tener sirva tener por interpuesto recurso de protección en contra del HOSPITAL BASE DE VALDIVIA, representada por su Director, don nombre reservado, ya individualizados, admitirlo a tramitación y en definitiva, acoger su presentación, ordenando la reincorporación inmediata al servicio y el respeto al derecho a fuero maternal y sus derechos operativos de pre y post natal que el Estado de Chile y sus leyes le reconocen a la mujer.

Doña Rossett Duarte Ther, abogada, en representación convencional del Hospital Base Valdivia, expone que la recurrente fue contratada en calidad de suplencia, la que se caracteriza esencialmente por su transitoriedad, en atención a que se trata de una designación dispuesta con el único objeto de reemplazar a un determinado funcionario, mientras dure el impedimento del titular o se mantenga la vacancia de la plaza que ocupan. Dicha relación la mantuvo la recurrente, desde el 01 de febrero de 2018 hasta el 30 de abril, renovándosele el contrato de manera mensual.

Argumenta, que por tratarse de un contrato en suplencia que es transitorio, se asemeja al contrato a plazo fijo, el que cesa por el solo cumplimiento del plazo, no siendo necesaria formalidad alguna, ni acto administrativo justificante y menos desafuero, citando Dictamen Nº 5925, de 2015 de la Contraloría General de la República. Así la cosas, su representada estaba en su derecho para instar porque la suplente cesara efectivamente en sus funciones en la fecha pactada, por lo que, el no haber seguido renovando el contrato, no implicó desconocer las normas de protección a la maternidad, asistiéndole el fuero maternal hasta el 30 de abril de 2018, fecha en que finalizó su suplencia. Por lo tanto, no cabe reconocer a una funcionaria que está supliendo en un cargo vacante, el derecho a mantenerlo durante el periodo de fuero maternal previsto en el artículo 186 del Código del Trabajo, por mandato expreso del artículo 4 de la Ley 18.834.

Por todo lo anterior, concluye, que no existió ilegalidad, ni arbitrariedad, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

Tercero: Que para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La “arbitrariedad” indica carencia de razón en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamento (El Recurso de Protección, nombre reservado, página 189).

Lo “ilegal” se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posea o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte (op. cit. Pág. 239).

Cuarto: Que en el caso sublite, no existe controversia acerca de los hechos del recurso, reduciéndose el debate, a la aplicación de la normativa de protección a la maternidad contenida en el Código del Trabajo, no habiéndose solicitado el desafuero ante el Juez del Trabajo, por estimar la recurrida, que el vínculo laboral termina ipso facto al cumplirse el vencimiento del plazo del contrato. Para la recurrente, tales hechos, son ilegales y arbitrarios, vulnerando las garantías fundamentales de los números 1 y 2 de la Constitución Política, a diferencia de la recurrida, que considera que aplicó correctamente la normativa legal.

Quinto: Que, la Constitución Política de la República consagra el deber del Estado, en cuanto está al servicio de la persona humana y su finalidad es la de promover el bien común, de contribuir a la mantención de las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su realización espiritual y material en la medida de lo posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la misma Carta Fundamental establece.

Sexto: Que las reglas protectoras de la maternidad encuentran consagración internacional en el artículo 10 N° 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito nacional, el artículo 19 N° 1, inciso segundo de la Constitución Política de la República encomienda a la ley proteger la vida del que está por nacer, concepción amplia que importa permitir que la madre acceda al empleo y se mantenga en él, por el carácter alimenticio, tanto para ella, como para el ser en gestación. En este sentido el artículo 194 del Código del Trabajo, bajo el epígrafe “De la Protección a la Maternidad”, prescribe que “La protección de la maternidad se regirá por las disposiciones del presente título y quedan sujetos a ellos los servicios de la administración pública…”. Agrega que tales “disposiciones beneficiarán a todas las trabajadoras que dependan de cualquier empleador”.

Séptimo: Que, la normativa sobre protección a la maternidad del estatuto laboral conforma el régimen jurídico del personal de salud de la administración del Estado y, por ende, las disposiciones referentes al fuero maternal, que confieren inamovilidad a las trabajadoras embarazadas, impiden que operen las causales de término de las funciones sin sujeción a la normativa laboral.

Así las cosas, poner término al contrato de un funcionario que se encuentra con fuero maternal o no pagar íntegramente sus remuneraciones resulta ilegal, puesto que vulnera las reglas sobre protección a la maternidad que encuentran aplicación en el ordenamiento jurídico del personal de la salud, específicamente, el artículo 194 del Código del Trabajo, que desde luego obliga a los órganos del Estado a la protección de la maternidad, para enseguida extenderla a todas las mujeres que estén acogidas a algún sistema previsional. En efecto, al separarse del servicio a la trabajadora o no pagar sus remuneraciones, no obstante su fuero, no recibe la protección debida. Por lo demás, la separación del servicio sin esperar la conclusión del período de protección resulta ilegal y arbitraria, toda vez que violenta el artículo 201 del Código del Trabajo, pues el cese de funciones sólo es posible en tanto se consiente la medida por el Juez del Trabajo competente, con conocimiento de causa, en un procedimiento contradictorio, conforme lo dispuesto en los artículos 159, 160, 174, 195, 198 y 201 del Código del Trabajo.

Octavo: De lo reflexionado anteriormente, se desprende que el accionar de la recurrida de eliminar los beneficios de la recurrente respecto del pre y post natal, realiza una acción arbitraria e ilegal, conculcando la garantía constitucional del numeral 1 afectando su integridad psíquica, e incluso la del hijo que esta por nacer.

Noveno: Que lo concluido anteriormente, va en línea con la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 4.373-2018, y de causa 680-2018, de esta Ilustrísima Corte, por lo que se acogerá el recurso como se dirá en lo resolutivo, al vulnerarse por parte de la recurrida en forma ilegal y arbitraria la normativa tanto nacional como internacional de protección a la maternidad.

Y vistos, lo dispuesto en los artículos 5, 19 números 1 y 2, 20 y demás de la Constitución Política de la Republica, Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema y demás normas aplicables, que se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Hospital Base Valdivia, debiendo reincorporarla en sus funciones a la recurrente su derecho a gozar de fuero maternal, pre y post natal, sin perjuicio de los procedimiento establecidos en el Código del Trabajo.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 794 – 2018 PRO.