nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Valdivia, catorce de julio de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece don Álvaro Abraham Ulloa Gajardo, abogado, en nombre y representación de don nombre reservado, quien recurre de protección en contra de Fisco de Chile - Tesorería Provincial De Angol, representada por el Abogado del servicio de Tesorerías, don Cristian Mauricio Sánchez Sánchez, y en contra de la resolución pronunciada por la Primera Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 15 de mayo de 2023, quienes con su actuar arbitrario e ilegal habrían afectado los derechos constitucionales de su representado consagrados en el artículo 19 N° 1, 2 3 inciso 5to, 24 y 26 de la Constitución Política de la república.

Señala que con fecha 07 de octubre de 2022 interpone demanda de prescripción extintiva del cobro de obligaciones tributarias, en contra de Tesorería Provincial de Angol, dando origen a la causa ROL C- 9610-2022 del Juzgado de Letras de Angol. En dicho procedimiento, habiendo la parte contraria acompañado el expediente administrativo N°10023-2014, promueve incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, rechazando el Tribunal de Letras dicho incidente, indicando que escapa de su competencia, dicha resolución y pese al recurso deducido por la parte recurrente, es confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, con fecha 07 de marzo de 2023. Argumenta que esta resolución deja en la indefensión a su representado ya que contra dicha resolución no corresponde de recurrir de Casación en la forma y fondo, agotándose así las instancias donde recurrir en el procedimiento civil llevado a cabo, para subsanar el acto arbitrario e ilegal de la recurrida.

Menciona que su representado desde el año 2014 ha sufrido un daño en su patrimonio, además a su integridad física y psíquica de él y su núcleo familiar, al ser discriminado arbitrariamente por Tesorería Provincial de Angol, al decretar el embargo de las remuneraciones en contravención al límite establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo, dentro del expediente administrativo ROL:10023-2014, y que solo es subsanable con la nulidad del acto administrativo.

Argumenta latamente como ambas recurridas mediante la tramitación del expediente administrativo por parte de Tesorería General de la Republica y el recurso de apelación tramitado ante Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco han afectado Derechos y Garantías de los cuales es titular y que son tutelaos por esta vía, en este sentido refiere que resultan afectados los contenidos en el artículo 19 Nº 1, 2, 3, 24, 26 de la Constitución Política de la República.

Finalmente solicita se acoja el recurso de protección interpuesto, y, en definitiva, resolver que: 1º Que la recurrida vulneró el “principio de legalidad”, contemplado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, al infringir los plazos y atribuciones contemplados en los artículos 200 y 201 del Código Tributario, que faculta a Tesorería para perseguir el pago de los impuestos adeudados por el término de 3 años contado desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago, que en el caso de autos se trata de impuestos y giros que debieron ser pagados los años 2005 y 2006, y cuya persecución solo se da inicio con la apertura del expediente administrativo 10023-2014, el 10 de enero de 2014, después de 7 y 8 años respectivamente, vulnerando así el Artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República “la igualdad ante la Ley”, y en consecuencia declarar el decaimiento del procedimiento ejecutivo especial de cobro de impuestos y, la imposibilidad de seguir adelante con la ejecución mediante dicho proceso, declarando el acto administrativo nulo. 2º En subsidio, que se vulneró el Artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República “la igualdad ante la Ley”, al haber una infracción grave al debido proceso, por falta de notificación válida, y por ende una falta de emplazamiento, resolviendo en definitiva la nulidad de todo lo obrado en el expediente administrativo N°10023-2014, retrotrayéndose todo a la fecha en que se debió notificar. 3° En subsidio de lo anterior, que se reciba el incidente de nulidad de todo lo obrado a prueba en la causa ROL: C-910-2022, resolviendo que Juzgado de Letras de Angol es competente para pronunciarse y resolver dicho incidente. 4° Que se vulneró Artículo 19 N°2 “la igualdad ante la Ley”, el Artículo 19 Nº1 , relativa al “Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, y “el derecho de propiedad” consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al actuar de forma ilegal la recurrida, contraviniendo el límite establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo, lo que se explicó latamente en el cuerpo de esta acción constitucional, por lo que se solicita se ordene a la recurrida, detener y alzar de forma inmediata el embargo de remuneraciones, debiendo reintegrar al actor las sumas de dinero indebidamente embargadas y retenidas, con el reajuste correspondiente, en el plazo que S.S.I. determine. 5º Disponer de todas las medidas que en concepto del Ilustrísimo Tribunal considere conducentes al restablecimiento del Derecho, con expresa condenación en costas.

