COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DEL RANCO

C.A. de Valdivia Valdivia, veintisiete de abril de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente;

1.- Que, nombre reservado, Abogado, en representación de Cooperativa Rural Eléctrica Rio Bueno Limitada, recurre de Protección en contra de la fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo Del Ranco La Unión doña nombre reservado, y de la citada Inspección, representada nombre reservado, con ocasión de la multa cursada el 17 enero de 2020 por resolución N° 1662/20/5, por 120 Unidades Tributarias Mensuales, notificada con fecha 21 de febrero de 2020, que califica de arbitraria e ilegal, pues vulnera el artículo 19 N° 3 inciso 4 de la carta política, en cuanto a no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta y su derecho de propiedad N° 24 de la citada disposición.

Que la vulneración ha ocurrido como consecuencia de establecer la fiscalizadora, que la relación contractual que la recurrente mantiene con nombre reservado, es de carácter laboral. En el contexto de la resolución número 1662/20/5, notificada el 21 de febrero de 2020, por medio de la cual se aplicó una multa por los siguientes hechos: “nombre reservado, habiéndose constatado que ingresó a la empresa con fecha 1 de marzo de 2018, para cumplir funciones de cobranza de terreno, corte y reposición de suministro eléctrico en sectores rurales de las comunas de Río Bueno, La Unión, Lago Ranco y Futrono. Cabe señalar, que al tratarse de una infracción gravísima se aplica monto de acuerdo a lo establecido en el tipificador de infracciones de la Dirección del Trabajo, ordinarias o extraordinarias, un registro de asistencia del personal quien tiene relación laboral vigente con la empresa desde el 01 de marzo de 2018. Cabe señalar, que al tratarse de una infracción gravísima se aplica monto de acuerdo a lo establecido en el tipificador de infracciones de la Dirección del Trabajo. inmediatamente de producido el accidente que afectó con fecha 15 de noviembre de 2019 al trabajador don nombre reservado, que puede ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte, ocurrido en camino a crucero en la ciudad de Río Bueno. Tal hecho es un incumpliendo a las obligaciones legales sobre prevención a los eventuales accidentes del trabajo y dificulta a la autoridad disponer ante el empleador las medidas necesarias e indispensables para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Cabe señalar, que al tratarse de una infracción gravísima se aplica monto de acuerdo a lo establecido en el entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas, respecto de trabajador Sr. nombre reservado, habiéndose constatado que presta servicios para la empresa desde 01 de marzo de 2018. Señalar, que al tratarse de una infracción gravísima se aplica monto de acuerdo a lo establecido en el tipificador de infracciones de la Dirección del Trabajo.

Sostiene que el lazo existente no es laboral y que se sustenta en un contrato de honorarios, con emisión de las respectivas boletas por lo que al tratarse de un vínculo civil, no es competente la Inspección del Trabajo, procediendo la inspectora, sin oír a su parte a establecer la existencia del vínculo en que sustenta la sanción.

Estima que se ha actuado de manera arbitraria e ilegal, al constatar un hecho infraccional que no existe, obrando fuera del ámbito de su competencia.

2.- Que, Informando nombre reservado, solicita el rechazo del recurso, desde que la multa cursada lo fue dentro del ámbito de las facultades otorgadas a la fiscalizadora, por el artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo y D.F.L. N° 2 de 1967 Ley Orgánica de este Servicio.

Agrega, además que la ley laboral establece procedimientos para reclamar las multas, y demás resoluciones administrativas, haciendo presente que el plazo para impugnar en sede laboral la multa en cuestión venció el 11 de marzo de 2020, en tanto el presente recurso de protección recién se interpuso el 18 de marzo de 2020, es decir, sólo ante la caducidad de la acción del artículo 503 a ello responde realmente la presente acción constitucional.

La actuación de la fiscalizadora recurrida, expresada en la multa 1662/2020/5 de fecha 17 de enero de 2020, se encuentra ajustada a la normativa jurídica vigente, pues, se aplicó en el uso de las facultades de fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral, y sancionar tras constatar la veracidad de la infracción a la legislación laboral, en el caso sub lite, al constatar infracción a los artículos 9°, 5°, 33°, 54, 184 y 506 del Código del Trabajo así como del artículo 76 de la Ley 16.744 en relación con los artículos 71 y 72 del D.S. 101 de 1968.

