Protección contra establecimiento educacional nombre reservado

C.A. de Valdivia.

Valdivia, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO, TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO: 1) A folio 1 compareció don nombre reservado, por sí y en representación de su hijo adolescente nombre reservado, de 14 años, alumno de primer año medio, y dedujo acción constitucional de protección en contra del establecimiento educacional nombre reservado, representado por su rector don nombre reservado, y de la Corporación nombre reservado, su sostenedora, representada por don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, por la expulsión aplicada a su hijo mediante Resolución Disciplinaria NUM000, de 17 de junio de 2026, confirmada por resolución de reconsideración de 26 de junio de 2026, actos que califica de ilegales y arbitrarios y vulneratorios de las garantías de los numerales 1, 3, 11 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que durante 2025 su hijo mantuvo una relación de pololeo con una compañera de su misma edad; que en noviembre de ese año ambos tuvieron un encuentro sexual fuera del colegio, que ella grabó con su teléfono con el consentimiento de los dos y luego le envió; y que en enero de 2026, en período de vacaciones y durante una reunión privada con amigos, su hijo mostró el registro a dos de ellos, sin enviarlo, difundirlo ni reenviarlo, siendo esa la única ocasión.

Sostiene que la conducta no está descrita en ninguna de las faltas que tipifica el Reglamento Interno y que el propio Manual limita su ámbito de aplicación disciplinaria a las actividades dentro del establecimiento o patrocinadas por éste; que la Resolución NUM000 invoca un Manual de Convivencia Escolar 2026 inexistente, pues el publicado es el de 2025; que no se respetó el procedimiento, ya que su hijo no fue oído ni notificado en forma, no se implementaron medidas de apoyo previas ni acompañamiento durante la suspensión, y no consta que la medida se informara a la Superintendencia de Educación; y que la sanción es desproporcionada y fue aplicada en un período del año escolar que hace imposible obtener matrícula en otro establecimiento, encontrándose además el adolescente en tratamiento por la afectación de su salud psíquica.

Pide que se ordene a las recurridas su inmediata reincorporación como alumno regular, con costas. 2) A folios 9 y 13 informaron, en idénticos términos, la Corporación nombre reservado y el director del establecimiento, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Exponen que el 3 de junio de 2026 la alumna afectada denunció los hechos, que ese mismo día se activó el protocolo frente a agresiones sexuales y se denunció ante el Ministerio Público, y que el 5 de junio, tras entrevistar al alumno, que reconoció la exhibición, se dictó la resolución de inicio del procedimiento de la Ley N° 21.128, con suspensión cautelar, todo lo cual se notificó al apoderado por correo electrónico con los antecedentes adjuntos. Agregan que el apoderado presentó descargos el 15 de junio, que la expulsión se resolvió el 17 de junio, que la reconsideración deducida el 21 de junio fue resuelta el 26, previa consulta al Consejo de Profesores, que se pronunció por escrito y por unanimidad, y que la medida se comunicó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación para la reubicación.

Sostienen que la conducta está tipificada como falta gravísima -grave- en el Manual de Convivencia, que sanciona el uso de imágenes, audios o videos para agredir a un integrante de la comunidad educativa y prescribe la expulsión inmediata cuando el comportamiento daña la honra de alguno de sus miembros; que el nexo escolar es inequívoco, pues la afectada, el alumno y los testigos son estudiantes del colegio y el conocimiento del registro se propagó en su interior, con las consecuencias que constan en el informe del profesor jefe de la alumna y en su certificado de atención psicológica; que la eventual imprecisión en la denominación del Manual no produjo indefensión, y que la sanción es la prevista por el Reglamento y por la Ley N° 21.128 para las agresiones de carácter sexual. 3) Que el acto que motiva esta acción es la expulsión del adolescente nombre reservado del establecimiento nombre reservado, aplicada como sanción en el procedimiento de la Ley N° 21.128 y confirmada al resolverse la reconsideración de su apoderado, y lo pretendido es que se ordene su inmediata reincorporación como alumno regular. 4) Que el artículo 6° letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, con las modificaciones de la Ley N° 21.128, dispone en lo pertinente que las medidas de expulsión sólo pueden aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno o afecten gravemente la convivencia escolar, entendiéndose por tales los actos que causen daño a la integridad física o síquica de cualquier miembro de la comunidad educativa, entre los que menciona expresamente las agresiones de carácter sexual; que en los procedimientos en que se aplique la suspensión como medida cautelar hay un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, debiendo respetarse los principios del debido proceso; que contra la resolución puede pedirse reconsideración, la que resuelve la misma autoridad previa consulta al Consejo de Profesores, el que debe pronunciarse por escrito; que el director debe informar la expulsión a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación dentro de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento; y que corresponde al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 5) Que, en cuanto a la tipificación, el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar acompañado por el propio recurrente describe entre las faltas la de utilizar imágenes, audios o videos para cualquier tipo de agresión a un integrante de la comunidad educativa, y contempla entre las sanciones asociadas la expulsión inmediata del estudiante cuando el comportamiento esté vinculado a la vulneración de la ley o al daño de la honra de algún miembro de la unidad educativa, mencionando la viralización de imágenes privadas a título de ejemplo. La conducta que el propio estudiante reconoció queda comprendida en esa descripción, de modo que la causal invocada se encuentra prevista en el reglamento y la sanción aplicada figura entre las que éste asocia a ella.