Informando el recurso comparece don Cristian Mauricio Sánchez Sánchez, quien solicita el rechazo del recurso interpuesto, por cuanto el recurso de protección, no puede ser utilizado por las partes del pleito como un mecanismo de impugnación de las resoluciones judiciales, puesto que ello trastornaría todo nuestro sistema jurídico procesal.

Señala que efectivamente se encuentra iniciado un proceso de cobro por impuestos fiscales en contra del recurrente, tramitado en Expediente administrativo 10023-2014 comuna de Angol, con fecha 19 de marzo de 2014, se notificó y requirió de pago por cédula en el domicilio domicilio reservado, domicilio entregado voluntariamente ante el Servicio de Impuestos Internos, continuando con dicho procedimiento de conformidad a las normas pertinentes y dentro de sus facultades.

Informando doña nombre reservado, Ministra Titular de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en su calidad de Presidente de Sala señala que la acción o recurso de protección para que este pueda prosperar exige como primer requisito la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, en segundo lugar que esta afecte derechos y garantías consagrados y protegidos por la Constitución Política de la Republica y que esta afectación sea causalmente consecuencia del primer requisito nombrado.

Que en el caso concreto se indica por el recurrente que la resolución de fecha 15 de mayo es ilegal y arbitraria y que ella afecta los derechos y garantías que indica. No obstante esta afirmación, esta Corte estima que conforme los requisitos ya indicados, cuya presencia copulativa es esencial para que prospere este tipo de acción constitucional, claramente no están presentes, ya que la mencionada resolución fue dictada conforme las facultades que la Ley concede a los Tribunales de Alzada, quienes conociendo los recursos intentados para ante esta instancia, los conoce, previo los trámites de rigor, siguiendo estrictamente el orden consecutivo legal establecido previamente en las normas legales pertinentes.

En efecto, consta de la tramitación de esta causa, que el recurso ingresó a esta Corte asignándole al mismo el Nº 583 de 2023, en él se hizo parte tanto el apelante como el apelado, ofreciendo alegatos oportunamente este último. Luego previa vista de la causa, tal como consta de la certificación esta Corte, representada por su Primera Sala, previo conocimiento de los antecedentes de la misma, confirmó la resolución apelada.

Que consecuente con ello, es que esta Corte contrario a lo que refiere el recurso, actuó y resolvió conforme le ordena la Ley. Además esta resolución no es arbitraria, sino que es consecuencia del análisis de los antecedentes expuestos en la vista de la causa, tal como exige la Ley. Que, consecuente con ello, es que la resolución en contra de la que se recurre, no es ni ilegal, ni menos arbitraria, sino que es la consecuencia y resultado de lo actuado en esos antecedentes, en los cuales se aseguró a los intervinientes el conveniente, pertinente y oportuno ejercicio de los derechos procesales que la Ley les reconoce y asegura.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civilo arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentesprotegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que, concordante con lo señalado en el considerando precedente, el recurso de protección tiene como objeto restablecer el imperio del derecho ante cualquier perturbación, privación o amenaza en el ejercicio de las Garantías Constitucionales, que tenga como causa un acto u omisión arbitraria o ilegal.

Tercero: Que, la recurrente estima que la resolución dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Temuco en causa Nº 583 de 2023 Civil, por la que, confirmando la decisión de primer grado, ha vulnerado sus Garantías Constitucionales, por lo que pide las medidas que indica.

Cuarto: Que, en primer término, es necesario hacer presente que, atendido el mérito de los antecedentes y que el objeto del recurso de protección es una resolución dictada por una Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, por lo que lo pretendido en definitiva es que este tribunal se constituya en revisor de lo actuado por otra Sala, lo que a juicio de estos sentenciadores implica arrogarse una competencia impropia como Tribunal superior, que podría afectar, tanto, las normas de grado y jerarquía del Código Orgánico de Tribunales, como el principio de legalidad consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, por lo que la acción de amparo deducida no resulta procedente.

Quinto: Que, el recurso de protección tiene una naturaleza cautelar, pero no constituye en caso alguno otra instancia judicial, menos cuando el recurrente ha tenido a su disposición medios recursivos, que efectivamente ejerció, por lo que no se advierte infracción a garantía constitucional alguna que lo haga procedente, y en ese sentido, la presente acción de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y visto además, lo establecido en los artículos 19 N° 7 y 21 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado, en contra de Fisco de Chile - Tesorería Provincial De Angol y la Primera Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 778 – 2023 Protección.