Destaca que consta en Informe de Fiscalización –y reconocido por la empresa- que:

• Don nombre reservado se desempeña en la función de cobrador en terreno, corte y reposición de suministro eléctrico en sectores rurales de Río Bueno para la empresa recurrente.

• La empresa le paga por sus servicios un monto fijo, iguales, en forma mensual, por una suma de $350.000 pesos.

• La ejecución de la prestación se realiza bajo subordinación y dependencia: don nombre reservado debe semanalmente recibir el listado de clientes que es entregado por el Departamento de Crédito y Cobranza de la empresa; debe emitir un informe de cobras el cual debe entregar al encargado de créditos y cobranzas; utiliza ropa institucional y vehículo de la empresa para efectuar los cobros en terreno, el cual tiene logo corporativo y cuyos gastos de mantención son propios de la empleadora.

• Asimismo, la I. Municipalidad de La Unión informó que don nombre reservado no tiene patente como profesional que compruebe la prestación de servicios en carácter de independiente.

• La misma empresa, a través de su Prevencionista de Riesgos, investigó el Accidente que le afectó a su trabajador don nombre reservado, evacuando informe al respecto y acompañándolo en la instancia administrativa.

• La empresa continuó pagando la remuneración del trabajador accidentado mientras éste estuvo con licencia médica por las lesiones del accidente, debido a que como estaba en informalidad laboral no se pudo activar el seguro de la Ley 16.744.

Lo anterior responde a la doctrina de este Servicio, contenida entre otros en Dictamen N° 5299/0249 de 14.09.1992, el cual señala los elementos que dan cuenta de una relación laboral, especialmente los criterios para verificar en terreno un vínculo de subordinación y dependencia.

De forma tal que las alegaciones de que no se podría haber constatado lo señalado en la multa, y que la calificación jurídica que a juicio de la empresa sería física y jurídicamente imposible, deben descartarse. Como se ha dicho, existieron antecedentes concretos, revisados durante la fiscalización por la ministro de fe actuante, los cuales daban cuenta de estar presente frente a una vínculo de subordinación y dependencia laboral, acordada por ambas partes contratantes, el trabajador don nombre reservado, y la empresa Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda.

De lo expuesto latamente en el informe, se concluye que debe desestimarse el recurso, por no ser éste el medio procesal idóneo para la materia, al existir un procedimiento especialmente regulado en el Código del Trabajo y en subsidio, por no concurrir los presupuestos de la acción cautelar interpuesta.

3.- Que para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

4.-: Que el acto cuya arbitrariedad reprocha la recurrente consiste en la dictación de la Resolución de Multa Nº 1662/20/5 de 17 de enero de 2020, que aplica una sanción total de 120 UTM, notificada el 21 de febrero de 2020, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal que ha provocado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio a no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y su derecho de propiedad consagrados en el Artículo 19 No 3 inc. 4o y Nº 24 de la Constitución Política de la República de Chile, al constatar un hecho infraccional que no existe, y del que no tenía facultades para interpretar de esa manera, ya que dicho Servicio no se encuentra facultado para interpretar contratos.

5.- Que, por su parte la recurrida, manifiesta que su actuación se ha ceñido en forma estricta a la normativa legal, se aplicó en el uso de las facultades de fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral, y sancionar tras constatar a la veracidad de la infracción a la legislación laboral existieron antecedentes concretos, revisados durante la fiscalización por la ministro de fe actuante, no existiendo acto ilegal o arbitrario al respecto. Luego en cuanto a las garantías invocadas, resulta improcedente pues la imposición de una multa administrativa, no implica el cometido especial de juzgar a una empresa, ni mucho menos arrojarse facultades jurisdiccionales, y a su vez la disminución del patrimonio de la empresa, deriva del Ius Puniendi. A mayor abundamiento precisa que el recurso constitucional, no es el medio procesal idóneo para la materia, al existir un procedimiento especialmente regulado en el Código del Trabajo.