A ello se suma el Protocolo de Actuación y Procedimiento Sancionatorio Ley N° 21.128 del establecimiento, que forma parte integrante del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y que enumera entre las conductas que afectan gravemente la convivencia escolar, bajo el epígrafe de agresiones de carácter sexual, la difusión de imágenes o material íntimo sin consentimiento y cualquier conducta de connotación sexual que vulnere la integridad de una persona, descripción que comprende la conducta sancionada sin exigir viralización ni difusión masiva.

La misma conducta configura, además, la causal legal de afectación grave de la convivencia escolar, en cuanto acto que causa daño a la integridad psíquica de una integrante de la comunidad educativa, causal que opera con independencia de la descripción reglamentaria. 6) Que tampoco obsta a lo resuelto que la exhibición se haya verificado fuera del establecimiento y en período de vacaciones. El Protocolo conforme al cual se sustanció el procedimiento delimita su ámbito de aplicación por razón de las personas a quienes alcanza, esto es, todos los integrantes de la comunidad educativa, y no por el lugar en que la conducta se ejecute. En el mismo sentido, la Ley N° 20.536 define el maltrato escolar como la agresión u hostigamiento que atente contra otro estudiante, sea dentro o fuera del establecimiento.

A lo que se agrega que, en la especie, el hecho compromete exclusivamente a miembros de la comunidad educativa y, muy relevante, produjo sus efectos en su interior, según dan cuenta los testimonios recabados, el informe del profesor jefe de la alumna afectada, de 11 de junio de 2026, y el certificado de atención psicológica de 22 de junio de 2026. 7) Que la alegación referida a la denominación del Manual de Convivencia Escolar 2026 no altera lo anterior. La resolución que se pronunció sobre la reconsideración cita el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar 2025-2026, y la descripción de la falta y la sanción aplicadas son precisamente las que el recurrente transcribe y discute a partir del texto que él mismo acompaña, de manera que la imprecisión en la denominación o en la numeración del instrumento no modificó la normativa efectivamente aplicada ni le impidió defenderse, que es el estándar conforme al cual un vicio de esta naturaleza podría invalidar lo obrado. 8) Que, en cuanto al procedimiento, consta que el alumno fue entrevistado el 5 de junio de 2026 y expuso su versión; que ese mismo día se notificó al apoderado, por escrito y con los antecedentes adjuntos, la resolución de inicio, la suspensión cautelar, los plazos y su derecho a formular descargos; que éstos fueron presentados el 15 de junio y expresamente analizados; que la resolución de 17 de junio informó el derecho a pedir reconsideración; que ésta se dedujo el 21 de junio y fue admitida y resuelta el 26, previa consulta al Consejo de Profesores, que se pronunció por escrito y por unanimidad. En tal entendido, la afirmación de que el estudiante no fue oído carece de sustento.

Si bien la Resolución NUM000 confirió tres días hábiles para pedir reconsideración, siguiendo en esto la discordancia en que incurre el propio Protocolo del establecimiento, que enuncia ese plazo como de cinco días y a continuación lo expresa en tres, y siendo el término legal el de cinco días, tal circunstancia no ocasionó perjuicio, desde que la solicitud fue presentada, admitida a tramitación y resuelta en el fondo. 9) Que las restantes alegaciones apuntan al mérito de la decisión, esto es, a la elección de la sanción dentro del catálogo del reglamento interno, cuestión que se inserta en el proyecto educativo del establecimiento y en la autonomía que la ley le reconoce, y que sólo sería revisable por esta vía si la decisión apareciera desprovista de fundamento, lo que no ocurre: las resoluciones impugnadas exponen los hechos, su calificación, el impacto en la alumna afectada y los criterios de ponderación, y desestiman de manera razonada el arrepentimiento, la ausencia de difusión masiva, pero sí interna del colegio, y la trayectoria escolar del estudiante. Debe considerarse, además, que el establecimiento se encontraba sujeto a un deber de resguardo respecto de la alumna afectada, también adolescente e integrante de la misma comunidad educativa. 10) Que, en consecuencia, las recurridas obraron dentro de las atribuciones que la normativa educacional les confiere, frente a hechos descritos como falta en su reglamento interno y establecidos en un procedimiento que respetó las garantías del debido proceso, mediante una decisión fundada, sin que se advierta acción ilegal o arbitraria que haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías invocadas. 11) Que, se deja constancia de que, previa consulta al abogado del recurrente, éste indicó en estrados que el adolescente se encuentra actualmente escolarizado, asistiendo a clases en un colegio diverso, por lo que tampoco se observa vulneración en tal sentido.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a folio 1 por don nombre reservado, por sí y en representación de su hijo adolescente nombre reservado, en contra del establecimiento educacional nombre reservado y de la Corporación nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-772-2026.