nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valdivia Valdivia, cinco de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1) nombre reservado, venezolana, C.I. N°RUT reservado, técnico superior universitario en enfermería, quien deduce recurso de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A., por el acto ilegal y arbitrario de fecha 18 de junio de 2026, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Sostiene que mediante el portal web de la AFP solicitó la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, siendo rechazada la petición fundada en que “no se envía la documentación solicitada”.

Indica que cumple con los requisitos legales para efectuar la solicitud antes indicada, sin embargo, la AFP realiza una interpretación formalista de la norma, ya que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia.

Agrega que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el link que describe, las que incluyen un código alfanumérico el cual puede ser verificable en forma sencilla, sin perjuicio de ello la recurrida sostiene que el documento no estaría legalizado, a pesar de contar con diversos mecanismos para constatar la información y validez del documento, más aun teniendo en cuenta que no existen relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que hace imposible apostillar y legalizar el documento indicado.

Con su actuar la recurrida ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley, debido proceso y el derecho de propiedad, ya que efectúa una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, desatendiendo el tenor literal de la norma.

Pide se acoja la acción, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y dentro de un plazo razonable y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

2) A folio 5, informó la AFP MODELO, la que solicita el rechazo del recurso de protección, por cuanto luego de efectuar el análisis de los antecedentes acompañados a la solicitud por la actora, concluyó que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Pensiones no cumple con los requisitos del artículo 1° de la Ley 18.156, ya que no se encuentra debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, constancia que además no acredita si contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y por otra parte, ambos empleadores son personas naturales, por lo que no procede la devolución de fondos requerida.

Indica que se ha sometido estrictamente al principio de legalidad y a los dictámenes, instrucciones y normativa administrativa emanada de la autoridad supervisora.

Añade que de todas formas el recurso de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento donde no existe derecho indubitado.

3) Que, el marco normativo de la devolución solicitada por el recurrente se encuentra en la Ley Nº 18.156, que Establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705.

La norma refiere en su artículo 1º que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su turno, el artículo 7º de la ley referida señala “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

4) Que, la discusión en el presente caso se circunscribe a que el recurrente no cumpliría con el requisito de acreditar por medio de un certificado apostillado o legalizado la exigencia del artículo 1º letra a) de la Ley 18.156, esto es, que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, y que además dicho documento no cumpliría con las menciones que la ley requiere.

5) Que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme el N°7 del artículo 47 de la ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, ese organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la ley N°18.156.

De esta manera, el órgano fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

La anterior conclusión se extrae de lo indicado en el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones que dispuso que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia.”

6) De allí entonces, es posible concluir que la forma y oportunidad en que se debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley N°18.156, están expresamente fijadas por ésta, y han sido además precisadas por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y su jurisprudencia administrativa, sistema normativo que exige determinadas formalidades a los documentos que se acompañen en este proceso por el solicitante, sin las cuales dichos documentos no tienen valor ni efecto en Chile, los que la actora reconoce no cumplen con dichas exigencias, por los motivos que expresa en su acción.

7) Que, en relación a la alegación sobre la imposibilidad material de legalizar y apostillar los documentos desde Chile, atendido el término de las relaciones consulares entre este país y Venezuela, cabe señalar que si bien dicha circunstancia dificulta el cumplimiento del requisito establecido en la normativa, no lo hace imposible de cumplir, ya que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.

8) Que, según lo razonado, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, y, por el contrario, se ha limitado a exigir de la actora el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, exigidos para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el lograr la devolución de fondos.

Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a folio 1.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-761-2026.