nombre reservado con GENDARMERÍA DE CHILE

C.A. de Valdivia.

Valdivia, diecisiete de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, con fecha 26 de agosto de 2025, comparece Miguel Esteban Flores Vásquez, abogado, en representación de nombre reservado, funcionaria pública, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Gendarmería de Chile.

Expone que su representada es funcionaria pública, ejerciendo funciones para la recurrida en el Centro de Educación y Trabajo de Osorno. Indica que, en el año 2023, participó en calidad de imputada en la causa RIT 720-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Osorno, siendo en definitiva condenada en un procedimiento simplificado por los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y negativa injustificada a someterse a exámenes para determinar presencia de alcohol en la sangre y, en lo pertinente, no se condenó a la recurrente a las penas accesorias del artículo 30 del Código Penal. Agrega que se le impuso como pena sustitutiva la remisión condicional de la pena.

Refiere que, sin perjuicio de lo anterior, una vez concluido el periodo de observación de su pena sustitutiva, la recurrida notifica a la funcionaria en su lugar de trabajo de la resolución exenta N°625/2025, de fecha 29 de julio del 2025, emitida por el Director Regional de Los Lagos, que le aplica la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público por el lapso de 41 días a contar de la fecha de la mentada notificación. Señala que dicha resolución exenta, establece expresamente que esta pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público por el lapso de 41 días fue impuesta en la causa RIT 720-2023, ya indicada, y que se aplica cumpliendo lo ordenado por dicho el tribunal, en circunstancias que dicha pena nunca fuera impuesta.

Alega que aun cuando se estimare que la pena accesoria no requiere ser dispuesta expresamente, por ser imperativa su imposición para el tribunal, al momento en que la recurrida pretendía ejecutarla, la pena corporal ya se había dado por cumplida.

Argumenta que el acto recurrido vulnera la garantía prevista en el artículo 19 N°3 inciso quinto y la del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al haber sido privada de sus remuneraciones en el lapso de suspensión de su cargo, además de acusar una vulneración a los derechos previstos en los artículos 19 N°16 y 21 de la Carta Fundamental.

Solicita que se acoja la acción constitucional interpuesta, dejando sin efecto la suspensión de cargo u oficio público dispuesta y que se ordene a la recurrida a reincorporarla en sus funciones sin descuento alguno en sus remuneraciones.

2°) Que, con fecha 4 de septiembre de 2025, comparece César Fernando Aguilar Silva, abogado, en representación de la recurrida, quien evacúa informe al tenor de la acción constitucional interpuesta.

Alega que la recurrente debió agotar la vía administrativa en forma previa a interponer la acción constitucional de autos, en virtud de lo dispuesto por la Ley N°19.880.

Refiere que ha aplicado la pena accesoria en virtud de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, en virtud de la información contenida en el Registro General de Condenas, respecto de la recurrente.

Solicita que se tenga por evacuado el informe solicitado y rechazar íntegramente la presente acción.

3°) Que, la acción de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar de emergencia, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, es decir, como surge de lo expresado previamente, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, según la acepción contenida en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, que provoque algunas de las situaciones que se han indicado y que afecten una o más de las garantías constitucionales protegidas.

4°) Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

5°) Que, en cuanto a la alegación de requerirse un agotamiento de la vía administrativa para recurrir a la vía jurisdiccional, esta deberá ser rechazada, atendido el tenor del artículo 54 de la Ley N°19.880, que precisamente no establece lo que la recurrida alega, sino que meramente establece una ordenación entre la vía administrativa y la jurisdiccional, a fin de evitar un conocimiento simultáneo en ambas sedes.

6°) Que, si bien se advierte que en el oficio remitido por el Juzgado de Garantía de Osorno consta una pena accesoria, del audio de la audiencia de procedimiento simplificado, de la certificación emanada por el tribunal, y de su respectiva acta se advierte la omisión de la pena accesoria que ha sido impugnada, de modo que su imposición resulta meramente aparente.

7°) Que, así las cosas, no habiéndose impuesto en definitiva la pena accesoria debatida, no cabe sostener que tal aplicación sea admisible en circunstancias que es la sentencia definitiva la resolución judicial que debe establecer la imposición de una pena, de modo que la actuación de Gendarmería de Chile devino en ilegal, por lo que debe acogerse la acción constitucional interpuesta, en la forma que se indicará.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por Miguel Esteban Flores Vásquez, abogado, en representación de nombre reservado en contra de Gendarmería de Chile, debiendo la recurrida dejar sin efecto la resolución exenta N°625/2025, de fecha 29 de julio del 2025, y reincorporar a la funcionaria a sus funciones con goce íntegro de sus remuneraciones, debiendo reintegrarlas retroactivamente en caso de que se hubieran aplicado descuentos.

Acordada con el voto en contra de la Fiscal Judicial Sra. nombre reservado, quien estuvo por rechazar la acción constitucional, en virtud de estimar que no existe acto arbitrario en virtud de haber aplicado la recurrida una pena que le fuera comunicada por un tribunal con competencia penal y, en cuanto a la presunta ilegalidad, estima que ello requiere un pronunciamiento declarativo de derechos, lo que escapa de la naturaleza de la acción constitucional de marras.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-784-2025.