nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Valdivia Valdivia, doce de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Doña Johana Elizabeth Morales Scheid, abogada, domiciliada en domicilio reservado, comparece a nombre de don nombre reservado, empleado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, a cuyo favor deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra de Caja Compensación De Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Narra que con fecha 03 de febrero de 2021, al revisar su liquidación de sueldo de mes de enero, se percató que existen dos descuentos automáticos informados por la Caja Compensación De Asignación Familiar Los Andes solo en el mes de enero, el primero por la suma de $125.080.-, y el segundo por la suma de $136.050, y del mes anterior, es decir diciembre 2020 uno por $189.225.- y el otro por $302.388.- es decir, en total se le ha retenido la suma de $752.743.- Agrega que consultó a la recurrida con el objeto de averiguar de donde provenían los descuentos señalados, donde se le informa que corresponden a un crédito social del año 2017, deuda que no desconoce, pero a su respecto, en el año 2020, alegó la prescripción de la deuda, vía excepción en causa ejecutiva de cobro seguida en el 2° Juzgado Civil de Osorno, Rol C-2919-2018, Estima que la Caja De Compensación de Los Andes, entidad diputada para solicitar la retención, excedió sus atribuciones cometiendo un acto arbitrario e ilegal, toda vez que no puede solicitar la retención a la entidad empleadora, entidad distinta con la que se pactó en su oportunidad el crédito, siendo este un acto que priva de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la Republica, esto es el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, generando la consecuencia de no permitirle usar y gozar y disponer de la parte retenida por la prestación de servicios realizados.

Pide en síntesis, se declare:

1.- La cesación de las retenciones efectuadas desde las remuneraciones del actor.

2.- Que la conducta del recurrido es arbitraria e ilegal.

3.-La orden de restituir todas y cada una de las cuotas descontadas de las remuneraciones.

4.- La condena en costas.

Don Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja De Compensación De Asignación Familiar De Los Andes informa al tenor de recurso de protección.

Expresa que el recurrente mantiene deudas originadas en dos créditos sociales que le fueron otorgados, cuyas cuotas se cobran a través del mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº18.833.

Detalla los dos créditos vigentes que se están descontando.

Añade que el hecho que la Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a su representada ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. Con todo, aclara que sólo uno de los créditos adeudados por el recurrente (Nº190175016-1) es el que se cobra a través de la acción ejecutiva referida en su recurso.

Alega que la obligación es actualmente exigible, en relación a ambos créditos.

Pide el rechazo de la acción de protección.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las medidas que resulten necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria y/o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución, en su artículo 20 ampara, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que en el presente caso, lo reclamado del punto de vista fáctico, recae en la retención de parte de la remuneración mensual del actor, lo que verificó su empleadora, para abonar al crédito social otorgado por Caja recurrida a la recurrente. Estos hechos no se encuentran discutidos.

Consta que son dos los créditos que motivan los descuentos, a saber:

1.- Operación de crédito 190167194-6, de 30 de mayo de 2016, por la suma de $2.826.126, pagadero en un plazo de 36 meses, con cuotas de $131.249.- correspondiendo el primer vencimiento el 31 de julio de 2016.

A la presente fecha, la referida operación mantiene en morosidad las cuotas Nº25 a Nº36.

2.- Operación de crédito 190175016-1, de 17 de marzo de 2017, por la suma de $2.100.000.-, pagadero en un plazo de 48 meses, con cuotas mensuales de $84.135.- correspondiendo el primer vencimiento al 31-05-2017.

A la presente fecha, la referida operación mantiene en morosidad las cuotas de octubre de 2018 a febrero de 2021, Nº18 a Nº46, y aún por vencer las de marzo y abril de 2021, Nº47 y Nº48.

Respecto de ésta, se dedujo una demanda ejecutiva para el cobro del pagaré suscrito en garantía de cumplimiento.

TERCERO: Que los antecedentes allegados por las partes al recurso, no permiten concluir que efectiva y verdaderamente la recurrida hubiere llevado adelante la adopción de medida ilegales o arbitrarias que hubieren significado la privación perturbación o amenaza de derechos constitucionalmente protegidos por esta acción.

En efecto, la prueba más pertinente, da cuenta de la existencia de dos créditos vigentes, actualmente exigibles y cuya acción de cobro no se encuentra prescrita, pues no se ha aparejado declaración judicial que así lo declare.