6.- Que, el artículo 2 del Código del Trabajo, junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, también, la de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar, en representación del Estado, a la Dirección del Trabajo, y en lo que al presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral ello en relación con los artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo y D.F.L. N° 2 de 1967 Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.io 7.- Que en la especie, de las alegaciones y la documentación acompañada por las partes, es posible advertir que la constatación de hechos que determinó la aplicación de la multa que se reprocha, ha sido ejecutada de por la Inspección del Trabajo y la funcionaria recurrida en el ejercicio de potestades de que se encuentran legalmente investidas, no pudiendo estimarse que el disentimiento o la controversia sobre la calificación de los hechos sea una ilegalidad per se, máxime si esta ha sido determinado por diversos elementos tendidos a la vista y sin perjuicio además de la existencia de un procedimiento especialmente formulado y de lato conocimiento como son las reclamaciones judiciales establecidas por el Código del Trabajo, resultando imposible establecer la existencia de un acto ilegal o arbitrario que de sustento a la presente acción tutelar de emergencia, motivo que fuerzan el rechazo, sin perjuicio de otros derechos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, Abogado, en representación de Cooperativa Rural Eléctrica Rio Bueno Limitada, en contra de la fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo Del Ranco La Unión doña nombre reservado, y en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Del Ranco La Unión.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Muñoz, quien estuvo por acoger el recurso en estudio, en razón que la recurrida excedió sus atribuciones, actuando fuera del ámbito de su competencia, vulnerando con ello el artículo 7 de la constitución y que implico en definitiva arrogarse atribuciones propia de la jurisdicción y con ello el artículo 19 No 3 inciso 4 y 24 de la Carta Fundamental.

En efecto, si bien al ente fiscalizador le corresponde velar por el cumplimiento de la ley laboral en su rol de protector y garante de los derechos de los trabajadores, no es menos cierto que la atribución o calificación jurídica de un contrato, excede de la simple constatación de hechos, mismo que por lo demás no son convergentes a una sola conclusión, particularmente cuando el propio trabajador sostuvo que la relación existente con la recurrente era de carácter civil, sin que además las funciones para que fuera contratado dieran cuenta con toda claridad de un vínculo de carácter laboral, al no estar fehacientemente establecido que lo hiciera bajo supervisión y dependencia manifiesta de la empresa eléctrica, pues, no tenía horario, ni deber de asistencia, es decir elementos tangibles e indubitados, y patente del vínculo que la recurrida le atribuyó, esto es, un contrato de carácter civil.

Así las cosas, el juicio que debió efectuar la fiscalizadora para concluir en la relación laboral, sustento de las presuntas infracciones, resultó de supuestos indicios que debió ponderar y la llevaron a efectuar una conclusión, errada, ya que resulta controvertida incluso por los dichos del propio supuesto trabajador.

En esos términos, tan claro resulta esta conclusión, que en el informe la recurrida se cuida de decir que actuó dentro de sus competencias y que el recurso se sustenta en la caducidad de los plazos de reclamación de multas que regula el Código del Trabajo, redundado en estas ideas en su lato discurso, pero sin explicar con toda precisión cuales son los elementos que le permiten de una manera precisa, grave y concordante, sostener que el contrato es de carácter laboral.

Que, por otro lado si bien la legislación laboral contempla un procedimiento de reclamación de multa ,ello es propio de quienes obran al amparo del derecho del trabajo, lo cual en este caso no es reconocido por el recurrente, derrotero en el cual no es posible compelerlo a ejercer acciones que el mismo reprocha por ser impertinentes a la luz de su tesis de defensa, de manera que la existencia de tal procedimiento no es posible que excluya la vía constitucional, por ser además una actuación grave aquella que resulta de actuaciones ilegales de la administración, y que redundan en la imposición de sanciones pecuniarias en el ejercicio del ius puniendi administrativo, mismo que solo es procedente ejercer cuando existe certeza más allá de toda duda respecto del supuesto material que lo hace procedente, nada de lo cual ocurre en este caso ya que lo cuestionado es el juicio jurídico del ente administrativo más que la precisión fáctica inidónea a los fines sancionatorios que invoca.

Redacción de la sentencia y voto en contra del Ministro Sr. Muñoz Regístrese digitalmente y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-762-2020.