CUARTO: Que con el mérito de los antecedentes acompañados, resulta que no se encuentra acreditado por la parte recurrente que los créditos por ella obtenido, se encuentren prescritos y ello motiva que su cobro vía retención no pueda ser constituido un acto arbitrario, por cuanto no es antojadizo ni caprichoso de la recurrida su cobro.

QUINTO: Que, efectivamente, de conformidad a lo que dispone el artículo 22 de la ley 18.833, lo que se adeude por concepto de prestaciones de crédito social a una caja de compensación por un trabajador afiliado, debe ser deducido de su remuneración por la empleadora, retenido y remesado a la caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales.

El artículo 58 del Código del Trabajo autoriza para que el empleador deduzca de la remuneración de sus trabajadores, entre otras, las obligaciones con instituciones de previsión.

En cuanto a la tramitación actual de juicio ejecutivo, respecto de las cuotas impagas de uno de los créditos, ello se faculta conforme al ya citado artículo 22 de la ley n°18.883, lo que no es procedente es el doble cobro a que alude el recurrente. En este punto, se debe exigir un obrar de buena fe a la recurrida, la que debió hacer constar en el procedimiento ejecutivo, que parte de lo que se cobra por la vía compulsiva, ya fue descontado vía retención, según la propia confesión que se lee del informe evacuado en esta causa.

En efecto, de la copia de la demanda ejecutiva, se lee que se cobra desde la cuota 11 a la 48; por su parte, del informe, se afirma por la recurrida “Posteriormente, entre octubre de 2018 y febrero de 2019 fueron recibidos abonos parciales, los cuales fueron contabilizados como pago de las cuotas Nº11 a Nº14, más intereses penales por mora. Luego, a través de descuentos efectuados en diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, fueron pagadas las cuotas Nº15, 16 y 17, más los correspondientes intereses penales por mora. A la presente fecha, la referida operación mantiene en morosidad las cuotas de octubre de 2018 a febrero de 2021, Nº18 a Nº46, y aún por vencer las de marzo y abril de 2021, Nº47 y Nº48”.

A este respecto el inciso segundo del artículo 22, dispone, “Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.”

De acuerdo a lo transcrito es menester, que en lo futuro, se adecúe la demanda ejecutiva o cesen los descuentos, de los contrario se producirá el doble cobro que resulta ilegal.

De la consulta en línea de la causa rol C-2919-2018, seguida ante el 2° Juzgado Civil de Osorno, se aprecia que la demanda contiene el cobro del pagaré que se individualiza, por estar impagas desde la cuota 1º a la 48.

SEXTO: Que, así las cosas, la actuación de la Caja de Compensación recurrida, como ya se ha señalado, aparece como ajustada a la legalidad y con un adecuado fundamento, de suerte que no podría ser catalogada de ilegal ni de arbitraria, no vislumbrándose en consecuencia cómo podría tal actuación amagar la garantía constitucional invocada del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, lo que basta para el rechazo del recurso intentado.

Asimismo, en recurso ROL Civil 9172-2019, la Excma. Corte Suprema confirmó la sentencia de fecha 28 de marzo de 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción que rechazó el recurso de protección ROL 1653-2019, indicando lo siguiente:

“CUARTO: Que, lo indicado en la consideración que antecede, a entender de estos sentenciadores, configura la existencia de un crédito otorgado por la entidad recurrida, Caja de Compensación Los Andes, actualmente exigible y con cuotas pendientes de pago, cuyo deudor es recurrente, (…), el cual fue otorgado en conformidad al mecanismo establecido en la Ley N° 18.833, que regula las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, particularmente lo establecido en los artículos 21 y 22 del citado cuerpo de normas, sin que se divise, en consecuencia, acto arbitrario y/o ilegal cometido por parte de la parte recurrida, al requerir el cobro de las cuotas pendientes de pago provenientes del crédito otorgado al actor, mediante el descuento por planilla, efectuado mensualmente; motivo que sustenta el rechazo de la presente acción cautelar, tal cual se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.”

Por las razones dadas, la acción cautelar de derechos constitucionales intentada, debe ser desestimada al no haberse comprobado su fundamento.

Por las anteriores consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto en favor de nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Luis Galdames Bühler.

N°Protección-77-2021.